Sudáfrica 1996 (rev. 2012)

Traducida por José Luis Alonso Saura, con actualizaciones realizadas por el Proyecto de Constituciones Comparadas

PREÁMBULO

Nosotros, el pueblo de Sudáfrica;

reconocemos las injusticias de nuestro pasado;

honramos a aquellos que sufrieron por la justicia y la libertad en nuestra tierra;

respetamos a aquellos que han trabajado para construir y desarrollar nuestro país; y

creemos que Sudáfrica pertenece a todo el que vive en ella, unidos en nuestra diversidad.

Nosotros, por tanto, a través de nuestros representantes elegidos libremente, adoptamos esta Constitución como suprema Ley de la República así como para:

Cicatrizar las divisiones del pasados y establecer una sociedad basada en los valores democráticos, en la justicia social y en los derechos humanos fundamentales;

poner los cimientos para una sociedad democrática y abierta en que el gobierno esté basado en la voluntad del pueblo y en la que todo ciudadano esté igualmente protegido por la Ley;

mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y posibilitar el desarrollo de la capacidad de toda persona; y

construir una Sudáfrica unida y democrática capaz de ocupar su legítimo lugar como un Estado soberano en el concierto de las naciones.

Que Dios proteja a nuestro pueblo.

Nkosi Sikelel' iAfrika. Morena boloka setjhaba sa heso.

God seen Suid-Afrika. Dios bendiga a Sudáfrica.

Mudzimu fhatutshedza Afurika. Hosi katekisa Afrika.

CAPÍTULO 1. DISPOSICIONES DE BASE

1. REPÚBLICA DE SUDÁFRICA

La República de Sudáfrica es un estado democrático soberano fundado en los siguientes valores:

a. La dignidad humana, la realización de la igualdad y el avance de los derechos humanos y de las libertades.

b. No racismo y no sexismo.

c. Supremacía de la Constitución y de la norma de Derecho.

d. Sufragio Universal de mayores de edad, un censo nacional común de votantes, elecciones periódicas y un sistema pluralista de gobierno democrático, para asegurar la responsabilidad, la sensibilidad y la franqueza.

2. SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Esta Constitución es la Suprema Ley de la República; la Ley o conducta incompatible con ella es invalida, y las obligaciones impuestas por ella deben ser satisfechas.

3. CIUDADANÍA

1. Hay una ciudadanía Sudafricana común.

2. Todos los ciudadanos están:

a. igualmente investidos de los derechos, privilegios y beneficios de la ciudadanía.

b. igualmente sujetos a las obligaciones y responsabilidades de la ciudadanía.

3. La legislación nacional debe regular la adquisición, pérdida y recuperación de la ciudadanía.

4. HIMNO NACIONAL

El Himno Nacional de la República será determinado por proclamación del Presidente.

5. BANDERA NACIONAL

La bandera nacional es negra, oro, verde, blanca, roja y azul, como es descrita y esquematizada en el Anexo 1.

1. Los idiomas oficiales de la República son: Sepedi, Sesotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, Ingles, isiNdebele, isiXhosa e isiZulu.

2. Reconociendo el uso y status históricamente decreciente de las lenguas indígenas de nuestro pueblo, el Estado debe tomar medidas prácticas y positivas para elevar el estatus y propiciar el uso de estas lenguas.

3.

a. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales pueden usar cualquier idioma oficial concreto para los propósitos de gobierno, teniendo en cuenta el uso, factibilidad, gasto, circunstancias regionales y el balance de las necesidades y preferencias de la población como un todo o en la provincia afectada; pero el gobierno nacional y cada gobierno provincial deben usar al menos dos idiomas oficiales.

b. Las municipalidades deben tener en cuenta el uso del idioma y las preferencias de sus residentes.

4. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales, mediante legislación y otras medidas, deben regular y controlar el uso de sus lenguas oficiales. Sin detrimento de las previsiones de la subsección (2), todas las lenguas oficiales deben gozar de la misma estima y deben ser tratadas equitativamente.

5. Una junta Pan-Sudafricana establecida por la legislación nacional debe:

a. Promover y crear las condiciones para el desarrollo y uso de:

i. todos los idiomas ,oficiales;

ii. los lenguajes de Khoi, Nama, y San; y

iii. el lenguaje mediante signos; y

b. Promover y asegurar el respeto por:

i. todos los lenguajes comúnmente usados por comunidades en Sudáfrica, incluyendo el Alemán, el Griego, Gujarati, Hindi, Portugués, Tamil, Telegu y Urdu; y

ii. Árabe, Hebreo, Sánscrito y otras lenguas usadas con propósitos religiosos en Sudáfrica.

CAPÍTULO 2. DECLARACIÓN DE DERECHOS

7. DERECHOS

1. Esta declaración de derechos es una piedra angular de la democracia en Sudáfrica. Encierra los derechos de todas las personas en nuestro país y afirma los valores democráticos de la dignidad humana, la igualdad y la libertad.

2. El Estado debe respetar, proteger, promover y satisfacer los derechos de la declaración de derechos.

3. Los derechos de esta declaración están sujetos a las limitaciones contenidas o referidas en la sección 36, o en cualquier otro lugar de esta declaración.

1. La Declaración de derechos se aplica a toda Ley, y obliga al legislativo, al ejecutivo y al judicial y a todos los órganos del Estado.

2. Una disposición de la declaración de derechos vincula a una persona física o jurídica en el caso, y en la medida, que le sea aplicable, teniendo en cuenta la naturaleza del derecho y la naturaleza de cualquier obligación impuesta por el derecho.

3. Cuando se aplique una previsión de la declaración de derechos a una persona física o jurídica en los términos de la subsección (2), un tribunal:

a. en orden a dar efecto a un derechos de la declaración, debe aplicar, y si es necesario desarrollar, la Ley común en la medida que la legislación no de efecto a ese derecho; y

b. puede desarrollar normas de derechos común para limitar el derecho, a condición de que la limitación esté de acuerdo con la sección 36.1.

4. Una persona jurídica es titular de los derechos de la declaración de derechos en la medida requerida por la naturaleza de los derechos y la naturaleza de esa persona jurídica.

9. IGUALDAD

1. Toda persona es igual ante la Ley y tiene el derecho a igual protección y beneficio de la Ley.

2. La igualdad incluye el completo e igual disfrute de todos los derechos y libertades. Para promover la realización de la igualdad, pueden ser proyectadas legislación y otras medidas dirigidas a proteger o promocionar a personas, o categorías de personas, marginadas por injusta discriminación.

3. El Estado no puede discriminar injustamente a una persona, directa o indirectamente, por una o más causas, incluyendo la raza, género, sexo, embarazo, estado matrimonial, origen étnico o social, color, orientación sexual, edad, invalidez, religión, conciencia, creencia, cultura, lengua y nacimiento.

4. Ninguna persona puede discriminar injustamente a otra persona, directa o indirectamente, por una o más causas en los términos de la subsección (3) Debe ser establecida legislación para impedir o prohibir la discriminación injusta.

5. La discriminación por una o más causas indicadas en la subsección (3) es injusta salvo que se establezca que la discriminación es justa.

10. DIGNIDAD HUMANA

Toda persona tiene dignidad inherente y el derecho a que su dignidad sea respetada y protegida.

Toda persona tiene derecho a la vida

12. LIBERTAD Y SEGURIDAD DE LA PERSONA

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad de la persona, que incluye el derecho:

a. a no ser privado de libertad arbitrariamente o sin causa justa;

b. a no ser detenido sin vista en una causa;

c. a estar libre de todo tipo de violencia ya de procedencia pública o privada;

d. a no ser torturado en forma alguna; Y

e. a no ser tratado o castigado en forma cruel, inhumana o degradante.

2. Toda persona tiene derecho a su integridad física y psicológica, que incluye el derecho:

a. a tomar decisiones acerca de la reproducción;

b. a tener seguridad y control sobre su propio cuerpo; Y

c. a no estar sujeto a experimento médico o científico sin su informado consentimiento.

13. ESCLAVITUD, SERVIDUMBRE Y TRABAJOS FORZADOS

Nadie puede ser sometido a esclavitud, servidumbre o trabajo forzado.

14. INTIMIDAD

Toda persona tiene derecho a la intimidad, que incluye el derecho a que no sea:

a. su persona o casa registrada;

b. sus bienes registrados;

c. sus pertenencias aprehendidas;

d. la intimidad de sus comunicaciones violada.

15. LIBERTAD DE RELIGIÓN, CREENCIA Y OPINIÓN

1. Toda persona tiene el derecho a la libertad de conciencia, religión, pensamiento, creencia, y opinión.

2. Las prácticas religiosas pueden ser realizadas en las instituciones del Estado o ayudadas por el Estado, supuesto que:

a. esas prácticas sigan normas hechas por las autoridades públicas apropiadas;

b. sean conducidas sobre una base equitativa; y

c. la asistencia a ellas sea libre y voluntaria.

3.

a. Esta sección no impide legislación que reconozca:

i. matrimonios contraídos según cualquier tradición, o un sistema de Derecho religioso, personal o de familia; o

ii. Sistemas de Derecho personal o de familia bajo cualquier tradición, u observados por personas que profesen una religión concreta.

b. El reconocimiento en los términos del parágrafo (a) debe ser compatible con esta sección y las otras previsiones de esta Constitución.

16. LIBERTAD DE EXPRESIÓN

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, que incluye:

a. la libertad de prensa y de los otros medios;

b. la libertad para recibir o impartir información o ideas;

c. la libertad de creación artística; y

d. la libertad académica y la libertad de investigación científica.

2. El derecho de la subsección (1) no se extiende a:

a. la propaganda para la guerra;

b. la incitación a la violencia inminente; o

c. la defensa del odio que ese basada en raza, etnicidad, género o religión, y que constituya mediación para causar daño.

17. REUNIÓN, MANIFESTACIÓN, PIQUETE Y PETICIÓN

Toda persona tiene derecho, a reunirse, manifestarse, a formar piquetes y a presentar peticiones pacíficamente y sin armas.

18. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

Toda persona tiene derecho a la libertad de asociación.

19. DERECHOS POLÍTICOS

1. Todo ciudadano es libre para hacer opciones políticas que incluye el derecho:

a. a formar un partido político.

b. a participar en las actividades o reclutar miembros para un partido político; y

c. a hacer campaña para un partido político o causa.

2. Todo ciudadano tiene el derecho a elecciones libres, justas y regulares para cualquier cuerpo legislativo establecido en los términos de la Constitución.

3. Todo ciudadano adulto tiene derecho:

a. a votar en las elecciones para cualquier cuerpo legislativo establecido en los términos de esta Constitución y a hacerlo en secreto; y

b. a aspirar a un cargo público, y si fuese elegido, a ostentar el cargo.

20. CIUDADANÍA

Ningún ciudadano puede ser privado de la ciudadanía.

21. LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y RESIDENCIA

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de movimiento.

2. Toda persona tiene derecho a abandonar la República.

3. Todo ciudadano tiene derecho a entrar, permanecer y residir en cualquier parte, en la República.

4. Todo ciudadano tiene derecho a un pasaporte.

22. LIBERTAD DE ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y PROFESIÓN

Todo ciudadano tiene derecho a elegir su actividad, ocupación o profesión libremente. La práctica de una actividad, ocupación o profesión puede ser regulada por Ley.

23. RELACIONES DE TRABAJO

1. Toda persona tiene derecho a prácticas laborales justas.

2. Todo trabajador tiene derecho:

a. a formar y a afiliarse a un sindicato;

b. a participar en las actividades y programas de un sindicato; y

c. a la huelga.

3. Todo empleador tiene derecho:

a. a formar y a afiliarse a una organización de empleadores; y

b. a participar en las actividades y programas de la organización de empleadores.

4. Todo sindicato y organización de empleadores tiene derecho:

a. a decidir su propia administración, programas y actividades;

b. a organizarse; y

c. a formar y a afiliarse a una federación.

5. Todo sindicato, organización de empleadores y empleador tienen derecho a tomar parte en la negociación colectiva. Puede ser establecida legislación nacional para regular la negociación colectiva. En la medida que la legislación pueda limitar un derecho de este capítulo, la limitación debe cumplir con la sección 36 (1).

6. La legislación nacional puede reconocer las disposiciones de garantía sindical contenidas en convenios colectivos. En la medida que la legislación pueda limitar un derecho de este capítulo, la limitación debe cumplir con la sección 36 (1).

24. MEDIO AMBIENTE

Toda persona tiene derecho:

a. a un medio ambiente que no sea dañino para su salud o bienestar; y

b. a tener el medio ambiente protegido, para el beneficio de las generaciones presentes y futuras, a través de la legislación y otras medidas que:

i. impidan la contaminación y la degradación ecológica;

ii. promuevan la conservación; y

iii. aseguren un desarrollo ecológicamente sostenible y el uso de los recursos naturales mientras se promueve un desarrollo económico y social justificable.

25. PROPIEDAD

1. Nadie puede ser privado de sus bienes excepto en los términos de Derecho de aplicación general, y ninguna Ley puede permitir una privación arbitraria de la propiedad.

2. Los bienes pueden ser expropiados sólo en términos de Derecho de aplicación general:

a. por un propósito público o en interés público; y

b. bajo compensación, cuyo importe y el momento y forma de pago según acordados con los afectados o decididos o aprobados por un tribunal de justicia.

3. El importe de la compensación y el tiempo y la manera el pago deben ser justos y equitativos, reflejando un equipo equitativo entre e interés público y los intereses de esos afectados, teniendo en consideración todas las circunstancias relevantes, incluyendo.

a. el uso habitual de los bienes;

b. la historia de la adquisición y el uso de la propiedad;

c. el valor de mercado de la propiedad;

d. la extensión de la inversión directa del estado y la subvención en la adquisición y la mejora útil del capital de la propiedad, y

e. el propósito de la expropiación.

4. Para los propósitos de esta sección:

a. el interés público incluye el compromiso de la nación a la reforma de la tierra, y a las reformas para propiciar el acceso equitativo de todos los sudafricanos a los recursos naturales; y

b. la propiedad no está limitada a la tierra.

5. El Estado debe adoptar una legislación razonable y otras medidas, con sus medios disponibles, para fomentar las condiciones que posibiliten el acceso a la tierra de los ciudadanos sobre bases equitativas.

6. Una persona o comunidad cuya tenencia de tierra sea legalmente insegura como resultado de leyes o prácticas pasadas, racialmente discriminatorias, tiene derecho, en la medida prevista por una Ley del Parlamento, ya para una tenencia segura o para una reparación equivalente.

7. Una persona o comunidad desposeída de bienes después del 19 de Junio de 1913 como resultado de leyes o prácticas pasadas racialmente discriminatorias tiene derecho, en la medida prevista por una Ley del Parlamento, ya para la restitución de esos bienes o para una reparación equivalente.

8. Ninguna disposición de esta sección puede impedir que el Estado adopte legislación y otras medidas para conseguir tierra, agua y la reforma requerida, en orden a la reparación de los resultados de la discriminación pasada, supuesto que cualquier separación de las previsiones de esta sección esté de acuerdo con las previsiones de la sección 36 (1).

9. El Parlamento debe establecer la legislación referida en la subsección (6).

26. VIVIENDA

1. Toda persona tiene derecho al acceso a una vivienda adecuada.

2. El Estado debe adoptar una legislación razonable y otras medidas, con sus medios disponibles, para conseguir la realización progresiva de este derecho.

3. Nadie puede ser desahuciado de su casa, o su casa puede ser demolida, sin una orden de un tribunal de justicia considerando todas las circunstancia relevantes. Ninguna legislación puede permitir desahucios arbitrarios.

27. CUIDADO DE LA SALUD, ALIMENTO, AGUA Y SEGURIDAD SOCIAL

1. Toda persona tiene derecho a acceder a:

a. los servicios de cuidado de la salud, incluyendo cuidado de la salud procreadora;

b. suficiente alimento y agua; y

c. seguridad social, incluyendo, si ellos fuesen incapaces para mantenerse a ellos mismos y a sus dependientes, apropiada asistencia social.

2. El Estado debe adoptar una legislación razonable y otras medidas, con sus medios disponibles, para la realización progresiva de cada uno de estos derechos.

3. A ninguna persona puede ser denegado tratamiento médico de urgencia.

28. MENORES DE EDAD

1. Todo menor tiene el derecho:

a. a un nombre y a una nacionalidad desde el nacimiento;

b. al cuidado de la familia o paternal, o a un cuidador apropiado alternativo cuando sea removido del entorno familiar;

c. a una alimentación básica, a refugio, a servicios de cuidado básico de la salud, y a servicios sociales;

d. a ser protegido del maltrato, abandono, abuso o degradación;

e. a ser protegido de prácticas laborales de explotación;

f. a no ser requerido o tolerar que realice trabajo o preste servicios que:

i. sea inapropiado para la persona de la edad de un menor; o

ii. ponga en peligro el bienestar, educación, la salud física o mental, o desarrollo espiritual, moral o social del menor;

g. a no ser detenido excepto como una medida de último recurso, en cuyo caso, en adición a los derechos que un menor disfrute según las secciones 12 y 35, el menor puede ser detenido sólo por el más corto apropiado periodo de tiempo, y tiene el derecho a ser:

i. mantenido separado de las personas mayores de 18 años; y

ii. tratado de manera, y mantenido en condiciones, que tengan en cuenta la edad del menor;

h. a tener a un abogado en ejercicio a su servicio asignado al menor por el Estado, y por cuenta del Estado, en las actuaciones civiles que afecten al menor, si, de otro modo, pudiera resultar una injusticia sustancial; y

i. a no ser utilizado directamente en conflictos armados, y a ser protegido en tiempos de conflicto armado.

2. Los mejores intereses de un menor son de suprema importancia en toda materia que afecte al menor.

3. En esta sección "menor" significa una persona con menos de 18 años de edad.

29. EDUCACIÓN

1. Toda persona tiene derecho:

a. a una educación básica, incluyendo una educación adulta básica; y

b. a una educación superior, que el Estado, a través de medidas razonables, debe hacer progresivamente disponible y accesible.

2. Toda persona tiene derecho a recibir educación en la lengua oficial o lenguas oficiales de su elección en las instituciones educativas públicas donde esta educación sea razonablemente factible. En orden a asegurar el acceso efectivo y realización de este derecho, el Estado debe considerar todas las alternativas educativas, incluyendo instituciones

a. equidad;

b. factibilidad;

c. la necesidad de reparación de los resultados de las prácticas y leyes pasadas racialmente discriminatorias.

3. Toda persona tiene el derecho a establecer y mantener, a su propio cargo, instituciones educativas independientes que:

a. no discriminen por razón de raza;

b. estén registradas por el Estado;

c. mantengan niveles que no sean inferiores a los niveles de las instituciones educativas públicas

4. La subsección (3) no excluye los subsidios del Estado para las instituciones educativas independientes.

30. LENGUA Y CULTURA

Toda persona tiene derecho a usar la lengua y participar en la vida cultural según su elección, pero nadie ejercitando estos derechos puede hacerlo de manera incompatible con cualquier provisión de la declaración de derechos.

31. COMUNIDADES CULTURALES, RELIGIOSAS Y LINGÜÍSTICAS

1. No puede ser denegado el derecho la personas pertenecientes a una comunidad cultural, religiosa o lingüística, con otros miembros de la comunidad:

a. a disfrutar de su cultura, practicar su religión y usar su lengua; y

b. a formar, afiliarse y mantener asociaciones culturales, religiosas y lingüísticas y otros órganos de la sociedad civil.

2. Los derechos de la subsección (1) no pueden ser ejercitados de manera incompatible con cualquier previsión de la declaración de derechos.

32. ACCESO A IA INFORMACIÓN

1. Toda persona tiene derecho de acceso:

a. a cualquier información poseída por el Estado; y

b. a cualquier información que sea guardada por otra persona y sea requerida para el ejercicio o protección de cualquier derecho.

2. Debe ser establecida legislación nacional para dar efecto a este derecho, y pueden prevenirse medidas razonables para mitigar la carga administrativa y financiera del Estado.

33. ACCIÓN ADMINISTRATIVA JUSTA

1. Toda persona tiene derecho a que la acción administrativa sea legal razonable y procedimentalmente justa. '

2. Toda persona cuyos derechos hayan sido adversamente afectados por la actuación administrativa tiene derecho a que se le den razones por escrito

3. La legislación nacional debe ser establecida para dar efecto a estos derechos, y debe

a. proveer por la revisión de la actuación administrativa por un tribunal de justicia, cuando se apropiado, por un tribunal independiente e imparcial;

b. imponer la obligación sobre el Estado de dar efecto a los derechos de las subsecciones (1) y (2), y

c. promover una administración eficiente.

34. ACCESO A LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

Toda persona tiene derecho a que cualquier controversia pueda ser resuelta por aplicación de la Ley, decidida en una audiencia pública, o ante una corte de justicia, o si fuese apropiado, otro tribunal independiente e imparcial, o fórum

35. PERSONAS ARRESTADAS, DETENIDAS Y ACUSADAS

1. Toda persona que sea arrestada por cometer una ofensa criminal tiene derecho:

a. a guardar silencio;

b. a ser informada con prontitud:

i. de su derecho a guardar silencio; y

ii. de las consecuencias de no permanecer en silencio

c. a no ser obligado a hacer cualquier confesión o admisión que pudiese ser utilizada como evidencia contra esa persona;

d. a ser llevada ante un tribunal de justicia tan pronto sea razonablemente posible, pero no más tarde de:

i. cuarenta y ocho horas del arresto; o

ii. del fin del primer día hábil del tribunal de justicia después de la expiración de las cuarenta y ocho horas, si las cuarenta y ocho horas expiran fuera de las horas hábiles del tribunal o en un día que no sea un día hábil del tribunal;

e. en la primera aparición ante el tribunal de justicia después de ser arrestada, a ser imputada o a ser informada de las razones para que la detención continúe, o a ser liberada; y

f. a ser liberada de la detención si los intereses de la justicia lo permiten, con sujeción a condiciones razonables.

2. Toda persona que sea detenida, incluyendo todo prisionero condenado, tiene el derecho:

a. a ser informada con prontitud de la razón para ser detenida

b. a escoger, y consultar con un abogado en ejercicio, y a ser informada de este derecho con prontitud;

c. a tener un profesional legal asignado a la persona detenida por el estado y a expensas del estado, si una injusticia sustancial se produjera, y a ser informado de este derecho de inmediato;

d. a combatir la legalidad de la detención de la persona ante un tribunal de justicia y, si la detención es ilegal, a ser liberada;

e. a condiciones de detención que sean compatibles con la dignidad humana, incluyendo al menos el disfrute y provisión, a cargo del Estado, del alojamiento adecuado, alimentación, material de lectura y tratamiento médico; y

f. a comunicar y ser visitado por:

i. el cónyuge o pareja;

ii. parientes próximos;

iii. consejero religioso elegido;

iv. profesional de la medicina en ejercicio elegido.

3. Toda persona acusada tiene derecho a un juicio justo, que incluye el derecho:

a. a ser informada de los cargos con suficiente detalle para contestarlos;

b. a tener un tiempo adecuado y medios para preparar la defensa;

c. a un juicio público ante un tribunal de justicia ordinario;

d. a que su proceso comience y concluya sin una dilatación irrazonable;

e. a estar presente cuando sea juzgada;

f. a escoger y estar representada por un abogado en ejercicio y a ser informada de este derecho con prontitud;

g. a que la persona acusada tenga asignado un abogado en ejercicio por el Estado y a cargo del Estado, si, de otro modo, resultase una injusticia sustancial, y a ser informada de este derecho con prontitud;

h. a ser presumida inocente, a guardar silencio, y a no declarar durante las actuaciones;

i. a aportar y rebatir prueba;

j. a no ser compelida a dar prueba auto-incriminatoria;

k. a ser juzgada en un lenguaje que la persona acusada entienda, si esto no es posible, a que tenga las actuaciones traducidas a esa lengua;

l. a no ser condenada por un acto u omisión que no fuese una infracción penal bajo una Ley nacional o internacional en el momento que fue cometido u omitido;

m. a no ser enjuiciada por una infracción criminal respecto de un acto u omisión por la que esa persona haya sido previamente absuelta o condenada;

n. a beneficiarse de la menos severa de las penas establecidas si la pena establecida para la infracción penal ha sido cambiada entre el momento en que la infracción fue cometida y el momento en que fue condenada; y

o. a apelación ante, o revisión por, un tribunal superior.

4. Cuando esta sección exige que se dé información a una persona, esta información debe ser dada en un lenguaje que la persona entienda.

5. La prueba obtenida de manera que viole esta declaración de derechos debe ser rechazada si la admisión de dicha prueba hiciera el juicio injusto o de otro modo fuese en detrimento de la administración de justicia

36. LIMITACIÓN DE DERECHOS

1. Los derechos de la declaración de derechos pueden ser limita los en los términos de una Ley de aplicación general en la medida de que la limitación sea razonable y justificable en una sociedad demócrata abierta basada en la dignidad humana, la igualdad y libertad, teniendo en cuenta todos los factores relevantes, incluyendo:

a. la naturaleza del derecho;

b. la importancia del propósito de la limitación;

c. la naturaleza y extensión de la limitación;

d. la relación entre la limitación y su propósito;

e. y los medios menos restrictivos para alcanzar el propósito.

2. Excepto como está previsto en la subsección (1) o en cualquier otra provisión de la Constitución, ninguna Ley puede limitar los derechos recogidos en la declaración de derechos.

37. ESTADOS DE EMERGENCIA

1. Sólo puede ser declarado un estado de emergencia en los términos de una Ley del Parlamento, y sólo cuando:

a. la vida de la nación esté amenazada de guerra, invasión, insurrección general, desorden, desastre natural u otra emergencia pública; y

b. la declaración sea necesaria para restaurar la paz y el orden.

2. Una declaración de un estado de emergencia, y una legislación establecida u otra acción tomada como consecuencia de esa declaración puede ser efectiva sólo:

a. de futuro; y

b. por no más de 21 días desde la fecha de la declaración, salvo que la Asamblea Nacional resuelva amparar la declaración. La Asamblea puede ampliar la declaración de un estado de emergencia por no más de tres meses de una vez. La primera ampliación de un estado de emergencia debe ser adoptada por una resolución con el voto de apoyo de una mayoría de miembros de la Asamblea. Cualquier subsiguiente ampliación debe ser adoptada por una resolución con el voto de apoyo de al menos el 60 por ciento de los miembros de la Asamblea. Una resolución en los términos de este parágrafo puede ser adoptada sólo siguiendo un debate.

3. Cualquier tribunal competente puede decidir sobre la validez de:

a. una declaración de estado de emergencia;

b. cualquier ampliación de la declaración de un estado de emergencia; o

c. cualquier legislación establecida, u otra acción tomada, en consideración de un estado de emergencia.

4. Cualquier legislación establecida como consecuencia de un estado de emergencia sólo puede derogar la declaración de derechos en la extensión en que:

a. la derogación sea estrictamente requerida por la emergencia; y

b. la legislación:

i. sea compatible con las obligaciones de la República bajo el derecho internacional aplicable a los estados de emergencia;

ii. se ajuste a la subsección (5); y

iii. sea publicada en la Gaceta del Gobierno tan pronto como sea posible después de ser legislada.

5. Ninguna Ley del Parlamento que autorice una declaración de un estado de emergencia, y ninguna Legislación establecida u otra acción tomada como consecuencia de una declaración, puede permitir o autorizar:

a. indemnizar al Estado; o a cualquier persona, con respecto a un acto injusto;

b. cualquier derogación de esta sección; o

c. cualquier derogación de una sección mencionada en la columna 1 de la Tabla de Derechos No Derogables, en la medida indicada opuesta a esa sección en la columna 3 de la Tabla.

Tabla de derechos no derogables

Columna 1. Número de sección

9

Columna 2. Título de sección

Igualdad

Columna 3. Extensión de protección

Con respecto a discriminación injusta solamente sobre los fundamentos de raza, color, origen étnico, o social, sexo, religión, o lengua.

Columna 1. Número de sección

10

Columna 2. Título de sección

Dignidad humana

Columna 3. Extensión de protección

Enteramente

Columna 1. Número de sección

11

Columna 2. Título de sección

Vida

Columna 3. Extensión de protección

Enteramente

Fila 4

Columna 1. Número de sección

12

Columna 2. Título de sección

Libertad y seguridad personal

Columna 3. Extensión de protección

Con respecto a la subsección (1) (d) y (e) y (2) (c).

Columna 1. Número de sección

13

Columna 2. Título de sección

Esclavitud, servidumbre y trabajos forzados

Columna 3. Extensión de protección

Con respecto a la esclavitud y servidumbre.

Columna 1. Número de sección

28

Columna 2. Título de sección

Menores

Columna 3. Extensión de protección

Con respecto a:

la subsección (1) (d) y (e);

los derechos de las subsecciones (i) y (ii) de la subsección (1) (g); y

la subsección (1) (i) respecto de los menores de 15 años y más jóvenes.

Columna 1. Número de sección

35

Columna 2. Título de sección

Personas arrestadas, detenidas y acusadas:

Columna 3. Extensión de protección

Con respecto a:

las subsecciones (1) (a), (b) Y (c) Y (2) (d);

los derechos de los parágrafos (a) a (o) de la sub­ sección (3), excluyendo el parágrafo(d);

la subsección (4); y

la subsección (5) con respecto a la exclusión de la prueba si la admisión de la prueba hiciera el proceso injusto.

6. Cuando cualquier persona sea detenida sin vista de la causa como consecuencia de la derogación de derechos resultante de una declaración de un estado de emergencia, las siguientes condiciones deben ser observadas:

a. Un miembro adulto de la familia o amigo de! detenido debe ser contactado tan pronto como sea razonablemente posible e informado de que la persona ha sido detenida.

b. Debe ser publicada una nota en la Gaceta del Gobierno nacional dentro de los cinco días de ser detenida la persona, indicando el nombre de la persona detenida y el lugar de la detención y refiriendo la medida de emergencia en cuya virtud haya sido detenida.

c. Al detenido debe permitírsele escoger, y ser visitado en cualquier momento razonable, por un médico en ejercicio.

d. Al detenido debe permitírsele escoger, y ser visitado en cualquier momento razonable, por un representante legal.

e. Un tribunal debe revisar la detención tan pronto como sea razonablemente posible, pero no más tarde de 10 días después de la fecha en que la persona fue detenida, y el tribunal debe liberar al detenido salvo que sea necesario que la detención continúe para restaurar la paz y el orden.

f. Un detenido que no sea liberado en los términos de la revisión de! parágrafo (e), o que no sea liberado en los términos de una revisión bajo este parágrafo, puede solicitar a un tribunal la revisión de la detención en cualquier tiempo después de haber pasado 10 días desde la anterior revisión, y el tribunal debe liberar al detenido salvo que todavía sea necesario que continúe la detención para restaurar la paz y el orden.

g. El detenido debe poder comparecer en persona ante cualquier tribunal que considere la detención, a ser representado por abogado en ejercicio en esas audiencias, y a hacer comparecencias en contra de una detención continuada.

h. El Estado debe presentar razones escritas al tribunal para justificar la detención continuada del detenido, y debe dar copia de estas razones al detenido al menos dos días antes de que el tribunal revise la detención.

7. Si un tribunal libera a un detenido, esa persona no puede volver a ser detenida de nuevo con los mismos fundamentos salvo que el Estado acredite primero una buena razón de Derecho para volverla a detener.

8. Las subsecciones (6) Y (7) no se aplican a las personas que no sean ciudadanas sudafricanas y que sean detenidas como consecuencia de un conflicto internacional armado. En lugar, el estado debe cumplir con los valores que obliguen a la República en base a derecho Internacional humanitario con respecto a la detención de personas.

38. EJECUCIÓN DE LOS DERECHOS

Cualquier persona incluida en esta sección tiene el derecho de acercarse a un tribunal competente, alegando que un derecho en la Carta de Derechos ha sido violado o amenazado, y el tribunal puede otorgar la reparación adecuada, incluida una declaración de derechos. Las personas que pueden acercarse a un tribunal son:

a. toda persona actuando en su propio interés;

b. toda persona que actúe en representación de otra persona que no pueda actuar en su propio nombre;

c. toda persona que actúe como miembro de, o en interés, de un grupo de clase de personas;

d. toda persona que actúe en interés público; Y

e. una asociación que actúe en interés de sus miembros.

39. INTERPRETACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE DERECHOS

1. Cuando interprete la declaración de derechos, un tribunal de justicia, tribunal o foro:

a. debe promover los valores que subyacen en una sociedad democrática basada en la dignidad, la igualdad y la libertad,

b. debe considerar el Derecho Internacional; y

c. debe considerar el Derecho Extranjero.

2. Al interpretar cualquier legislación, y al desarrollar la ley común o el derecho consuetudinario, cada tribunal, tribunal o foro debe promover el espíritu, el significado y los objetos de la Carta de Derechos.

3. La Carta de Derechos no niega la existencia de otros derechos o libertades reconocidos o conferidos por el derecho consuetudinario, el derecho consuetudinario o la legislación, en la medida en que sean consistentes con el proyecto de ley.

CAPÍTULO 3. GOBIERNO COOPERATIVO

40. GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

1. En la República, el gobierno está constituido según esferas de gobierno nacional, provincial y local, que son distintivas, interdependientes e interrelacionadas.

2. Todas las esferas de gobierno deben observar y adherirse a los principios de este capítulo y deben orientar sus actividades según los parámetros que este capítulo establece.

41. PRINCIPIOS DE GOBIERNO COOPERATIVO Y RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

1. Todas las esferas de gobierno y todos los órganos del Estado en cada esfera deben:

a. preservar la paz, la unidad nacional y la indivisibilidad de la República;

b. asegurar el bienestar de! pueblo de Sudáfrica;

c. procurar un gobierno efectivo, transparente, responsable y coherente de la República como un todo;

d. ser leal a la Constitución, a la República y a su pueblo;

e. respetar el status constitucional, instituciones, poderes y funciones de gobierno en las otras esferas;

f. no asumir ningún poder o función excepto las conferidas a ellos por esta Constitución;

g. ejercitar sus poderes y realizar sus funciones de una manera que no invada la integridad geográfica, funcional o institucional del gobierno en otra esfera; y

h. cooperar unos con otros en la confianza mutua y la buena fe para:

i. fomentar relaciones amigables;

ii. asistirse y ayudarse uno a otro;

iii. informarse mutuamente y consultar sobre asuntos de interés común;

iv. coordinar sus acciones y legislación uno con otro;

v. adherirse a procedimientos acordados;

vi. evitar procedimientos legales de uno contra otro

2. Una ley del Parlamento debe:

a. establecer o proporcionar estructuras e instituciones para promover y facilitar las relaciones intergubernamentales; y

b. Proveer mecanismos y procedimientos apropiados para facilitar la resolución de disputas intergubernamentales.

3. Un órgano de estado involucrado en una disputa intergubernamental debe hacer todos los esfuerzos razonables para resolver la disputa por medio de los mecanismos y procedimientos previstos para tal fin, y debe agotar todos los demás recursos antes de que se acerque a un tribunal para resolver la disputa.

4. Si un tribunal no está convencido de que se han cumplido los requisitos de la subsección (3), puede remitir una disputa a los órganos del estado involucrados.

CAPÍTULO 4. PARLAMENTO

42. COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO

1. El Parlamento se compone de:

a. la Asamblea Nacional; y

b. el Consejo Nacional de Provincias.

2. La Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de Provincias participan en el proceso legislativo en la forma prevista en la Constitución.

3. La Asamblea Nacional es elegida para representar al pueblo y para asegurar el gobierno del pueblo bajo la Constitución. Lo hace al elegir Presidente, al suministrar un foro nacional para la pública consideración de las cuestiones, al aprobar la legislación y examinar cuidadosamente y vigilar la acción del ejecutivo.

4. El Consejo Nacional de las Provincias representa a las provincias para asegurar que los intereses provinciales son tomados en consideración en la esfera nacional de gobierno. Lo hace principalmente al participar en el proceso legislativo nacional y al propiciar un foro nacional para la consideración pública de cuestiones que afecten a las provincias.

5. El Presidente puede convocar al Parlamento a una sesión extraordinaria en cualquier momento para conducir cualquier asunto especial

6. La sede del Parlamento es Ciudad del Cabo, pero una Ley del Parlamento, legislada de acuerdo con la sección 76 (1) y (5), puede determinar que la sede del Parlamento se establezca en cualquier otro lugar.

43. AUTORIDAD LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA

En la República, la autoridad legislativa:

a. en la esfera nacional del gobierno está investida en el Parlamento como establece la sección 44;

b. en la esfera provincial de gobierno está investida en los órganos legislativos provinciales, como establece la sección 104; y

c. en la esfera local de gobierno está investida en los Consejos Municipales, como establece la sección 156.

44. AUTORIDAD LEGISLATIVA NACIONAL

1. La autoridad legislativa nacional como investida en el Parlamento:

a. confiere a la Asamblea Nacional el poder:

i. para enmendar la Constitución;

ii. para aprobar legislación con relación a cualquier materia, incluyendo una materia en un área funcional enunciada en el Anexo 4; pero excluyendo, con sujeción a la subsección (2), una materia del área funcional enunciada en el Anexo 5; y

iii. para asignar cualquiera de sus poderes legislativos; excepto el poder de enmendar la Constitución, a cualquier cuerpo legislativo en otra esfera de gobierno; y

b. confiere al Consejo Nacional de Provincias el poder:

i. para participar en la enmienda de la Constitución de acuerdo con la sección 74;

ii. para aprobar, de acuerdo con la sección 76, legislación con referencia a cualquier materia del área funcional enunciada en el Anexo 4, y cualquier otra materia que la Constitución exija que se apruebe de acuerdo con la sección 76; y

iii. para considerar, de acuerdo con la sección 75, cualquier otra legislación aprobada por la Asamblea Nacional.

2. El Parlamento puede intervenir aprobando legislación, de acuerdo con la sección 76 (1), con relación a una materia enunciada en el Anexo 5, cuando sea necesario:

a. para mantener la seguridad nacional;

b. para mantener la unidad económica;

c. para mantener los niveles nacionales esenciales;

d. para establecer los niveles mínimos precisos para la prestación de servicios; o

e. para prevenir la acción irrazonable tomada por una provincia que sea perjudicial para los intereses de otra provincia o para el país como un todo.

3. La legislación con respecto a una materia que sea razonablemente necesaria o incidental para el ejercicio en el Anexo 4 es, a todos los efectos, legislación en relación con una materia del Anexo 4.

4. Cuando ejercite su autoridad legislativa, el Parlamento está limitado sólo por la Constitución, y debe actuar de acuerdo con ella y dentro de los límites de la Constitución.

45. REGLAMENTO Y PROCEDIMIENTOS COMUNES Y COMITÉS CONJUNTOS

1. La Asamblea Nacional y el Consejo Nacional de Provincias deben establecer un comité de normas comunes para hacer un reglamento y procedimientos que afecten a los asuntos comunes de la Asamblea y del Consejo, incluyendo un reglamento y procedimientos:

a. para determinar procedimientos que faciliten el proceso legislativo, incluyendo el establecimiento del tiempo límite para completar cualquier fase en el proceso;

b. para establecer comités conjuntos compuestos por representantes de ambas Asamblea y Consejo para considerar e informar los proyectos de Ley enunciados en las secciones 74 y 75 que sean remitidos a dicho comité:

c. para establecer un comité conjunto para revisar la Constitución al menos anualmente; y

d. para regular la actividad:

i. del comité de normas comunes;

ii. del Comité de Mediación;

iii. del Comité de revisión constitucional; y

iv. de cualquier comité común establecido en los términos del parágrafo (b).

2. Los miembros del gabinete, los miembros de la Asamblea Nacional y los delegados al Consejo Nacional de las Provincias tienen los mismos privilegios e inmunidades ante un comité conjunto de la Asamblea y el Consejo que tienen ante la Asamblea o el Consejo.

PARTE A. LA ASAMBLEA NACIONAL

1. La Asamblea Nacional se compone de no menos de 350 y no más de 400 mujeres y hombre elegidos como miembros en los términos de un sistema electoral que:

a. sea prescrito por la legislación nacional;

b. esté basado sobre el censo nacional común de los votantes

c. prevea una edad mínima para votar de 18 años, y ,

d. resulte, en general, en la representación proporcional.

2. Una ley del Parlamento debe establecer una fórmula para determinar el número de miembros de la Asamblea Nacional.

47. CONDICIÓN DE MIEMBRO

1. Todo ciudadano que esté capacitado para votar para la Asamblea Nacional es elegible para ser miembro de la Asamblea, excepto:

a. cualquiera que sea nombrado por, o esté al servicio del estado y reciba remuneración por ese nombramiento o servicio, que no sea:

i. el Presidente, Vicepresidente, Ministros y Viceministros; y

ii. otros titulares de cargos cuyas funciones son compatibles con las funciones de un miembro de la Asamblea y han sido declaradas compatibles con esas funciones por la legislación nacional;

b. Delegados permanentes al Consejo Nacional de Provincias o miembros de una legislatura provincial o un Concejo Municipal;

c. insolventes no rehabilitados;

d. toda persona que sea declarada incapaz mental por un Tribunal de la República; o

e. toda persona que, tras entrar en vigor esta sección, sea condenada por una infracción penal y le sea impuesta una pena de 12 meses de prisión sin opción a una multa, ya en la República, o fuera de la República si la conducta constitutiva de la infracción penal hubiese sido una infracción penal en la República, pero ninguna persona puede ser considerada sentenciada hasta que la apelación contra la condena o pena haya sido decidida, o el tiempo para la apelación haya expirado. Una inhabilitación según este parágrafo termina cinco años después que la pena haya sido cumplida.

2. Una persona que no sea elegible para ser miembro de la Asamblea Nacional en los términos de la subsección (1) (a) o (b) puede ser candidata a la Asamblea, con sujeción a los límites o condiciones establecidas por la legislación nacional.

3. Una persona pierde la pertenencia a la Asamblea Nacional si esa persona:

a. deja de ser elegible; o

b. está ausente de la Asamblea sin permiso en circunstancias para las cuales las reglas y órdenes de la Asamblea prescriben la pérdida de membresía; o

c. deja de ser un miembro del partido que nominó a esa persona como miembro de la Asamblea.

4. Las vacantes de la Asamblea Nacional deben ser cubiertas en los términos de la legislación nacional.

48. JURAMENTO O AFIRMACIÓN

Antes que los miembros de la Asamblea Nacional comiencen a realizar sus funciones en la Asamblea, deben jurar o afirmar fidelidad a la República y obediencia a la Constitución, de acuerdo con el Anexo 2.

49. DURACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL

1. La Asamblea Nacional es elegida por un periodo de cinco años.

2. Si la Asamblea Nacional fuese disuelta en los términos de la sección 50, o cuando su mandato expire, el Presidente, por proclamación, debe convocar y fijar las fechas de la elección, que debe ser llevada a término en 90 días desde la fecha en que la Asamblea fuese disuelta o su mandato haya expirado.

3. Si el resultado de una elección de la Asamblea Nacional no es declarado en el periodo establecido en los términos de la sección 190, o si una elección es dejada sin efecto por un tribunal de justicia, el Presidente, por proclamación, debe convocar y fijar las fechas para otra elección, que debe tener lugar dentro de los 90 días desde la expiración de ese periodo o desde la fecha en que la elección fue dejada sin efecto.

4. La Asamblea Nacional continúa con competencia para actuar desde la fecha que sea disuelta o su término expire, hasta el día antes del primer día de la votación para la siguiente Asamblea.

50. DISOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL ANTES DE EXPIRAR SU MANDATO

1. El Presidente debe disolver la Asamblea Nacional si:

a. la Asamblea ha adoptado una resolución para disolverse con el voto de una mayoría de sus miembros; y

b. han pasado tres años desde que la Asamblea fue elegida.

2. El Presidente en funciones debe disolver la Asamblea si:

a. el cargo de Presidente está vacante; y

b. si la Asamblea fracasa en elegir un nuevo Presidente en 30 días después de producida la vacante.

51. PERÍODOS DE SESIONES Y DESCANSO

1. Después de una elección, la primera sesión de la Asamblea Nacional debe tener lugar en un momento y fecha determinados por el Presidente del Tribunal Constitucional, pero no más de 14 días después que el resultado de la elección haya sido declarado. La Asamblea Nacional puede determinar el momento y duración de sus otros período de sesiones y de descanso.

2. El Presidente puede convocar a la Asamblea Nacional a una sesión extraordinaria en cualquier momento para conducir un asunto especial.

3. Se permiten sesiones de la Asamblea Nacional en otros lugares diferentes a la sede del Parlamento sólo con fundamento de interés público, seguridad o conveniencia, y si estuviese previsto en el reglamento y procedimientos de la Asamblea.

52. PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

1. En la primera sesión después de su elección, o cuando sea necesario cubrir una vacante, la Asamblea Nacional debe elegir un Presidente y un Vicepresidente de entre sus miembros.

2. El Presidente de! Tribunal Constitucional debe presidir la elección del Presidente, o designar a otro juez al efecto. El Presidente preside la elección del Vicepresidente.

3. El procedimiento expuesto en la parte A del Anexo 3 se aplica a la elección del Presidente y del Vicepresidente.

4. La Asamblea Nacional puede remover al Presidente o al Vicepresidente del cargo por una resolución. Una mayoría de miembros debe estar presente cuando la resolución sea adoptada.

5. En los términos de su reglamento y procedimientos, la Asamblea Nacional puede elegir de entre sus miembros a otros cargos de presidencia para asistir al Presidente y al Vicepresidente.

53. DECISIONES

1. Excepto donde la Constitución prevea otra cosa:

a. una mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional debe estar presente antes que pueda ser llevada a cabo una votación sobre un proyecto de Ley o una enmienda de un proyecto de Ley.

b. al menos un tercio de los miembros debe estar presente antes que pueda ser llevada a cabo una votación sobre cualquier otra cuestión ante la Asamblea; y

c. todas las cuestiones ante la Asamblea son decididas por una mayoría de los votos emitidos.

2. El miembro de la Asamblea Nacional que presida una reunión de la Asamblea no tiene voto deliberativo, pero:

a. debe emitir un voto decisivo cuando hay un número igual de votos en cada lado de una pregunta; y

b. puede emitir un voto deliberativo cuando una cuestión debe decidirse con el voto favorable de al menos dos tercios de los miembros de la Asamblea.

54. DERECHOS DE CIERTOS MIEMBROS DEL GABINETE EN LA ASAMBLEA NACIONAL

El Presidente y cualquier miembro del Gabinete o cualquier Viceministro que no sea miembro de la Asamblea Nacional pueden, sujeto a las reglas y órdenes de la Asamblea, asistir y hablar en la Asamblea, pero no pueden votar.

55. PODERES DE LA ASAMBLEA NACIONAL

1. En el ejercicio de su poder legislativo la Asamblea Nacional puede:

a. considerar, aprobar, enmendar o rechazar cualquier legislación ante la Asamblea; y

b. iniciar o preparar legislación, excepto los proyectos de ley económica.

2. La Asamblea Nacional debe prever mecanismos:

a. asegurar que todos los órganos ejecutivos del estado en el ámbito nacional del gobierno rindan cuentas al respecto; y

b. para mantener vigilancia sobre:

i. el ejercicio de la autoridad ejecutiva nacional incluyendo la ejecución de la legislación; y

ii. sobre cualquier órgano del Estado

56. PRUEBA O INFORMACIÓN ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL

La Asamblea Nacional o cualquiera de sus comités puede:

a. convocar a cualquier persona para que comparezca ante ella para prestar declaración bajo juramento o afirmación, o para presentar documentos;

b. requerir a cualquier persona o institución para que le informe;

c. compeler, en los términos de la legislación nacional o del reglamento y procedimientos, a cualquier persona o institución a cumplir con citaciones o requerimientos en los términos de! parágrafo (a) o (b); y

d. recibir peticiones, quejas o alegaciones de cualesquiera personas o instituciones interesadas.

57. DISPOSICIONES INTERNAS, ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL

1. La Asamblea Nacional puede:

a. determinar y ejercitar control sobre sus disposiciones internas, actuaciones y procedimientos; y

b. hacer el reglamento y procedimientos referentes a sus asuntos, con el debido respeto a la democracia participativa y representativa, a la responsabilidad, transparencia y participación pública.

2. El reglamento y procedimientos de la Asamblea Nacional deben prever:

a. el establecimiento, composición, poderes, funciones, actuaciones y duración de sus comités;

b. la participación en las actuaciones de la Asamblea y sus comités de los partidos minoritarios representados en la Asamblea, de una manera compatible con la democracia;

c. la asistencia financiera y administrativa a cada partido representado en la Asamblea, en proporción a su representación, para posibilitar al partido y a su líder realizar sus funciones en la Asamblea efectivamente; y

d. el reconocimiento del líder de! partido mayor de la oposición en la Asamblea como el líder de la oposición.

58. PRIVILEGIO

1. Los miembros del gabinete y los miembros de la Asamblea Nacional:

a. tienen libertad de palabra en la Asamblea y en sus comités, con sujeción a su reglamento y procedimientos; y

b. no están sujetos a procedimientos civiles o penales, arrestos, encarcelamientos o daños por:

i. cualquier cosa que hayan dicho, aportado ante o presentado a la Asamblea o a cualquiera de sus comités; o

ii. cualquier cosa revelada como resultado de algo que ellos hayan dicho, aportado ante o presentado a la Asamblea o a cualquiera de sus comités.

2. Los demás privilegios e inmunidades de la Asamblea Nacional, los miembros del Gabinete y los miembros de la Asamblea pueden estar prescritos por la legislación nacional.

3. Los sueldos, subsidios y beneficios pagaderos a los miembros de la Asamblea Nacional son un cargo directo contra el Fondo Nacional de Ingresos.

59. ACCESO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA NACIONAL

1. La Asamblea Nacional debe:

a. facilitar la participación pública en los procesos legislativos y de otra índole de la Asamblea y sus comités; y

b. conducir sus negocios de manera abierta, y celebrar sus sesiones, y las de sus comités, en público, pero se pueden tomar medidas razonables

i. regular el acceso público, incluido el acceso de los medios, a la Asamblea y sus comités; y

ii. proveer por la búsqueda de cualquier persona y, cuando corresponda, la denegación de entrada o la eliminación de cualquier persona.

2. La Asamblea Nacional no puede excluir al público, incluidos los medios de comunicación, de una sesión de un comité a menos que sea razonable y justificable hacerlo en una sociedad abierta y democrática.

PARTE B. EL CONSEJO NACIONAL DE PROVINCIAS

60. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO NACIONAL

1. El Consejo Nacional de Provincias está compuesto de una sola delegación de cada provincia que se integra por diez delegados.

2. Los diez delegados son:

a. cuatro delegados especiales integrados por:

i. el Presidente de la provincia o, si el Presidente no estuviese disponible, cualquier miembro del órgano legislativo provincial designado por el Presidente de la provincia y en general ya para cualquier asunto específico ante el Consejo Nacional de Provincias; y

ii. otros tres delegados especiales; y

b. seis delegados designados en los términos de la sección 61 (2).

3. El Presidente de la provincia, o si el Presidente de la provincia no está disponible, un miembro de la delegación de la provincia designado por el Presidente de la provincia, encabeza la delegación.

1. Los partidos representados en un órgano legislativo provincial tienen derecho a los delegados de una delegación provincial de acuerdo con la fórmula expuesta en la parte B del Anexo 3.

2.

a. Una legislatura provincial debe, dentro de los 30 días posteriores a la declaración del resultado de una elección de esa legislatura:

i. Decretar, de conformidad con la legislación nacional, cuántos de los delegados de cada parte serán delegados permanentes y cuántos serán delegados especiales; y

ii. designar a los delegados permanentes de acuerdo con las nominaciones de las partes.

b. [derogado]

3. la legislación nacional prevista en la subsección (2) (a) debe asegurar la participación de los partidos minoritarios tanto en los delegados permanentes como en los delegados especiales componentes de la delegación de una manera compatible con la democracia.

4. El órgano legislativo con la concurrencia de! Presidente y los partidos que tengan derecho a delegados especiales en la delegación de la provincia, debe designar delegados especiales, conforme sea requerido de tiempo en tiempo, de entre los miembros del órgano Legislativo.

62. DELEGADOS PERMANENTES

1. Una persona propuesta como delegada permanente debe ser elegible para ser miembro del órgano Legislativo provincial.

2. Si una persona que sea miembro de un órgano legislativo provincial es designada delegada permanente, esta persona cesará como miembro del órgano legislativo.

3. Los delegados permanentes son designados por un período que expira

a. inmediatamente antes de la primera sesión del órgano legislativo provincial después de su siguiente elección, o

b. [derogado]

4. Una persona deja de ser delegado permanente si esa persona:

a. deja de ser elegible para ser miembro del órgano Legislativo provincial por cualquier razón diferente a ser designada delegado permanente;

b. deviene miembro del Gabinete;

c. ha perdido la confianza del partido y es relevada por el partido que propuso a esa persona;

d. cesa de ser un miembro del partido que propuso a esa persona y es relevada por el partido; o

e. se ausenta del Consejo Nacional de Provincias sin permiso en circunstancias por las cuales el reglamento y procedimientos del Consejo establezcan la pérdida del cargo de delegado permanente.

5. Las vacantes entre los delegados permanentes deben ser cubiertas en los términos de la legislación nacional.

6. Antes que los delegados permanentes comiencen a realizar sus funciones en el Consejo Nacional de Provincias, deben jurar o declarar fidelidad a la República y obediencia a la Constitución, de acuerdo con el Anexo 2.

63. SESIONES DEL CONSEJO NACIONAL

1. El Consejo Nacional de Provincias puede determinar el momento y duración de sus sesiones y los períodos de descanso.

2. El Presidente puede convocar al Consejo Nacional de Provincias a una sesión extraordinaria para conducir un asunto especial.

3. Están permitidas las sesiones del Consejo Nacional de Provincias en lugares diferentes a la sede del Parlamento sólo por causa de interés público, seguridad o conveniencia, y si está previsto en el reglamento y procedimientos del Consejo.

64. PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTES

1. El Consejo Nacional de Provincias debe elegir un Presidente y dos Vicepresidentes de entre los delegados.

2. El Presidente y uno de los Vicepresidentes serán elegidos de entre los delegados permanentes por cinco años salvo que sus mandatos como delegados expiren antes.

3. El otro Vicepresidente será elegido por el período de un año, y debe ser sucedido por un delegado de otra provincia, de modo que cada provincia sea representada por turno.

4. El Presidente del Tribunal Constitucional debe presidir la elección del Presidente, o designar a otro juez para hacerlo. El Presidente preside la elección de los Vicepresidentes.

5. Los procedimientos establecidos en la Parte A del Anexo 3 se aplican a la elección del Presidente y Vicepresidentes.

6. El Consejo Nacional de Provincias puede remover al Presidente y Vicepresidentes de sus cargos.

7. En los términos de su reglamento y procedimientos, el Consejo Nacional de Provincias puede elegir de entre los delegados a otros cargos de presidencia para asistir al Presidente y a los Vicepresidentes.

65. DECISIONES

1. Excepto donde la Constitución establezca otra cosa:

a. cada provincia tiene un voto, que es emitido en representación de las provincias por el jefe de su delegación; y

b. todas las cuestiones ante el Consejo Nacional de Provincias serán aceptadas cuando al menos cinco provincias voten a favor de la cuestión.

2. Una Ley de Parlamento, establecida de acuerdo con el procedimiento previsto ya en la subsección (1) o en la subsección (2) de la sección 76, debe prever un procedimiento uniforme sobre los términos en que los órganos legislativos provinciales confieren su autoridad para emitir votos en su representación.

66. PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EJECUTIVO NACIONAL

1. Los miembros del Gabinete y los Viceministros pueden asistir, y pueden hablar en el Consejo Nacional de provincias, pero no pueden votar.

2. El Consejo Nacional de Provincias puede requerir a un miembro del Gabinete, a un Viceministro o a un funcionario en el ejecutivo nacional o provincial para que asista a una reunión del Consejo o de un comité del Consejo.

67. PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO LOCAL

No más de diez representantes de medio tiempo designados por el gobierno local organizado en términos de la sección 163, para representar a las diferentes categorías de municipios, pueden participar cuando sea necesario en los procedimientos del Consejo Nacional de Provincias, pero no pueden votar.

68. PODERES DEL CONSEJO NACIONAL

En el ejercicio de su poder legislativo, el Consejo Nacional de Provincias puede:

a. considerar, aprobar, enmendar, proponer enmiendas o rechazar cualquier legislación ante el Consejo, de acuerdo con este capítulo; y

b. iniciar o preparar legislación incluida en un área funcional enunciada en el Anexo 4 u otra legislación referida en la sección 76 (3), pero no puede iniciar ni preparar proyectos de ley económica.

69. PRUEBA O INFORMACIÓN ANTE EL CONSEJO NACIONAL

El Consejo Nacional de Provincias o cualquiera de sus comités pueden:

a. convocar a cualquier persona a comparecer ante él para dar prueba bajo juramento o afirmación o para aportar documentos;

b. requerir a cualquier institución o persona para que le informe;

c. compeler, en los términos de la legislación nacional o del reglamento y procedimientos, a cualquier persona o institución a cumplir con las citaciones o requerimientos en los términos del parágrafo (a) o (b); y

d. recibir peticiones, quejas o alegaciones de cualesquiera personas o instituciones interesadas.

70. DISPOSICIONES INTERNAS, ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DEL CONSEJO NACIONAL

1. El Consejo Nacional de Provincias puede:

a. determinar y ejercer control sobre sus disposiciones internas, actuaciones y procedimientos; y

b. hacer el reglamento y procedimientos concernientes a sus actividad, con el debido respeto a la democracia representativa y participativa, a la responsabilidad, transparencia y participación pública.

2. El reglamento y procedimientos de! Consejo Nacional de Provincias deben prever:

a. el establecimiento, composición, poderes, funciones, procedimientos y duración de sus comités;

b. la participación de todas las provincias en sus actuaciones de una forma compatible con la democracia; y

c. la participación en las actuaciones del Consejo y sus comités de los partidos minoritarios representados en el Consejo, de una manera compatible con la democracia, cuando una materia deba ser decidida de acuerdo con la sección 75.

71. PRIVILEGIO

1. Los Delegados al Consejo Nacional de Provincias y las personas a las que se refieren las secciones 66 y 67:

a. tienen libertad de palabra en el Consejo y sus comités, con sujeción a su reglamento y procedimientos; y

b. no están sujetos a procesos civiles o criminales, arresto, prisión o indemnización de daños y perjuicios por:

i. cualquier cosa que hayan dicho, aportado ante o presentado al Consejo o a cualquiera de sus comités.

ii. cualquier cosa revelada como resultado de algo que hayan dicho, aportado ante o presentado al Consejo o a cualquiera de sus comités.

2. Otros privilegios e inmunidades del Consejo Nacional de Provincias, delegados al Consejo y personas referidas en la sección 66 y 67 pueden ser establecidas por la legislación nacional.

3. Los salarios, asignaciones y beneficios pagaderos a los miembros permanentes de! Consejo Nacional de Provincias son un cargo directo contra el Fondo de Ingresos Nacionales.

72. ACCESO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO NACIONAL

1. El Consejo Nacional de Provincias debe:

a. facilitar la participación pública en el legislativo y en otros procesos del Consejo y sus comités; y

b. conducir sus asuntos de una manera abierta, y realizar sus sesiones, y las de sus comités, en público, pero deben ser tomadas medidas razonables:

i. para regular el acceso público, incluyendo el acceso de los medios de comunicación, al Consejo y a sus comités; y

ii. prever el registro de cualquier persona y, cuando fuese procedente, la prohibición de entrar o la expulsión de cualquier persona.

2. El Consejo Nacional de Provincia, puede excluir al público, incluyendo a los medios de comunicación, salvo que fuese razonable hacerlo en una sociedad abierta y democrática.

PARTE C. PROCESO LEGISLATIVO NACIONAL

73. TODOS LOS PROYECTOS DE LEY

1. Cualquier proyecto de ley puede ser presentado en la Asamblea Nacional.

2. Sólo un miembro del Gabinete o un Vicepresidente, o un miembro o comité de la Asamblea, puede presentar un proyecto de ley en la Asamblea; pero sólo el miembro del Gabinete responsable de los asuntos financieros nacionales puede presentar un proyecto de ley económica ante la Asamblea.

a. una legislación económica; o

b. un proyecto de ley que prevé la legislación prevista en la sección 214.

3. Un proyecto de ley mencionado en la sección 76 (3), excepto un proyecto de ley mencionado en la subsección (2) (a) o (b) de esta sección, se puede presentar en el Consejo Nacional de las Provincias.

4. Sólo un miembro o comité del Consejo Nacional de Provincias puede presentar un proyecto de ley en el Consejo.

5. Un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional debe ser remitido al Consejo Nacional de Provincias si debe ser considerado por el Consejo. Un proyecto de ley aprobado por el Consejo debe ser remitido a la Asamblea.

74. PROYECTOS DE LEY QUE ENMIENDEN LA CONSTITUCIÓN

1. La sección 1 y esta subsección pueden ser enmendadas por un proyecto de ley aprobado por:

a. la Asamblea Nacional, con al menos el voto de apoyo del 75% de sus miembros; y

b. el Consejo Nacional de Provincias con al menos el voto de apoyo de seis provincias

2. El Capítulo 2 puede ser enmendado por un proyecto de ley aprobado por:

a. la Asamblea Nacional, con al menos el voto de apoyo de los dos tercios de sus miembros; y

b. el Consejo Nacional de Provincias con al menos el voto de apoyo de seis provincias.

3. Cualquier otra previsión de la Constitución puede ser enmendada por un proyecto de ley aprobado:

a. por la Asamblea Nacional, con al menos el voto de apoyo de las dos tercios de sus miembros;

b. también por el Consejo Nacional de Provincias con al menos el voto de apoyo de seis provincias, si:

i. la enmienda se refiere a una materia que afecta al Consejo;

ii. altera los límites provinciales, poderes, funciones, o instituciones; o

iii. enmienda una disposición que se refiere específicamente a una materia provincial.

4. Un proyecto de ley que enmiende la Constitución no puede incluir otras previsiones que enmiendas constitucionales y materias relacionadas con las enmiendas.

5. Al menos 30 días antes que sea presentado un proyecto de ley en los términos de la sección 73 (2), la persona o comité que tenga intención de presentar la enmienda debe:

a. publicar en la Gaceta del Gobierno nacional, y de acuerdo con el reglamento y procedimientos de la Asamblea Nacional, las particulares de la enmienda pretendida para comentario público;

b. someter, de acuerdo con el reglamento y procedimientos de la Asamblea, esos particulares a las órganos legislativos provinciales para recabar su criterio; y

c. someter, de acuerdo con el reglamento y procedimientos del Consejo Nacional de Provincia, esos particulares al Consejo para debate público, si la enmienda pretendida no es una enmienda que requiera ser aprobada para el Consejo.

6. Cuando un proyecto de ley que enmiende la Constitución sea presentado, la persona o comité que presente el proyecto de ley debe facilitar cualquier comentario escrito recibido del público y de los órganos Legislativos provinciales:

a. al Presidente, para presentarlos en la Asamblea Nacional; y

b. con relación a las enmiendas referidas en la subsección (1), (2), o (3) (b), al Presidente del Consejo Nacional de Provincias, para presentarlas en el Consejo.

7. Un proyecto de ley que enmiende la Constitución no puede ser sometido a votación en la Asamblea Nacional en las 30 días:

a. de su presentación, si la Asamblea está reunida cuando el proyecto de ley sea presentado; o

b. de su presentación en la Asamblea, si la Asamblea está en periodo de descanso cuando el proyecto de ley sea presentado.

8. Si un proyecto de ley referido en la subsección (3) (b), o cualquier parte de un proyecto de ley, afecta sólo una provincia concreta o provincias, el Consejo Nacional de Provincias no puede aprobar el proyecto de ley o la parte correspondiente de él salvo que haya sido aprobado por el órgano legislativo u órganos legislativos de la provincia o provincias afectadas.

9. Un proyecto de ley que enmiende la Constitución que haya sido aprobado por la Asamblea Nacional y, en su caso, haya sido aprobado por el Consejo Nacional de Provincias, debe ser remitido al Presidente para asentimiento.

75. PROYECTOS DE LEY ORDINARIA QUE NO AFECTEN A LA PROVINCIAS

1. Cuando la Asamblea Nacional apruebe un proyecto de ley diferente al caso en que sea aplicable el proceso establecido en la sección 74 o 76, el proyecto de ley debe ser remitido al Consejo Nacional de Provincias y tramitado de acuerdo con el siguiente proceso:

a. El Consejo debe:

i. aprobar el proyecto de ley;

ii. aprobar el proyecto de ley sujeto a las enmiendas propuestas por él; o

iii. rechazar el proyecto de ley.

b. Si el Consejo aprueba el proyecto de ley sin proponer enmiendas, el proyecto de ley debe ser sometido al Presidente para asentimiento.

c. Si el Consejo rechaza el proyecto de ley o lo aprueba sujeto a enmiendas, la Asamblea debe reconsiderar el proyecto de ley, tomando en consideración cualquier enmienda propuesta por el Consejo, y puede:

i. aprobar el proyecto de ley de nuevo, con o sin enmiendas; o

ii. decidir no continuar con el proyecto de ley.

d. Un proyecto de ley aprobado por la Asamblea en los términos del parágrafo (c) debe ser presentado al Presidente para asentimiento.

2. Cuando el Consejo Nacional de Provincias vote una cuestión en los términos de esta sección, no se aplica la sección 65; en su lugar:

a. cada delegado de una delegación provincial tiene un voto;

b. al menos un tercio de los delegados debe estar presente antes que pueda ser llevada a cabo una votación sobre la cuestión; y

c. la cuestión es decidida por una mayoría de los votos emitidos pero si hay un número igual de votos en cada sentido de voto de la cuestión, el delegado que presida debe emitir un voto decisorio.

76. PROYECTOS DE LEY ORDINARIA QUE AFECTEN A LAS PROVINCIAS

1. Cuando la Asamblea Nacional apruebe un proyecto de ley al que se refiere la subsección (3), (4), o (5), el proyecto de ley debe ser remitido al Consejo Nacional de Provincias y ser tramitado conforme al siguiente procedimiento:

a. El Consejo debe:

i. aprobar el proyecto de ley;

ii. aprobar un proyecto de ley enmendado;

iii. rechazar el proyecto de ley.

b. Si el Consejo aprueba el proyecto de ley sin enmienda, el proyecto de ley debe ser presentado al Presidente para asentimiento.

c. Si el Consejo aprueba un proyecto de ley enmendado, el proyecto de ley enmendado debe ser remitido a la Asamblea, y si la Asamblea aprueba el proyecto de ley, debe ser presentado al Presidente para asentimiento.

d. Si el Consejo rechaza el proyecto de ley, o si la Asamblea rechaza aprobar un proyecto de ley enmendado al que se refiere en sus términos el parágrafo (c), el proyecto de ley y, cuando sea aplicable, también el proyecto de ley enmendado debe ser remitido al Comité de Mediación, que puede aceptar:

i. el proyecto de ley conforme ha sido aprobado por la Asamblea;

ii. el proyecto de ley conforme ha sido aprobado por el Consejo;

iii. otra versión del proyecto de ley.

e. Si el Comité de Mediación es incapaz de ponerse de acuerdo en 30 días desde la remisión del proyecto de ley, el proyecto de ley caduca salvo que la Asamblea apruebe el proyecto de ley de nuevo, pero con el apoyo del voto de al menos los dos tercios de sus miembros.

f. Si el Comité de Mediación acepta el proyecto de ley conforme ha sido aprobado por la Asamblea, el proyecto de ley debe ser remitido al Consejo, y si el Consejo aprueba el proyecto de ley, el proyecto de ley debe ser presentado al Presidente para asentimiento.

g. Si el Comité de Mediación acepta el proyecto de ley enmendado conforme ha sido aprobado por el Consejo, el proyecto de ley debe ser remitido a la Asamblea, y si la Asamblea aprueba el proyecto de ley, el proyecto de ley debe ser presentado al Presidente para asentimiento.

h. Si el Comité de Mediación acepta otra versión del proyecto de ley, esa versión del proyecto de ley debe ser remitida a ambos Asamblea y Consejo, y si es aprobada por la Asamblea y el Consejo, debe ser presentado al Presidente para asentimiento.

i. Si un proyecto de ley remitido al Consejo en los términos del parágrafo (f) o (h) no es aprobado por el Consejo, el proyecto de ley caduca salvo que la Asamblea apruebe el proyecto de ley con el apoyo del voto de al menos dos tercios de los miembros.

j. Si un proyecto de ley remitido a la Asamblea en los términos del parágrafo (g) o (h) no es aprobado por la Asamblea, ese proyecto de ley caduca, pero el proyecto de ley conforme fue aprobado normalmente por la Asamblea puede ser aprobado por la Asamblea en una nueva ocasión, pero con el voto de apoyo de al menos dos tercios de sus miembros.

k. Un proyecto de ley aprobado por la Asamblea en los términos del parágrafo (e), (i) o (j) debe ser presentado al Presidente para asentimiento.

2. Cuando el Consejo Nacional de Provincias aprueba un proyecto de ley que se refiere la subsección (3) el proyecto de ley debe ser remitido a la Asamblea Nacional y ser tramitado de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a. La Asamblea debe:

i. aprobar el proyecto de ley;

ii. aprobar un proyecto de ley enmendado;

iii. rechazar el proyecto de ley.

b. Un proyecto de ley aprobado en los términos del parágrafo (a) (i) debe ser presentado al Presidente para asentimiento.

c. Si la Asamblea aprueba un proyecto de ley enmendado, el proyecto de ley enmendado debe ser remitido al Consejo, y si el Consejo aprueba el proyecto de ley enmendado, debe ser presentado al Presidente para asentimiento.

d. Si la Asamblea rechaza el proyecto de ley, o si el Consejo rehúsa aprobar un proyecto de ley enmendado remitido en los términos del parágrafo (c), el proyecto de ley y, cuando sea aplicable también el proyecto de ley enmendado debe ser remitido al Comité de Mediación, que puede aceptar:

i. el proyecto de ley conforme ha sido aprobado por el Consejo;

ii. el proyecto de ley conforme ha sido aprobado por la Asamblea; u

iii. otra versión del proyecto de ley.

e. Si el Comité de Mediación es incapaz de alcanzar un acuerdo dentro de 30 días desde la remisión del proyecto de ley, el proyecto de ley caduca.

f. Si el Comité de Mediación acepta el proyecto de ley conforme ha sido aprobado por el Consejo, el proyecto de ley debe ser remitido a la Asamblea, y si la Asamblea aprueba el proyecto de ley, el proyecto de ley debe ser presentado al Presidente para asentimiento.

g. Si el Comité de Medición acepta el proyecto de ley conforme ha sido aprobado por la Asamblea, el proyecto de ley debe ser remitido al Consejo, y si el Consejo aprueba el proyecto de ley, el proyecto de ley debe de ser presentado al Presidente para asentimiento.

h. Si el Comité de Mediación acepta otra versión del proyecto de ley, esa versión del proyecto de ley debe ser remitido a ambos Consejo y Asamblea, y si es aprobado por el Consejo y la Asamblea, el proyecto de ley debe ser presentado al Presidente para asentimiento.

i. Si un proyecto de ley remitido a la Asamblea en los términos del parágrafo (f) o (h) no es aprobado por la Asamblea, el proyecto de ley caduca.

3. Un proyecto de ley debe ser tramitado de acuerdo con el procedimiento establecido ya por la subsección (1) o por la subsección (2) si se incluye en un área funcional enunciada en el Anexo 4 provee Legislación incluida en cualquiera de las siguientes secciones:

a. Sección 65 (2);

b. sección 163;

c. sección 182;

d. sección 195 (3) y (4);

e. sección 196; y

f. sección 197.

4. Un proyecto de ley debe ser tramitado de acuerdo con el proceso establecido por la subsección (1) si previene legislación:

a. prevista en la sección 44 (2) o 220 (3); o

b. prevista en el Capítulo 13, y que afecte a los intereses financieros de la esfera provincial de gobierno.

5. Un proyecto de ley previsto en la sección 42 (6) debe tratarse de acuerdo con el procedimiento establecido por la subsección (1), excepto que:

a. cuando la Asamblea Nacional vote sobre el proyecto de ley, las disposiciones de la sección 53 (1) no se aplican; en su lugar, el proyecto de ley sólo puede aprobarse si la mayoría de los miembros de la Asamblea lo votan a su favor; y

b. Si el proyecto de ley se remite al Comité de Mediación, se aplicarán las siguientes reglas:

i. Si la Asamblea Nacional considera un proyecto de ley previsto en la subsección (1) (g) o (h), ese proyecto de ley sólo podrá aprobarse si la mayoría de los miembros de la Asamblea lo vota a favor.

ii. Si la Asamblea Nacional considera o revisa un proyecto de ley previsto en el inciso (1) (e), (i) o (j), ese proyecto de ley sólo podrá aprobarse si al menos dos tercios de los miembros de la Asamblea votan a favor de eso

6. Esta sección no se aplica a las los proyectos de ley económica.

77. PROYECTOS DE LEY ECONÓMICA

1. Un proyecto de ley es un proyecto de ley de económica si:

a. incluye dinero;

b. impone impuestos, gravámenes, aranceles o recargos nacionales;

c. abole o reduce, o concede exenciones de, impuestos nacionales, gravámenes, aranceles o recargos; o

d. autoriza los cargos directos contra el Fondo Nacional de Ingresos, excepto un proyecto de ley previsto en la sección 214 que autoriza los cargos directos.

2. Una legislación económica no puede tratar con ningún otro asunto excepto:

a. un asunto subordinado incidental a la apropiación del dinero;

b. la imposición, abolición o reducción de impuestos, gravámenes, derechos o recargos nacionales;

c. la concesión de la exención de impuestos, gravámenes, derechos o recargos nacionales; o

d. la autorización de cargos directos contra el Fondo Nacional de Ingresos.

3. Todos los proyectos de ley económica se deben considerar de acuerdo con el procedimiento establecido en la sección 75. Una ley del Parlamento debe establecer un procedimiento para enmendar las letras del dinero ante el Parlamento.

78. COMITÉ DE MEDIACIÓN

1. El Comité de Mediación se compone de:

a. nueve miembros de la Asamblea Nacional elegidos por la Asamblea de conformidad con un procedimiento prescrito por las reglas y órdenes de la Asamblea y los resultados en la representación de los partidos en la misma proporción en que las partes están representadas en la Asamblea; y

b. un delegado de cada delegación provincial en el Consejo Nacional de las Provincias, designado por la delegación.

2. El Comité de Mediación acepta la versión de un proyecto de ley, o decide una cuestión, cuando esa versión, o un aspecto de la cuestión, es apoyada:

a. al menos cinco de los representantes de la Asamblea Nacional; y

b. al menos cinco representantes del Consejo Nacional de Provincias.

79. ASENTIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LEY

1. El Presidente debe o prestar asentimiento y firmar el proyecto de ley aprobado en los términos de este Capítulo o, si el Presidente tiene alguna reserva sobre la constitucionalidad del proyecto de ley, remitirlo de nuevo a la Asamblea Nacional para reconsideración.

2. El reglamento y los procedimientos comunes deben regular el procedimiento para la reconsideración de un proyecto de ley por la Asamblea Nacional y la participación del Consejo Nacional de Provincias en el proceso.

3. El Consejo Nacional de Provincias debe participar en la reconsideración de un proyecto de ley que el Presidente haya devuelto a la Asamblea Nacional si:

a. las reservas de! Presidente acerca de la constitucionalidad del proyecto de ley se relacionan con una materia de procedimiento que afecte al Consejo; o

b. la sección 74 (1), (2), o (3) (b) o 76 fuese aplicable en la aprobación del proyecto de ley.

4. Si, después de la reconsideración, un proyecto de ley despeja todas las reservas del Presidente, el Presidente debe prestar asentimiento y firmar el proyecto de ley; si no, el Presidente debe ya:

a. prestar asentimiento y firmar el proyecto de ley; o

b. remitirlo al Tribunal Constitucional para que decida sobre su constitucionalidad.

5. Si el Tribunal Constitucional decide que el proyecto de ley es constitucional, el Presidente debe prestar asentimiento y firmarlo.

80. SOLICITUD AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR MIEMBROS DE LA ASAMBLEA NACIONAL

1. Los miembros de la Asamblea Nacional pueden solicitar al Tribunal Constitucional una decisión declarando que toda o parte de una Ley del Parlamento es inconstitucional.

2. Una solicitud:

a. debe ser apoyada por al menos un tercio de los miembros de la Asamblea; y

b. debe ser hecha dentro de los 30 días desde la fecha en que el Presidente preste asentimiento y firme la Ley.

3. El Tribunal Constitucional puede decidir que toda o parte de una Ley que esté sometida a una solicitud en los términos de la subsección (1) no obliga hasta que el Tribunal haya decidido sobre la solicitud si:

a. los intereses de la justicia lo requieren; y

b. la solicitud tiene una perspectiva razonable de éxito.

4. Si una solicitud fracasa, y no tenía una perspectiva razonable de éxito, el Tribunal Constitucional puede acordar que los solicitantes paguen los costos.

81. PUBLICACIÓN DE LAS LEYES

Un proyecto de ley prestado asentimiento y firmado por el Presidente deviene como Ley de! Parlamento, debe ser publicada con prontitud, y surte efecto cuando es publicada o en una fecha determinada en los términos de la Ley.

82. CUSTODIA DE LAS LEYES DEL PARLAMENTO

La copia firmada de una Ley del Parlamento es prueba concluyente de las previsiones de esa Ley y, después de la publicación, debe ser confiada al Tribunal Constitucional para custodia.

CAPÍTULO 5. EL PRESIDENTE Y EL EJECUTIVO NACIONAL

83. EL PRESIDENTE

El Presidente:

a. es el Jefe del Estado y jefe del ejecutivo nacional;

b. debe cumplir, defender y respetar la Constitución como suprema Ley de la República; y

c. promueve la unidad de la nación y lo que haga progresar a la República.

84. PODERES Y FUNCIONES DEL PRESIDENTE

1. El Presidente tiene los poderes confiados por la Constitución y la legislación, incluyendo aquellos necesarios para rechazar las funciones de Jefe del Estado y jefe del ejecutivo nacional.

2. El Presidente es responsable de:

a. prestar asentimiento y firmar los proyectos de ley;

b. devolver un proyecto de ley a la Asamblea de la Nación para que reconsidere la constitucionalidad del proyecto de ley,

c. remitir un proyecto de ley al Tribunal Constitucional para que decida sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley,

d. convocar a la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional de Provincias o el Parlamento a una sesión extraordinaria para realizar negocios especiales;

e. hacer los nombramientos que la Constitución o la legislación requiera que haga el Presidente, que no sea como jefe del ejecutivo nacional;

f. nombrando comisiones de investigación;

g. pidiendo un referéndum nacional en términos de una Ley del Parlamento;

h. recibir y reconocer a representantes diplomáticos y consulares extranjeros;

i. nombrando embajadores, plenipotenciarios y representantes diplomáticos y consulares;

j. perdonar o suspender a los infractores y remitir cualquier multa, sanción o decomiso; y

k. conferir honores.

85. AUTORIDAD EJECUTIVA DE LA REPÚBLICA

1. La autoridad ejecutiva de la República está f otorgada al Presidente.

2. El Presidente ejercita la autoridad ejecutiva, junta con los otros miembros del Gabinete, al:

a. hacer efectiva la legislación nacional excepto cuando la Constitución o una Ley del Parlamento establezca otra cosa;

b. desarrollar y realizar la política nacional;

c. coordinar las funciones de las departamentos del Estado y las administraciones; y

d. preparar e iniciar la legislación; y

e. ejercitar cualquier función ejecutiva prevista en la Constitución o en la legislación nacional.

86. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE

1. En la primera sesión tras su elección, y cuando sea necesario cubrir una vacante, la Asamblea Nacional debe elegir a una mujer o a un hombre de entre sus miembros para ser Presidente.

2. El Presidente del Tribunal Constitucional debe presidir la elección de Presidente, o designar a otro juez para hacerlo. El procedimiento expuesto en la parte A del Anexo 3 se aplica a la elección de Presidente.

3. Una elección para cubrir una vacante de Presidente debe ser llevada a término en un momento y fecha determinados por el Presidente del Tribunal Constitucional, pero no más de 30 días después que la vacante se produzca.

87. TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO DE PRESIDENTE

Cuando sea elegido Presidente, la persona cesa de ser miembro de la Asamblea Nacional y, en cinco días, debe tomar posesión del cargo de Presidente jurando o declarando fidelidad a la República y obediencia a la Constitución, de acuerdo con el Anexo 2.

88. MANDATO DEL PRESIDENTE

1. El mandato del Presidente comienza con la toma de posesión y termina cuando se produce la vacante o cuando la siguiente persona elegida Presidente toma posesión del cargo.

2. Ninguna persona puede ostentar el cargo de Presidente por más de dos mandatos, pero cuando una persona es elegida para cubrir una vacante en el cargo de Presidente, el período entre esa elección y la siguiente elección de Presidente no se considera un mandato.

89. REMOCIÓN DEL PRESIDENTE

1. La Asamblea Nacional, por resolución adoptada con el voto de apoyo de al menos dos tercios de sus miembros, puede remover al Presidente de su cargo sólo bajo las fundamentos de:

a. una violación grave de la Constitución o de la Ley;

b. una mala conducta grave; o

c. incapacidad para realizar las funciones de su cargo.

2. Cualquiera que haya sido removido del cargo de Presidente en las términos de la subsección (1) (a) o (b) no puede recibir ningún beneficio de ese cargo, y no puede desempeñar ningún cargo público.

90. PRESIDENTE EN FUNCIONES

1. Cuando el Presidente esté ausente de la República o de otra manera esté imposibilitado para cumplir las obligaciones de Presidente, o durante la vacante en el cargo de Presidente, un titular de cargo actuará como Presidente en el orden que sigue:

a. El Vicepresidente.

b. Un Ministro designado por el Presidente.

c. Un Ministro designado por los otros miembros de! Gabinete.

d. El Presidente de la Asamblea, hasta que la Asamblea designe a uno de sus miembros.

2. Un Presidente en funciones tiene las responsabilidades, poderes y funciones de! Presidente.

3. Antes de asumir las responsabilidades, poderes y funciones del Presidente, el Presidente en funciones debe jurar o afirmar fidelidad a la República y obediencia a la Constitución, de acuerdo con el Anexo 2.

4. Una persona que como Presidente interino ha jurado o afirmado su fidelidad a la República no necesita repetir el procedimiento de juramentación o afirmación para cualquier período subsiguiente como Presidente interino durante el período que finaliza cuando la persona que se elige Presidente asume el cargo.

91. GABINETE

1. El Gabinete se compone del Presidente, como Jefe del Gabinete, un Vicepresidente y Ministros.

2. El Presidente designa al Vicepresidente y a los Ministros, asigna sus poderes y funciones, y puede cesarlos.

3. El Presidente:

a. debe seleccionar al Vicepresidente de entre los miembros de la Asamblea Nacional;

b. debe seleccionar cualquier número de Ministros de entre los miembros de la Asamblea nacional;

c. puede seleccionar no más de dos Ministros de fuera de la Asamblea.

4. El Presidente debe designar a un miembro del Gabinete para ser representante de la actividad del gobierno en la Asamblea Nacional.

5. El Vicepresidente debe ayudar al Presidente en la ejecución de las funciones de gobierno.

92. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES

1. El Vicepresidente y Ministros son responsables de los poderes y funciones del ejecutivo asignados a ellos por el Presidente.

2. Los miembros del Gabinete son responsables colectiva e individualmente ante el Parlamento por el ejercicio de sus poderes y realización de sus funciones.

3. Los miembros del Gabinete deben:

a. actuar de acuerdo con la Constitución; y

b. facilitar al Parlamento informes completos y regulares referentes a las materias bajo su control.

93. VICEMINISTROS

1. El presidente puede nombrar:

a. cualquier número de Viceministros de entre los miembros de la Asamblea Nacional; y

b. no más de dos viceministros fuera de la Asamblea, para ayudar a los miembros del gabinete y pueden despedirlos.

2. Los viceministros nombrados en términos del inciso (1) (b) son responsables ante el Parlamento por el ejercicio de sus poderes y el desempeño de sus funciones.

94. CONTINUACIÓN DEL GABINETE TRAS LAS ELECCIONES

Cuando se realice una elección para la Asamblea Nacional, el Gabinete, el Vicepresidente, los Ministros y cualquier Viceministro permanecen en sus funciones hasta que la persona elegida Presidente por la siguiente Asamblea asuma el cargo.

95. JURAMENTO O AFIRMACIÓN

Antes que el Presidente, Ministros y Viceministros comiencen ejecutar sus funciones, deben jurar o afirmar fidelidad a la República y obediencia a la Constitución, de acuerdo con el Anexo 2.

96. CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DEL GABINETE Y VICEMINISTROS

1. Los miembros del Gabinete y Viceministros deben actuar de acuerdo con un código de ética prescrito por la legislación nacional.

2. Los miembros de! Gabinete y Viceministros no pueden:

a. desarrollar cualquier otro trabajo retribuido;

b. actuar de cualquier manera que sea incompatible con su cargo, o exponerse ellos mismos a cualquier situación que suponga el riesgo de crear un conflicto entre sus responsabilidades oficiales y sus intereses privados; o

c. usar de su posición o de cualquier información confiada a ellos para enriquecerse o beneficiar a cualquier otra persona indebidamente.

97. TRASPASO DE FUNCIONES

El Presidente puede por proclamación traspasar a un miembro del Gabinete:

a. la responsabilidad sobre cualquier legislación confiada a otro miembro; o

b. cualquier poder o función confiada por la legislación a cualquier otro miembro.

98. ASIGNACIÓN TEMPORAL DE FUNCIONES

EL Presidente puede asignar a un miembro del Gabinete cualquier poder o función de otro miembro que esté ausente de! cargo o esté imposibilitado para ejercitar este poder o realizar esa función.

99. ASIGNACIÓN DE FUNCIONES

Un miembro del Gabinete puede asignar cualquier poder o función que deba ejercitarse o realizarse en los términos de una Ley del Parlamento a un miembro de un Consejo Ejecutivo provincial o a un Consejo Municipal. Una asignación:

a. debe ser según acuerdo entre el miembro correspondiente del Gabinete y el miembro del Consejo Ejecutivo o Consejo Municipal;

b. debe ser compatible con la Ley del Parlamento en los términos en que el poder o función correspondiente sea ejercitada o realizada;

c. Y surta efecto por proclamación del Presidente.

100. INTERVENCIÓN NACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL

1. Cuando una provincia no pueda o no satisfaga una obligación ejecutiva en los términos de la legislación o de la Constitución, el ejecutivo nacional puede intervenir para adoptar cualquier medida apropiada para asegurar el cumplimiento de esa obligación, incluyendo:

a. la remisión de una directiva a un ejecutivo provincial, describiendo la extensión de su defecto en el cumplimiento de sus obligaciones y estableciendo cualesquiera medidas requeridas para cumplir sus obligaciones; y

b. la asunción de la responsabilidad de la obligación correspondiente en esa provincia en la medida necesaria para:

i. mantener los niveles nacionales esenciales o establecer los niveles mínimos en la prestación de un servicio;

ii. mantener la unidad económica;

iii. mantener la seguridad nacional;

iv. prevenir que la provincia ejercite una acción no razonable que sea perjudicial para los intereses de otra provincia o para el país como un todo.

2. Si el ejecutivo nacional interviene en una provincia en los términos de la subsección (1) (b):

a. debe darse cuenta de la intervención en el Consejo Nacional de Provincias dentro de 14 días de su primera sesión después que la intervención comenzó; y

b. la intervención debe finalizar si el Consejo desaprueba la intervención dentro de los 180 días posteriores a la intervención o al final de ese período no ha aprobado la intervención; y

c. el Consejo debe revisar la intervención regularmente y hacer cualquier recomendación apropiada al ejecutivo nacional.

3. La legislación nacional puede regular el proceso establecido por esta sección.

101. DECISIONES DEL EJECUTIVO

1. Una decisión del Presidente debe ser por escrito si:

a. es tomada en términos de legislación; o

b. tiene consecuencias legales.

2. Una decisión escrita del Presidente debe ser refrendada por otro miembro del Gabinete si esa decisión afecta a una función asignada a ese otro miembro del Gabinete.

3. Proclamaciones, reglamentaciones y otros instrumentos de Legislación subordinada deben ser accesibles al público.

4. La legislación nacional debe especificar la manera en que, y la extensión en que, los instrumentos mencionados en la subsección (3) deben ser:

a. presentados en el Parlamento; y

b. aprobados por el Parlamento.

102. MOCIONES DE NO CONFIANZA

1. Si la Asamblea Nacional, por votación apoyada por una mayoría de sus miembros, aprueba una moción de no confianza en el Gabinete excluyendo al Presidente, el Presidente debe reconstituir el Gabinete.

2. Si la Asamblea Nacional, por votación apoyada por una mayoría de sus miembros, aprueba una moción de no confianza en el Presidente, el Presidente y los otros miembros del Gabinete y cualquier Vicepresidente deben dimitir.

CAPÍTULO 6. PROVINCIAS

103. PROVINCIAS

1. La República tiene las siguientes provincias:

a. Eastern Cape (Cabo del Este)

b. Free State (Estado Libre)

c. Gauteng

d. KwaZulu-Natal

e. Limpopo

f. Mpumalanga

g. Northern Cape (Cabo del Norte)

h. North West (Noroeste)

i. Western Cape (Cabo del Oeste)

2. Las áreas geográficas de las respectivas provincias comprenden la suma de las áreas geográficas indicadas reflejadas en los diversos mapas a los que se hace referencia en el Aviso que figura en el Anexo 1A.

3.

a. Cuando la zona geográfica de una provincia se re-determinar mediante una enmienda a la Constitución, una ley del Parlamento puede establecer medidas para regular, dentro de un plazo razonable, las consecuencias legales, prácticas y de cualquier otro tipo de la re-determinación.

b. Una ley del Parlamento prevista en el parágrafo (a) podrá promulgarse e implementarse antes de que entre en vigencia dicha enmienda a la Constitución, pero cualquier función, activo, derecho, obligación, deber o responsabilidad provincial sólo podrá transferirse en términos de esa Ley después de esa enmienda a la Constitución hace efecto.

PARTE A. ÓRGANOS LEGISLATIVOS PROVINCIALES

104. AUTORIDAD LEGISLATIVA DE LAS PROVINCIAS

1. La autoridad legislativa de las provincias está otorgada a sus órganos legislativos provinciales, y confiere a los órganos legislativos provinciales el poder:

a. de aprobar una constitución para su provincia o de enmendar cualquier constitución aprobada por ella en los términos de las secciones 142 y 143;

b. de aprobar la legislación para su provincia con respecto a:

i. cualquier materia enunciada en el área funcional del Anexo 4;

ii. cualquier materia enunciada en el área funcional del Anexo 5;

iii. cualquier materia fuera de esas áreas funcionales, y que este expresamente atribuida a la provincia por la legislación nacional; y

iv. cualquier materia para la que una previsión de la Constitución determine el establecimiento de legislación provincial; y

c. de asignar cualquiera de sus poderes legislativos a un Consejo Municipal en esa provincia.

2. El órgano legislativo de una provincia, por una resolución adoptada con un apoyo del voto de al menos dos tercios de sus miembros, puede solicitar al Presidente que cambie el nombre de esa provincia.

3. Un órgano legislativo provincial está sólo limitado por la Constitución y, si es aprobada una constitución para su provincia, también por esa constitución, y debe actuar de acuerdo con, y dentro de los límites de, la Constitución y esa constitución provincial.

4. La legislación provincial con respecto a una materia que sea razonablemente necesaria para o incidental al ejercicio efectivo de un poder que afecte a cualquier materia enunciada en el Anexo 4, es a todos los efectos legislación con respecto a una materia enunciada en el Anexo 4.

5. Una legislatura provincial puede recomendar a la Asamblea Nacional legislación sobre cualquier asunto fuera de la autoridad de esa legislatura, o respecto de la cual una Ley del Parlamento prevalece sobre una ley provincial.

105. COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN DE LEGISLATURAS PROVINCIALES

1. Una legislatura provincial consiste de mujeres y hombres elegidos como miembros en términos de un sistema electoral que:

a. es prescrito por la legislación nacional;

b. se basa en el segmento de esa provincia de la lista nacional de votantes comunes;

c. provee una edad mínima para votar de 18 años; y

d. resulta, en general, en representación proporcional.

2. Una legislatura provincial consiste de entre 30 y 80 miembros. El número de miembros, que puede diferir entre las provincias, debe determinarse en términos de una fórmula prescrita por la legislación nacional.

106. MEMBRESÍA

1. Todo ciudadano que esté calificado para votar en la Asamblea Nacional es elegible para ser miembro de una legislatura provincial, excepto:

a. cualquier persona que es designada por, o que esté al servicio del estado y reciba una remuneración por ese nombramiento o servicio, que no sea:

i. el Premier y otros miembros del Consejo Ejecutivo de una provincia; y

ii. otros titulares de cargos cuyas funciones son compatibles con las funciones de un miembro de una legislatura provincial y han sido declaradas compatibles con esas funciones por la legislación nacional;

b. miembros de la Asamblea Nacional, delegados permanentes ante el Consejo Nacional de las Provincias o miembros de un Consejo Municipal;

c. insolventes no rehabilitados;

d. todo el que sea declarado incapaz mental por un tribunal de la República; o

e. toda persona que, después de que esta sección entre en vigor, sea condenada por una infracción penal y le sea impuesta una pena de más de 12 meses de prisión sin opción a una multa, ya en la República ya fuera de la República si la conducta constitutiva de la infracción penal hubiera sido infracción penal en la República, pero ninguna persona puede ser considerada sentenciada hasta que la apelación contra la condena o la pena haya sido decidida, o hasta que el tiempo para apelar haya transcurrido. Una inhabilitación bajo este parágrafo termina cinco años después que la pena haya sido cumplida.

2. Una persona que no sea elegible para ser miembro de un órgano legislativo provincial según los términos de la subsección (1) (a) o (b) puede ser candidata para el órgano legislativo, con sujeción a cualquier límite o condición establecida por la legislación nacional.

3. Una persona pierde la condición de miembro de un órgano legislativo provincial si esa persona:

a. deja de ser elegible; o

b. está ausente de la legislatura sin permiso en circunstancias para las cuales las reglas y órdenes de la legislatura prescriben la pérdida de membresía; o

c. deja de ser un miembro del partido que nominó a esa persona como miembro de la legislatura.

4. Las vacantes en un órgano legislativo provincial deben ser cubiertas según la legislación nacional.

107. JURAMENTO O AFIRMACIÓN

Antes que los miembros de un órgano legislativo provincial comiencen a realizar sus funciones deben jurar o afirmar su fidelidad a la República y obediencia a la Constitución, de acuerdo con el Anexo 2.

108. PERÍODO DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS PROVINCIALES

1. Un órgano legislativo provincial es elegido por un período de cinco años.

2. Si una legislatura provincial se disuelve en términos de la sección 109, o cuando el plazo expira, el primer ministro de la provincia, por proclamación, debe llamar y fijar fechas para una elección, que debe celebrarse dentro de los 90 días de la fecha en que la legislatura disuelto o su término expiró. Una proclamación llamando y fijando fechas para un Las elecciones pueden emitirse antes o después de la expiración del mandato de un legislatura provincial

3. Si el resultado de una elección no es declarado en el período referido en la sección 109, o si una elección es dejada sin efecto por un tribunal de justicia, el Presidente, por proclamación, debe convocar y establecer las fechas para otra elección, que debe ser llevada a término dentro de los 90 días desde la fecha de expiración de tal período o desde la fecha en que la elección fue dejada sin efecto.

4. Un órgano legislativo provincial permanece en el ejercicio de la función desde el momento en que sea disuelto o su mandato expire hasta el día antes del primer día de elecciones para la próxima legislatura.

109. DISOLUCIÓN DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS PROVINCIALES ANTES DEL TÉRMINO DE SU MANDATO

1. El Presidente de una provincia debe disolver el órgano legislativo provincial si:

a. el órgano legislativo ha adoptado una resolución para disolverse con el voto de apoyo de una mayoría de sus miembros; y

b. han pasado tres años desde que el órgano legislativo fue elegido.

2. Un Presidente en funciones debe disolver el órgano legislativo provincial si:

a. el cargo de Presidente está vacante; y

b. el órgano legislativo fracasa en elegir un Presidente dentro de los 30 días siguientes a que la vacante se produzca.

110. PERÍODOS DE SESIONES Y DESCANSOS

1. Después de una elección, la primera sesión de un órgano legislativo provincial debe tener lugar en un momento y fecha determinados por un juez designado por el Presidente Constitucional, pero no más de 14 días después de que el resultado de la elección haya sido declarado. Un órgano legislativo provincial puede establecer el momento y duración de sus otros períodos de sesiones y descanso.

2. El Presidente de una provincia puede convocar al órgano legislativo provincial a una sesión extraordinaria en cualquier momento para conducir un asunto especial.

3. Un órgano legislativo provincial puede determinar dónde estará ordinariamente su sede.

111. PRESIDENTES Y VICEPRESIDENTES

1. En la primera sesión después de su elección, o cuando sea necesario cubrir una vacante, un órgano legislativo provincial debe elegir a un Presidente y a un Vicepresidente de entre sus miembros.

2. Un juez designado por el Presidente de! Tribunal Constitucional debe presidir la elección de un Presidente.

3. El procedimiento establecido en la Parte A del Anexo 3 se aplica a la elección de Presidentes y Vicepresidentes.

4. Un órgano legislativo provincial puede remover a su Presidente y Vicepresidente de su cargo por una resolución. Una mayoría de los miembros del órgano legislativo provincial deben estar presentes cuando la resolución sea adoptada.

5. En las condiciones de su reglamento y procedimientos, un órgano legislativo provincial puede elegir de entre sus miembros otros cargos de presidencia para ayudar al Presidente y al Vicepresidente.

112. ACUERDOS

1. Excepto donde la Constitución establezca otra cosa:

a. una mayoría de miembros de un órgano legislativo provincial debe estar presente antes que una votación sobre un proyecto de Ley o sobre una enmienda de un proyecto de Ley pueda ser llevada a cabo.

b. al menos un tercio de los miembros debe estar presente antes que una votación sobre cualquier materia pueda ser llevada a cabo ante el órgano legislativo; y

c. todas las cuestiones ante un órgano legislativo provincial serán decididas por una mayoría de los votos emitidos.

2. El miembro que presida una sesión de un órgano legislativo provincial no tiene voto deliberativo, pero:

a. debe emitir un voto decisorio cuando haya un número igual de votos a favor de cada opción; y

b. puede emitir un voto deliberativo cuando una cuestión deba ser decidida con un apoyo de voto de al menos dos tercios de los miembros del órgano legislativo.

113. DERECHOS DE LOS DELEGADOS PERMANENTES EN LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS PROVINCIALES

Los delegados permanentes de una provincia ante el Consejo Nacional de Provincias pueden asistir, y pueden hablar en su legislatura provincial y sus comités, pero no pueden votar. La legislatura puede requerir un delegado permanente para asistir a la legislatura o sus comités.

114. PODERES DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS PROVINCIALES

1. En el ejercicio de su poder legislativo, un órgano legislativo provincial puede:

a. considerar, aprobar, enmendar o rechazar cualquier proyecto de ley; e

b. iniciar o preparar legislación, excepto proyectos de ley económica.

2. Un órgano legislativo provincial debe establecer mecanismos para:

a. asegurar que todos los órganos ejecutivos provinciales del Estado sean responsables ante ella; y

b. mantener vigilancia sobre: .

i. el ejercicio de la autoridad ejecutiva provincial en la provincia, incluyendo el cumplimiento de la legislación; y

ii. cualquier órgano provincial del Estado.

115. PRUEBA O INFORMACIÓN ANTE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS PROVINCIALES

Un órgano legislativo provincial o cualquiera de sus comités puede:

a. convocar a cualquier persona a comparecer ante él para aportar prueba bajo juramento o afirmación, o para facilitar documentos;

b. requerir a cualquier persona o institución provincial a informarle;

c. compeler, según la legislación provincial o el reglamento y procedimientos, a cualquier persona o institución a cumplir con las citaciones o requerimientos en las condiciones del parágrafo (a) o (b); y

d. recibir peticiones, quejas o alegaciones de cualquier persona o institución interesada.

116. DISPOSICIONES INTERNAS, ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS PROVINCIALES

1. Un órgano legislativo provincial puede:

a. determinar y ejercitar control sobre sus disposiciones internas, actuaciones y procedimientos; y

b. hacer un reglamento y procedimientos concernientes a su actividad, con el debido respeto a la democracia representativa y participativa, a la responsabilidad, transparencia y participación pública.

2. El reglamento y procedimientos de un órgano legislativo provincial deben prever:

a. el establecimiento, composición, poderes, funciones, procedimientos y duración de sus comités;

b. la participación en los procesos del órgano legislativo y sus comités de los partidos minoritarios representados en el órgano legislativo, de una manera compatible con la democracia;

c. la asistencia financiera y administrativa a todo partido representado en el órgano legislativo, en proporción a su representación, para posibilitar que el partido y su líder realicen sus funciones en el órgano legislativo efectivamente; y

d. el reconocimiento del líder de! partido más importante de la oposición en la legislatura, como líder de la oposición.

117. PRIVILEGIO

1. Los miembros de una legislatura provincial y los delegados permanentes de la provincia ante el Consejo Nacional de las Provincias:

a. tiene libertad de expresión en la legislatura y en sus comités, sujeto a sus reglas y órdenes; y

b. no están sujetos a procedimientos civiles o penales, arrestos, encarcelamientos o daños por:

i. cualquier cosa que hayan dicho, producido o presentado ante la legislatura o cualquiera de sus comités; o

ii. Cualquier cosa revelada como resultado de algo que hayan dicho, producido o presentado ante la legislatura o cualquiera de sus comités.

2. Otros privilegios e inmunidades de una legislatura provincial y sus miembros pueden ser prescritos por la legislación nacional.

3. Los sueldos, subsidios y beneficios pagables a los miembros de una legislatura provincial son un cargo directo contra el Fondo de Ingresos Provinciales.

118. ACCESO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN EN LOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS PROVINCIALES

1. Un órgano legislativo provincial debe:

a. facilitar la participación pública en los procesos legislativos y de otro tipo de la legislatura y sus comités; y

b. conducir sus negocios de manera abierta, y celebrar sus sesiones, y las de sus comités, en público, pero se pueden tomar medidas razonables

i. regular el acceso público, incluido el acceso de los medios, a la legislatura y sus comités; y

ii. prever la búsqueda de cualquier persona y, cuando corresponda, la denegación de entrada o la eliminación de cualquier persona.

2. Una legislatura provincial no puede excluir al público, incluidos los medios de comunicación, de una sesión de un comité a menos que sea razonable y justificable hacerlo en una sociedad abierta y democrática.

119. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE LEY

Sólo los miembros del Consejo Ejecutivo de una provincia o de un comité o miembro de un órgano legislativo provincial pueden presentar un proyecto de ley en el órgano legislativo; pero sólo el miembro del Consejo Ejecutivo que sea responsable de materias financieras en la provincia puede presentar un proyecto de ley económica en el órgano legislativo.

120. PROYECTOS DE LEY ECONÓMICA

1. Un proyecto de ley es un proyecto de ley económica si:

a. apropia dinero;

b. impone impuestos, gravámenes, aranceles o recargos provinciales;

c. abole o reduce, o concede exenciones, cualquier impuesto provincial, gravamen, derechos o recargos; o

d. autoriza los cargos directos contra un Fondo Provincial de Ingresos.

2. Una ley económica no puede tratar con ningún otro asunto excepto:

a. un asunto subordinado incidental a la apropiación del dinero;

b. la imposición, abolición o reducción de impuestos, gravámenes, derechos o recargos provinciales;

c. la concesión de exención de impuestos, gravámenes, tasas o recargos provinciales; o

d. la autorización de cargos directos contra un Fondo Provincial de Ingresos.

3. Una ley provincial debe establecer un procedimiento por el cual la legislatura de la provincia pueda enmendar una ley económica

121. ASENTIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LEY

1. El Presidente de una provincia debe o prestar asentimiento y firmar un proyecto de ley aprobado por el órgano legislativo provincial en las condiciones de este capítulo o, si el Presidente tiene reservas acerca de la constitucionalidad del proyecto de ley, devolverlo al órgano legislativo para reconsideración.

2. Si, después de la reconsideración, un proyecto de ley despejase totalmente las reservas del Presidente, el Presidente debe prestar asentimiento y firmarlo; si no, el Presidente debe:

a. prestar asentimiento y firmar el proyecto de ley; o

b. remitirlo al Tribunal Constitucional para que decida sobre la constitucionalidad.

3. Si el Tribunal Constitucional decide que el proyecto de ley es constitucional, el Presidente debe prestar asentimiento y firmarlo.

1. Los miembros del órgano legislativo provincial pueden solicitar al Tribunal Constitucional una decisión declarando que toda o parte de una Ley provincial es inconstitucional.

2. Una solicitud:

a. debe ser apoyada por al menos el 20 por ciento de los miembros del órgano legislativo; y

b. debe ser hecha dentro de los 30 días de la fecha en que el Presidente preste asentimiento y firme la Ley.

3. El Tribunal Constitucional puede ordenar que toda o parte de una Ley que esté sujeta a una solicitud en las condiciones de la subsección (1) no obliga hasta que el Tribunal haya decidido la petición si:

a. los intereses de la justicia requieren esto; y

b. la petición tiene una perspectiva razonable de éxito.

4. Si una petición es desestimada, y no tenía una perspectiva razonable de éxito, el Tribunal Constitucional puede ordenar que los peticionarios paguen los costos.

123. PUBLICACIÓN DE LAS LEYES PROVINCIALES

Un proyecto de ley prestado asentimiento y dado por el Presidente de una provincia se convierte en una Ley provincial, debe ser publicada con prontitud y entra en vigor cuando se publica o en una fecha determinada en las condiciones de la Ley.

124. CUSTODIA DE LAS LEYES PROVINCIALES

La copia firmada de una Ley provincial es evidencia concluyente de las previsiones de esa Ley y, después de su publicación, debe ser confiada al Tribunal Constitucional para custodia.

PARTE B. EJECUTIVOS PROVINCIALES

125. AUTORIDAD EJECUTIVA DE LAS PROVINCIAS

1. La autoridad ejecutiva de una provincia está otorgada al Presidente de esa Provincia.

2. El Presidente ejercita la autoridad ejecutiva, junto con los otros miembros del Consejo Ejecutivo, al:

a. implementar la legislación provincial en la provincia;

b. implementar toda la legislación nacional dentro de las áreas funcionales enumeradas en el Anexo 4 o 5 excepto donde la Constitución o una Ley del Parlamento establezca otra cosa.

c. administrar en la provincia de la legislación nacional fuera de las áreas funcionales de la legislación nacional enumeradas en el Anexo 4 o 5 si la responsabilidad sobre la misma ha sido asignada al ejecutivo provincial según una Ley del Parlamento;

d. desarrollar y ejecutar la política provincial;

e. coordinar las funciones de la administración provincial y sus departamentos;

f. preparar e iniciar la legislación provincial; y

g. realizar cualquier otra función asignada al ejecutivo provincial según la Constitución o una Ley del Parlamento.

3. Una provincia tiene autoridad ejecutiva en los términos de la subsección (2) (b) sólo en la medida que la provincia tenga capacidad administrativa para asumir la responsabilidad efectiva. EL gobierno nacional a través de medidas legislativas y otras, debe ayudar a las provincias a desarrollar la capacidad administrativa requerida para el ejercicio efectivo de sus poderes y realización de sus funciones a que se refiere la subsección (2).

4. Cualquier controversia que afecte a la capacidad administrativa de una provincia con relación a cualquier función debe ser remitida al Consejo Nacional de Provincias para decisión dentro de 30 días desde la fecha de la remisión al Consejo.

5. Con sujeción a la sección 100, la ejecución de la legislación provincial en una provincia es un poder ejecutivo provincial exclusivo

6. El ejecutivo provincial debe actuar de acuerdo con:

a. la Constitución; y

b. la constitución provincial, si una constitución ha sido aprobada por la provincia.

126. ASIGNACIÓN DE FUNCIONES

Un miembro del Consejo Ejecutivo puede asignar cualquier poder o función que deba ser ejercitada o realizada en las condiciones de una Ley del Parlamento o una Ley provincial, a un Consejo Municipal. Una asignación:

a. debe ser en términos de un acuerdo entre el miembro correspondiente del Consejo Ejecutivo y el Consejo Municipal;

b. debe ser consistente con la Ley en términos de los cuales se ejerce o se desempeña la función o poder relevante;

c. entra en vigencia una vez proclamada por el Premier.

127. PODERES Y FUNCIONES DE LOS PRESIDENTES PROVINCIALES

1. El Presidente de una provincia tiene los poderes y funciones confiados al cargo por la Constitución y cualquier legislación.

2. El Presidente de una provincia es responsable de:

a. presentar asentimiento y firmar los proyectos de ley;

b. devolver un proyecto de ley al órgano legislativo provincial para reconsideración de la constitucionalidad del proyecto de ley;

c. remitir un proyecto de ley al Tribunal Constitucional para decisión sobre la constitucionalidad del proyecto de ley;

d. convocar al órgano legislativo a una sesión extraordinaria para conducir un asunto especial;

e. designar comisiones de investigación; y

f. convocar un referéndum en la provincia de acuerdo con la legislación nacional.

128. ELECCIÓN DE PRESIDENTES PROVINCIALES

1. En su primera sesión después de su elección, y cuando sea necesario para cubrir una vacante, un órgano legislativo provincial debe elegir a una mujer o a un hombre de entre sus miembros para ser Presidente de la provincia.

2. Un juez designado por el Presidente del Tribunal Constitucional debe presidir la elección del Presidente. El procedimiento expuesto en la Parte A del Anexo (3) se aplica a la elección de Presidente de la provincia.

3. Una elección para cubrir una vacante en el cargo de Presidente debe ser llevada a cabo en un momento y fecha determinada por el Presidente del Tribunal Constitucional, pero no más tarde de 30 días después que la vacante se produzca.

129. TOMA DE POSESIÓN DEL CARGO POR LOS PRESIDENTES PROVINCIALES

Un Presidente electo debe asumir el cargo dentro de los cinco días de ser elegido, mediante juramento o afirmación de fidelidad a la República y obediencia a la Constitución, de acuerdo con el Anexo 2.

130. DURACIÓN DEL MANDATO Y REMOCIÓN DE LOS PRESIDENTES DE LAS PROVINCIAS

1. El mandato de un Presidente de provincia comienza cuando el Presidente toma posesión de su cargo y termina cuando se produce la vacante o cuando la siguiente persona elegida Presidente toma posesión de su cargo.

2. Ninguna persona puede ostentar el cargo de Presidente por más de dos mandatos, pero cuando una persona sea elegida para ocupar una vacante en el cargo de Presidente, el período entre esa elección y la siguiente elección de un Presidente no se considera como un mandato

3. El órgano legislativo de una provincia, por resolución adoptada con el apoyo de voto de al menos dos tercios de sus miembros, puede remover al Presidente de su cargo sólo con fundamento en:

a. una grave violación de la Constitución o la Ley;

b. mala conducta grave;

c. imposibilidad de realizar las funciones del cargo.

4. Cualquier persona que haya sido removida del cargo de Presidente en las condiciones de la subsección (3) (a) o (b) no puede recibir ningún beneficio de ese cargo, y no puede servir en ningún cargo público.

131. PRESIDENTES DE PROVINCIA EN FUNCIONES

1. Cuando el Presidente esté ausente o de cualquier otra manera imposibilitado para cumplir con las obligaciones del cargo de Presidente, o durante una vacante en el cargo de Presidente, un titular de cargo actúa en el orden de abajo como Presidente:

a. Un miembro del Consejo Ejecutivo designado por el Presidente.

b. Un miembro del Consejo Ejecutivo designado por los otros miembros del Consejo.

c. el vocero, hasta que el órgano legislativo designe a uno de sus miembros.

2. Un Presidente en funciones tiene las responsabilidades, poderes y funciones del Presidente.

3. Antes de asumir las responsabilidades, poderes y funciones del Presidente, el Presidente en funciones debe jurar o afirmar fidelidad a la República y obediencia a la Constitución, de acuerdo con el Anexo 2.

132. CONSEJOS EJECUTIVOS

1. El Consejo Ejecutivo de una provincia se compone de un Presidente, como jefe del Consejo, y no menos de cinco y no más de diez miembros designados por el presidente de entre los miembros del órgano legislativo provincial.

2. El Presidente de una provincia designa a los miembros del Consejo Ejecutivo, les asigna sus poderes y funciones, y puede despedirlos.

133. RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES

1. Los miembros del Consejo Ejecutivo de una provincia son responsables por las funciones del ejecutivo asignadas por el Presidente.

2. Los miembros de un Consejo Ejecutivo de un provincia son responsables individual y colectivamente ante el órgano legislativo por el ejercicio de sus poderes y la realización de sus funciones.

3. Los miembros del Consejo Ejecutivo de una provincia deben:

a. actuar de acuerdo con la Constitución y, si una constitución provincial ha sido aprobada por la provincia, también con esa constitución; y

b. proveer al órgano legislativo de informes completos y regulares concernientes a las materias bajo su control.

134. CONTINUACIÓN DE LOS CONSEJOS EJECUTIVOS DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Cuando sea llevada a cabo una elección de un órgano legislativo provincial, el Consejo Ejecutivo y sus miembros permanecen hábiles para ejercer su función hasta que la persona elegida Presidente por el nuevo órgano legislativo tome posesión de su cargo.

135. JURAMENTO O AFIRMACIÓN

Antes que los miembros de un Consejo Ejecutivo de una provincia comiencen a realizar sus funciones, deben jurar o afirmar fidelidad a la República y obediencia a la Constitución, de acuerdo con el Anexo 2.

136. CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS EJECUTIVOS

1. Los miembros del Consejo Ejecutivo de una provincia deben actuar de acuerdo con un código de ética prescrito por la legislación nacional.

2. Los miembros del Consejo Ejecutivo de una provincia no pueden:

a. desarrollar ningún otro trabajo remunerado;

b. actuar en forma alguna inconsistente con su cargo, o exponerse ellos mismos a alguna situación que implique el riesgo de crear un conflicto entre sus responsabilidades oficiales y sus intereses privados; o

c. usar su posición o cualquier información confiada a ellos, para enriquecerse o beneficiar indebidamente a cualquier otra persona.

137. TRANSFERENCIA DE FUNCIONES

El Presidente, por proclamación, puede transferir a un miembro del Consejo Ejecutivo:

a. la administración sobre cualquier legislación confiada a otro miembro; o

b. cualquier poder o función confiada por la legislación a otro miembro.

138. ASIGNACIÓN TEMPORAL DE FUNCIONES

El Presidente de una provincia puede asignar a un miembro del Consejo Ejecutivo cualquier poder o función de otro miembro que esté ausente de su puesto o esté imposibilitado o sea incapaz de ejercitar ese poder o realizar esa función.

139. SUPERVISIÓN PROVINCIAL DEL GOBIERNO LOCAL

1. Cuando una municipalidad no pueda cumplir o no cumpla una obligación ejecutiva en los términos de la legislación, el correspondiente ejecutivo provincial puede intervenir tomando cualquier medida apropiada para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, incluyendo:

a. la remisión de una directiva al Consejo Municipal, describiendo la extensión del defecto de cumplimiento de sus obligaciones y estableciendo cualquier medida requerida para cumplir sus obligaciones; y

b. la asunción de la responsabilidad de la correspondiente obligación en esa municipalidad en la medida necesaria:

i. para mantener los niveles nacionales esenciales o establecer los niveles mínimos para la prestación de un servicio;

ii. para impedir que ese Consejo Municipal emprenda una acción irracional que sea perjudicial para los intereses de otra municipalidad o para la provincia como un todo; o

iii. para mantener la unidad económica; o

c. disolver el Concejo Municipal y designar un administrador hasta que un Concejo Municipal recién elegido haya sido declarado elegido, si circunstancias excepcionales lo justifican.

2. Si un ejecutivo provincial interviene en una municipalidad en las condiciones de la subsección (1) (b):

a. debe enviar un aviso por escrito de la intervención a:

i. el miembro del gabinete responsable de los asuntos del gobierno local; y

ii. la legislatura provincial pertinente y el Consejo Nacional de Provincias,

dentro de los 14 días posteriores a la intervención;

b. la intervención debe terminar si:

i. el miembro del gabinete responsable de los asuntos del gobierno local desaprueba la intervención dentro de los 28 días posteriores a la intervención o al final de ese período no ha aprobado la intervención; o

ii. el Consejo desaprueba la intervención dentro de los 180 días posteriores a la iniciación de la intervención o al final de ese período no ha aprobado la intervención; y

c. el Consejo debe, mientras continúa la intervención, revisar la intervención regularmente y hacer las recomendaciones apropiadas al ejecutivo provincial.

3. Si un Concejo Municipal se disuelve en términos de la subsección (1) (c):

a. el ejecutivo provincial debe presentar inmediatamente un aviso por escrito de la disolución a:

i. el miembro del gabinete responsable de los asuntos del gobierno local; y

ii. la legislatura provincial relevante y el Consejo Nacional de Provincias; y

b. la disolución entra en vigor 14 días a partir de la fecha de recepción de la notificación por parte del Consejo a menos que sea anulada por ese miembro del Gabinete o el Consejo antes de que expire esos 14 días.

4. Si un municipio no puede cumplir o no cumple una obligación en términos de la Constitución o legislación para aprobar un presupuesto o cualquier medida de recaudación necesaria para hacer efectivo el presupuesto, el ejecutivo provincial relevante debe intervenir adoptando las medidas apropiadas para garantizar que se aprueben el presupuesto o las medidas de recaudación de ingresos, incluida la disolución del Consejo Municipal y:

a. aceptar un administrador hasta que se haya declarado electo un Consejo Municipal recién elegido; y

b. Aprobar un presupuesto temporal o medidas de recaudación para asegurar el funcionamiento continuo del municipio.

5. Si un municipio, como resultado de una crisis en sus asuntos financieros, está en grave o persistente incumplimiento material de sus obligaciones de proporcionar servicios básicos o para cumplir con sus compromisos financieros, o admite que no puede cumplir con sus obligaciones financieras o financieras. compromisos, el ejecutivo provincial pertinente debe:

a. imponer un plan de recuperación destinado a asegurar la capacidad del municipio para cumplir con sus obligaciones de proporcionar servicios básicos o sus compromisos financieros, que:

i. debe prepararse de acuerdo con la legislación nacional; y

ii. conectar al municipio en el ejercicio de su poder legislativo y ejecutivo, pero sólo en la medida necesaria para resolver la crisis en sus asuntos financieros; y

b. disolver el Consejo Municipal, si el municipio no puede aprobar o no las medidas legislativas, incluido un presupuesto o cualquier medida de recaudación de ingresos, necesaria para dar efecto al plan de recuperación, y:

i. nombrar a un administrador hasta que un nuevo Concejo Municipal haya sido elegido; y

ii. aprobar un presupuesto temporal o medidas de recaudación de ingresos o cualquier otra medida que dé efecto al plan de recuperación para asegurar el funcionamiento continuo del municipio; o

c. si el Concejo Municipal no se disuelve en términos del parágrafo (b), asume la responsabilidad de la implementación del plan de recuperación en la medida en que el municipio no pueda o no implemente el plan de recuperación.

6. Si un ejecutivo provincial interviene en un municipio en los términos de la subsección (4) o (5), debe enviar un aviso por escrito de la intervención a:

a. el miembro del gabinete responsable de los asuntos del gobierno local; y

b. la legislatura provincial pertinente y el Consejo Nacional de las Provincias, dentro de los siete días posteriores a la iniciación de la intervención.

7. Si un ejecutivo provincial no puede o no ejerce o no ejerce adecuadamente los poderes o desempeña las funciones a que se refiere el inciso (4) o (5), el ejecutivo nacional debe intervenir en los términos de la subsección (4) o (5) en el lugar del ejecutivo provincial relevante.

8. La legislación nacional puede regular la implementación de esta sección, incluidos los procesos establecidos por esta sección.

140. DECISIONES DEL EJECUTIVO

1. Una decisión del Presidente de una provincia debe ser por escrito si:

a. es tomada con carácter de legislación; o

b. tiene consecuencias legales.

2. Una decisión escrita del Presidente debe ser refrendada por otro miembro del Consejo Ejecutivo si esa decisión concierne a funciones asignadas a ese otro miembro.

3. Proclamaciones, reglamentaciones u otros instrumentos de legislación subordinada de una provincia deben ser accesibles al público.

4. La legislación provincial debe especificar la manera en que, y la extensión en que, los instrumentos mencionados en la subsección (3) deben ser:

a. presentados en el órgano legislativo provincial; y

b. aprobados por el órgano legislativo provincial.

141. MOCIONES DE NO CONFIANZA

1. Si un órgano legislativo provincial, por una votación apoyada por la mayoría de sus miembros, aprueba una moción de no confianza en el Consejo Ejecutivo de la provincia que excluya al Presidente, el Presidente debe reconstituir el Consejo.

2. Si un órgano legislativo provincial, por una votación apoyada por la mayoría de sus miembros, aprueba una moción de no confianza en el Presidente, el Presidente y los otros miembros del Consejo Ejecutivo deben dimitir.

PARTE C. CONSTITUCIONES PROVINCIALES

142. ADOPCIÓN DE CONSTITUCIONES PROVINCIALES

Un órgano legislativo provincial puede aprobar una constitución para la provincia o, donde sea aplicable, enmendar su constitución, si al menos dos tercios de sus miembros votan a favor del proyecto de ley.

143. CONTENIDOS DE LAS CONSTITUCIONES PROVINCIALES

1. Una constitución provincial, o enmienda constitucional, no debe ser incompatible con esta Constitución, pero puede regular:

a. las estructuras legislativas o ejecutivas provinciales y procedimientos que difieran de los regulados en este capítulo; o

b. la institución, papel, autoridad y status de un monarca tradicional, donde sea aplicable.

2. Las disposiciones incluidas en una constitución provincial o en­mienda constitucional en las condiciones de los parágrafos (a) o (b) de la subsección (1):

a. deben cumplir con los valores de la sección 1 y con el capítulo 3; y

b. no pueden conferir a la provincia ningún poder o función que esté comprendida:

i. fuera del área de la competencia provincial en los términos de los Anexos 4 y 5; o

ii. fuera de los poderes y funciones conferidos a la provincia por otras secciones de esta Constitución.

144. CERTIFICACIÓN DE CONSTITUCIONES PROVINCIALES

1. Si un órgano legislativo provincial ha aprobado o enmendado una constitución, el presidente del órgano legislativo debe presentar el texto de la constitución o de la enmienda constitucional al Tribunal Constitucional para certificación.

2. Ningún texto de una constitución provincial o enmienda constitucional deviene Ley hasta que el Tribunal Constitucional haya certificado:

a. que el texto ha sido aprobado de acuerdo con la sección 142; y

b. que el texto completo se ajusta a la sección 143.

145. FIRMA, PUBLICACIÓN Y CUSTODIA DE LAS CONSTITUCIONES PROVINCIALES

1. El Presidente de una provincia debe prestar asentimiento y firmar el texto de una constitución provincial o enmienda constitucional que haya sido certificada por el Tribunal Constitucional.

2. El texto prestado asentimiento y firmado por el Presidente debe ser publicado en la Gaceta del Gobierno Nacional y entrará en vigor en el momento de la publicación o en una fecha posterior determinada en las condiciones de esa constitución o enmienda.

3. El texto firmado de la constitución provincial o enmienda constitucional es prueba concluyente de sus previsiones y, después de su publicación, debe ser confiado al Tribunal Constitucional para custodia.

PARTE D. CONFLICTO DE LEYES

146. CONFLICTOS ENTRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL

1. Esta sección se aplica a un conflicto entre la legislación nacional y provincial que se comprenda en un área funcional enumerada en el Anexo 4.

2. La legislación nacional que se aplica uniformemente respecto del país como un todo prevalece sobre la legislación provincial si ocurre cualquiera de las siguientes condiciones.

a. La legislación nacional concurre en una materia que no puede ser regulada efectivamente por legislación establecida por las respectivas provincias individualmente.

b. La legislación concurre en una materia, que para ser afrontada con efectividad, requiere uniformidad en toda la nación, Y la legislación previene esa uniformidad al establecer:

i. normas y modelos;

ii. marcos; o

iii. políticas nacionales.

c. la legislación nacional sea necesaria para:

i. el mantenimiento de la seguridad nacional;

ii. el mantenimiento de la unidad económica;

iii. la protección de un mercado común con respecto a la movilidad de bienes, servicios, capital y trabajo;

iv. la promoción de las actividades económicas provinciales a través de los límites provinciales;

v. la promoción de igualdad de oportunidades o igual acceso a los servicios del gobierno; o

vi. la protección del medio ambiente.

3. La legislación nacional prevalece sobre la legislación provincial si la legislación nacional está dirigida a prevenir la acción razonable de una provincia que:

a. sea perjudicial para los intereses económicos, de salud, o seguridad de otra provincia o del país como un todo; o

b. impida la ejecución de la política económica nacional.

4. Cuando haya una controversia concerniente a si es necesaria legislación nacional para una finalidad establecida en la subsección (2) (c) y esa disputa llegue ante un tribunal para resolución, el tribunal debe tener debida consideración a la aprobación o rechazo de la legislación por el Consejo Nacional de Provincias.

5. La legislación Provincial prevalece sobre la legislación nacional si la subsección (2) o (3) no se aplica.

6. Una Ley hecha en las condiciones de una Ley del Parlamento o una Ley provincial puede prevalecer sólo si esa Ley ha sido aprobada por el Consejo Nacional de Provincias.

7. Si el Consejo Nacional de Provincias no alcanza una decisión dentro de los 30 días de su primera sesión después de que una Ley le sea remitida, esa Ley debe considerarse a todos los efectos que ha sido aprobada por el Consejo.

8. Si el Consejo Nacional de Provincias no aprueba una Ley a la que refiere la subsección (6) debe, dentro de los 30 días de su decisión, indicar las razones para no aprobar la Ley a la autoridad que le remitió la Ley.

1. Si se produce un conflicto entre la legislación nacional y una previsión de una constitución provincial con respecto a:

a. una materia, que afecta a lo que esta Constitución específicamente requiere o atribuye al establecimiento de legislación nacional, la legislación nacional prevalece sobre la previsión afectada de la constitución provincial;

b. la intervención del legislativo nacional en las condiciones de la sección 44 (2), la legislación nacional prevalece sobre la previsión de la constitución provincial; o

c. una materia en un área funcional enumerada en el Anexo 4, la sección 146 se aplica como si la previsión afectada o la constitución provincial fuese legislación provincial a la que refiere esa sección.

2. La legislación nacional a que se refiere la sección 44 (2) provee sobre la legislación provincial con respecto a las materias en las áreas funcionales enumeradas en el Anexo 5.

148. CONFLICTOS QUE NO PUEDEN SER RESUELTOS

Si una controversia referente a un conflicto no puede ser resuelta por un tribunal de justicia, la legislación nacional prevalecerá sobre la legislación provincial o la constitución provincial.

149. STATUS DE LA LEGISLACIÓN QUE NO PREVALECE

La decisión de un tribunal de que la legislación prevalece sobre otra legislación no invalida esa otra legislación, pero esa otra legislación se vuelve inoperante mientras subsista el conflicto.

150. INTERPRETACIÓN DE CONFLICTOS

Al considerar un aparente conflicto entre la legislación nacional y la legislación provincial, o entre la legislación nacional y una constitución, todo tribunal debe preferir cualquier interpretación razonable de la legislación o constitución que evite un conflicto, sobre cualquier otra alternativa que provoque el conflicto

CAPÍTULO 7. GOBIERNO LOCAL

151. ESTATUS DE LAS MUNICIPALIDADES

1. La esfera de gobierno local se compone de municipalidades, que deben ser establecidas en todo el territorio de la República.

2. La autoridad ejecutiva y legislativa de una municipalidad está otorgada a su Consejo Municipal.

3. Una municipalidad tiene el derecho de gobernar, bajo su propia iniciativa, los asuntos del gobierno local de su comunidad, conforme a la legislación nacional y provincial, según lo previsto en la Constitución.

4. El gobierno nacional o provincial no puede comprometer o impedir la capacidad o derecho de una municipalidad para ejercitar sus poderes o realizar sus funciones.

152. OBJETIVOS DEL GOBIERNO LOCAL

1. Los objetivos del gobierno local son:

a. procurar un gobierno democrático y responsable para las comunidades locales;

b. asegurar la provisión de servicios a las comunidades de una manera sostenible;

c. promover el desarrollo social y económico;

d. promover un medio ambiente seguro y saludable;

e. fomentar la participación de las comunidades y de las organizaciones de la comunidad en las materias de gobierno local.

2. Una municipalidad debe esforzarse, dentro de su capacidad financiera y administrativa, en alcanzar los objetivos expuestos en la subsección (1).

153. OBLIGACIONES DE DESARROLLO DE LAS MUNICIPALIDADES

Una municipalidad debe:

a. estructurar y gestionar su administración, y los procesos presupuestarios y de planificación dando prioridad a las necesidades básicas de la comunidad, para promover el desarrollo económico y social de la comunidad; y

b. participar en el desarrollo de programas nacionales y provinciales.

154. MUNICIPALIDADES EN GOBIERNO COOPERATIVO

1. Los gobiernos nacional y provinciales, mediante medidas legislativas Y otras, deben apoyar y potenciar la capacidad de las municipalidades para manejar sus propios asuntos, para ejercitar sus poderes y realizar sus funciones.

2. el diseño de una legislación nacional o provincial que afecte al status, instituciones, poderes o funciones del gobierno local debe ser publicado para comentario público antes que sea presentado en el Parlamento u órgano legislativo provincial, de manera que permita a los gobiernos locales organizados, municipalidades, y otras personas interesadas una oportunidad de plantear alegaciones respecto del borrador de legislación.

155. ESTABLECIMIENTO DE MUNICIPALIDADES

1. Existen las siguientes categorías de municipalidad:

a. Categoría A: una municipalidad que tiene autoridad municipal ejecutiva y legislativa exclusiva en su área.

b. Categoría B: Una municipalidad que comparte la autoridad municipal ejecutiva y legislativa con una municipalidad de categoría C en cuya área se comprende.

c. Categoría C: Una municipalidad que tiene una autoridad municipal ejecutiva y legislativa en un área que incluya más de una municipalidad.

2. La legislación nacional debe definir los diferentes tipos de municipalidad que pueden ser establecidas en cada categoría.

3. La legislación nacional debe:

a. establecer los criterios para determinar cuándo un área debe tener una única municipalidad de categoría A o cuando debe haber municipalidades de las categorías B y C.

b. establecer criterios y procedimientos para la determinación de los límites municipales por una autoridad independiente; y

c. con sujeción a la sección 229, hacer previsiones para una apropiada división de poderes y funciones entre municipalidades cuando un área tenga municipalidades de las dos categorías B y C. Una división de poderes y funciones entre una municipalidad de categoría B y una municipalidad de categoría C debe diferir de la división de poderes y funciones entre otra municipalidad de categoría B y esa municipalidad de categoría C.

4. La legislación a la que se refiere la subsección (3) debe tener en cuenta la necesidad de proveer los servicios municipales de una manera equitativa y sostenible.

5. La legislación provincial debe determinar los diferentes tipos de municipalidad que deben ser establecidos en la provincia.

6. Cada gobierno provincial debe establecer municipalidades en su provincia de una manera compatible con la legislación dada en las condiciones de la subsección (2) y (3) y, por medidas legislativas y por otras, debe:

a. proveer por el seguimiento y sostenimiento del gobierno local en la provincia; y

b. promover el desarrollo de la capacidades del gobierno local para posibilitar que las municipalidades realicen sus funciones y manejen sus propios asuntos.

7. El gobierno nacional, con sujeción a la sección 44, y los gobiernos provinciales tienen la autoridad legislativa y ejecutiva para velar por la realización efectiva por las municipalidades de sus funciones en relación con las materias enumeradas en los Anexos 4 y 5, regulando el ejercicio por las municipalidades de su autoridad ejecutiva a que se refiere la sección 156 (1).

156. PODERES Y FUNCIONES DE LAS MUNICIPALIDADES

1. Una municipalidad tiene la autoridad ejecutiva en relación a, y el derecho a administrar:

a. los asuntos del gobierno local enumerados en la Parte B del Anexo 4 y la Parte B del Anexo 5; y

b. cualquier otro asunto que le haya sido asignado por legislación nacional o provincial.

2. Un municipio puede hacer y administrar reglamentos para la administración efectiva de los asuntos que tiene el derecho de administrar.

3. Sujeto a la sección 151 (4), un estatuto que esté en conflicto con la legislación nacional o provincial no es válido. Si hay un conflicto entre un estatuto y una legislación nacional o provincial que no funciona debido a un conflicto al que se hace referencia en el artículo 149, el estatuto debe considerarse válido mientras la legislación no sea operativa.

4. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales deben asignar a un municipio, por acuerdo y sujeto a cualquier condición, la administración de un asunto enumerado en la Parte A del Anexo 4 o Parte A del Anexo 5, que necesariamente se relaciona con el gobierno local, si:

a. que ese asunto sería administrado de manera más efectiva localmente; y

b. el municipio tiene la capacidad de administrarlo.

5. Una municipalidad tiene el derecho de ejercer cualquier poder sobre un asunto razonablemente necesario para, o accesorio al, desempeño efectivo de sus funciones.

157. COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN DE CONSEJOS MUNICIPALES

1. Un Consejo Municipal consiste en:

a. los miembros elegidos de acuerdo con las subsecciones (2) y (3); o

b. si lo prevé la legislación nacional,

i. miembros designados por otros Consejos Municipales para representar a esos otros Consejos; o

ii. ambos miembros elegidos de conformidad con el parágrafo (a) y los miembros designados de conformidad con el subparágrafo (i) de este parágrafo.

2. La elección de los miembros de un Consejo Municipal según lo previsto en el inciso (1) (a) debe estar de acuerdo con la legislación nacional, que debe prescribir un sistema:

a. una representación proporcional basada en el segmento de votantes del municipio de ese municipio, y que prevé la elección de los miembros de las listas de candidatos del partido redactados en el orden de preferencia de un partido; o

b. de representación proporcional como se describe en el parágrafo (a) combinado con un sistema de representación de barrio basado en el segmento de ese municipio de la lista nacional de votantes comunes.

3. Un sistema electoral en términos de la subsección (2) debe resultar, en general, en representación proporcional.

4.

a. Si el sistema electoral incluye la representación del barrio. la delimitación de las salas debe ser realizada por una autoridad independiente designada en términos de, y funcionamiento de acuerdo con los procedimientos y criterios prescritos por la legislación nacional.

b. [derogado]

5. Una persona puede votar en un municipio sólo si esa persona está registrada en el segmento de ese municipio de la lista nacional de votantes comunes.

6. La legislación nacional a que se refiere el inciso (1) (b) debe establecer un sistema que permita a las partes e intereses reflejados dentro del Concejo Municipal que hace el nombramiento, estar justamente representados en el Concejo Municipal al cual se hace el nombramiento.

158. MEMBRESÍA DE CONSEJOS MUNICIPALES

1. Todo ciudadano que esté calificado para votar en un Concejo Municipal es elegible para ser miembro de ese Consejo, excepto:

a. cualquiera que sea designado por, o esté al servicio de, la municipalidad y reciba remuneración por esa designación o servicio, y que no haya sido eximido de esa inhabilitación según la legislación nacional;

b. cualquiera que sea designado por el, o esté al servicio del, Estado en otra esfera, y reciba remuneración por esa designación o servicio, y quien haya sido removido de la pertenencia de un Consejo Municipal en las condiciones de la legislación nacional;

c. cualquiera que esté inhabilitado para votar para la Asamblea Nacional o esté inhabilitado en los términos de la sección 47(1),(c) (d) o (e) para ser miembro de la Asamblea.

d. un miembro de la Asamblea Nacional, un delegado al Consejo Nacional de Provincias o un miembro del órgano legislativo provincial; pero esta inhabilitación no se aplica a un miembro de un Consejo Municipal que represente al gobierno local en el Consejo Nacional; o

e. a un miembro de otro Consejo Municipal; pero esta inhabilitación no se aplica a un miembro de un Consejo Municipal que represente a ese Consejo Municipal en otro Consejo Municipal de una categoría diferente.

2. Una persona que no sea elegible para ser miembro de un Consejo Municipal en los términos de la Subsección (1) (a), (b), (d) o (e) puede ser candidato para el Consejo, con sujeción a las limitaciones o condiciones establecidas por la legislación nacional.

3. Las vacantes en un Consejo Municipal deben cubrirse en términos de legislación nacional.

159. MANDATOS DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES

1. El término de un Concejo Municipal no puede ser más de cinco años, según lo determine la legislación nacional.

2. Si un Concejo Municipal es disuelto en términos de legislación nacional, o cuando expira su período, una elección debe realizarse dentro de los 90 días de la fecha en que el Concejo fue disuelto o su período expiró.

3. Un Consejo Municipal, que no sea un Consejo que ha sido disuelto después de una intervención en términos del artículo 139, sigue siendo competente para funcionar desde el momento en que se disuelve o expira su período, hasta que el Consejo recién elegido haya sido declarado elegido.

160. PROCEDIMIENTOS INTERNOS

1. Un Consejo Municipal:

a. toma las decisiones que afecten al ejercicio de todos los poderes y a la realización de todas las funciones de la municipalidad;

b. debe elegir su presidente;

c. puede elegir un comité ejecutivo y otros comités, con sujeción a la legislación nacional; y

d. puede emplear a las personas que sean necesarias para la realización efectiva de sus funciones.

2. Las siguientes funciones no pueden ser delegadas por un Consejo Municipal:

a. la aprobación de ordenanzas;

b. la aprobación de presupuestos;

c. la imposición de tasas y otros impuestos, gravámenes y derechos; y

d. la recaudación de préstamos.

3.

a. Una mayoría de miembros de un Consejo Municipal debe estar presente antes que una votación pueda ser realizada sobre cualquier materia.

b. Todas las cuestiones que afecten a las materias mencionadas en la subsección (2) serán resueltas por una decisión adoptada por un Consejo Municipal con el voto favorable de una mayoría de sus miembros.

c. Todas las otras cuestiones ante un Consejo Municipal serán decididas por la mayoría de los votos emitidos.

4. No puede ser aprobada una ordenanza por un Consejo Municipal salvo:

a. que a todos los miembros del Consejo se les haya dado un razonable conocimiento; y

b. la ordenanza propuesta haya sido publicada para comentario público.

5. La legislación nacional puede establecer criterios para determinar:

a. el tamaño de un Consejo Municipal;

b. si los Consejos Municipales pueden elegir un comité ejecutivo o cualquier otro comité; o

c. el tamaño del comité ejecutivo o cualquier otro comité de un Consejo Municipal;

6. Un Consejo Municipal puede hacer ordenanzas que establezcan el reglamento y procedimientos sobre:

a. sus disposiciones internas;

b. sus asuntos y actuaciones; y

c. el establecimiento, composición, procedimientos, poderes y funciones de sus comités.

7. Un Consejo Municipal debe conducir su actividad de una manera abierta, y puede celebrar sus sesiones a puerta cerrada, o las de sus comités, sólo cuando sea razonable hacerlo teniendo en cuenta la naturaleza del asunto que sea gestionado.

8. Los miembros de un Consejo Municipal tienen derecho a participar en sus actos y en los de sus comités en una manera que:

a. permita a los partidos e intereses reflejados en el Consejo estar justamente representados;

b. sea compatible con la democracia; y

c. pueda ser regulada por la legislación nacional.

161. PRIVILEGIO

La legislación provincial en el marco de la legislación nacional puede establecer los privilegios e inmunidades de los Consejos Municipales y sus miembros.

162. PUBLICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES

1. Una ordenanza municipal puede ser impuesta sólo después que haya sido publicada en la gaceta oficial de la correspondiente provincia.

2. Una gaceta provincial oficial debe publicar una ordenanza municipal a petición de la municipalidad.

3. Las ordenanzas municipales deben ser accesibles al público.

163. GOBIERNO LOCAL ORGANIZADO

Una Ley del Parlamento debe de acuerdo con el procedimiento establecido en la sección 76:

a. prever el reconocimiento de las organizaciones nacionales y provinciales que representen municipalidades; y

b. determinar los procedimientos según los cuales un gobierno local pueda:

i. consultar con un gobierno nacional o provincial;

ii. designar representantes para participar en el Consejo Nacional de Provincias; y

iii. proponer personas para la Comisión Financiera y Fiscal.

164. OTRAS MATERIAS

Cualquier materia concerniente al gobierno local que no se trate en la Constitución puede ser regulada por la legislación nacional o provincial en el marco de la legislación nacional.

CAPÍTULO 8. TRIBUNALES Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

165. AUTORIDAD JUDICIAL

1. La autoridad judicial de la República está conferida a los tribunales de justicia.

2. Los tribunales son independientes y están sujetos sólo a la Constitución y a la Ley, que deben ser aplicadas imparcialmente y sin miedo, favor o prejuicio.

3. Ninguna persona u órgano del Estado puede interferirse en el funcionamiento de los tribunales.

4. Los órganos del Estado, a través de medidas legislativas y otras, deben asistir y amparar a los tribunales para asegurar la independencia, imparcialidad, dignidad, accesibilidad y efectividad de los tribunales.

5. Una orden o decisión emitida por un tribunal vincula a todas las personas y órganos del Estado a quienes sea aplicable.

6. El Presidente del Tribunal Supremo es el jefe del poder judicial y tiene la responsabilidad de establecer y supervisar las normas y estándares para el ejercicio de las funciones judiciales de todos los tribunales.

166. SISTEMA JUDICIAL

Los tribunales son:

a. El Tribunal Constitucional;

b. El Tribunal Supremo de Apelación;

c. Los Tribunales Superiores, incluyendo cualquier Tribunal Superior que pueda ser establecido por una Ley del Parlamento para decidir apelaciones de Tribunales Superiores;

d. Los Tribunales de Magistrados;

e. Cualquier otro Tribunal establecido o reconocido en los términos de una Ley del Parlamento, incluyendo cualquier Tribunal de un status similar a cualquiera de los Tribunales Superiores o Tribunales de Magistrados.

167. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

1. El Tribunal Constitucional se compone de un Presidente, de un Vicepresidente y de otros nueve jueces.

2. Una cuestión ante el Tribunal Constitucional debe ser decidida al menos por ocho jueces.

3. El Tribunal Constitucional:

a. es el más alto Tribunal en todas las materias constitucionales;

b. puede decidir sobre

i. materias constitucionales, y

ii. cualquier otro asunto, si el Tribunal Constitucional concede el derecho de apelación por el hecho de que el asunto plantea un punto discutible de la ley de importancia para el público en general que debe ser considerado por ese Tribunal; y;

c. constituye la decisión final si una materia de su jurisdicción

4. Sólo el Tribunal Constitucional puede:

a. decidir disputas entre órganos de! Estado en la esfera nacional o provincial que afecten al status constitucional, poderes y funciones de cualquiera de esos órganos del Estado;

b. decidir sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley parlamentario o provincial pero sólo puede hacerlo en las circunstancias anticipadas en la sección 79 o 121;

c. decidir sobre las solicitudes previstas en la sección 80 o 122;

d. decidir sobre la constitucionalidad de cualquier enmienda a la Constitución;

e. decidir que el Parlamento o el Presidente ha dejado de cumplir una obligación constitucional; o

f. certificar una constitución provincial en los términos de la sección 144.

5. El Tribunal Constitucional constituye la última decisión sobre si una Ley del Parlamento, una Ley provincial o conducta del Presidente es constitucional, y debe confirmar cualquier orden de invalidez dada por el Tribunal Supremo de Apelación, por un Tribunal Superior, o por un Tribunal de similar status, antes de que la orden tenga fuerza.

6. La legislación nacional o el reglamento del Tribunal Constitucional debe permitir a una persona, cuando sea por intereses de justicia y con la venia del Tribunal Constitucional:

a. llevar directamente una cuestión al Tribunal Constitucional; o

b. apelar directamente al Tribunal Constitucional desde cualquier otro Tribunal.

7. Una cuestión constitucional incluye cualquier asunto que implique la interpretación, protección o cumplimiento de la Constitución.

168. TRIBUNAL SUPREMO DE APELACIÓN

1. El Tribunal Supremo de Apelación se compone de un Presidente de! Tribunal Supremo, de un Vicepresidente y el número de jueces de apelación establecido por una Ley del Parlamento.

2. Un asunto ante el Tribunal Supremo de Apelación debe ser decidido por el número de jueces determinado por una Ley del Parlamento.

3.

a. El Tribunal Supremo de Apelación puede decidir apelaciones en cualquier asunto que surja del Tribunal Superior de Sudáfrica o un tribunal de un estado similar al Tribunal Superior de Sudáfrica, excepto en lo que respecta a asuntos laborales o de competencia en la medida que lo determine el una Ley del Parlamento.

b. El Tribunal Supremo de Apelaciones puede decidir únicamente sobre:

i. apelaciones;

ii. problemas relacionados con las apelaciones; y

iii. cualquier otro asunto que se le pueda remitir en circunstancias definidas por una ley del Parlamento.

169. TRIBUNALES SUPERIORES

1. El Tribunal Superior de Sudáfrica puede decidir:

a. cualquier asunto constitucional excepto una cuestión que

i. el Tribunal Constitucional ha aceptado escuchar directamente en términos del artículo 167 (6) (a); o

ii. es asignado por una Ley del Parlamento a otro tribunal de un estado similar al Tribunal Superior de Sudáfrica; y

b. cualquier otro asunto no asignado a otro tribunal por una Ley del Parlamento.

2. El Tribunal Superior de Sudáfrica consta de las Divisiones determinadas por una Ley del Parlamento, que la Ley debe proveer por:

a. el establecimiento de Divisiones, con uno o más asientos en una División; y

b. la asignación de jurisdicción a una División o un asiento dentro de una División.

3. Cada división del Tribunal Superior de Sudáfrica:

a. tiene un Juez Presidente;

b. puede tener uno o más Presidentes Adjuntos de Jueces; y

c. tiene el número de otros jueces determinados en términos de legislación nacional.

170. TRIBUNALES DE MAGISTRADOS Y OTROS TRIBUNALES

Todos los demás tribunales distintos a los mencionados en los artículos 167, 168 y 169 pueden decidir cualquier asunto determinado por una Ley del Parlamento, pero un tribunal de un nivel inferior al Alto Tribunal de Sudáfrica no puede investigar ni fallar sobre la constitucionalidad de cualquier legislación o cualquier conducta del Presidente.

171. PROCEDIMIENTOS DEL TRIBUNAL

Todos los tribunales funcionan según la legislación nacional, y su reglamento y procedimientos deben ser establecidos en los términos de la legislación nacional.

172. PODERES DE LOS TRIBUNALES EN MATERIAS CONSTITUCIONALES

1. Al decidir una materia constitucional en su ámbito, un tribunal:

a. debe declarar que cualquier Ley o conducta que sea incompatible con la Constitución es inválida en la medida de su inconsistencia; y

b. puede dar cualquier orden que sea justa y equitativa, incluyendo:

i. una orden limitando el efecto retroactivo de la declaración de invalidez; y

ii. una orden suspendiendo la declaración de invalidez por cualquier período y en cualesquiera condiciones, para permitir que la autoridad competente corrija el defecto.

2.

a. El Tribunal Supremo de Apelación, un Tribunal Superior o un Tribunal de similar estatus puede dar una orden que afecte a la validez constitucional de una Ley del Parlamento, una Ley provincial o cualquier conducta del Presidente, pero una orden de invalidez no tiene fuerza salvo que sea confirmada por el Tribunal Constitucional.

b. Un tribunal que da una orden de invalidez constitucional puede conceder una prohibición temporal o cualquier otro beneficio a una parte, o puede suspender las actuaciones, esperando una decisión del Tribunal Constitucional sobre la validez de esa Ley o conducta.

c. La legislación nacional debe proveer por la remisión de una orden de invalidez constitucional al Tribunal Constitucional.

d. Cualquier persona u órgano del Estado con suficiente interés puede apelar, o dirigirse, directamente al Tribunal Constitucional para que se confirme o varíe una orden de invalidez constitucional de un tribunal en las condiciones de esta subsección.

173. PODER INHERENTE

El Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Apelación y los Tribunales Superiores tienen el poder inherente de amparar y regular sus propios procesos, y de desarrollar el Derecho común, teniendo en cuenta los intereses de la Justicia.

174. DESIGNACIÓN DE CARGOS JUDICIALES

1. Cualquier mujer u hombre cualificado apropiadamente que sea adecuado e idóneo puede ser designado cargo judicial. Cualquier persona para ser designada para el Tribunal Constitucional debe ser también ciudadano sudafricano.

2. La necesidad de que la magistratura refleje ampliamente la composición racial y de genera de Sudáfrica debe ser considerada cuando los cargos judiciales sean designados.

3. El Presidente, como jefe del ejecutivo nacional, tras consultar a la Comisión de Servicio Judicial y a los líderes de los partidos representados en la Asamblea Nacional, designa al Presidente y al Vice presidente del Tribunal Constitucional y, tras consultar a la comisión de Servicio Judicial, designa al Presidente y al Vicepresidente del Tribunal Supremo.

4. Los otros jueces del Tribunal Constitucional son designados por el Presidente, como jefe del ejecutivo nacional, después de consultar con el Presidente del Tribunal Constitucional y con los líderes de los partidos representados en la Asamblea Nacional, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a. La Comisión de Servicio Judicial debe preparar una lista de candidatos con tres nombres más que el número de designaciones a hacer, y someter la lista al Presidente.

b. El Presidente puede hacer designaciones de la lista, y debe advertir a la Comisión de Servicio Judicial, con razones, si algunos de los candidatos son inaceptables y resta por hacer alguna designación.

c. La Comisión de Servicio Judicial debe complementar la lista con más candidatos y el Presidente debe hacer las restantes designaciones de la lista complementaria.

5. En todo caso, al menos cuatro miembros de! Tribunal Constitucional deben ser personas que fuesen jueces en el momento en el que sean designadas para el Tribunal Constitucional.

6. El Presidente debe designar a los jueces de todos los otros tribunales con asesoramiento de la Comisión de Servicio Judicial.

7. Los otros cargos judiciales deben ser designados en las condiciones de una Ley del Parlamento que debe asegurar que la designación, promoción, traslado o cese de esos cargos judiciales, o las medidas disciplinarias en su contra, tengan lugar sin favor o prejuicio.

8. Antes que los cargos judiciales comiencen a realizar sus funciones, deben prestar juramento o afirmar, de acuerdo con el Anexo 2, que mantendrán y protegerán la Constitución.

175. JUECES EN FUNCIONES

1. El presidente puede designar a una mujer o un hombre para que actúe como vice presidente de la Corte Suprema o como juez del Tribunal Constitucional si hay una vacante en cualquiera de esas oficinas, o si la persona que ocupa dicho cargo está ausente. El nombramiento debe hacerse por recomendación del miembro del Gabinete responsable de la administración de justicia que actúa con la anuencia del Presidente del Tribunal Supremo, y debe nombrarse como vicepresidente en funciones del rango de los jueces nombrados para el cargo. Tribunal Constitucional en términos del artículo 174 (4).

2. El miembro del Gabinete responsable de la administración de justicia debe designar jueces en funciones para otros tribunales después de consultar al juez decano del tribunal en que el juez en funciones prestará sus servicios.

176. MANDATOS Y REMUNERACIÓN

1. Un juez del Tribunal Constitucional ocupa un cargo por un período no renovable de 12 años, o hasta que cumpla 70 años, lo que ocurra primero, excepto cuando una Ley del Parlamento amplíe el mandato de un juez del Tribunal Constitucional.

2. Los otros jueces se mantendrán en el cargo hasta que se retiren de! servicio activo en las condiciones de una Ley del Parlamento.

3. Los salarios, asignaciones y beneficios de los jueces no pueden ser reducidos.

1. Un juez puede ser removido de su cargo sólo si:

a. la Comisión de Servicio Judicial encuentra que el juez sufre de incapacidad, es señalada incompetente o es culpable de una mala conducta muy grave; y

b. la Asamblea Nacional solicita que ese juez sea removido, por una resolución adoptada por un voto favorable de al menos dos tercios de sus miembros.

2. El Presidente debe remover a un juez de su cargo por la adopción de una resolución pidiendo que ese juez sea removido.

3. El Presidente, con el asesoramiento de la Comisión de Servicio Judicial, puede suspender a un juez que esté sujeto a un procedimiento en los términos de la subsección (1).

178. COMISIÓN DE SERVICIO JUDICIAL

1. Hay una Comisión de Servicio Judicial que se compone de:

a. el Presidente del Tribunal Supremo que preside en las reuniones de la Comisión;

b. el Presidente del Tribunal Constitucional;

c. un Juez Presidente designado por los Jueces Presidentes;

d. el miembro del Gabinete responsable de la administración de justicia, u otro alternativo designado por ese miembro del Gabinete;

e. dos abogados ejercientes propuestos de entre la profesión de los abogados para representar la profesión como un todo, y designados por el Presidente;

f. dos procuradores ejercientes propuestos de entre la profesión de los procuradores para representar la profesión como un todo, y designados por el Presidente;

g. un profesor de Derecho designado por los profesores de Derecho en las universidades sudafricanas;

h. seis personas designadas por la Asamblea Nacional de entre sus miembros, de las que al menos tres deben ser miembros de los partidos de la oposición representados en la Asamblea;

i. cuatro delegados permanentes al Consejo Nacional de Provincias designados conjuntamente por el Consejo con el voto favorable de al menos seis provincias;

j. cuatro personas designadas por el Presidente como jefe de! ejecutivo nacional, después de consultar a los líderes de todos los partidos en la Asamblea Nacional; y

k. al considerar asuntos relacionados con una División específica del Tribunal Superior de Sudáfrica, el Juez Presidente de esa División y el Primer Ministro de la provincia correspondiente, o un suplente designado por cada uno de ellos.

2. Si el número de personas propuestas de entre la profesión de los abogados o procuradores en los términos de la subsección (1) (e) o (f) iguala el número de vacantes a ser cubiertas, el Presidente debe designarlos. Si el número de personas propuestas excede el número de, vacantes a ser cubiertas, el Presidente, tras consultar a la profesión correspondiente, debe designar suficiente número de candidatos para cubrir las vacantes, teniendo en cuenta la necesidad de asegurar que esas designaciones representen a la profesión como un todo.

3. Los miembros de la Comisión designados por el Consejo Nacional de provincias desempeñarán su cargo hasta que sean reemplazados conjuntamente, o hasta que se produzca una vacante en su número. Otros miembros que fuesen designados o propuestos para la Comisión desempeñarán sus cargos hasta que sean relevados por aquellos que los propusieron o designaron.

4. La Comisión de Servicio Judicial tiene los poderes y funciones asignadas a ella en la Constitución y la legislación nacional.

5. La Comisión de Servicio Judicial puede asesorar al Gobie.ro en cualquier materia relacionada con la magistratura o la administración de justicia, pero cuando considere cualquier materia excepto la designación de un juez, debe reunirse sin los miembros designados en los términos de la subsección (1) (h) e (i).

6. La Comisión de Servicio Judicial puede determinar su propio procedimiento, pero las decisiones de la Comisión deben ser apoyadas por una mayoría de sus miembros.

7. Si el Presidente del Tribunal Supremo o el Presidente del Tribunal Supremo de Apelación no pueden servir temporalmente en la Comisión, el Vicepresidente del Tribunal Supremo o el Vicepresidente del Tribunal Supremo de Apelación, según corresponda, actuarán como suyos. suplente en la Comisión.

8. El Presidente y las personas que designen, designen o designen a los miembros de la Comisión en los términos de la subsección (1) (c), (e), (f) y (g), podrán, de la misma manera designar, nominar o designar un suplente para cada uno de esos miembros, para servir en la Comisión siempre que el miembro afectado no pueda hacerlo temporalmente en razón de su incapacidad o ausencia de la República o por cualquier otra razón suficiente.

179. MINISTERIO FISCAL

1. Hay un único Ministerio Fiscal en la República, estructurado según los términos de una Ley del Parlamento, y compuesto de:

a. un Director Fiscal Nacional, que es el Jefe del Ministerio Fiscal, y es designado por el Presidente, como jefe del ejecutivo nacional; y

b. Directores Fiscales y fiscales coma se determine por una Ley del Parlamento.