Portugal 1976 (rev. 2005)

PREÁMBULO

El 25 de abril de 1974, el Movimiento de las Fuerzas Armadas derribó el régimen fascista, coronando la larga resistencia del pueblo portugués e interpretando sus sentimientos profundos.

Liberada Portugal de la dictadura, la opresión y el colonialismo supuso un cambio revolucionario y el comienzo de una inflexión histórica de la sociedad portuguesa.

La Revolución ha devuelto a los portugueses los derechos y libertades fundamentales. En ejercicio de estos derechos y libertades se reunieron los legítimos representantes del pueblo para elaborar una Constitución que correspondiese a las aspiraciones del país.

La Asamblea Constituyente proclama la decisión del pueblo portugués de defender la independencia nacional, garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, establecer los principios básicos de la democracia, asegurar la primacía del Estado de Derecho democrático y abrir la senda hacia una sociedad socialista, dentro del respeto a la voluntad del pueblo portugués y con vistas a la construcción de un país más libre, más justo y más fraterno.

La Asamblea Constituyente, reunida en sesión plenaria el 2 de abril de 1976, aprueba y decreta la siguiente Constitución de la Republica portuguesa.

Principios Fundamentales

Artículo 1. De la República Portuguesa

Portugal es una República soberana, basada en la dignidad de la persona y en la voluntad popular y empeñada en construir una sociedad libre, justa y solidaria.

Artículo 2. Estado Democrático de Derecho

La República portuguesa es un Estado Democrático basado en el Derecho, la soberanía del pueblo, la expresión y organización democrática plural, el respeto y la garantía de la implementación efectiva de los derechos y libertades fundamentales, y la separación e interdependencia de poderes, todo ello con la perspectiva de alcanzar la democracia económica social y cultural y profundamente participativa.

Artículo 3. Soberanía y legalidad

1. La soberanía, una e indivisible, reside en el pueblo, que la ejerce con arreglo a las modalidades previstas en la Constitución.

2. El Estado está sometido a la Constitución y es un Estado Democrático de Derecho.

3. La validez de las leyes y otras normas del Estado, las Regiones Autónomas, los gobiernos locales y cualquier otro órgano público depende de su conformidad con esta Constitución.

Artículo 4. De la ciudadanía portuguesa

Son ciudadanos portugueses todos aquellos que sean considerados como tales por la ley o por una convención internacional.

Artículo 5. Del territorio

1. Portugal abarca el territorio históricamente delimitado en el continente europeo y los archipiélagos de las Azores y Madeira.

2. La ley definirá la extensión y el límite de las aguas territoriales, su zona económica exclusiva y sus derechos sobre el fondo marino.

3. Sin perjuicio de las rectificaciones de fronteras, el Estado no podrá enajenar parte alguna del territorio portugués o de los derechos de soberanía que ejerza sobre aquél.

Artículo 6. Estado Unitario

1. El Estado es Unitario, y respetará en su organización el principio de autonomía de las islas y el principio de subsidiariedad, la autonomía de las entidades locales y la descentralización democrática de la Administración Pública.

2. Los archipiélagos de las Azores y de Madeira serán Regiones autónomas con su propio estatuto político-administrativo e instituciones de autogobierno.

Artículo 7. De las relaciones internacionales

1. Portugal se regirá en las relaciones internacionales por los principios de independencia nacional, respeto a los derechos humanos, a los derechos de los pueblos, la igualdad entre Estados, la solución pacífica de los conflictos internacionales, la no intromisión en los asuntos internos de otros Estados, y la cooperación con todos los demás pueblos para la emancipación y el progreso de la Humanidad.

2. Portugal preconiza la abolición del imperialismo, colonialismo, y todas las otras formas de agresión, dominación y explotación en las relaciones entre pueblos, así como el desarme general simultáneo y controlado, la disolución de los bloques político-militares y el establecimiento de un sistema de seguridad colectiva, con vistas a la creación de un orden internacional capaz de asegurar la paz y la justicia en las relaciones entre los pueblos.

3. Portugal reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación e independencia y el desarrollo, así como el derecho de insurrección contra todas las formas de opresión.

4. Portugal mantendrá lazos de amistad y cooperación con los países de lengua portuguesa.

5. Portugal se esforzará en reforzar la identidad europea y fortalecer las acciones de los Estados europeos en favor de la democracia, la paz, el progreso económico y la justicia en las relaciones entre pueblos.

6. Sujeto al principio de reciprocidad y al respeto a los principios fundamentales de un Estado Democrático de Derecho, al principio de subsidiariedad, y con la finalidad de alcanzar la cohesión económica, social y territorial en un área de libertad, seguridad y justicia y la definición y puesta en marcha de una política exterior común de seguridad y defensa, Portugal podrá acordar el ejercicio conjunto, en cooperación o por la instituciones europeas, de los poderes necesarios para construir y reforzar la Unión Europea.

7. Con vistas a alcanzar una justicia internacional que promueva el respeto a los derechos de los individuos y de los pueblos, y conforme a las previsiones del Convenio de Roma u otras complementarias, Portugal podrá aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

Artículo 8. Derecho Internacional

1. Las normas y los principios de Derecho internacional general o común forman parte integrante del Derecho portugués.

2. Las normas de los convenios internacionales ratificados o aprobados regirán en el ámbito interno una vez hayan sido oficialmente publicadas y en la medida en que obliguen internacionalmente al Estado portugués.

3. Las normas adoptadas por los órganos competentes de las organizaciones internacionales a las que Portugal pertenece regirán, en el ámbito interno, a condición de que se establezcan en el respectivo tratado constituyente.

4. Las previsiones de los Tratados que regulan la Unión Europea y las normas de sus instituciones en el ejercicio de sus competencias se aplican en el Derecho interno de acuerdo con el Derecho de la Unión y con respeto a los principios fundamentales del Estado Democrático de Derecho.

Artículo 9. Misiones fundamentales del Estado

Son misiones fundamentales del Estado:

a. Garantizar la independencia nacional y crear las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que la promuevan;

b. Garantizar los derechos y libertades fundamentales y el respeto a los principios del Estado Democrático de Derecho;

c. Defender la democracia política y salvaguardar y promover la participación democrática de los ciudadanos en la resolución de los problemas nacionales;

d. Promover el bienestar del pueblo, la calidad de vida, y la igualdad real entre los portugueses, así como la implementación efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, por medio de la transformación y modernización de las estructuras económicas y sociales;

e. Proteger y realzar la herencia cultural portuguesa, defender la naturaleza y el medio ambiente, preservar los recursos naturales y asegurar un correcto ordenamiento del territorio;

f. Asegurar la educación y el perfeccionamiento personal permanente y salvaguardar y promover el uso y la difusión internacional de la lengua portuguesa;

g. Promover el desarrollo armonioso de todo el territorio portugués, con particular atención al carácter ultraperiférico de los archipiélagos de Azores y Madeira;

h. Promover la igualdad entre hombres y mujeres.

Artículo 10. Sufragio universal y partidos políticos

1. El pueblo ejerce el poder político por medio del sufragio universal, igual, directo, secreto y periódico, el referéndum, y las demás formas previstas en la Constitución.

2. Los partidos políticos contribuyen a la organización y expresión de la voluntad popular, con respeto a los principios de independencia nacional, unidad del Estado, y democracia política.

Artículo 11. De los símbolos nacionales y la lengua oficial

1. La bandera nacional, que es el símbolo de la soberanía de la República y de la independencia de Portugal, su unidad e integridad, será la adoptada por la República instaurada por la Revolución de 5 de octubre de 1910.

2. El himno nacional es “La Portuguesa”.

3. La lengua oficial será la portuguesa.

Parte I. De los derechos y deberes fundamentales

Título I. Principios Generales

Artículo 12. Principio de Universalidad

1. Todos los ciudadanos gozan de los derechos y están sujetos a los deberes que se consignan en la Constitución.

2. Las personas colectivas gozarán de los derechos y los deberes compatibles con su naturaleza.

Artículo 13. Principio de igualdad

1. Todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social y serán iguales ante la ley.

2. Nadie podrá ser privilegiado, beneficiado, perjudicado, privado de algún derecho o eximido de algún deber por razón de ascendencia, sexo, raza, lengua, territorio de origen, religión, convicciones políticas o ideológicas, educación, situación económica, circunstancias sociales u orientación sexual.

Artículo 14. De los portugueses en el Extranjero

Los ciudadanos portugueses que se hallen o residan en el extranjero disfrutarán de la protección del Estado para el ejercicio de sus derechos y estarán sujetos a los deberes que no sean incompatibles con su ausencia del país.

Artículo 15. De los extranjeros, apátridas, y ciudadanos europeos

1. Los extranjeros y los apátridas que se encuentren o residan en Portugal gozarán de los mismos derechos y estarán sujetos a los mismos deberes que los ciudadanos Portugueses.

2. Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior los derechos políticos, el ejercicio de las funciones públicas que no tengan carácter predominantemente técnico y los derechos y deberes que la Constitución y la ley reservan exclusivamente a los ciudadanos portugueses.

3. Se podrán otorgar a los ciudadanos de Estados de lengua portuguesa que residan permanentemente en Portugal, de acuerdo con la ley y sometido al principio de reciprocidad, los derechos no conferidos a los extranjeros, salvo el acceso al cargo de Presidente de la República, Presidente de la Asamblea de la República, Primer Ministro y Presidente de cualquier Corte Suprema, y el servicio en las Fuerzas Armadas y en el Cuerpo Diplomático.

4. Sujeto al principio de reciprocidad, la ley puede otorgar a los extranjeros residentes en Portugal, el derecho a votar y a presentarse como candidato en las elecciones a consejos locales.

5. Sujeto al principio de reciprocidad, la ley puede otorgar a los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea que residen el Portugal, el derecho a votar y a presentarse como candidatos en las elecciones a miembros del Parlamento Europeo.

Artículo 16. Extensión e interpretación de los Derechos fundamentales

1. Los derechos fundamentales consagrados en la Constitución no excluyen cualesquiera otros que resulten de las leyes y de las normas aplicables de Derecho Internacional.

2. Los preceptos constitucionales y legales, relativos a los derechos fundamentales deberán ser interpretados en armonía con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

Artículo 17. Régimen de los derechos, libertades y garantías

El régimen de los derechos, libertades y garantías se aplicará a los derechos que se anuncian en el Título II y a los derechos de naturaleza análoga.

Artículo 18. Alcance jurídico

1. Los preceptos Constitucionales, relativos a los derechos, Libertades y garantías son directamente aplicables y vinculantes respecto de las personas y órganos públicos y privados.

2. La ley sólo podrá restringir los derechos, libertades y garantías en los casos expresamente previstos en la Constitución, y tales restricciones se limitarán a los necesarios para salvaguardar otros derechos e intereses protegidos por la Constitución.

3. Las leyes restrictivas de los derechos, libertades y garantías, tendrán carácter general y abstracto, y no podrán tener efecto retroactivo ni restringir la extensión y el alcance del contenido esencial de los preceptos constitucionales.

Artículo 19. Suspensión del ejercicio de los derechos

1. Los órganos de soberanía no podrán suspender conjunta ni separadamente el ejercicio de los derechos, libertades y garantías, salvo en caso de estado de Sitio, o de Excepción, declarado de la forma prevista en la Constitución.

2. El estado de Sitio o el de Excepción, puede ser declarado sólo en parte o en todo el territorio portugués, en casos de real e inminente agresión de fuerzas extranjeras, o de grave amenaza o alteración del orden constitucional democrático o de desastre público.

3. El estado de Emergencia será declarado cuando las condiciones referidas al mismo en el apartado anterior, sean menos graves y sólo producirá la suspensión de algunos de los derechos, libertades y garantías susceptibles de ser suspendidos.

4. Tanto la declaración del estado de Sitio como del estado de Excepción y su implementación, respetarán el principio de proporcionalidad y se limitarán, particularmente respecto a su duración extensión y medios empleados, a lo que sea estrictamente necesario para la rápida restauración de la normalidad constitucional.

5. Las declaraciones de estados de Sitio y de Excepción serán suficientemente motivadas y especificarán los derechos libertades y garantías que van a ser suspendidos. Sin perjuicio de la posibilidad de renovación, sometida a los mismos límites, no podrán durar por más de 15 días o, si hubiera una declaración de guerra, por más de la duración determinada por ley.

6. Bajo ninguna circunstancia una declaración de estado de Sitio o de Excepción, afectará los derechos a la vida, integridad personal, identidad personal, capacidad civil y ciudadanía, no retroactividad de las disposiciones penales, derecho a la defensa y a defender, o la libertad de conciencia y de religión.

7. Las declaraciones de estados de Sitio o de Excepción, solo podrán alterar la normalidad constitucional de la forma prevista por la Constitución y la ley. En particular, no afectarán a la aplicación de las disposiciones constitucionales sobre responsabilidad y funcionamiento de los órganos de soberanía o de los órganos de autogobierno de las Regiones Autónomas, o los derechos e inmunidades de los titulares de tales cargos.

8. Las declaraciones de estados de Sitio o de Excepción conferirán a las autoridades públicas competencia y responsabilidad para adoptar las medidas necesarias para el pronto restablecimiento de la realidad constitucional.

Artículo 20. Acceso a la ley y protección judicial efectiva

1. Se garantiza a todos el acceso a la ley y a los tribunales para la defensa de sus derechos e intereses legalmente protegidos, no pudiendo denegarse la justicia a nadie por insuficiencia de medios económicos.

2. En los términos que establezca la ley, todos tendrán el derecho a información legal, asesoramiento y consejo legal y a estar acompañados de abogado ante cualquier autoridad.

3. La ley definirá y asegurará la protección adecuada del secreto del procedimiento.

4. Todos tendrán el derecho de obtener una sentencia en cualquier proceso del que sean parte, dentro de un periodo de tiempo razonable y por medio de un proceso justo.

5. Con el fin de salvaguardar los derechos personales, libertades y garantías de manera que se asegure su efectiva y oportuna protección judicial contra amenazas a ellos o vulneraciones, la ley asegurará a los ciudadanos procedimientos judiciales que se caracterizarán por su rapidez y por la prioridad de los mismos.

Artículo 21. Derecho de resistencia

Todos tendrán derecho a resistir a cualquier orden que atente a sus derechos, libertades y garantías y a repeler por la fuerza toda agresión, cuando no sea posible recurrir a la autoridad pública.

Artículo 22. Responsabilidad de los órganos públicos

El Estado y las demás entidades públicas serán civilmente responsables, de modo solidario con los titulares de sus órganos, funcionarios o agentes, por acciones u omisiones en el ejercicio de sus respectivas funciones, cuando por razón del desempeño de éstas resulte una violación de los derechos, libertados y garantías o un perjuicio a tercero.

Artículo 23. Defensor del pueblo

1. Los ciudadanos podrán formular quejas por acción u omisión de los Poderes Públicos al Defensor del Pueblo, quien las apreciará sin poder decisorio, dirigiendo a los órganos competentes las recomendaciones necesarias para prevenir y reparar injusticias.

2. La actividad del Defensor del Pueblo será independiente de los medios graciables y contenciosos previstos en la Constitución y en las Leyes.

3. El Defensor del Pueblo será un órgano independiente designado por la Asamblea de la República por el tiempo que determine la ley.

4. Los órganos y agentes de la administración pública cooperarán con el Defensor del Pueblo en el desempeño de su misión.

Título II. Derechos, libertades y garantías

Capítulo I. Derechos personales, libertades y garantías

Artículo 24. Derecho a la vida

1. La vida humana será inviolable.

2. En ningún caso existirá pena de muerte.

Artículo 25. Derecho a la integridad personal

1. La integridad física y moral de toda persona será inviolable.

2. Nadie podrá ser sometido a la tortura ni a tratos o penas crueles, degradantes o inhumanas.

Artículo 26. Otros derechos personales

1. Todos tienen el derecho a la identidad personal, al desarrollo de su personalidad, a la capacidad civil, a la ciudadanía, a su buen nombre y reputación, a su imagen, a su expresión, a proteger la privacidad de su vida personal y familiar y a la protección legal contra cualquier forma de discriminación.

2. La ley establecerá garantías efectivas contra la obtención y utilización abusiva o contraria a la dignidad humana, de informaciones relativas a las personas y a las familias.

3. La ley garantizará la dignidad personal y la identidad genética de las personas, particularmente en la creación, desarrollo y uso de las tecnologías y la experimentación científica.

4. La privación de la ciudadanía y las restricciones a la capacidad civil solo pueden tener lugar en los casos y con las condiciones previstas en la ley y no se basarán en motivos políticos.

Artículo 27. Derecho a la libertad y a la seguridad

1. Todos tendrán derecho a la libertad y a la seguridad

2. Nadie podrá ser completa o parcialmente privado de la libertad a no ser como consecuencia de sentencia judicial condenatoria por la comisión de acto castigado por la ley con pena de prisión o de la aplicación judicial de una medida de seguridad.

3. Se exceptúa de este principio la privación de libertad, por el tiempo y las condiciones que la ley establezca, en los casos siguientes:

a. Detención en flagrante delito

b. Detención o permanencia en custodia cuando hay fuerte evidencia de un delito grave castigable con prisión por un periodo máximo de más de tres años

c. La imposición de prisión, detención o cualquier otra medida coercitiva sometida a control judicial, de una persona que haya entrado o esté impropiamente en territorio portugués, o que esta en esos momentos siendo sujeto de un procedimiento de extradición o deportación.

d. La imposición de prisión disciplinaria al personal militar, con garantia de recurso ante el Tribunal competente.

e. El sometimiento de un menor a medidas tendentes a protegerle, asistirle o educarle en un establecimiento adecuado, cuando sea ordenado por un Tribunal competente.

f. Detención por orden judicial por desobediencia a una decisión judicial o para asegurar la comparecencia ante una autoridad judicial competente.

g. Las detenciones de sospechosos con propósito de identificación en tales casos y por el tiempo que haya de ser estrictamente necesario.

h. El internamiento de una persona con enfermedad psíquica en un establecimiento terapéutico apropiado, en lo términos ordenados o confirmados por una autoridad judicial competente.

4. Toda persona privada de libertad deberá ser informada inmediatamente y de forma comprensible de las razones de su prisión o detención y de sus derechos.

5. La privación de libertad en contra de las previsiones de esta Constitución y de la ley situará al Estado ante la obligación de compensar a la persona agraviada de acuerdo con la ley.

Artículo 28. De la prisión preventiva

1. La detención estará sometida, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, a resolución judicial, para la restitución de la libertad o para la imposición de medidas de coacción adecuadas, debiendo el juez conocer las causas que la determinaron y comunicárselas al detenido, interrogar a éste y darle la oportunidad de que se defienda.

2. La prisión preventiva será de naturaleza excepcional, no pudiendo ser decretada ni mantenida siempre que pueda ser sustituida por fianza o por otra medida más favorable prevista por la ley.

3. La resolución judicial que ordene o mantenga una medida de privación de libertad deberá ser comunicada enseguida a un pariente o persona de confianza del detenido, que éste indique.

4. La prisión preventiva estará sujeta a los plazos establecidos en la ley.

Artículo 29. Aplicación de la ley penal

1. Nadie podrá ser condenado por lo penal sino en virtud de ley anterior que declare punible la acción o la omisión, ni sufrir medida alguna de seguridad privativa de libertad cuyos supuestos no estén fijados en una ley anterior.

2. Lo dispuesto en el número anterior no será óbice para que se castigue, dentro de los límites de las leyes internas, toda acción u omisión que en el momento de cometerse sea considerada delictiva según los principios generales de derecho internacional comúnmente reconocidos en el momento de su comisión.

3. Ninguna sentencia o medida de seguridad se aplicarán salvo que esté expresamente prevista en una ley anterior.

4. Nadie podrá sufrir pena o medida de seguridad privativa de libertad más grave que la que esté prevista en el momento de la conducta que la motivó o en el que los requisitos para la aplicación de tal medida se cumplieron, aplicándose retroactivamente las leyes penales de contenido más favorable al imputado.

5. Nadie podrá ser juzgado más de una sola vez por la comisión de un mismo delito.

6. Los ciudadanos que hayan sido injustamente condenados tendrán el derecho a la revisión de sus sentencias y a la compensación por los daños que hayan sufrido, de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Artículo 30. Límites de las penas y de las medidas de seguridad

1. No podrá haber penas o medidas de seguridad privativas o restrictivas de libertad con carácter perpetuo, ni de duración ilimitada o indefinida.

2. En caso de peligro basado en grave anomalía psíquica y en la imposibilidad de una terapéutica en ambiente de libertad podrán prorrogarse sucesivamente las medidas privativas de libertad mientras se mantenga el estado en cuestión, pero siempre mediante auto judicial.

3. La responsabilidad penal no será susceptible de transmisión.

4. Ninguna pena supondrá automáticamente la pérdida de cualquier derecho civil, profesional o político.

5. Los condenados a los que les sean aplicadas penas o medidas de seguridad privativas de libertad mantendrán sus derechos fundamentales, sometidos solo a las limitaciones inherentes a sus condenas y a los requerimientos específicos impuestos por la ejecución de las mismas.

Artículo 31. Habeas Corpus

1. Se dará “habeas corpus” contra el abuso de poder, por razón de prisión o detención ilegal, y se interpondrá ante el tribunal competente.

2. La providencia de “habeas corpus” podrá ser solicitada por el propio interesado o por cualquier ciudadano en el disfrute de sus derechos políticos.

3. El juez resolverá en el plazo de ocho días sobre el requerimiento de “habeas corpus” en audiencia contradictoria.

Artículo 32. Garantías del procedimiento penal

1. El proceso penal asegurará todas las garantías de defensa, incluyendo el derecho de recurso.

2. Todo acusado será considerado inocente mientras no recaiga sentencia firme de condena, y será llevado a juicio tan pronto como sea posible con la garantía de su defensa.

3. El acusado tendrá derecho a la elección de defensor y a ser asistido por él, en todos los actos del procedimiento. La ley especificará los casos y las fases en las que dicha asistencia será obligatoria.

4. Toda la instrucción es competencia del juez, el cual podrá, en los términos de la ley, delegar en otras entidades la práctica de actos de instrucción que no guarden relación directamente con los derechos fundamentales.

5. El procedimiento penal tendrá estructura acusatoria, y la audiencia y los actos de instrucción preliminar cuando la ley lo requiera, estarán sometidos al principio contradictorio.

6. La ley determinará los casos en que, a salvo la garantía del derecho de defensa, la presencia del demandado o acusado en las actuaciones procedimentales, incluyendo la vista para sentencia pueda ser dispensada.

7. Las víctimas tendrán el derecho de tomar parte en los procedimientos, de conformidad con la ley.

8. Serán nulas todas las pruebas obtenidas mediante tortura, coacción, atentado a la integridad física o moral de la persona, la intromisión abusiva en la vida privada, en el domicilio, en la correspondencia o en las telecomunicaciones.

9. Ninguna causa podrá ser sustraída a los tribunales cuya competencia esté fijada por una ley anterior.

10. El acusado en procedimientos relativos a faltas administrativas o en cualquier otro procedimiento del que deriven penas, tendrá el derecho a ser oído y a defenderse.

Artículo 33. Deportación, extradición y derecho de asilo

1. Los ciudadanos portugueses no serán deportados del territorio portugués.

2. La deportación de cualquiera que haya entrado o esté legalmente en territorio portugués, o le haya sido concedido un permiso de residencia, o que haya presentado una solicitud de asilo que no haya sido rechazada, solo podrá ser ordenada por una autoridad judicial. La ley asegurará una forma expeditiva de decidir tales casos.

3. La extradición de un ciudadano portugués desde el territorio de Portugal solo será posible cuando un acuerdo internacional haya establecido el principio de extradición recíproca, o en casos de terrorismo o crimen internacional organizado y con la condición de que el sistema legal del Estado solicitante garantice un juicio justo.

4. La extradición por delitos punibles conforme al sistema legal del Estado solicitante con pena o medida de seguridad que restrinja la libertad a perpetuidad o de duración indefinida, solo se permitirá en el caso de que el Estado solicitante sea parte de un tratado internacional en esta materia del que Portugal sea parte y ofrezca garantías de que tal pena o medida de seguridad no será aplicada o ejecutada.

5. Las previsiones de los apartados anteriores no serán de aplicación a las normas reguladoras de la cooperación judicial penal bajo los auspicios de la Unión Europea.

6. Nadie será extraditado ni entregado en ninguna circunstancia por razones políticas o por delitos que en el sistema legal del estado solicitante se castiguen con pena de muerte u otra pena de la que resulten daños irreversibles a la integridad física de la persona.

7. La extradición solo será ordenada por una autoridad judicial.

8. Se garantizará el derecho de asilo a los extranjeros o apátridas que estén bajo grave amenaza o sean objeto de persecución como resultado de sus actividades a favor de la democracia, la liberación social o nacional, la paz entre los pueblos, la libertad o los derechos humanos.

9. La ley definirá el estatuto de refugiado político.

Artículo 34. Inviolabilidad del domicilio y correspondencia

1. Serán inviolables el domicilio y el secreto de la correspondencia y demás medios de comunicación privada.

2. La entrada en el domicilio de los ciudadanos contra su voluntad, solo podrá ser ordenada por la autoridad judicial competente, en los casos y conforme a las formas previstas por la ley.

3. Nadie podrá entrar de noche en el domicilio de persona alguna sin el consentimiento de ésta, salvo en situaciones de flagrante delito o con autorización judicial en casos especialmente violentos o de crimen organizado, incluyendo el terrorismo y el tráfico de personas, armas o narcóticos, en los términos establecidos por la ley.

4. Queda prohibida toda ingerencia de las autoridades públicas en la correspondencia, telecomunicaciones, u otros medios de comunicación, salvo los casos previstos en la ley en materia de enjuiciamiento criminal.

Artículo 35. Utilización de la Informática

1. Todo ciudadano tendrá derecho de acceso a todos los registros informáticos que le conciernen, a requerir que sean rectificados y actualizados, y a ser informado de la finalidad a que se destinan las informaciones, de conformidad con lo dispuesto en la ley.

2. La ley definirá el concepto de “dato personal”, junto con términos y condiciones aplicables a su tratamiento automatizado, vínculos, transmisiones y uso, y garantizará su protección, en particular por medio de un órgano independiente.

3. No se podrá utilizar la informática para el tratamiento de datos referentes a convicciones filosóficas o políticas, afiliaciones a partidos o sindicatos, creencias religiosas, vida privada u orígenes étnicos, salvo con el consentimiento expreso del sujeto, con autorización prevista por la ley y garantías de no discriminación, o con el fin de procesar datos estadísticos que no puedan ser individualmente identificados.

4. El acceso de terceros a los datos personales estará prohibido, salvo en casos excepcionales, de conformidad con la ley.

5. Se prohíbe atribuir un número nacional único a los ciudadanos.

6. Se garantiza a todos el libre acceso a la red informática de uso público. La ley determinará tanto las reglas aplicables al flujo de datos a través de las fronteras como las medidas apropiadas para proteger datos personales y otros que justificadamente hayan de ser salvaguardados en interés nacional.

7. Los datos personales contenidos en archivos manuales disfrutarán de la misma protección prevista en los apartados precedentes, de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Artículo 36. De la familia, del matrimonio y de la filiación

1. Todos tendrán derecho a constituir una familia y a contraer matrimonio en condiciones de igualdad plena.

2. La ley regulará los requisitos y los efectos del matrimonio y de su disolución, por muerte o divorcio, independientemente de la forma de celebración.

3. Los cónyuges tendrán los mismos derechos y deberes en cuando a capacidad civil y política y al mantenimiento y educación de los hijos.

4. Los hijos nacidos fuera del matrimonio no podrán ser por este hecho objeto de discriminación alguna y no podrán la ley ni las dependencias oficiales usar designaciones discriminatorias en materia de filiación.

5. Los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos.

6. Los hijos no podrán ser separados de los padres, salvo cuando éstos no cumplan sus deberes fundamentales con ellos y siempre en virtud de auto judicial.

7. La adopción será regulada y protegida por ley que establecerá procedimientos ágiles para llevar a cabo los requisitos necesarios.

Artículo 37. Libertad de expresión e información

1. Todos tendrán derecho a expresar y divulgar libremente su pensamiento por la palabra, la imagen o cualquier otro medio, así como el derecho de informar a otros, de informarse y de ser informados, sin impedimentos ni discriminaciones

2. No podrá ser impedido ni limitado el ejercicio de estos derechos por ningún tipo o forma de censura.

3. Las infracciones que se cometan en el ejercicio de estos derechos estarán sometidas al régimen punitivo de la ley penal o de la ley relativa a faltas administrativas y su apreciación será competencia, respectivamente, de los tribunales o de un órgano administrativo independiente, en los términos establecidos en la ley.

4. Se garantiza a todas persona, individual o colectiva, en condiciones de igualdad y eficacia, el derecho de réplica y de rectificación, así como el derecho a ser compensado por los daños sufridos.

Artículo 38. Libertad de prensa y libertad de medios de comunicación social

1. Se garantiza la libertad de prensa;

2. La libertad de prensa comprenderá:

a. La libertad de expresión y creación de los periodistas y colaboradores, así como la libertad de participar en la determinación de la política editorial del Medio en cuestión, excepto cuando sea de naturaleza doctrinal o confesional.

b. El derecho de los periodistas, en los términos establecidos por la ley, de obtener acceso a las fuentes de información y protección de su independencia y secreto profesional, así como su derecho a elegir los consejos de redacción.

c. El derecho a fundar periódicos u otras publicaciones, sin autorización administrativa previa, obligación o requisito.

3. En términos genéricos la ley asegurará que los nombres de los propietarios de los Medios y sus medios de financiación sean públicos.

4. El Estado asegurará la libertad e independencia de los Medios de los poderes políticos y económicos, imponiendo el principio de especialización en empresas que sean dueñas de Medios de información general, apoyándoles de forma no discriminatoria y previniendo su concentración, especialmente por medio de múltiples intereses trabados.

5. El Estado asegurará la existencia y funcionamiento del servicio de radio y televisión pública.

6. La estructura y funcionamiento de los Medios públicos salvaguardará su independencia frente al Gobierno, la Administración Pública y otras autoridades públicas y asegurará que todas las diferentes corrientes de opinión puedan expresarse y confrontarse con otras.

7. La radio y las compañías de televisión operan mediante licencias concedidas tras convocatoria y oferta pública, en los términos que establezca la ley.

Artículo 39. Regulación de los medios

1. Un órgano administrativo independiente asegurara en los Medios lo siguiente:

a. El derecho a la información y la libertad de prensa.

b. La no concentración de la propiedad de los Medios

c. La independencia del poder político y económico

d. El respeto a los derechos de la persona, libertades y garantías.

e. El respeto a los estatutos y reglas que regulan el trabajo en los Medios.

f. Que todas las diferentes corrientes de opinión puedan expresarse y confrontarse entre sí.

g. El ejercicio de los derechos al tiempo de emisión, réplica y respuesta política.

2. La ley definirá la composición, responsabilidades, organización y “modus operandi” del órgano previsto en el apartado anterior, junto con el estatus y papel de sus miembros, que serán designados por la Asamblea de la República y cooptados por los designados.

Artículo 40. Derecho de Antena, réplica y respuesta política

1. Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y profesionales y otras organizaciones de ámbito nacional tendrán derecho a períodos de emisión en la radio y en la televisión, de acuerdo con su tamaño y representatividad y según los criterios objetivos que se especifiquen en la ley.

2. Los partidos políticos que tengan uno o mas escaños en la Asamblea de la República y no formen parte del Gobierno tendrán, en los términos que establezca la ley, el derecho a tiempo de emisión en la radio y televisión pública, proporcional a la cuota de escaños que tenga en la Asamblea, así como derecho a replicar o responder políticamente a las manifestaciones políticas del Gobierno con la misma duración y relevancia. Tales tiempos serán de la misma duración y relevancia que los de las manifestaciones del Gobierno. Los partidos con escaños en las asambleas legislativas de las Regiones Autónomas disfrutarán de los mismos derechos dentro del ámbito de la región en cuestión.

3. En época de elecciones y en los términos de le ley, los candidatos concurrentes tendrán derecho a períodos de emisión regulares y equitativos en las emisiones de radio y televisión de ámbito nacional y regional.

Artículo 41. Libertad de conciencia, religión y culto

1. Será inviolable la libertad de conciencia, religión y culto.

2. Nadie podrá ser perseguido, privado de sus derechos o eximido de obligaciones o deberes cívicos por razón de sus convicciones o de su práctica religiosa.

3. Ninguna autoridad preguntará a nadie sobre sus convicciones u observancia religiosa, salvo en caso de recogida de datos estadísticos que no puedan ser identificados individualmente, nadie será perjudicado de cualquier forma por negarse a responder.

4. Las iglesias y sus comunidades religiosas estarán separadas del Estado y serán libres en su organización y en el ejercicio de sus funciones y del culto.

5. Se garantiza la libertad de enseñanza de cualquier religión, siempre que se dispense en el ámbito de la confesión respectiva, así como la utilización de medios de comunicación social propios para el desenvolvimiento de sus actividades.

6. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia, en los términos que establezca la ley.

Artículo 42. De la libertad de creación cultural

1. Será libre la creación intelectual, artística y científica.

2. Esta libertad comprende el derecho a la invención, producción y divulgación de obras científicas, literarias o artísticas, incluyendo la protección legal de los derechos de autor.

Artículo 43. Libertad de aprender y de enseñar

1. Se garantiza la libertad de aprender y de enseñar.

2. El Estado no podrá arrogarse el derecho de programar la educación y la cultura en virtud de directrices filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas o religiosas.

3. La enseñanza pública no será confesional.

4. Se garantiza el derecho a crear escuelas y cooperativas privadas.

Artículo 44. Derecho de desplazamiento y de emigración

1. Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho de trasladarse y afincarse libremente en cualquier parte del territorio nacional.

2. Se garantiza a todos el derecho a emigrar o salir del territorio nacional, así como el derecho de regreso.

Artículo 45. Del Derecho de reunión y manifestación

1. Los ciudadanos tendrán derecho a reunirse, pacíficamente y sin armas, incluso en lugares abiertos al público, sin necesidad de autorización alguna.

2. Se reconoce a todos los ciudadanos el derecho de manifestación.

Artículo 46. Libertad de asociación

1. Los ciudadanos tendrán derecho a constituir asociaciones libremente y al margen de toda autorización, con tal que aquellas no se destinen a promover la violencia y que sus fines respectivos no sean contrarios a la ley penal.

2. Las asociaciones perseguirán libremente sus objetivos sin interferencia de las autoridades públicas y no podrán ser disueltas por el Estado ni suspendidas en sus actividades sino en los casos previstos por la ley y en virtud de decisión judicial.

3. Nadie podrá ser obligado a formar parte de una asociación ni coaccionado de modo alguno a permanecer en ella.

4. No se consentirán asociaciones armadas ni de tipo militar, militarizadas o paramilitares, ni organizaciones racistas o que adopten la ideología fascista.

Artículo 47. Libertad de elección de profesión y acceso a la Función Pública

1. Todos tienen derecho a la libre elección de profesión o tipo de trabajo, sometido solo a restricciones cuando la ley lo imponga por el interés colectivo, o cuando sean inherentes a la propia capacidad.

2. Todo ciudadano tendrá derecho igual y libre a formar parte de la función pública, como regla general a través de reclutamiento mediante sistema competitivo.

Capítulo II. Derechos, Libertades y garantías relativos a la participación política

Artículo 48. Participación en la vida pública

1. Todos los ciudadanos tendrán derecho a tomar parte en la vida política y en la dirección de los asuntos públicos del país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos.

2. Todos los ciudadanos tendrán derecho a ser ilustrados objetivamente sobre los actos del Estado y demás entidades públicas y a ser informados por el Gobierno y otras autoridades acerca de la gestión de los asuntos públicos.

1. Todo ciudadano que ha alcanzado la edad de dieciocho años tendrá el derecho a votar, salvo que esté incapacitado en los términos establecidos en la ley.

2. El derecho a votar se ejercitará personalmente y constituirá una obligación cívica.

Artículo 50. Derecho a participar en los cargos públicos

1. Todo ciudadano tendrá libre e igual derecho a presentarse para cualquier cargo público.

2. Nadie será perjudicado en sus designaciones, trabajo o carrera profesional, o beneficios sociales de los que sea titular por el ejercicio de los derechos políticos o de cargos públicos.

3. En la regulación del derecho a presentarse a elecciones para cargo electivo, la ley determinara las inelegibilidades necesarias para garantizar tanto a los electores la libertad de elección, cuanto la independencia y ausencia de prejuicios en el ejercicio de los cargos en cuestión.

Artículo 51. Asociaciones políticas y partidos

1. La libertad de asociación comprende el derecho de constituir asociaciones y partidos políticos o de participar en ellos y de concurrir democráticamente a través de los mismos a la formación de la voluntad popular y a la organización del poder político.

2. Nadie podrá estar inscrito simultáneamente en más de un partido político ni ser privado de ningún derecho por estar o dejar de estar inscrito en algún partido legalmente constituido.

3. Los partidos políticos no podrán, sin perjuicio de la filosofía o ideología que inspire su programa, utilizar denominación que contenga expresiones directamente relacionadas con religión o iglesia alguna, así como emblemas confundibles con símbolos nacionales o religiosos.

4. Ningún partido será constituido con nombre o programa que tenga naturaleza o alcance regional.

5. Los partidos políticos se regirán por los principios de transparencia, organización y gestión democrática, y participación de todos sus miembros.

6. La ley determinará las normas relativas a la financiación de los partidos políticos particularmente en lo que atañe a los requisitos y límites de las aportaciones públicas, así como la publicidad de sus cuentas.

Artículo 52. Derecho de petición y Acción popular

1. Todos los ciudadanos tendrán derecho a presentar, individual o colectivamente, a los órganos de soberanía u órganos de autogobierno de las Regiones autónomas o a cualquier autoridad, peticiones, exposiciones, reclamaciones o quejas para la defensa de sus derechos, de la Constitución y de las leyes o del interés general; así como el derecho de ser informados, del resultado de su consideración, dentro de un razonable período de tiempo.

2. La ley regulará los términos bajo los cuales peticiones conjuntas a la Asamblea de la República y a las asambleas legislativas de las Regiones autónomas serán objeto de consideración en sesión plenaria

3. Todos tienen el derecho a ejercer la acción popular, incluyendo el derecho a recurrir por la compensación apropiada para las partes agraviadas, en los casos y términos establecidos por la ley, bien personalmente o por medio de asociaciones que apoyen la defensa de los intereses en cuestión. Tal derecho será ejercido, particularmente, en orden a:

a. Promover la prevención, cese o procedimiento judicial de delitos contra la salud pública, los derechos de los consumidores, la calidad de vida, o la preservación del medio ambiente y la herencia cultural.

b. Salvaguardar la propiedad del Estado, las Regiones autónomas o las Corporaciones locales.

Capítulo III. Derechos de los trabajadores, libertades y garantías

Artículo 53. Seguridad en el empleo

Se garantiza a los trabajadores la seguridad en el empleo y se prohíben los despidos sin causa justa o por motivos políticos e ideológicos.

Artículo 54. Las Comisiones de trabajadores

1. Los trabajadores tendrán derecho a crear comisiones de trabajadores para la defensa de sus intereses y la intervención democrática en la vida de la empresa.

2. La decisión de formar comisiones de trabajadores se adoptarán por los propios trabajadores, que aprobarán los estatutos de la comisión y elegirán sus miembros mediante votación directa y secreta.

3. Podrán crearse comisiones coordinadoras para la mejor intervención en la reestructuración económica y de tal forma que se garanticen los intereses de los trabajadores.

4. Los miembros de las comisiones disfrutarán de la protección legal reconocida a los delegados sindicales.

5. Las comisiones de trabajadores tendrán los siguientes derechos:

a. Recibir las informaciones necesarias para el ejercicio de su actividad.

b. Controlar la gestión de las empresas.

c. Participar en los procesos de reestructuración corporativa, especialmente en relación a las acciones de formación o cuando las condiciones de trabajo sean alteradas.

d. Participar en la elaboración de la legislación del trabajo y de los planes económico-sociales que se refieran al sector respectivo.

e. Gestionar o participar en la gestión de las actividades sociales de las empresas.

f. Promover la elección de representantes de los trabajadores para los órganos de gestión de las empresas que pertenecen al Estado u otros órganos públicos en los términos establecidos por la ley.

Artículo 55. De la libertad sindical

1. Se reconoce a los trabajadores la libertad sindical, condición y garantía de la construcción de su unidad para la defensa de sus derechos e intereses.

2. Se garantiza especialmente a los trabajadores, sin discriminación alguna, en el ejercicio de la libertad sindical:

a. La libertad de constitución de asociaciones sindicales en todos los niveles.

b. La libertad de inscripción no pudiendo ningún trabajador ser obligado a pagar cotizaciones para un sindicato en el que no esté inscrito.

c. La libertad de organización y reglamentación interna de las asociaciones sindicales.

d. El derecho al ejercicio de la actividad sindical en la empresa.

e. El derecho a sus opiniones políticas, de conformidad con los respectivos estatutos.

3. Las asociaciones sindicales deberán regirse por los principios de organización, y gestión democrática, basados en la elección periódica y por votación secreta de los órganos dirigentes, sin sujeción a ninguna autorización u homologación, y asentados en la participación activa de los trabajadores en todos los aspectos de la actividad sindical.

4. Las asociaciones sindicales son independientes de la patronal, del Estado, de las confesiones religiosas, de los partidos y demás asociaciones políticas, y la ley deberá establecer las garantías adecuadas de esta independencia, que constituye el fundamento de la unidad de las clases trabajadoras.

5. Las asociaciones sindicales tendrán derecho a establecer relaciones con organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a ellas.

6. Los representantes elegidos por los trabajadores tendrán el derecho a ser informados y consultados así como a la adecuada protección legal contra cualquier forma de sometimiento a condiciones, constricciones o limitaciones en el ejercicio legítimo de sus funciones.

Artículo 56. Derechos sindicales y convenios colectivos

1. Será competencia de las asociaciones sindicales defender y promover la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores a quienes representen.

2. Son derechos de las asociaciones sindicales:

a. Participar en la elaboración de la legislación del trabajo;

b. Participar en la gestión de las instituciones de seguridad social y otras organizaciones que se propongan satisfacer los intereses de los trabajadores.

c. Dar su opinión en los planes económicos y sociales y supervisar su implementación

d. Estar representados en los órganos de conciliación social, de conformidad con la ley.

e. Participar en procesos de reestructuración corporativa, especialmente en relación con acciones de capacitación o cuando se modifiquen condiciones de trabajo.

3. Compete asimismo a las asociaciones sindicales ejercer el derecho de contratación colectiva que se garantiza de conformidad con la ley.

4. La ley fijará las reglas referentes a la competencia para celebrar convenios colectivos de trabajo, así como a la eficacia de las normas respectivas.

Artículo 57. Derecho a la huelga y prohibición del cierre patronal

1. Se garantiza el derecho a la huelga

2. Compete a los trabajadores definir el ámbito de los intereses que se propongan defender mediante la huelga, ámbito que no podrá ser limitado por la ley.

3. La ley definirá las condiciones de prestación de los servicios necesarios durante una huelga y asegurará el mantenimiento de los equipamientos e instalaciones, así como los servicios mínimos necesarios para atender las necesidades sociales esenciales.

4. Se prohíbe el cierre patronal.

Título III. Derechos y obligaciones económicas, sociales y culturales

Capítulo I. Derechos y obligaciones económicas

Artículo 58. Derecho al trabajo

1. Todos tienen derecho al trabajo.

2. Para asegurar este derecho el Estado se encargará de promover:

a. La puesta en marcha de políticas de pleno empleo.

b. La igualdad de oportunidades en la elección de profesión o tipo de trabajo, y las condiciones necesarias para impedir la preclusión o limitación de acceso a cualquier puesto, trabajo o categoría profesional, por razón de género.

c. La formación cultural y técnica y el desarrollo vocacional de los trabajadores.

Artículo 59. Derechos de los trabajadores

1. Todos los trabajadores, sin distinción de edad, sexo, raza, nacionalidad, religión o ideología, tendrán derecho:

a. A la retribución de su trabajo según la cantidad, naturaleza, y calidad del mismo, con observancia del principio a trabajo igual, salario igual, de tal forma que garantice la existencia digna;

b. A una organización del trabajo en condiciones socialmente dignas, que faciliten la realización de la persona y hagan posible la conciliación de la vida profesional y familiar;

c. A la prestación del trabajo en condiciones de higiene, seguridad y salud;

d. Al descanso y al ocio, a un límite máximo de la jornada de trabajo, al descanso semanal y a las vacaciones periódicas pagadas.

e. A la asistencia material cuando el trabajador se encuentre involuntariamente desempleado.

f. A la asistencia y adecuada reparación cuando el trabajador es víctima de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional.

2. Compete al Estado asegurar las condiciones de trabajo, retribución y reposo a que tienen derecho los trabadores, especialmente:

a. El establecimiento y la actualización del salario mínimo nacional, así como del salario máximo, teniendo en consideración, entre otros factores, las necesidades de los trabajadores, el aumento del coste de la vida, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, las exigencias de la estabilidad económica y financiera y la acumulación para el desarrollo.

b. La fijación de un horario nacional de trabajo.

c. La protección especial del trabajo de las mujeres durante el embarazo y después del parto, así como del trabajo de los menores, de los que tengan mermadas sus facultades y de los que desempeñen actividades especialmente violentas o en condiciones insalubres, tóxicas o peligrosas.

d. En cooperación con las organizaciones sociales asegurar el desarrollo sistemático de una red de centros de descanso.

e. Proteger las condiciones de trabajo de los trabajadores emigrantes y garantizar sus beneficios sociales.

f. Proteger las condiciones de trabajo de los trabajadores estudiantes.

3. Los salarios disfrutan de especiales garantías en los términos previstos en la ley.

Artículo 60. Derechos de los consumidores

1. Los consumidores tendrán el derecho a la buena calidad de los bienes y servicios de consumo, a ser orientados e informados, a la protección de la salud, a la seguridad, y a sus intereses económicos, así como a la reparación por daños.

2. La publicidad será regulada por ley y todas las formas de publicidad indirecta, fraudulenta o encubierta serán prohibidas.

3. Las asociaciones de consumidores y cooperativas de consumo tendrán el derecho de conformidad con la Ley, a recibir apoyo del Estado y ser oídas en relación a las cuestiones de protección de los consumidores, y tendrán legitimación procesal para la defensa de los intereses de sus miembros o de cualquier interés general o colectivo.

Artículo 61. Empresa privada, cooperativas y autogestión

1. La actividad de la empresa privada se llevará a cabo dentro del marco de la Constitución y de la ley y con respeto al interés general.

2. Todos tendrán el derecho a crear cooperativas libremente, de acuerdo con los principios del cooperativismo.

3. Las cooperativas se desarrollarán libremente en el marco de la ley, y pueden agruparse en uniones, federaciones, confederaciones, o en otras formas de organización legalmente previstas.

4. La ley establecerá las especificidades organizativas de las cooperativas con participación pública.

5. Se reconoce el derecho de autogestión en los términos de la ley.

Artículo 62. Derecho a la propiedad privada

1. Se garantiza a todos el derecho a la propiedad privada y su transmisión “intervivos” o “mortis causa” con arreglo a la Constitución.

2. La expropiación por causa de utilidad pública sólo podrá ser efectuada de acuerdo con la ley y mediante el pago de una justa indemnización.

Capítulo II. Derechos y Deberes sociales

Artículo 63. Seguridad social y solidaridad

1. Todos tienen derecho a la Seguridad Social.

2. Corresponde al Estado organizar, coordinar, y subvencionar un sistema de Seguridad Social unificado y descentralizado, con participación de las asociaciones sindicales, de otras organizaciones representativas de los trabajadores y de asociaciones representativas de los demás beneficiarios.

3. El sistema de Seguridad Social protege a los ciudadanos en la enfermedad, vejez, invalidez, viudedad y orfandad, así como en el desempleo y en las demás situaciones de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo.

4. Todo el tiempo de trabajo contribuye, en los términos de la ley, para el cálculo de las pensiones de vejez e invalidez, independientemente del sector de actividad en el que haya sido prestado.

5. El Estado apoya y fiscaliza, en los términos de la ley, las actividades y el funcionamiento de las instituciones particulares de la solidaridad Social y de otras de reconocido interés público sin carácter lucrativo, con vistas a la consecución de objetivos de solidaridad social en los términos previstos en este artículo, línea b) del número 2 del artículo 67, artículo 69, línea e) del número 1 del artículo 70, y de los artículos 71 y 72.

Artículo 64. Salud

1. Todos tienen derecho a la protección de la salud y el deber de defenderla y promoverla.

2. El derecho a la protección de la salud, se realiza:

a. A través de un servicio nacional de salud universal y general que, teniendo en cuenta las condiciones económicas y sociales de los ciudadanos, será tendencialmente gratuito;

b. Mediante la creación de las condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales que garanticen específicamente la protección de la infancia, la juventud y la vejez, y por la mejora sistemática de las condiciones de vida y de trabajo, así como por la promoción de la cultura física y deportiva, escolar y popular y también por el desarrollo de la educación sanitaria del pueblo y por las prácticas de vida saludable.

3. Para asegurar el derecho a la protección de la salud, incumbe prioritariamente al Estado:

a. Garantizar el acceso de todos los ciudadanos, con independencia de su condición económica, a los cuidados de la medicina preventiva, curativa y de rehabilitación.

b. Garantizar una cobertura racional y eficiente de todo el país mediante recursos humanos y unidades de salud.

c. Trabajar hacia la financiación pública de los costes de los cuidados médicos y de los medicamentos.

d. Disciplinar y controlar las formas empresariales privadas de medicina, articulándolas por el Servicio Nacional de Salud, como forma de asegurar en las instituciones de salud tanto públicas como privadas, patrones adecuados de eficiencia y de calidad.

e. Disciplinar y controlar la producción, distribución, comercialización y uso de los productos químicos, biológicos y farmacéuticos y otros medios de tratamiento y diagnóstico.

f. Establecer políticas de prevención de tratamiento de la tóxico-dependencia.

4. El servicio Nacional de Salud tiene gestión descentralizada y participada.

Artículo 65. Vivienda y urbanismo

1. Todos tienen derecho, para sí y para su familia, a una vivienda de dimensión adecuada, en condiciones de higiene y comodidad y que preserve la intimidad personal y y la privacidad familiar.

2. Para asegurar el derecho a la vivienda, corresponde al Estado:

a. Programar y llevar a cabo una política de vivienda inserta en planes de ordenación general del territorio, y apoyada en planes de urbanización que garanticen la existencia de una red adecuada de transporte y equipamiento social.

b. Promover, en colaboración con las Regiones autónomas y con las autoridades locales, la construcción de viviendas sociales económicas.

c. Estimular la construcción privada, con subordinación a los intereses generales y el acceso a la vivienda propia o arrendada;

d. Incentivar y apoyar las iniciativas de las comunidades locales y de las poblaciones tendentes a resolver los respectivos problemas habitacionales, y a fomentar la creación de cooperativas de viviendas y de autoconstrucción.

3. El Estado adoptará una política tendente a establecer un sistema de alquiler compatible con la renta familiar y de acceso a la vivienda propia.

4. El Estado, las Regiones autónomas y las corporaciones locales definen las reglas de ocupación, uso y transformación del suelo urbano, especialmente a través de instrumentos de planeamiento urbanístico en el marco de sus respectivas leyes de ordenación del territorio y urbanismo, y procederá a las expropiaciones de los suelos necesarias para satisfacer fines de utilidad pública urbanística.

5. Se garantiza la participación de los interesados en la elaboración de los instrumentos de planeamiento urbanístico y de cualesquiera otros instrumentos de planeamiento físico del territorio.

Artículo 66. Medio ambiente y calidad de vida

1. Todos tienen derecho a un medio ambiente humano, salubre y ecológicamente equilibrado y el deber de defenderlo.

2. Para asegurar el derecho al medio ambiente, en el marco de un desarrollo sostenible, incumbe al Estado, por medio de organismos propios con la vinculación y la participación de los ciudadanos:

a. Prevenir y controlar la polución y sus efectos y las formas perjudiciales de erosión.

b. Ordenar y promover la ordenación del territorio, de manera que haya una correcta localización de las actividades, un desarrollo socio-económico equilibrado, y la protección del paisaje.

c. Crear y desarrollar reservas y parques naturales y de recreo, así como clasificar y proteger paisajes y lugares, de manera que se garantice la conservación de la naturaleza y la preservación de valores culturales de interés histórico y artístico.

d. Promover el aprovechamiento racional de los recursos naturales, salvaguardando su capacidad de renovación y la estabilidad ecológica con respeto al principio de solidaridad entre generaciones;

e. Promover en colaboración con los gobiernos locales, la calidad medioambiental de las poblaciones y de la vida urbana, particularmente en el plano arquitectónico y en la protección de las zonas históricas.

f. Promover la integración de objetivos medioambientales en las diferentes políticas de ámbito sectorial;

g. Promover la educación medioambiental y el respeto por los valores del medio ambiente;

h. Asegurar que la política fiscal compatibilice el desarrollo con la protección del medio ambiente y la calidad de vida.

Artículo 67. Familia

1. La familia, como elemento fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección por la sociedad y por el Estado y a la efectividad de todas las condiciones que permitan la realización personal de sus miembros.

2. Incumbe particularmente al Estado, en cuanto a la protección de la familia:

a. Promover la independencia social y económica de la unidad de la familia;

b. Promover la creación y garantizar el acceso a una red nacional de guarderías y otras facilidades sociales previstas para apoyar a la familia, junto con una política para la tercera edad.

c. Cooperar con los padres en relación a la educación de sus hijos.

d. Garantizar, desde el respeto a la libertad individual, el derecho a la planificación familiar, promoviendo la información y el acceso a los métodos y medios que la aseguren, y organizar las estructuras jurídicas y técnicas que permitan el ejercicio de una maternidad y paternidad conscientes.

e. Reglamentar la procreación asistida en los términos que salvaguarden la dignidad de la persona humana.

f. Regular los impuestos y beneficios sociales en armonía con las cargas familiares.

g. Definir, oídas las asociaciones representativas de las familias, y ejecutar una política de familia de carácter global e integrada;

h. Promover, a través de la concertación de las diferentes políticas sectoriales, la conciliación de la actividad profesional con la vida familiar.

Artículo 68. Paternidad y maternidad

1. Los padres y las madres tienen derecho a la protección de la Sociedad y del Estado en la realización de su irremplazable papel en relación a los hijos, particularmente en lo que se refiere a la educación como garantía de realización profesional y de participación en la vida cívica del país.

2. La maternidad y la paternidad constituyen eminentes valores sociales.

3. Las mujeres tienen derecho a especial protección durante el embarazo y después del parto, teniendo las mujeres trabajadoras derecho a un adecuado periodo de descanso del trabajo, sin pérdida de la retribución o de cualesquiera otras ventajas.

4. La ley regula la atribución a las madres y a los padres de los derechos de dispensa de trabajo por el periodo adecuado, de acuerdo con los intereses de los niños y las necesidades del interés familiar.

Artículo 69. De la infancia

1. Los niños tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado, con vistas a su desarrollo integral, especialmente contra todas las formas de abandono, de discriminación y de opresión, y contra el ejercicio abusivo de la autoridad en la familia y en las demás instituciones.

2. El Estado asegura la especial protección de los niños huérfanos, abandonados, o de cualquier otra forma privados de un ambiente familiar normal.

3. Se prohíbe, en los términos de la ley, el trabajo de los menores en edad escolar.

Artículo 70. De la juventud

1. Los jóvenes gozan de protección especial para hacer efectivos sus derechos económicos, sociales y culturales, especialmente:

a. En educación, formación profesional y cultura;

b. En el acceso al primer empleo, al trabajo y a la Seguridad Social;

c. En el acceso a la vivienda;

d. En la educación física y el deporte;

e. en el aprovechamiento del tiempo libre.

2. La política de juventud deberá tener, como objetivos prioritarios el desarrollo de la personalidad de los jóvenes, la creación de condiciones para su efectiva integración en la vida activa, y el gusto por la libre creación y el sentido del servicio a la comunidad.

3. El Estado, en colaboración con las familias, las escuelas, las empresas, las organizaciones ciudadanas, asociaciones y fundaciones de fines culturales y colectividades de cultura y recreo, fomenta y apoya las organizaciones juveniles en la prosecución de aquellos objetivos así como en el intercambio internacional de la juventud.

Artículo 71. Ciudadanos discapacitados

1. Los ciudadanos discapacitados física o mentalmente gozan plenamente de los derechos y están sometidos a los deberes consignados en la Constitución, salvo el ejercicio o el cumplimiento de aquellos para los cuales se encuentren incapacitados.

2. El Estado se obliga a realizar una política nacional de prevención y de tratamiento, rehabilitación e integración, de los ciudadanos discapacitados, y de apoyo a sus familias, y a llevar a cabo una pedagogía que sensibilice a la sociedad en cuanto a los deberes de respeto y solidaridad para con ellos y a asumir el encargo de la efectiva realización de sus derechos, sin perjuicio de los derechos y deberes de sus padres o tutores.

3. El Estado apoya a las organizaciones de ciudadanos discapacitados.

Artículo 72. Tercera edad

1. Las personas mayores tienen derecho a la Seguridad Económica y a las condiciones de vivienda y convivencia familiar y comunitaria que respeten su autonomía personal y eviten y superen su aislamiento o su marginación social.

2. La política de tercera edad engloba las medidas de carácter económico, social y cultural tendentes a proporcionar a las personas mayores oportunidades de realización personal, a través de una participación activa en la vida de la comunidad.

Capítulo III. Derechos y deberes culturales

Artículo 73. Educación, cultura y ciencia

1. Todos tienen derecho a la educación y a la cultura.

2. El Estado promueve la democratización de la educación y de las demás condiciones para que la educación, realizada a través de la escuela y de otros medios formativos, contribuya a que la igualdad de oportunidades, la superación de las desigualdades económicas, sociales y culturales, el desarrollo de la personalidad y del espíritu de tolerancia, la comprensión mutua, y la solidaridad y la responsabilidad, para el progreso social y para la participación democrática en la vida colectiva.

3. El Estado promueve la democratización de la cultura, incentivando y asegurando el acceso de todos los ciudadanos al disfrute y creación cultural, en colaboración con los órganos de las colectividades de cultura y recreo, las asociaciones de defensa del patrimonio cultural, organizaciones de ciudadanos y otros agentes culturales.

4. La creación y la investigación científicas, así como la innovación tecnológica, serán incentivadas y apoyadas por el Estado, como forma de asegurar la respectiva libertad y autonomía o el refuerzo de la competitividad y la articulación entre las instituciones científicas y las empresas.

Artículo 74. Enseñanza

1. Todos tienen derecho a la enseñanza como garantía del derecho a la igualdad de oportunidades de acceso y éxito escolar.

2. En la realización de la política de enseñanza incumbe al Estado:

a. Asegurar la enseñanza básica universal obligatoria y gratuita.

b. Crear un sistema público y desarrollar un sistema general de educación preescolar

c. Garantizar la educación permanente y eliminar el analfabetismo.

d. Garantizar a todos los ciudadanos según sus capacidades, el acceso a los grados más elevados de enseñanza, de investigación científica y de creación artística.

e. Establecer progresivamente la gratuidad de todos los niveles de enseñanza;

f. Insertar las escuelas en las comunidades a las que sirven y establecer vínculos entre enseñanza y actividades económicas, sociales y culturales;

g. Promover y apoyar el acceso de los ciudadanos discapacitados a la enseñanza y apoyar la enseñanza especial cuando sea necesaria.

h. Proteger y valorar la lengua gestual portuguesa, en cuanto expresión cultural e instrumento de acceso a la educación y a la igualdad de oportunidades.

i. Asegurar a los hijos de emigrantes la enseñanza de la lengua portuguesa y el acceso a la cultura portuguesa;

j. Asegurar a los hijos de emigrantes el apoyo adecuado para la efectividad del derecho a la enseñanza.

Artículo 75. Enseñanza pública, privada y cooperativas de enseñanza

1. El Estado creará una red de establecimiento públicos de enseñanza que cubra las necesidades de toda la población.

2. El Estado reconocerá e inspeccionará la enseñanza privada y de las cooperativas en los términos de la ley.

Artículo 76. Universidad y acceso a la enseñanza superior

1. El régimen de acceso a la Universidad y a las demás instituciones de enseñanza superior garantizará la igualdad de oportunidades y la democratización del sistema de enseñanza, debiendo tener en cuenta las necesidades de cuadros cualificados y la elevación del nivel educativo, cultural, y científico del país.

2. Las universidades gozan, en los términos de la ley, de autonomía estatutaria, científica, pedagógica, administrativa y financiera, sin perjuicio de la adecuada evaluación de la calidad de la enseñanza.

Artículo 77. Participación democrática en la enseñanza

1. Los profesores y alumnos tienen el derecho de participar en la gestión democrática de las escuelas en los términos de la ley.

2. La ley regula las formas de participación de las asociaciones de profesores, de alumnos, de padres, de las comunidades e instituciones de carácter científico, en la definición de la política de enseñanza

Artículo 78. Disfrute y creación cultural

1. Todos tienen derecho al disfrute y creación cultural así como el deber de preservar, defender y valorar el patrimonio cultural.

2. Incumbe al Estado, en colaboración con todos los agentes culturales:

a. Incentivar y asegurar el acceso de todos los ciudadanos a los medios e instrumentos de acción cultural, así como corregir las asimetrías existentes en el país en este campo.

b. Apoyar las iniciativas que estimulen la creación individual y colectiva en sus múltiples formas y expresiones, y una mayor circulación de las obras y los bienes culturales de calidad.

c. Promover la salvaguarda y la valorización del patrimonio cultural convirtiéndolo en elemento vivificador de la identidad cultural común.

d. Desarrollar las relaciones culturales con todos los pueblos, especialmente los de lengua portuguesa, y asegurar la defensa y promoción de la cultura portuguesa en el extranjero.

e. Articular la política cultural con las demás políticas sectoriales.

Artículo 79. Cultura física y deporte

1. Todos tienen derecho a la cultura física y al deporte.

2. Incumbe al Estado, en colaboración con las escuelas y las asociaciones y colectividades deportivas, promover, estimular, orientar y apoyar la práctica y la difusión de la cultura física y del deporte, así como prevenir la violencia en el deporte.

Parte II. Organización Económica

Título I. Principios Generales

Artículo 80. Principios fundamentales

La organización económica y social se asienta sobre los siguientes principios:

a. La subordinación del poder económico al poder político democrático;

b. La coexistencia del sector público con el sector privado y con el sector cooperativo y social de propiedad de los medios de producción;

c. La libertad de iniciativa y de organización empresarial en el ámbito de una economía mixta;

d. La propiedad pública de los recursos naturales y de los medios de producción de acuerdo con el interés colectivo;

e. La planificación democrática del desarrollo económico y social;

f. La protección del sector cooperativo y social de propiedad de los medios de producción;

g. La participación de las organizaciones representativas de trabajadores y de las organizaciones representativas de las actividades empresariales en la definición de las principales medidas económicas y sociales.

Artículo 81. Misiones prioritarias del Estado

Incumbe prioritariamente al Estado en el ámbito económico y social:

a. Promover el aumento del bienestar social y económico y la calidad de vida de las personas, en especial de las más desfavorecidas, en el marco de una estrategia de desarrollo sostenible;

b. Promover la justicia social, asegurar la igualdad de oportunidades y llevar a cabo las correcciones necesarias de las desigualdades en la distribución de la riqueza y de los ingresos principalmente a través de la política fiscal.

c. Asegurar la plena utilización de las fuerzas productivas, particularmente, velando por la eficiencia del sector público.

d. Promover la cohesión económica y social de todo el territorio nacional, orientando el desarrollo en el sentido de un crecimiento equilibrado de todos los sectores o regiones y eliminado progresivamente las diferencias económicas y sociales entre la ciudad y el campo y entre el litoral y el interior.

e. Promover la corrección de las desigualdades derivadas de la insularidad de las Regiones autónomas e incentivar su progresiva integración en espacios económicos más amplios, en el ámbito nacional o internacional;

f. Asegurar el funcionamiento eficiente de los mercados, de modo que se garantice una equilibrada concurrencia entre las empresas, contra las formas de organización monopolísticas y reprimir los abusos de posición dominante y otras prácticas lesivas del interés general.

g. Desarrollar las relaciones económicas con todos los pueblos, salvaguardando siempre la independencia nacional y los intereses de los portugueses y de la economía del país;

h. Eliminar los latifundios y reordenar los minifundios;

i. Garantizar la defensa de los intereses y de los derechos de los consumidores

j. Crear los instrumentos jurídicos y técnicos necesarios para la planificación democrática del desarrollo económico y social

l. Asegurar una política científica y tecnológica favorable al desarrollo del país

m. Adoptar una política nacional de energía que preserve los recursos naturales y el equilibrio ecológico, promoviendo en este campo la cooperación internacional

n. Adoptar una política del agua con aprovechamiento, planificación y gestión racional de los recursos hídricos.

Artículo 82. Sectores de propiedad de los medios de producción

1. Se garantiza la coexistencia de tres sectores de propiedad de los medios de producción.

2. El Sector público está constituido por los medios de producción cuyas propiedades y gestión pertenecen al Estado o a otras entidades públicas.

3. El sector privado está constituido por los medios de producción cuya propiedad o gestión pertenece a personas individuales o colectivas privadas, sin perjuicio de los dispuesto en el número siguiente.

4. El sector cooperativo y social comprende específicamente:

a. Los medios de producción poseídos y administrados por cooperativas, en obediencia a los principios cooperativos, sin prejuicio de las especificidades establecidas en la ley para las cooperativas con participación pública, justificadas por su especial naturaleza;

b. Los medios de producción comunitarios, poseídos y administrados por comunidades locales;

c. Los medios de producción objeto de explotación colectiva por trabajadores;

d. Los medios de producción poseídos y administrados por personas colectivas, sin carácter lucrativo, que tengan como principal objetivo la solidaridad social, especialmente entidades de naturaleza mutualista.

Artículo 83. Requisitos de la expropiación pública

La ley determinará los medios y las formas de intervención y de expropiación pública de los medios de producción, así como los criterios para la fijación de la correspondiente indemnización.

Artículo 84. Dominio Público

1. Pertenecen al dominio público:

a. Las aguas territoriales con sus lechos y fondos marinos contiguos, así como los lagos, lagunas y cursos de aguas navegables o fluctuables, con sus respectivos lechos.

b. Las capas aéreas superiores al territorio por encima del límite reconocido al propietario o al superficiario;

c. Los yacimientos minerales, los manantiales de aguas mineromedicinales, las cavidades naturales subterráneas existentes en el subsuelo, con excepción de las rocas, tierras comunes y otros materiales habitualmente usados en la construcción.

d. Las carreteras;

e. Las líneas férreas nacionales;

f. Otros bienes clasificados como tales por la ley.

2. La ley define qué bienes integran el dominio público del Estado o de las Regiones Autónomas o corporaciones locales, así como su régimen, condiciones de utilización y límites.

Artículo 85. Cooperativas y experiencias de autogestión

1. El Estado estimula y apoya la creación y la actividad de cooperativas.

2. La ley definirá los beneficios fiscales y financieros de las cooperativas, así como las condiciones más favorables para la obtención de crédito y auxilio técnico.

3. Serán apoyadas por el Estado las experiencias viables de autogestión.

Artículo 86. Empresas privadas

1. El Estado incentiva la actividad empresarial, en particular de las pequeñas y medianas empresas, y fiscaliza el cumplimiento de las respectivas obligaciones legales, en especial por parte de las empresas que persigan actividades de interés económico general.

2. El Estado sólo puede intervenir en la gestión de empresas privadas a título transitorio, en los casos expresamente previstos en la ley y, como norma, mediante decisión judicial previa.

3. La ley puede definir sectores básicos en los cuales se prohíba la actividad de las empresas privadas y otras entidades de igual naturaleza.

Artículo 87. Actividades económicas e inversiones extranjeras

La ley regulará la actividad económica y las inversiones por parte de personas individuales o colectivas extrajeras, a fin de garantizar su contribución para el desarrollo del país y defender la independencia nacional y los intereses de los trabajadores.

Artículo 88. Medios de producción en abandono

1. Los medios de producción en abandono, pueden ser expropiados en las condiciones fijadas por la ley, que tendrá en cuenta la situación específica de la propiedad de los trabajadores emigrantes.

2. Los medios de producción en abandono injustificado, pueden ser objeto de arrendamiento o de concesión de explotación compulsiva, en condiciones a fijar por la ley.

Artículo 89. Participación de los trabajadores en la gestión

Se garantiza la participación efectiva de los trabajadores en la respectiva gestión en las unidades de producción del sector público.

Título II. Planificación

Artículo 90. Objetivos de los planes

Los planes de desarrollo económico y social tienen por objetivo promover el crecimiento económico, el desarrollo harmonioso e integrado de sectores y regiones, el justo reparto individual y regional del producto nacional, la coordinación de la política económica con las políticas social, educativa y cultural, la defensa del mundo rural, la preservación del equilibrio ecológico, la defensa del medio ambiente y de la calidad de vida del pueblo portugués.

Artículo 91. Elaboración y ejecución de los planes

1. Los planes nacionales son elaborados de acuerdo con las respectivas leyes de las grandes opciones, pudiendo integrar programas específicos de ámbito territorial y de naturaleza sectorial.

2. Las propuesta de ley de las grandes opciones, son acompañadas de informes que las fundamenten.

3. La ejecución de los planes nacionales será descentralizada, regional y sectorialmente.

Artículo 92. Consejo Económico y Social

1. El Consejo Económico y Social es el órgano de consulta y concertación en el dominio de las políticas económica y social, participa en la elaboración de las propuestas de las grandes opciones y de los planos de desarrollo económico y social y ejerce las demás funciones que le sean atribuidas por ley.

2. La ley define la composición del Consejo Económico y Social, del cual forman parte, señaladamente, representantes del Gobierno, de las organizaciones representativas de los trabajadores, de las actividades económicas y de las familias, de las Regiones autónomas y de las corporaciones locales.

3. La ley define la organización y el funcionamiento del Consejo Económico y Social, así como el estatuto de sus miembros.

Título III. Políticas Agrícola, Comercial e Industrial

Artículo 93. Objetivos de la política agrícola

1. Son objetivos de la política agrícola:

a. Aumentar la producción y la productividad de la agricultura, dotándola de las infraestructuras y de los medios humanos, técnicos y financieros adecuados, tendentes al refuerzo de la competitividad y a asegurar la calidad de los productos, su eficaz comercialización, el mejor abastecimiento del país y el incremento de la exportación;

b. Promover la mejora de la situación económica, social y cultural de los trabajadores rurales y de los agricultores, el desarrollo del mundo rural, la racionalización de las estructuras agrícolas, la modernización del tejido empresarial y el acceso a la propiedad o a la posesión de la tierra y demás medios de producción directamente utilizados en su explotación por parte de aquellos que la trabajan;

c. Crear las condiciones necesarias para alcanzar la igualdad efectiva de los que trabajan en la agricultura con los demás trabajadores y evitar que el sector agrícola quede desfavorecido en las relaciones de intercambio con los otros sectores;

d. Asegurar el uso y la gestión racionales del suelo y de los restantes recursos naturales, así como el mantenimiento de su capacidad de regeneración;

e. Incentivar las asociaciones de agricultores y la explotación directa de la tierra.

2. El Estado promoverá una política de ordenación y reconversión agraria y de desarrollo forestal, de acuerdo con los condicionamientos ecológicos y sociales del país.

Artículo 94. Eliminación de los latifundios

1. La división de las unidades de explotación agrícola que tengan una dimensión excesiva desde el punto de vista de los objetivos de la política agrícola será regulada por Ley, de deberá prever, en caso de expropiación, el derecho del propietario a la correspondiente indemnización y a la reserva de terreno suficiente para la viabilidad y racionalidad de su propia explotación.

2. Las tierras expropiadas serán entregadas en título de propiedad o de posesión, en los términos de la Ley, a pequeños agricultores, preferentemente integrados en unidades de explotación familiar, a cooperativas de trabajadores rurales o de pequeños agricultores o a otras formas de explotación por trabajadores, sin perjuicio de un período probatorio de la efectividad y de la racionalidad de la respectiva explotación antes del otorgamiento de la propiedad plena.

Artículo 95. Redimensionamiento del minifundio

Sin perjuicio del derecho de propiedad, el Estado promoverá, en los términos de la Ley, el redimensionamiento de las unidades de explotación agrícola con dimensión inferior a la adecuada del punto de vista de los objetivos de política agrícola, principalmente a través de incentivos jurídicos, fiscales y crediticios, a su integración estructural, o meramente económica, particularmente cooperativa, o mediante el recurso a medidas de parcelación.

Artículo 96. Formas de explotación de tierra ajena

1. Los regímenes de arrendamiento y de otras formas de explotación de tierras ajenas, serán regulados por Ley de forma que se garantice la estabilidad y los legítimos intereses del cultivador.

2. Quedan prohibidos los regímenes de enfiteusis y de colonato y se crearán las condiciones para que los cultivadores lleguen a la abolición efectiva del régimen de aparcería agrícola.

Artículo 97. Auxilio del Estado

1. En la consecución de objetivos de política agrícola, el Estado apoyará preferentemente, a los pequeños y medios agricultores, especialmente cuando estén integrados en unidades de explotación familiar, individualmente o asociados en cooperativas, así como las cooperativas de trabajadores agrícolas y otras formas de explotación por trabajadores.

2. El apoyo del Estado comprende principalmente:

a. La concesión de asistencia técnica;

b. La creación de formas de apoyo y comercialización a lo largo de las fluctuaciones de la producción;

c. El apoyo a la cobertura de riesgos resultantes de los accidentes climáticos y cito patológicos imprevistos e incontrolables;

d. Los estímulos al asociacionismo de los trabajadores rurales y de los agricultores, especialmente en lo referente a la constitución por ellos de cooperativas de producción, de compra, de venta, de transformación y de servicios, así como otras formas de explotación por los trabajadores.

Artículo 98. Participación en la definición de la política agrícola

En la definición de la política agrícola se asegurará la participación de los trabajadores rurales y de los agricultores a través de sus organizaciones representativas.

Artículo 99. Objetivos de política comercial

Son objetivos de política comercial:

a. La concurrencia saludable de los agentes mercantiles;

b. La racionalización de los circuitos de distribución;

c. La lucha contra las actividades especulativas y las prácticas comerciales restrictivas;

d. El desarrollo y la diversificación de las relaciones económicas externas;

e. La protección de los consumidores

Artículo 100. Objetivos de la política industrial

Son objetivos de la política industrial:

a. El aumento de la producción industrial en el marco de la modernización y ajuste de los intereses económicos y sociales y de la integración internacional de la economía portuguesa;

b. El refuerzo de la innovación industrial y tecnológica;

c. El aumento de competitividad y productividad de las empresas industriales;

d. El apoyo a la pequeña y mediana empresa y, en general, a las iniciativas de empresas generadoras de empleo y fomentadoras de exportación o de sustitución de importaciones;

e. El apoyo a la proyección internacional de las empresas portuguesas.

Título IV. Sistema Financiero y Fiscal

Artículo 101. Sistema financiero

El sistema financiero será estructurado por ley, de forma que se garantice la formación, captación y aseguramiento de ahorros, así como la aplicación de los recursos financieros necesarios para el desarrollo económico y social

Artículo 102. Banco de Portugal

El Banco de Portugal es el banco central nacional y ejerce sus funciones en los términos de la ley y de las normas internacionales a las que el Estado Portugués se vincule.

Artículo 103. Sistema fiscal

1. El sistema fiscal aspira a satisfacer las necesidades financieras del Estado y de otras entidades públicas y a un reparto justo de los rendimientos y de las riquezas.

2. Los impuestos serán creados por ley, que determinará su incidencia, porcentaje, los beneficios fiscales y las garantías de los contribuyentes.

3. Nadie puede ser obligado a pagar impuestos que no hayan sido creados de acuerdo con la Constitución, que tengan naturaleza retroactiva o cuya liquidación y cobro no haya sido fijada en los términos de la ley.

Artículo 104. Impuestos

1. El impuesto sobre la renta de las personas físicas tendrá por objeto la reducción de las desigualdades y será único y progresivo, teniendo en cuenta las necesidades y los ingresos de la familia.

2. La fiscalidad de las empresas se centrará principalmente en los ingresos reales.

3. La tributación sobre el patrimonio deberá contribuir a la igualdad entre los ciudadanos.

4. Los impuestos al consumo tratarán de ajustar el consumo a las necesidades cambiantes del desarrollo económico y de la justicia social, debiendo incidir en el consumo de lujo.

Artículo 105. Presupuesto

1. El Presupuesto General del Estado contiene:

a. Una distinción entre gastos e ingresos del Estado, incluyendo los fondos y servicios autónomos;

b. Los presupuestos de la Seguridad Social.

2. El Presupuesto será elaborado de acuerdo con las grandes opciones en materia de planificación y teniendo en cuenta las obligaciones derivadas de la ley o de los contratos.

3. El Presupuesto será unitario y especificará los gastos según la correspondiente clasificación orgánica y funcional, de modo que se evite la existencia de dotaciones y fondos secretos, pudiendo ser también estructurado por programas.

4. El Presupuesto prevé los ingresos necesarios para cubrir los gastos, por ley se definirá las reglas de su ejecución, las condiciones a que debe obedecer el recurso al crédito público, y los criterios que deben presidir las modificaciones que, durante su ejecución presupuestaria pudieran ser introducidas por el Gobierno, en las partidas de clasificación orgánica, en el ámbito de cada programa presupuestario aprobado por la Asamblea de la República, teniendo en cuenta su plena aplicación.

Artículo 106. Elaboración del Presupuesto

1. La ley de presupuesto se elabora, organiza, vota y ejecuta, anualmente, de acuerdo con la respectiva ley marco, que incluirá el régimen atinente a la elaboración y ejecución de los presupuestos de los fondos y servicios autónomos.

2. El proyecto de presupuesto se presenta y vota en lo plazos fijados por la ley, la cual establece los procedimientos a adoptar cuando aquellos no pudieran ser cumplidos.

3. La propuesta de presupuesto se acompaña de informes sobre:

a. La previsión de evolución de los principales indicadores macroeconómicos con influencia en el Presupuesto, así como la evolución de la masa monetaria y sus contrapartidas;

b. La justificación de las variaciones en las previsiones de ingresos y gastos comparadas con el Presupuesto anterior;

c. La deuda pública, operaciones de tesorería y las cuentas del tesoro;

d. La situación de los fondos y servicios autónomos;

e. Las transferencias de sumas para las Regiones autónomas y las corporaciones locales;

f. Las transferencias financieras entre Portugal y el Exterior con incidencia en el proyecto de Presupuesto;

g. Los beneficios fiscales y la estimación de reducción de ingresos.

Artículo 107. Control presupuestario

La ejecución de Presupuesto será fiscalizada por el Tribunal de Cuentas y por la Asamblea de la República que, con el parecer previo del Tribunal de Cuentas, apreciará y aprobará la Cuenta General del Estado, incluyendo la de la Seguridad Social.

Parte III. Organización del Poder Político

Título I. Principios Generales

Artículo 108. Titularidad y ejercicio del poder

El poder político pertenece al pueblo y se ejerce en los términos de la Constitución.

Artículo 109. La participación política de los ciudadanos

La participación directa y efectiva de los hombres y mujeres en la vida política constituye condición e instrumento fundamental de consolidación del sistema democrático, debiendo la ley promover la igualdad en el ejercicio de los derechos cívicos y políticos y la no discriminación en función del sexo en el acceso a los cargos políticos.

Artículo 110. Los órganos de soberanía

1. Son órganos de soberanía el Presidente de la República, la Asamblea de la República, el Gobierno y los Tribunales.

2. La formación, la composición, las competencias y el funcionamiento de los órganos de soberanía serán las establecidas en la Constitución.

Artículo 111. Separación e interdependencia

1. Los órganos de soberanía deben observar la separación y la interdependencia establecidas en la Constitución.

2. Ningún órgano de soberanía, de Región autónoma, o de poder local puede delegar sus poderes en otros órganos, salvo en los casos y términos expresamente previstos en la Constitución y en la Ley.

Artículo 112. Actos normativos

1. Son actos legislativos las Leyes, los Decretos-Leyes y los Decretos-Legislativos regionales.

2. Las Leyes y los Decretos-Leyes tienen igual valor, sin perjuicio de la subordinación a las correspondientes Leyes de los Decretos-Leyes publicados en uso de autorización legislativa y de los que desarrollen las bases generales de los regímenes jurídicos.

3. Tienen valor reforzado, además de las Leyes orgánicas, las Leyes que necesitan ser aprobadas por mayoría de dos tercios, así como aquéllas que, por prescripción de la Constitución, sean presupuesto normativo necesario de otras leyes, o que deban ser respetadas por otras.

4. Los Decretos Legislativos tienen ámbito regional y versan sobre las materias enunciadas en el Estatuto Político-Administrativo de la respectiva Región Autónoma, que no estén reservadas a los órganos de soberanía, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) y c) del número 1 del artículo 227.

5. Ninguna Ley puede crear otras categorías de actos legislativos, o conferir a actos de otra naturaleza el poder de, con eficacia externa, interpretar, integrar, modificar, suspender o revocar cualquiera de sus preceptos.

6. Los reglamentos del Gobierno revisten la forma de Decretos de desarrollo, cuando así sea determinado por la ley que los contempla, o bien la de reglamentos independientes.

7. Los reglamentos deben indicar expresamente las leyes que van a desarrollar o que definen la competencia subjetiva u objetiva para su emisión.

8. La transposición de los actos jurídicos de la Unión Europea en el orden jurídico interno asumirá la forma de Ley, Decreto-Ley, o, en los términos de lo dispuesto en el número 4, de Decreto- Legislativo regional.

Artículo 113. Principios Generales del derecho Electoral

1. El sufragio directo, secreto y periódico constituye una regla general para la designación de los titulares de los órganos electivos de soberanía, de las Regiones autónomas y de los poderes locales.

2. El censo electoral es elaborado de oficio, obligatorio, permanente y único para todas las elecciones por sufragio directo y universal, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 15 y en el apartado 2 del artículo 121.

3. Las campañas electorales se rigen por los siguientes principios:

a. Libertad de propaganda.

b. Igualdad de oportunidades y de trato de todas las candidaturas.

c. Imparcialidad de las entidades públicas ante las candidaturas.

d. Transparencia y fiscalización de las cuentas electorales.

4. Los ciudadanos tienen el deber de colaborar con la administración electoral en la forma prevista en la Ley.

5. La conversión de los votos en mandatos se llevará a cabo de acuerdo con el principio de representación proporcional.

6. Los actos de disolución de órganos colegiados basados en el sufragio directo deben establecer la fecha de las nuevas elecciones, que se llevarán a cabo en los sesenta días siguientes y conforme a la Ley Electoral vigente en el momento de la disolución, so pena de invalidez de dicho acto.

7. El juicio de regularidad y validez de los actos del proceso electoral corresponde a los Tribunales.

Artículo 114. Partidos políticos y derecho de oposición

1. Los partidos políticos participan en los órganos basados en el sufragio universal y directo, de acuerdo con su representatividad electoral.

2. Se reconoce a las minorías el derecho de oposición democrática, en los términos de la Constitución y la Ley.

3. Los partidos políticos representados en la Asamblea de la República y que no forman parte del Gobierno gozan especialmente del derecho a ser informados regular y directamente por el Gobierno sobre la situación y evolución de las principales cuestiones de interés público. De igual derecho gozan los partidos políticos representados en las asambleas legislativas de las Regiones autónomas y en cualesquiera otras asambleas designadas por elección directa, respecto de los correspondientes ejecutivos de los que no formen parte.

Artículo 115. Referéndum

1. Los ciudadanos registrados como electores en territorio portugués pueden ser llamados a pronunciarse directamente, con carácter vinculante, por medio de referéndum, convocado por decisión del Presidente de la República, a propuesta de la Asamblea de la República o del Gobierno en materias de sus respectivas competencias, en los casos y en los términos previstos en la Constitución y en la Ley.

2. También puede convocarse el referéndum por iniciativa de los ciudadanos dirigida a la Asamblea de la República, que será presentada y considerada en los términos y en los plazos previstos en la Ley.

3. El referéndum solo puede tener por objeto cuestiones de relevante interés nacional que deban ser decididas por la Asamblea de la República o por el Gobierno mediante la aprobación de tratados internacionales o de actos legislativos.

4. Se excluye del ámbito del referéndum:

a. Las modificaciones constitucionales.

b. Las cuestiones o los actos de contenido presupuestario, tributario o financiero.

c. Las materias previstas en el artículo 161 de la Constitución, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

d. Las materias previstas en el Artículo 164 de la Constitución, con excepción de lo dispuesto en el apartado i).

5. Lo dispuesto en el apartado anterior no prejuzga el sometimiento a referéndum de las cuestiones de relevante interés nacional que deban ser objeto de acuerdo internacional, en los términos del apartado i) del artículo 161 de la Constitución, excepto en materias relativas a la paz o a la rectificación de fronteras.

6. Cada referéndum recaerá sobre una sola materia, debiendo ser formuladas las cuestiones con objetividad, claridad y precisión y para respuestas de “sí” o “no”, con un número máximo de preguntas establecido en la Ley, que también determinará las demás condiciones de formulación y de efectividad de los referéndums.

7. Queda excluida la convocatoria y realización de referéndums entre la fecha de la convocatoria y realización de las elecciones generales para los órganos de soberanía o del gobierno de las Regiones autónomas o del poder local, así como de diputados al Parlamento europeo.

8. El Presidente de la República someterá a fiscalización previa obligatoria la constitucionalidad y legalidad de las propuestas de referéndum que le hayan sido remitidas por la Asamblea de la República o por el Gobierno.

9. Serán de aplicación al referéndum, con las necesarias adaptaciones, las normas contenidas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 7 del artículo 113.

10. Las propuestas de referéndum que son rechazadas por el Presidente de la República u objeto de respuesta negativa del electorado no podrán ser planteadas de nuevo en la misma sesión legislativa, salvo que haya habido nueva elección de la Asamblea de la República o que el Gobierno haya sido renovado.

11. Los referéndums solo tienen efecto vinculante cuando el número de votantes sea superior a la mitad de los electores inscritos en el censo.

12. Los ciudadanos residentes en el extranjero, que estén debidamente registrados en el censo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121.2, serán llamados a participar en los referéndums cuando afecten a materias que específicamente les conciernan.

13. Los referéndums pueden tener ámbito regional, en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 232.

Artículo 116. Órganos colegiados

1. Las reuniones de las asambleas que funcionan como órganos de soberanía, de las Regiones autónomas o del poder local serán públicas, excepto en los casos previstos por la ley.

2. Las resoluciones de los órganos colegiados se adoptarán con la presencia de la mayoría del número legal de sus miembros.

3. Salvo en los casos previstos en la Constitución, en la Ley y en los correspondientes reglamentos, las resoluciones de los órganos colegiados se adoptarán por mayoría, sin tener en cuenta las abstenciones.

Artículo 117. Estatuto de los titulares de los cargos públicos

1. Los titulares de los cargos públicos responden política, civil y penalmente por las acciones u omisiones que lleven a cabo en el ejercicio de sus funciones.

2. La Ley establecerá los deberes, responsabilidades e incompatibilidades de los titulares de cargos públicos, las consecuencias de los respectivos incumplimientos, así como los respectivos derechos, privilegios e inmunidades.

3. La Ley determinará los delitos específicos de los titulares de cargos públicos, así como las sanciones aplicables y los correspondientes efectos, que podrán incluir la destitución del cargo o la pérdida del mandato.

1. Nadie podrá ejercer a título vitalicio cualquier cargo político de ámbito nacional, regional o local.

2. La Ley podrá establecer límites a la renovación sucesiva de mandatos de los titulares de cargos políticos ejecutivos.

Artículo 119. Publicidad de los actos

1. Serán publicados en el diario oficial, Diario de la República:

a. Las leyes constitucionales.

b. Los acuerdos internacionales y los respectivos anuncios de ratificación, así como los restantes anuncios relativos a tales.

c. Las Leyes, los Decretos-Leyes y los Decretos Legislativos regionales.

d. Los decretos del Presidente de la República.

e. Las resoluciones de la Asamblea de la República y de las asambleas legislativas de las Regiones autónomas.

f. Los reglamentos de la Asamblea de la República, del Consejo de Estado y de las asambleas legislativas de las Regiones autónomas.

g. Las decisiones del Tribunal Constitucional, así como las de los demás tribunales a los que la ley confiera fuerza obligatoria general.

h. Los decretos reglamentarios y los demás decretos y reglamentos del Gobierno, así como los decretos de los representantes de la República en las Regiones Autónomas y los decretos reglamentarios regionales.

i. Los resultados de las elecciones a los órganos de soberanía, Regiones autónomas y poder local, así como para el Parlamento Europeo; y también los resultados de los referéndums de ámbito nacional y regional.

2. La falta de publicidad de cualquiera de los actos previstos en los apartados a) al h) del número anterior, y de cualquier acto de contenido genérico de los órganos de soberanía, de las Regiones autónomas y del poder local, implica su ineficacia jurídica.

3. La Ley determinará las formas de publicidad de los demás actos y las consecuencias de su falta.

Título II. El Presidente de la República

Capítulo I. Estatuto y elección

Artículo 120. Definición

El Presidente de la República representa a la República portuguesa, garantiza la independencia nacional, la unidad del Estado y el regular funcionamiento de las instituciones democráticas y es comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Artículo 121. Elección

1. El Presidente de la República es elegido por sufragio universal, directo y secreto por los ciudadanos portugueses electores censados en el territorio nacional o bien ciudadanos portugueses residentes en el extranjero, en los términos del apartado siguiente.

2. La Ley regulará el ejercicio del derecho de voto de los ciudadanos portugueses residentes en el extranjero, debiendo tener en cuenta la existencia de lazos de vinculación efectiva a la comunidad nacional.

3. El derecho de voto en el territorio nacional se ejerce presencialmente.

Artículo 122. Elegibilidad

Son elegibles los ciudadanos electores portugueses de origen, mayores de 35 años.

Artículo 123. Reelegibilidad

1. No se admite la reelección para un tercer mandato consecutivo, ni durante el quinquenio inmediatamente subsiguiente al término del segundo mandato consecutivo.

2. Si el Presidente de la República renuncia al cargo no podrá presentarse como candidato a las elecciones inmediatas ni a las que se realicen en el quinquenio inmediatamente siguiente a la renuncia.

Artículo 124. Candidaturas

1. Las candidaturas para la Presidencia de la República serán propuestas por un mínimo de 7500 y un máximo de 15000 ciudadanos electores.

2. Las candidaturas deben ser presentadas hasta treinta días antes de la fecha marcada para la elección ante el Tribunal Constitucional.

3. En caso de muerte de cualquier candidato o de cualquier otro factor que lo incapacite para el ejercicio de la función presidencial, será reabierto el proceso electoral en los términos establecidos por la ley.

Artículo 125. Fecha de la elección

1. El Presidente de la República será elegido en los sesenta días anteriores al término del mandato de su antecesor o en los sesenta días posteriores a la vacante del cargo.

2. La elección no podrá efectuarse en los noventa días anteriores o posteriores a la fecha de elecciones para la Asamblea de la República.

3. En el caso previsto en el apartado anterior, la elección se efectuará en los diez días posteriores al período allí establecido, siendo el mandato del presidente cesante automáticamente prorrogado por el período necesario.

Artículo 126. Sistema electoral

1. Será elegido Presidente de la República el candidato que obtuviera más de la mitad de los votos válidamente emitidos, no se considerarán como tal los votos en blanco.

2. Si ninguno de los candidatos obtuviera ese número de votos, se procederá a una segunda votación antes del vigésimo primer día siguiente a la primera votación.

3. En esta votación concurrirán solo los dos candidatos más votados que no hayan retirado su candidatura.

Artículo 127. Toma de posesión y juramento

1. El Presidente electo tomará posesión ante la Asamblea de la República.

2. La toma de posesión se llevará a cabo el último día del mandato del Presidente cesante o, en caso de elección por vacante, en el octavo día siguiente al de la publicación de los resultados electorales.

3. En el acto de toma de posesión el Presidente de la República electo prestará la siguiente declaración de compromiso:

“Juro por mi honra desempeñar fielmente las funciones para las que he sido investido y defender, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República portuguesa”.

Artículo 128. Mandato

1. El mandato del Presidente de la Republica tiene una duración de cinco años y termina con la toma de posesión del nuevo Presidente electo.

2. En caso de vacante el Presidente de la República a elegir inicia un nuevo mandato.

Artículo 129. Ausencia del territorio nacional

1. El Presidente de la República no puede ausentarse de territorio nacional sin el consentimiento de la Asamblea de la República o de su Comisión Permanente si aquella no estuviera en funcionamiento.

2. El consentimiento será dispensado en casos de viaje en tránsito o de viaje sin carácter oficial de duración no superior a cinco días, debiendo en tales casos el Presidente notificarlo a la Asamblea.

3. La inobservancia de los dispuesto en el apartado 1 supone de pleno derecho la pérdida del cargo.

Artículo 130. Responsabilidad criminal

1. El Presidente de la República responde ante el Tribunal Supremo de justicia por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

2. La iniciativa del procedimiento corresponde a la Asamblea de la República, a propuesta de un quinto y aprobada por mayoría de dos tercios del número efectivo de diputados.

3. La condena lleva aparejada la destitución del cargo y la imposibilidad de reelección.

4. El Presidente de la República responderá, después de terminado su mandato, ante los tribunales ordinarios, por los delitos ajenos al ejercicio de sus funciones.

Artículo 131. Renuncia al mandato

1. El Presidente de la República puede renunciar al mandato mediante mensaje dirigido a la Asamblea de la República.

2. La renuncia se hará efectiva con el conocimiento del mensaje por la asamblea de la República, sin perjuicio de su ulterior publicación en el Diario de la República.

Artículo 132. Sustitución interina

1. Durante el impedimento temporal del Presidente de la República, así como durante la vacante del cargo antes de tomar posesión el nuevo presidente electo, asumirá las funciones el Presidente de la Asamblea de la República o, en caso de impedimento de éste, su sustituto.

2. Durante el ejercicio interino de las funciones como Presidente de la República queda suspendida automáticamente el mandato de diputado del Presidente de la Asamblea de la República, o de su sustituto.

3. El Presidente de la República, durante su impedimento temporal, mantiene los derechos y privilegios inherentes a su función.

4. El Presidente de la República interino goza de todos los honores y prerrogativas de la función pero ostenta los derechos inherentes al cargo para el que fue elegido.

Capítulo II. Competencias

Artículo 133. Competencias respecto de otros órganos

Compete al Presidente de la República en relación con otros órganos:

a. Presidir el Consejo de Estado;

b. Fijar, de acuerdo con la ley electoral, la fecha de las elecciones a Presidente de la República, a Diputados de la Asamblea de la República, a Diputados del Parlamento Europeo y a Diputados de las asambleas Legislativas de las Regiones autónomas.

c. Convocar sesión extraordinaria de la Asamblea de la República;

d. Dirigir mensajes a la Asamblea de la República y a las Asambleas legislativas de las Regiones autónomas;

e. Disolver la Asamblea de la República, observado lo dispuesto en el artículo 172, oídos los partidos representados en ella y el Consejo de Estado.

f. Nombrar al Primer Ministro en los términos del apartado 1 del artículo 187.

g. Cesar al Gobierno, en los términos del apartado 2 del artículo 195, o separar al Primer Ministro en los términos del apartado 4 del artículo 186.

h. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta del Primer Ministro.

i. Presidir el Consejo de Ministros cuando el Primer Ministro lo solicita.

j. Disolver las asambleas legislativas de las Regiones autónomas, oídos el Consejo de Estado y los partidos en ella representados, en los términos de lo establecido en el artículo 172, con las necesarias adaptaciones.

l. Nombrar y cesar oído el Gobierno, a los representantes de la República para las Regiones autónomas.

m. Nombrar y separar a propuesta del Gobierno, al Presidente del Tribunal de Cuentas y al Procurador General de la República;

n. Nombrar cinco miembros del Consejo de Estado y dos vocales del Consejo Superior de la Magistratura.

o. Presidir el Consejo Superior de Defensa Nacional;

p. Nombrar y cesar, a propuesta del Gobierno, el Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, el Subjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas cuando Exista, y los Jefes de Estado Mayor de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, oído en estos dos últimos casos, al Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas.

Artículo 134. Competencias para realizar actos propios

Corresponde al presidente de la República en concepto de actos propios:

a. Ejercer las funciones de comandante Supremo de las Fuerzas Armadas;

b. Promulgar y mandar publicar las Leyes, los Decretos Leyes y los Decretos reglamentarios, así como las resoluciones de la Asamblea de la República que apruebe Acuerdos Internacionales y los restantes decretos del Gobierno;

c. Someter a referéndum cuestiones de relevante interés nacional, en los términos del artículo 115, así como las referidas en el apartado 2 del artículo 232, y en el apartado 3 del artículo 256;

d. Declarar el estado de Sitio o de Excepción, observando lo establecido en los artículos 19 y 138;

e. Pronunciarse sobre todas las emergencias graves para la vida de la República;

f. Indultar y conmutar penas, oído el Gobierno;

g. Requerir al Tribunal Constitucional la apreciación preventiva sobre la Constitucionalidad de las normas contenidas en Leyes, Decretos Leyes y Acuerdos Internacionales;

h. Requerir al Tribunal Constitucional la declaración de inconstitucionalidad de las normas jurídicas así como verificar la inconstitucionalidad por omisión;

i. Conferir condecoraciones, en los términos de la ley, y ejercer la función de gran maestre de las órdenes honoríficas portuguesas.

Artículo 135. Competencias en las relaciones Internacionales

Corresponde al Presidente de la República en materia de relaciones internacionales:

a. Nombrar a los embajadores y a los enviados extraordinarios, a propuesta del Gobierno y acreditar a los representantes diplomáticos extranjeros;

b. Ratificar los Tratados Internacionales una vez hayan sido debidamente aprobados;

c. Declarar la guerra en caso de agresión efectiva o inminente y hacer la paz, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo de Estado y mediante autorización de la Asamblea de la República, o, cuando ésta no esté reunida ni sea posible su reunión inmediata, de su comisión permanente.

Artículo 136. Promulgación de las leyes y veto

1. En el plazo de veinte días contados desde la recepción de cualquier acto de la Asamblea de la República para ser promulgado como Ley, o de la publicación de la decisión del Tribunal Constitucional que no se pronuncie por la inconstitucionalidad de una norma en cuestión, el Presidente de la República deberá promulgarla o ejercer el derecho de veto, solicitando un nuevo examen del texto mediante mensaje motivado.

2. Si la Asamblea de la República confirma con el voto por mayoría absoluta de los Diputados de derecho, el Presidente de la República deberá promulgar el texto en el plazo de ocho días a contar desde su recepción.

3. Será no obstante, exigida una mayoría cualificada de dos tercios de los diputados presentes, y superior a la mayoría absoluta de los diputados de derecho se requerirá para confirmar actos que tengan la forma de leyes orgánicas, así como para confirmar los actos relativos a las siguientes materias:

a. Relaciones exteriores;

b. Límites entre el sector público y privado y el sector cooperativo en relación con la propiedad de los medios de producción;

c. Reglamentación de los actos electorales previstos en la Constitución que no requieran la forma de ley orgánica;

4. En el plazo de cuarenta días contados desde la recepción de cualquier decreto del Gobierno para ser promulgado, o de la publicación de una decisión del TC que no se pronuncie por la inconstitucionalidad de la norma en cuestión, deberá el Presidente de la República promulgarla o ejercer el derecho de veto, comunicando en este último caso por escrito al Gobierno el sentido del veto.

5. El Presidente de la República ejerce asimismo, el derecho de veto en los términos de los artículos 278 y 279.

Artículo 137. Falta de promulgación o de sanción

La falta de promulgación o de sanción por el Presidente de la República de cualquiera de los actos previstos del artículo 134.b) implica su inexistencia jurídica.

Artículo 138. Declaración del estado de Sitio o del estado de Excepción

1. La declaración del estado de Sitio o del estado de Excepción depende de que el Gobierno sea oído y de la autorización de la Asamblea de la República o, cuando esta no estuviera reunida ni fuera posible su reunión inmediata, de la respectiva Comisión Permanente.

2. La declaración del estado de Sitio o del estado de Excepción, cuando sea autorizada por la Comisión Permanente de la Asamblea de la República, tendrá que ser confirmada luego por el Pleno en cuanto sea posible reunirlo.

Artículo 139. Actos del Presidente Interino de la República

1. El Presidente interino de la República no puede llevar a cabo cualquiera de los actos previstos en los apartados e) y n) del artículo 133, y apartado c) del artículo 134.

2. El Presidente interino de la República sólo puede llevar a cabo cualquiera de los actos previstos b), c,) f), m), y p) del artículo 133, apartado a) del artículo 134; y apartado a) del artículo 135, una vez oído el Consejo de Estado.

Artículo 140. El refrendo ministerial

1. Los actos del Presidente de la República llevados a cabos en los términos de los apartados h), j), l), m) y p) del artículo 133 apartados b), d) y f) del artículo 134 y en los apartados a), b) y c) del artículo 135, requieren refrendo del Presidente del Gobierno.

2. La falta de refrendo determina la inexistencia jurídica del acto.

Capítulo III. Consejo de Estado

Artículo 141. Definición

El consejo de Estado es el órgano político de consulta del Presidente de la República.

Artículo 142. Composición

El Consejo de Estado es presidido por el Presidente de la República y se compone de los siguientes miembros:

a. El Presidente de la Asamblea de la República;

b. El Primer Ministro;

c. El Presidente del Tribunal Constitucional;

d. El Defensor del Pueblo;

e. Los Presidentes de los gobiernos regionales;

f. Los antiguos Presidentes de la República electos durante la vigencia de esta Constitución, que no hayan sido destituidos del cargo;

g. Cinco ciudadanos designados por el Presidente de la República para el periodo correspondiente a la elección de su mandato;

h. Cinco ciudadanos elegidos por la Asamblea de la República de acuerdo con el principio de representación proporcional para el periodo correspondiente a la duración de la legislatura.

Artículo 143. Toma de posesión y mandato

1. Los miembros del Consejo de Estado toman posesión ante el Presidente de la República.

2. Los miembros del Consejo de Estado previstos en los apartados a) y e) del artículo 142 se mantienen en funciones en cuanto ejerzan sus respectivos cargos.

3. Los miembros del Consejo de Estado previstos en los apartados g) y h) del artículo 142 se mantienen en sus funciones hasta la toma de posesión de quiénes les sustituyan en el ejercicio de sus respectivos cargos;

Artículo 144. Organización y funcionamiento

1. Compete al Consejo de Estado elaborar su reglamento.

2. Las reuniones del Consejo de Estado no serán públicas

Artículo 145. Competencias

Compete al Consejo de Estado:

a. Pronunciarse sobre la disolución de la Asamblea de la República y las asambleas Legislativas de las Regiones Autónomas;

b. Pronunciarse sobre la dimisión del Gobierno en el caso previsto en el apartado 2 del artículo 195;

c. Pronunciarse sobre la declaración de guerra y la firma de la paz;

d. Pronunciarse sobre los actos del Presidente interino de la República previstos en el artículo 139;

e. Pronunciarse en los demás casos previstos en la Constitución y, en general, aconsejar al Presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, cuando éste lo solicite.

Artículo 146. Emisión de criterios

Los criterios del Consejo de Estado previstos en los apartados a) y e) del artículo 145 se emitirán en la reunión que, a este fin, se convoque por el Presidente de la República, y se harán públicos cuando se lleve a la práctica el acto a que se refieren.

Título III. Asamblea de la República

Capítulo I. Estatuto y elección

Artículo 147. Definición

La Asamblea de la República es la Asamblea representativa de todos los ciudadanos portugueses.

Artículo 148. Composición

La Asamblea de la República tendrá un mínimo de 180 y un máximo de 230 Diputados en los términos de la ley electoral.

Artículo 149. Circunscripciones electorales

1. Los Diputados serán elegidos en circunscripciones electorales geográficamente definidas en la ley, la cual podrá determinar la existencia de circunscripciones plurinominales o uninominales, así como la respectiva naturaleza y otros elementos complementarios como forma de asegurar el sistema de representación proporcional y el método de la media más alta de Hondt en la conversión de los votos en mandatos.

2. El número de Diputados por cada distrito plurinominal del territorio nacional, exceptuando el distrito nacional, cuando exista, es proporcional al número de ciudadanos electores en él inscritos.

Son elegibles los ciudadanos portugueses electores, salvo las restricciones que la ley electoral establece en virtud de incompatibilidades locales o del ejercicio de ciertos cargos.

Artículo 151. Candidaturas

1. Las candidaturas serán presentadas, en los términos de la ley, por los partidos políticos, aisladamente o en coalición, pudiendo las listas integrar ciudadanos no afiliados a los respectivos partidos.

2. Nadie podrá ser candidato por más de una circunscripción de la misma naturaleza, excepción hecha de la circunscripción nacional cuando exista, o figurar en más de una lista.

Artículo 152. Representación política

1. La ley no puede establecer límites a la conversión de los votos en mandatos, por exigencia de un porcentaje de votos nacionales mínimos.

2. Los Diputados representan a todo el país y no a las circunscripciones por las que son elegidos.

Artículo 153. Inicio y fin del mandato

1. El mandato de los diputados se inicia con una primera reunión de la asamblea de la República después de las elecciones y cese a con la primera reunión después de las elecciones siguientes, sin perjuicio de la suspensión o del cese individual del mandato.

2. La cobertura de vacantes que se produzcan en la Asamblea, así como la sustitución temporal de Diputados por motivos relevantes, serán regulados por la ley electoral.

Artículo 154. Incompatibilidades

1. Los Diputados que fueran nombrados miembros del Gobierno no podrán ejercer el mandato parlamentario hasta la cesación de estas funciones, siendo sustituidos en los términos del artículo anterior.

2. La ley determina las demás incompatibilidades.

3. La ley regula los casos y las condiciones en que los Diputados necesitan la autorización de la Asamblea de la República para ser jurados, árbitros, peritos o testigos.

Artículo 155. Ejercicio de la función de Diputado

1. Los Diputados ejercen libremente su mandato, siéndoles garantizadas las condiciones adecuadas para el ejercicio eficaz de sus funciones, particularmente en lo que se refiere contacto indispensable con los ciudadanos electores y a su información regular.

2. La ley regula las condiciones en que la ausencia de los diputados por causa o de reuniones o misiones de la Asamblea a actos o diligencias oficiales ajenos a ésta, constituirá motivo justificado de aplazamiento de éstas.

3. Las entidades públicas tienen, en los términos de la ley, el deber de cooperar con los diputados en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 156. Poderes de los Diputados

Constituyen poderes de los Diputados:

a. Presentar proyectos de reforma Constitucional;

b. Presentar proyectos de ley, de Reglamento o de resolución, particularmente de referéndum, y propuestas de deliberación y requerir su respectiva inclusión en el Orden del Día;

c. Participar e intervenir en los debates parlamentarios en los términos del Reglamento;

d. Hacer preguntas al Gobierno sobre cualesquiera actos de éste o de la Administración Pública y a obtener respuesta en plazo razonable, salvo lo dispuesto en la ley en materia de secreto de Estado;

e. Requerir y obtener del Gobierno o de los órganos de cualquier entidad pública los elementos, informaciones y publicaciones oficiales que consideren útiles para el ejercicio de su mandato;

f. Requerir la constitución de comisiones parlamentarias de investigación;

g. Los establecidos en el Reglamento.

Artículo 157. Inmunidades

1. Los Diputados no responden civil, penal o disciplinariamente por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.

2. Los Diputados no podrán ser oídos como declarantes ni como demandados sin autorización de la Asamblea, siendo necesaria la decisión de autorización, en el segundo caso, cuando hubiera fuertes indicios de comisión de un delito doloso al que corresponda pena de prisión cuyo límite máximo sea superior a tres años.

3. Ningún Diputado puede ser detenido o encarcelado sin autorización de la Asamblea, excepto por delito al que corresponda la pena de prisión referida en el apartado anterior y en flagrante delito.

4. Incoado procedimiento penal contra algún Diputado y acusado este definitivamente, la Asamblea decidirá si el Diputado debe o no ser suspendido al objeto de seguimiento del proceso, siendo obligatoria la decisión de suspensión cuando se trate de un delito del tipo recogido en los apartados anteriores.

Artículo 158. Derechos y privilegios

Los Diputados gozan de los siguientes derechos y privilegios:

a. Aplazamiento del servicio militar, del servicio cívico y de la movilización civil.

b. Libre circulación y derecho a pasaporte especial en sus desplazamientos oficiales en el extranjero.

c. Tarjeta especial de identificación;

d. Las prestaciones que establezca la ley.

Artículo 159. Deberes

Constituyen deberes de los Diputados:

a. Asistir a las reuniones del Pleno y a las de las Comisiones a que pertenecen;

b. Desempeñar los cargos en la Asamblea y las funciones para las que sean designados a propuesta de los respectivos grupos Parlamentarios;

c. Participar en las votaciones.

Artículo 160. Pérdida y renuncia al mandato

1. Pierden el mandato los Diputados que:

a. Estén incursos en algunas de las incapacidades o incompatibilidades previstas en la ley;

b. No tomen asiento en la Asamblea o excedan el número de faltas establecido en el Reglamento;

c. Se afilien a partido distinto de aquel por el que se presentaron a las elecciones;

d. Sean judicialmente condenados por delito de responsabilidad en el ejercicio de su función o con tal pena o por participación en organizaciones de carácter racista o que adopten una ideología fascista;

2. Los Diputados pueden renunciar a su mandato mediante declaración escrita.

Capítulo II. Competencias

Artículo 161. Competencias políticas y legislativas

Compete a la Asamblea de la República:

a. Aprobar las modificaciones de la Constitución en los términos de los artículos 284 a 289.

b. Aprobar los Estatutos político-administrativos y las leyes relativas a la elección de los Diputados de las Asambleas Legislativas de las Regiones autónomas;

c. Hacer leyes sobre todas las materias, salvo las reservadas por la Constitución al Gobierno;

d. Conferir al Gobierno autorizaciones legislativas;

e. Conferir a las Asambleas Legislativas de las Regiones autónomas las autorizaciones previstas en el apartado b) del número 1 del Artículo 227 de la Constitución;

f. Conceder amnistías y perdones genéricos;

g. Aprobar las leyes de las grandes opciones de los planes nacionales y el Presupuesto del Estado a propuesta del Gobierno

h. Autorizar al Gobierno a contraer y conceder empréstitos y a realizar otras operaciones de crédito que no sean de deuda flotante definiendo las respectivas condiciones generales, y establecer el límite máximo de los avales a conceder en cada año por el Gobierno;

i. Aprobar los Tratados, especialmente los Tratados de participación de Portugal en organizaciones Internacionales, los tratados de amistad, de paz, de defensa, de rectificación de Fronteras y los relativos a asuntos militares así como los acuerdos internacionales que versen sobre materias sobre su competencia reservada, o que el Gobierno considere someter a su apreciación.

j. Proponer al Presidente de la República el sometimiento a referéndum de cuestiones de relevante interés nacional.

l. Autorizar y confirmar la declaración de estado de Sitio y de estado de Excepción;

m. Autorizar al Presidente de la República a declarar la guerra y a hacer la paz.

n. Pronunciarse, en los términos de la Ley, sobre las materias pendientes de decisión en los órganos del ámbito de la Unión Europea que incidan en la esfera de su competencia legislativa reservada;

o. Desempeñar las demás funciones que le sean atribuidas por la Constitución y por la Ley.

Artículo 162. Competencias de control

Compete a la Asamblea de la República en ejercicio de sus funciones de control:

a. Velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes y examinar los actos del Gobierno y de la Administración.

b. Evaluar la aplicación de la declaración de estado de Sitio o de Excepción.

c. Evaluar, a los efectos de finalización de su vigencia o de su modificación, los Decretos leyes, salvo los adoptados en ejercicio de la competencia legislativa exclusiva del Gobierno, y los decretos legislativos regionales previstos en el apartado b), 1, del artículo 227.

d. Recibir las cuentas del Estado y de las demás entidades públicas que la Ley determine, que serán presentadas antes del 31 de Diciembre del año siguiente, con el parecer del Tribunal de Cuentas y los demás elementos necesarios para su evaluación.

e. Evaluar los informes de ejecución de los planes nacionales.

Artículo 163. Competencias en cuanto a otros órganos

Compete a la Asamblea de la República en relación a otros órganos:

a. Testimoniar la toma de posesión del Presidente de la República.

b. Dar el asentimiento a la ausencia del Presidente de la República del territorio nacional.

c. Promover el proceso de acusación contra el Presidente de la República por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones y decidir sobre la suspensión de miembros del Gobierno en el supuesto previsto en el artículo 196.

d. Evaluar el programa del Gobierno.

e. Votar mociones de confianza y censura al Gobierno.

f. Observar y evaluar, en los términos de la ley, la participación de Portugal en el proceso de construcción de la Unión Europea.

g. Elegir, conforme al sistema de representación proporcional, cinco miembros del Consejo de Estado y a los miembros del Consejo Superior del Ministerio Público que le compete designar.

h. Elegir, por mayoría de dos tercios de los diputados presentes, que sea superior a la mayoría absoluta de los diputados de derecho, diez jueces del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Consejo Económico-Social, siete vocales del Consejo Superior de la Magistratura, los miembros de las entidades de regulación de la comunicación social, y de los otros órganos constitucionales cuya designación, conforme a la ley, sea competencia de la Asamblea de la República.

i. Observar, en los términos de la ley, el despliegue de contingentes militares y de fuerzas de seguridad en el extranjero

Artículo 164. Reserva absoluta de competencia legislativa

Es competencia exclusiva de la Asamblea de la República Legislar sobre las siguientes materias:

a. Elecciones de los titulares de los órganos de soberanía;

b. El régimen de los Referéndums;

c. La organización funcionamiento y procesos de Tribunal Constitucional;

d. La organización de la Defensa Nacional, definición de los deberes que derivan de ella y las bases generales de organización, funcionamiento, equipamiento y disciplina de las fuerzas armadas.

e. Los regimenes de estado de Sitio y de estado de Excepción

f. Adquisición, pérdida y recuperación de la ciudadanía Portuguesa;

g. Definición de los límites de las aguas territoriales, zona económica exclusiva y derechos de Portugal sobre los fondos marinos contiguos

h. Asociaciones y partidos políticos;

i. Bases del sistema de enseñanza;

j. Elecciones de Diputados a las Asambleas Legislativas de las Regiones autónomas;

l. Elecciones de titulares de los órganos del poder local u otras que se lleven a cabo por sufragio directo y universal, así como elecciones a los restantes órganos constitucionales;

m. Estatuto de los titulares de los órganos de soberanía y del poder local, así como de los restantes órganos constitucionales o electos por sufragio directo o universal;

n. Creación, extinción y modificación de las autonomías locales y su respectivo régimen, sin perjuicio de los poderes de las Regiones autónomas;

o. Restricciones al ejercicio de derechos por los militares y agentes militarizados, de los cuadros permanentes en servicio activo, así como de los agentes de servicios y fuerzas de seguridad;

p. Régimen de designación de los miembros órganos de la Unión Europea con excepción de la Comisión;

q. Régimen del sistema de información de la República y del Secreto de Estado;

r. Régimen general de elaboración y organización de los Presupuestos del Estado, de las Regiones autónomas y de las autonomías locales;

s. Régimen de los símbolos nacionales;

t. Régimen financiero de las Regiones autónomas;

u. Régimen de las Fuerzas de Seguridad;

v. Régimen de autonomía organizativa, administrativa y financiera de los servicios de apoyo al Presidente de la República.

Artículo 165. Reserva relativa de competencia legislativa

1. Es de la exclusiva competencia de la Asamblea de la Republica sobre las siguientes materias, salvo autorización al Gobierno:

a. Estado civil y capacidad de las personas;

b. Derechos libertades y garantías;

c. Definición de los delitos, penas, medidas de seguridad y sus respectivos presupuestos, así como su proceso penal;

d. Régimen general punitivo de las infracciones disciplinarias, así como de los actos ilícitos en el orden social y su respectivo proceso;

e. Régimen general de la requisa y de la expropiación por utilidad pública;

f. Bases del sistema de Seguridad Social y del Servicio Nacional de Salud;

g. Bases del sistema de protección de la naturaleza, del equilibrio ecológico y del patrimonio cultural;

h. Régimen general de arrendamiento rural y urbano;

i. Creación de impuestos y sistema fiscal y régimen general de tasas y demás contribuciones financieras a favor de las entidades públicas;

j. Definición de los sectores de propiedad de los medios de producción, incluyendo los sectores básicos en los cuales se prohíbe la actividad de las empresa privadas y de otras entidades de la misma naturaleza;

l. Medios y formas de intervención, expropiación, nacionalización y privatización de los medios de producción y suelo por motivo de interés público, así como criterios de fijación en los casos que proceda de las indemnizaciones;

m. Régimen de los planes de desarrollo económico y social y composición del Consejo Económico y Social;

n. Las bases de la política agrícola, incluyendo la determinación de los límites mínimos y máximos de las unidades de explotación agrícola;

o. Sistema monetario y patrón de pesas y medidas;

p. Organización y competencia y estatuto de los tribunales y de la fiscalía, así como la organización y responsabilidades de las entidades no jurisdiccionales de composición de conflictos;

q. El Estatuto de las Corporaciones locales, incluyendo su régimen de finanzas;

r. La participación de las organizaciones de residentes en el ejercicio del poder local;

s. Asociaciones públicas, garantías de los administrados y responsabilidad civil de la Administración;

t. Bases del régimen y ámbito de la función pública;

u. Bases generales del Estatuto de las empresas y fundaciones públicas;

v. Definición y régimen de los bienes de dominio público;

x. Régimen de los medios de producción integrados en el sector cooperativo y social de propiedad;

z. Bases de ordenamiento del territorio y del urbanismo;

aa. Régimen y forma de la creación de policías municipales.

2. Las leyes de autorización legislativa deben definir el objeto, sentido, extensión y duración de la autorización, la cual puede ser prorrogada.

3. Las autorizaciones legislativas no pueden ser utilizadas más de una vez sin perjuicio de su ejecución compartimentada;

4. Las autorizaciones caducan con la dimisión del Gobierno que las tuviera concedidas, con el fin de la legislatura o con la disolución de la Asamblea de la República;

5. Las autorizaciones concedidas al Gobierno en la Ley de Presupuesto han de observar lo dispuesto en el presente artículo, y cuando incidan en materia fiscal, caducarán al final el año económico a que se refieran.

Artículo 166. Forma de los actos

1. Revisten la forma de ley constitucional los actos previstos en el apartado a) del artículo 161.

2. Revisten la forma de ley orgánica los actos previstos en los apartados a) al f),h), j), primera parte del apartado l), q) y t) del artículo 164 y el artículo 255.

3. Revisten la forma de ley los actos previstos en los apartados b) al h) del artículo 161.

4. Revisten la forma de moción los actos de los apartados d) y e) del artículo 163.

5. Revisten la forma de resolución los demás actos de la Asamblea de la República, así como los actos de su comisión permanente previstos en los apartados e) y f) del número 3 del artículo 179.

6. Las resoluciones serán publicadas independientemente de su promulgación.

Artículo 167. Iniciativa en relación a la legislación y al referéndum

1. La iniciativa legal y de referéndum compete a los Diputados, a los Grupos Parlamentarios y al Gobierno, y también, en los términos y condiciones establecidos en la ley, a grupos de ciudadanos electores, correspondiendo la iniciativa de la ley, en los que se refiere a las Regiones autónomas a las respectivas asambleas legislativas.

2. Los Diputados, Grupos Parlamentarios, las Asambleas Legislativas de las Regiones autónomas y los grupos de ciudadanos electores, no pueden presentar proyectos de ley, proposiciones de ley o proposiciones de modificación que supongan en el año económico en curso, aumento de los gastos o disminución de los ingresos, previstos en el presupuesto.

3. Los Diputados, los Grupos Parlamentarios y los grupos de ciudadanos electores, no pueden presentar proyectos de referéndum que supongan en el año económico en concurso aumento de los gastos o disminución de los ingresos del Estado previstos en el Presupuesto.

4. Los proyectos y las proposiciones de ley y de referéndum definitivamente rechazados no pueden ser replanteados en el mismo periodo de sesiones salvo nueva elección de la Asamblea de la República.

5. Los proyectos de ley, las proposiciones de ley del Gobierno y los proyectos y proposiciones de referéndum no votados en el periodo de sesiones en que hubieran sido presentados, no necesitan ser renovados en el periodo de sesiones siguiente, salvo fin de la Legislatura.

6. Las proposiciones de ley y de referéndum caducan con la dimisión del Gobierno.

7. Las proposiciones de ley a iniciativa de las Asambleas Legislativas de las Regiones autónomas caducan con la finalización de la respectiva legislatura, salvo en el caso en que sus principios generales hayan sido ya aprobados, en cuyo supuesto se prorrogarán hasta el fin de la Legislatura de la Asamblea de la República.

8. Las comisiones parlamentarias pueden presentar textos alternativos, a los proyectos y proposiciones de ley y a los referéndums a que se refieran a menos que sean retirados.

Artículo 168. Discusión y votación

1. La discusión de los proyectos y proposiciones de ley comprende un debate de principios generales y otro sobre los detalles.

2. La votación comprende un voto sobre los principios generales, otro sobre los detalles y un voto finalidad global.

3. Si la Asamblea decide deliberar sobre textos cuyos principios generales se han aprobado, estos serán sometidos a la votación de los detalles en Comisión, sin perjuicio del poder de avocación de la Asamblea y del voto final de esta para su aprobación global.

4. Serán obligatoriamente votadas en el Pleno aquellas leyes que versan sobre las materias previstas en los apartados a) al f), h), n), y o); del artículo 164, así como en el apartado q) del número 1 del artículo 165.

5. Las leyes orgánicas necesitan aprobación en la votación final global por mayoría absoluta de los diputados de derecho; debiendo las disposiciones relativas a la delimitación territorial de las regiones, previstas en el artículo 255, ser aprobadas en Pleno con idéntica mayoría.

6. Necesitan aprobación por mayoría de dos tercios de los Diputados presentes, siempre que sea superior a la mayoría absoluta de los Diputados de Derecho:

a. La ley referente a las entidades de regulación de la comunicación social;

b. Las normas que regulan lo dispuesto en el número 2 del artículo 118;

c. La ley que regula el ejercicio del Derecho previsto en el apartado 2 del artículo 121;

d. Las disposiciones de las leyes que regulan las materias contempladas en los artículos 148 y 149 y las relativas al sistema y método de elección de los órganos previstos en el apartado 3 del artículo 239;

e. Las disposiciones que regulan la materia prevista en el apartado o) del artículo 164;

f. Las disposiciones de los estatutos político-administrativos de las Regiones autónomas que enuncien las materias que integran su respectivo poder legislativo.

Artículo 169. Consideración parlamentaria de los actos legislativos

1. Los decretos leyes, salvo los aprobados en ejercicio de la competencia legislativa exclusiva del Gobierno, pueden ser sometidos a conocimiento de la Asamblea de la República, al objeto de cese de su vigencia o de enmienda, a requerimiento de diez diputados, en los treinta días siguientes a su publicación, de los que se descontarán los periodos de suspensión de funcionamiento de la Asamblea de la República.

2. Requerido el conocimiento de un decreto ley elaborado en ejercicio de una autorización legislativa, y en el caso de que se hayan presentado enmiendas, la Asamblea podrá suspender, en todo o en parte, la vigencia del decreto ley hasta la publicación de la ley que lo enmienda o hasta el rechazo de todas aquellas enmiendas.

3. Tal suspensión caduca transcurridas 10 sesiones plenarias sin que finalmente la Asamblea se haya pronunciado.

4. En el caso de que el Decreto ley cese en su vigencia, ello se producirá en la fecha o en el día en que la resolución se publique en el Diario de la República y no podrá volver a ser publicado durante el mismo periodo de sesiones.

5. En el supuesto de que la Asamblea haya solicitado el conocimiento y no se haya pronunciado sobre tal consideración, o en el supuesto de que la Asamblea haya decidido incorporar enmiendas pero no haya votado la correspondiente ley antes de finalizar ese periodo de sesiones y con la condición de que hayan transcurrido al menos 15 sesiones plenarias, se considerará que el proceso ha caducado.

6. Los procesos de conocimiento parlamentario de los decretos leyes gozan de prioridad en los términos del Reglamento.

Artículo 170. Procedimiento de urgencia

1. La Asamblea de la República puede, a iniciativa de cualquier Diputado o Grupo Parlamentario o del Gobierno, declarar urgente el procedimiento de cualquier proyecto o proposición de ley o de resolución.

2. La Asamblea podrá también, por iniciativa de las Asambleas legislativas de la Regiones autónomas, declarar la urgencia del procedimiento de cualquier proposición de ley que estas hayan presentado.

Capítulo III. Organización y funcionamiento

Artículo 171. Legislatura

1. La legislatura tiene una duración de cuatro periodos de sesiones.

2. En caso de disolución, la recién elegida Asamblea inicia nueva Legislatura cuya duración será inicialmente incrementada por el tiempo necesario para completar el período correspondiente al periodo de sesiones en curso en la fecha de la elección.

Artículo 172. Disolución

1. La Asamblea de la República no puede ser disuelta en los seis meses posteriores a su elección, en el último semestre del mandato del Presidente de la República, o durante la vigencia del estado de Sitio o del estado de Excepción.

2. La inobservancia de lo dispuesto en el apartado anterior determinará la inexistencia jurídica del decreto de disolución.

3. La disolución de la Asamblea no empece la subsistencia del mandato de los Diputados ni de la competencia de la Comisión Permanente, hasta la primera reunión de la Asamblea después de las siguientes elecciones.

Artículo 173. Reunión tras las elecciones

1. La Asamblea de la República se reúne por derecho propio, en el tercer día posterior a la determinación de los resultados generales de las elecciones o, si se trata de elecciones por fin de legislatura, si aquel día recae antes del término de esta, en el primer día de la legislatura.

2. Recayendo aquella fecha fuera del periodo de funcionamiento efectivo de la Asamblea, ésta se reunirá a los efectos de lo dispuesto en el artículo 175.

Artículo 174. Periodo de sesiones, periodo de funcionamiento y convocatoria

1. El periodo de sesiones tiene una duración de un año, y se inicia el 15 de septiembre.

2. El periodo ordinario de funcionamiento de la Asamblea de la República comprende desde el 15 de septiembre al 15 de junio, sin perjuicio de las suspensiones que la Asamblea acuerde por mayoría de dos tercios de los Diputados presentes.

3. Fuera del periodo indicado en el número anterior, la Asamblea de la República puede funcionar por acuerdo del Pleno prorrogando el periodo ordinario de funcionamiento, a iniciativa de la Comisión Permanente o, ante la imposibilidad de esta, y en caso de grave emergencia, a iniciativa de más de la mitad de los Diputados.

4. La Asamblea puede ser convocada extraordinariamente por el Presidente de la República para ocuparse de asuntos específicos.

5. Las Comisiones, pueden funcionar independientemente del funcionamiento del Pleno de la Asamblea, mediante deliberación de ésta, en los términos del apartado 2.

Artículo 175. Competencia interna de la Asamblea

Compete a la Asamblea de la República:

a. Elaborar y aprobar su Reglamento en los términos de la Constitución;

b. Elegir por mayoría absoluta de los Diputados de derecho, a su presidente y a los demás miembros de la Mesa siendo los cuatro Vicepresidentes electos a propuesta de los cuatro mayores Grupos Parlamentarios;

c. Constituir la Comisión Permanente y las restantes Comisiones.

Artículo 176. Orden del día de las Sesiones Plenarias

1. El Orden del Día será fijado por el Presidente de la Asamblea de la República, según la prelación de las materias definidas en el Reglamento, y sin perjuicio del derecho de recurso ante el Pleno de la Asamblea y de la competencia del Presidente de la República prevista en el apartado 4 del artículo 174.

2. El Gobierno y los Grupos Parlamentarios podrán solicitar prioridad para asuntos de interés nacional de resolución urgente.

3. Todos los Grupos Parlamentarios tienen derecho a la determinación del Orden del día de un cierto número de reuniones, según criterio a establecer en el Reglamento, reservándose siempre la posición de los partidos minoritarios o no representados en el Gobierno.

4. Las Asambleas Legislativas y Regiones autónomas, pueden solicitar la prioridad de asuntos de interés regional de resolución urgente.

Artículo 177. Participación de los miembros del Gobierno

1. Los Ministros tienen derecho a comparecer en las reuniones plenarias de la Asamblea de la República, pudiendo ser ayudados o sustituidos por los Secretarios de Estado, y unos y otros pueden usar la palabra en los términos del Reglamento.

2. Se establecerán reuniones en las que los miembros del Gobierno estarán presentes para responder a preguntas y peticiones de aclaración de los Diputados, que se realizarán con periodicidad mínima fijada en el Reglamento y en las fechas a establecer de acuerdo con el Gobierno.

3. Los miembros del Gobierno podrán solicitar su participación en los trabajos de las Comisiones y deberán comparecer ante las mismas cuando sean requeridos.

Artículo 178. Las Comisiones

1. La Asamblea de la República tiene las comisiones que se prevé en el Reglamento y puede constituir eventualmente Comisiones de investigación o para cualquier otro fin determinado.

2. La composición de las Comisiones corresponde con carácter proporcional a los partidos en la Asamblea de la República.

3. Las peticiones dirigidas a la Asamblea serán examinadas por las Comisiones o por la Comisión especialmente Constituida a ese efecto, que podrá oir a las demás comisiones competentes por razón de la materia, en todos los casos podrá solicitarse la declaración de cualquier ciudadano.

4. Sin perjuicio de su Constitución en los términos generales, las Comisiones parlamentarias de investigación se constituirán obligatoriamente siempre que así se requiera por un quinto de los Diputados de derecho, hasta el límite de una por Diputado y por periodo de sesiones.

5. Las Comisiones parlamentarias de investigación gozan de poderes de investigación propios de las autoridades judiciales.

6. Las Presidencias de las Comisiones se repartirán en conjunto por los Grupos Parlamentarios en proporción al número de sus Diputados.

7. En las reuniones de las Comisiones en que se discutan propuestas legislativas regionales pueden participar representantes de la Asamblea Legislativa de la Región Autónoma proponente, en los términos del Reglamento.

Artículo 179. Comisión Permanente

1. Fuera del periodo de funcionamiento efectivo de la Asamblea de la República, durante el periodo en que ésta se encuentre disuelta, y en los restantes casos previstos en la Constitución, funcionará la Comisión Permanente de la Asamblea de la República.

2. Preside la Comisión Permanente el Presidente de la Asamblea de la República, y se compone de los Vicepresidentes y de los Diputados propuestos por todos los partidos, de acuerdo con su respectiva representatividad en la Asamblea.

3. Corresponde a la Comisión Permanente:

a. Vigilar el cumplimiento de la Constitución y de las Leyes y supervisar la actividad del Gobierno y de la Administración;

b. Ejercer los poderes de la Asamblea relativos al mandato de los Diputados;

c. Promover la convocatoria de la Asamblea siempre que tal sea necesaria;

d. Preparar la apertura del periodo de sesiones;

e. Autorizar la ausencia del Presidente de la República del Territorio nacional;

f. Autorizar al Presidente de la República a declarar los estados de Sitio o de Excepción, declarar la guerra o hacer la paz;

4. En el caso del apartado f) del número anterior, la Comisión permanente promoverá la convocatoria de la Asamblea en el plazo más corto posible.

Artículo 180. Grupos Parlamentarios

1. Los Diputados elegidos por cada partido o coalición de partidos pueden constituirse en Grupo Parlamentario.

2. Constituyen derechos de cada Grupo Parlamentario:

a. Participar en las Comisiones de la Asamblea en función del número de sus miembros, indicando sus representantes en ellas;

b. Ser oído en la fijación del Orden del Día e interponer recurso ante el Pleno sobre el Orden del Día fijado;

c. Llevar a cabo, con la presencia del Gobierno, el debate sobre cuestiones de interés público, actual y urgente;

d. Impulsar, por medio de interpelaciones al Gobierno, la apertura de dos debates en cada periodo de sesiones, sobre asuntos de política general o sectorial;

e. Solicitar a la Comisión Permanente que promueva la convocatoria de la Asamblea;

f. Requerir la constitución de comisiones parlamentarias de investigación;

g. Ejercer la iniciativa legislativa;

h. Presentar mociones de rechazo al Programa de Gobierno;

i. Presentar mociones de censura al Gobierno;

j. Ser informado regular y directamente por el Gobierno sobre la marcha de los principales asuntos de interés público;

3. Cada Grupo Parlamentario tiene derecho a disponer de locales de trabajo en la sede de la Asamblea, así como del personal técnico y administrativo de confianza, en los términos que la ley determina.

4. Los Diputados no integrados en Grupos Parlamentarios tendrán asegurados los derechos y garantías mínimos asegurados en los términos del Reglamento.

Artículo 181. Funcionarios y especialistas al servicio de la Asamblea

Los trabajos de la Asamblea y de las Comisiones serán asesorados por un cuerpo permanente de funcionarios técnico y Administrativo, o por especialista reclutados o temporalmente contratados en el número que el Presidente considere necesario.

Título IV. Gobierno

Capítulo I. Función y estructura

Artículo 182. Definición

El Gobierno es el órgano de conducción de la política general del país, y el órgano superior de la Administración Pública.

Artículo 183. Composición

1. El Gobierno está constituido por el Primer Ministro, los Ministros y los Secretarios y Subsecretarios de Estado.

2. El Gobierno puede incluir uno o más Vicepresidentes.

3. El número, la designación y atribuciones de los Ministerios y Secretarías de Estado, así como las formas de coordinación entre ellas, serán determinados, según los casos, por los decretos de nombramientos de los respectivos titulares o por Decreto Ley.

Artículo 184. Consejo de Ministros

1. El Consejo de Ministros está constituido por el Primer Ministro, los Viceprimeros Ministros, si los hubiera, y por los Ministros.

2. La ley puede crear Consejos de Ministros especializados en razón de la materia.

3. Pueden ser convocados para participar en las reuniones de Consejos de Ministros los Secretarios de Estado y Subsecretarios.

Artículo 185. Sustitución de los miembros del Gobierno

1. No habiendo Viceprimer Ministro, el primer Ministro será sustituido en su ausencia o en caso de impedimento, por el Ministro que indique al Presidente de la República o a falta de tal indicación, por el Ministro que sea designado por el Presidente de República.

2. Cada Ministro será sustituido en caso de ausencia o impedimento por el Secretario de Estado que indique al Primer Ministro, o a falta de tal indicación, por el miembro del Gobierno que el Primer Ministro designe.

Artículo 186. Inicio y cese de funciones

1. Las funciones de Primer Ministro se inician con su toma de posesión y cesan al ser cesado por el Presidente de la República.

2. Las funciones de los restantes miembros del Gobierno se inician con su toma de posesión, y cesan con su dimisión o con el cese del Primer Ministro.

3. Las funciones de su Secretarios y Subsecretarios de Estado, cesan también con el cese del respectivo Ministro.

4. En el caso de dimisión del Gobierno, el Primer Ministro en funciones es cesado en la fecha de nombramiento y toma de posesión del nuevo Primer Ministro.

5. Antes del conocimiento de su programa por la Asamblea de la República o después de su dimisión, el Gobierno se limitará a la práctica de los actos estrictamente necesarios para asegurar la gestión de los negocios públicos.

Capítulo II. Formación y responsabilidad

Artículo 187. Formación del Gobierno

1. El Primer Ministro es nombrado por el Presidente de la República oídos los partidos representados en la Asamblea de la República y teniendo en cuenta los resultados electorales.

2. Los restantes miembros del Gobierno serán nombrados por el Presidente de la República a propuesta del Primer Ministro.

Artículo 188. Programa del Gobierno

En el Programa del Gobierno constarán las principales orientaciones políticas y medidas a adoptar o a proponer en los diversos dominios de la actividad gubernamental.

Artículo 189. Solidaridad gubernamental

Los miembros del Gobierno están vinculados al programa del Gobierno y a las deliberaciones del Consejo de Ministros.

Artículo 190. Responsabilidad del Gobierno

El Gobierno es responsable ante el Presidente de la República y ante la Asamblea de la República.

Artículo 191. Responsabilidad de los miembros del Gobierno

1. El Primer Ministros es responsable ante el Presidente de la República y, en el ámbito de la responsabilidad política del Gobierno, ante la Asamblea de la República.

2. Los Viceprimeros Ministros y los Ministros son responsables ante el Primer Ministro y, en el ámbito de la responsabilidad política del Gobierno, ante la Asamblea de la República.

3. Los Secretarios y Subsecretarios de Estado son responsables ante el Primer Ministro y el Ministro respectivo.

Artículo 192. Examen del programa del Gobierno

1. El programa del Gobierno se somete a examen por la Asamblea de la República a través de una declaración del Primer Ministro, en el plazo máximo de 10 días después de su nombramiento.

2. Si la Asamblea de la República no se encuentra en funcionamiento efectivo, será obligatoriamente convocada para este fin por su Presidente.

3. El debate no puede exceder de tres días y hasta su finalización, cualquier Grupo Parlamentario puede proponer el rechazo del programa o el Gobierno solicitar la aprobación de un voto de confianza.

4. El rechazo del programa del Gobierno exige mayoría absoluta de los Diputados de derecho.

Artículo 193. Solicitud de voto de confianza

El Gobierno puede solicitar a la Asamblea de la República la aprobación de un voto de confianza sobre una declaración política general o sobre cualquier asunto relevante de interés nacional

Artículo 194. Mociones de censura

1. La Asamblea de la República puede votar mociones de censura al Gobierno sobre la ejecución de su programa o sobre un asunto relevante de interés nacional, a iniciativa de un cuarto de los Diputados de derecho o de cualquier Grupo Parlamentario.

2. Las mociones de censura sólo pueden debatirse cuarenta y ocho horas después de su presentación, en un debate cuya duración no será superior a tres días.

3. Si una moción de censura no fuera aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones.

Artículo 195. Dimisión del Gobierno

1. Implica la dimisión del Gobierno:

a. El inicio de una nueva legislatura;

b. La aceptación por el Presidente de la República de la petición de dimisión presentada por el Primer Ministro;

c. La muerte o la incapacidad física duradera del Primer Ministro;

d. El rechazo del programa de Gobierno;

e. La no aprobación de una moción de confianza;

f. La aprobación de una moción de censura por mayoría absoluta de Diputados de derecho.

2. El Presidente de la República sólo podrá cesar al Gobierno cuando ello se vuelva necesario para asegurar el funcionamiento regular de las instituciones democráticas, oído el Consejo de Estado.

Artículo 196. Efectividad de la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno

1. Ningún miembro del Gobierno puede ser detenido o encarcelado, sin autorización de la Asamblea de la República, salvo por delito doloso al que corresponda pena de prisión cuyo límite máximo sea superior a tres años o por flagrante delito.

2. Incoado procedimiento criminal contra algún miembro del Gobierno y acusado éste definitivamente, la Asamblea de la República decidirá si el miembro del Gobierno debe o no ser suspendido a los efectos de continuación del proceso, siendo obligatorio la decisión de suspensión cuando se trate de delitos del tipo referido en el apartado anterior.

Capítulo III. Competencia

Artículo 197. Competencias políticas

1. Compete al Gobierno, en el ejercicio de sus funciones políticas:

a. Refrendar los actos el Presidente de la República, en los términos del artículo 140;

b. Negociar y concertar los tratados internacionales;

c. Aprobar los tratados internacionales cuya aprobación no sea competencia de la Asamblea de la República o que no tengan que ser sometidos a ésta;

d. Presentar propuestas de ley y de resolución a la Asamblea de la República;

e. Proponer al Presidente de la República el sometimiento a refrendo de cuestiones de relevante interés nacional, en los términos del artículo 115;

f. Pronunciarse sobre la declaración de estado de Sitio o de Excepción;

g. Proponer al Presidente de la República la declaración de guerra o hacer la paz;

h. Presentar a la Asamblea de la República, en los términos del apartado d) del artículo 162, las cuentas del Estado y de las demás entidades públicas, que la ley determine;

i. Presentar, en tiempo útil, a la Asamblea de la República, a efectos de lo dispuesto en el apartado n) del artículo 161 y del apartado f) del artículo 163, información referente al proceso de construcción de la Unión Europea;

j. Llevar a cabo los demás actos que le hayan sido encomendados por la Constitución o por la Ley.

2. La aprobación por el Gobierno de Tratados internacionales reviste la forma de decreto.

Artículo 198. Competencia legislativa

1. Compete al Gobierno, en el ejercicio de funciones legislativas:

a. Hacer decretos leyes en materias no reservadas a la Asamblea de la República;

b. Hacer decretos leyes en materias de reserva relativa de la Asamblea de la República mediante la autorización de ésta;

c. Hacer decretos leyes de desarrollo de los principios o las bases generales de los regímenes jurídicos contenidos en leyes que a ellos se circunscriban.

2. Es de la exclusiva competencia legislativa del Gobierno la materia relativa a su propia organización y funcionamiento.

3. Los decretos leyes previstos en los apartados b) y c) del número 1, deben invocar expresamente la ley de autorización legislativa o la ley de bases a cuyo amparo hayan sido aprobados.

Artículo 199. Competencia Administrativa

Compete al Gobierno, en el ejercicio de sus funciones administrativas:

a. Elaborar los planes, con base en las respectivas leyes de las grandes opciones, y hacerlos ejecutar;

b. Hacer ejecutar el presupuesto del Estado;

c. Hacer los reglamentos necesarios para la buena ejecución de las leyes;

d. Dirigir los servicios y la actividad de la administración directa del Estado civil y militar, y supervisar la administración indirecta y ejercer la tutela sobre ella y sobre la administración autónoma;

e. Llevar a cabo todos los actos exigidos por la ley en relación con los funcionarios y agentes del Estado y otras personas jurídicas públicas;

f. Defender la legalidad democrática;

g. Llevar a cabo todos los actos y adoptar las previsiones necesarias para la promoción del desarrollo económico y social y la satisfacción de las necesidades colectivas.

Artículo 200. Competencias del Consejo de Ministros

1. Compete al Consejo de Ministros:

a. Definir las líneas generales de la política gubernamental, así como las de su aplicación;

b. Deliberar sobre la petición de confianza a la Asamblea de la República;

c. Aprobar las proposiciones de ley y de resolución;

d. Aprobar los Decretos leyes, así como los acuerdos Internacionales no sometidos a la asamblea de la República;

e. Aprobar los planes;

f. Aprobar los actos de gobierno que supongan aumento o disminución de los ingresos o gastos públicos;

g. Deliberar sobre otros asuntos competencia del Gobierno, que le sean atribuidos por ley o presentados por el Primer Ministro o por cualquier ministro.

2. Los Consejos de Ministros especializados, ejercen la competencia que les fuera atribuida por ley o delegada por el Consejo de Ministros.

Artículo 201. Competencia de los miembros del Gobierno

1. Compete al Primer Ministro:

a. Dirigir la política general del Gobierno coordinando y orientando la acción de todos los Ministros;

b. Dirigir el funcionamiento del Gobierno y sus relaciones de carácter general con los demás órganos del Estado;

c. Informar al presidente de la República sobre las cuestiones relativas a la política interna y externa del país;

d. Ejercer las demás funciones que le sean atribuidas por la Constitución y por la ley.

2. Compete a los Ministros:

a. Ejecutar la política definida para sus Ministerios;

b. Asegurar las relaciones de carácter general entre el Gobierno y los demás órganos del Estado en el ámbito de sus respectivos Ministerios;

3. Los decretos leyes y los demás decretos del Gobierno serán firmados por el Primer Ministro y por los Ministros competentes en razón de la materia.

Título V. Tribunales

Capítulo I. Principios generales

Artículo 202. La función jurisdiccional

1. Los Tribunales son los órganos de soberanía con competencia para administrar la justicia en nombre del pueblo.

2. En la Administración incumbe a los Tribunales asegurar la defensa de los derechos e intereses legalmente protegidos de los ciudadanos, reprimir la violación de la legalidad democrática y dirimir los conflictos de intereses públicos y privados.

3. En el ejercicio de sus funciones los tribunales tienen derecho a la cooperación de las otras autoridades.

4. La ley podrá institucionalizar instrumentos y formas de composición no jurisdiccional de conflictos.

Artículo 203. Independencia

Los Tribunales son independientes y sólo están sujetos a la ley.

Artículo 204. Examen de inconstitucionalidad

En los hechos sometidos a enjuiciamiento, los tribunales no podrán aplicar normas que infrinjan lo dispuesto en la Constitución o los principios en ella consignados.

Artículo 205. Decisiones de los Tribunales

1. Las decisiones de los Tribunales que no sean de mero expediente serán fundamentadas en la forma prevista en la ley.

2. Las decisiones de los Tribunales serán obligatorias para todas las entidades públicas y privadas y prevalecerán sobre las de cualquier otra autoridad.

3. La ley regulará los términos de la ejecución de las decisiones de los tribunales respecto a cualquier autoridad y determinará las sanciones a aplicar a los responsables por su inejecución.

Artículo 206. Audiencia de los Tribunales

Serán públicas las audiencias de los Tribunales, salvo cuando el propio tribunal decida lo contrario, por auto motivado, para salvaguardar la dignidad de las personas y la moral pública y para garantizar su normal funcionamiento.

Artículo 207. Jurado, participación popular y asesoría técnica

1. El jurado, en los casos y con la composición que fije la ley, interviene en el juicio de los delitos graves, salvo los de terrorismo y los de crimen organizado, particularmente cuando la acusación o la defensa lo requieran.

2. La ley podrá establecer la intervención de jueces sociales en el enjuiciamiento de materias de trabajo, de infracciones contra la salud pública, de pequeños delitos, de ejecución de penas u otras en las que se justifique una especial ponderación de los valores sociales ofendidos.

3. La ley podrá establecer también la participación de asesores técnicamente cualificados para el enjuiciamiento de determinadas materias.

Artículo 208. Protección forense

La ley asegura a los abogados las inmunidades necesarias para el ejercicio del mandato y regulará la protección forense, como elemento esencial en la Administración de Justicia.

Capítulo II. Organización de los Tribunales

Artículo 209. Categorías de Tribunales

1. Además del Tribunal Constitucional, existen las siguientes categorías de tribunales:

a. El Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales judiciales de primera y segunda instancia;

b. El Tribunal Supremo Administrativo y otros tribunales administrativos y fiscales;

c. El Tribunal de Cuentas

2. Pueden existir tribunales marítimos, tribunales de arbitraje y juzgados de paz.

3. La ley determinará los casos y las formas en que los tribunales previstos en los números anteriores se pueden constituir, separada o conjuntamente en tribunales de conflictos.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a los tribunales militares se prohíbe la existencia de tribunales con competencia exclusiva para el enjuiciamiento de ciertas categorías de delitos.

Artículo 210. Tribunal supremo de justicia e instancias

1. El Tribunal Supremo de Justicia es el órgano superior en la jerarquía de los tribunales judiciales sin perjuicio de la competencia propia del Tribunal Constitucional.

2. El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia es elegido por los respectivos jueces.

3. Los tribunales de primera instancia son con carácter general, los tribunales de comarca, a los que se equiparan los referidos en el número 2 del artículo siguiente.

4. Los tribunales de segunda instancia son, por regla general, los tribunales de apelación.

5. El Tribunal Supremo de Justicia funcionará como tribunal de instancia en los casos que la ley determine.

Artículo 211. Competencia y especialización de los tribunales judiciales

1. Los tribunales judiciales son los tribunales comunes en materia civil y penal y ejercen jurisdicción en todas las áreas no atribuidas a otros órganos judiciales.

2. En la primera instancia puede haber tribunales con competencia específica y tribunales especializados, para el enjuiciamiento de materias determinadas.

3. En la composición de los tribunales de cualquier instancia que juzguen delitos de naturaleza estrictamente militar forman parte uno o más jueces militares en los términos de la ley.

4. Los tribunales de apelación y el tribunal supremo de justicia pueden funcionar en secciones especializadas.

Artículo 212. Tribunales administrativos y fiscales

1. El Tribunal Supremo Administrativo es el órgano superior en la jerarquía de los tribunales administrativos y fiscales, sin perjuicio de la competencia propia del Tribunal Constitucional.

2. El Presidente del Tribunal Supremo Administrativo es elegido de entre y por los respectivos jueces.

3. Compete a los tribunales administrativos y fiscales el enjuiciamiento de las acciones y recursos contenciosos que tengan por objeto dirimir los litigios que se planteen en las relaciones jurídicas administrativas y fiscales.

Artículo 213. Tribunales militares

Durante la vigencia del Estado de Guerra se formarán tribunales militares con competencias para el enjuiciamiento de delitos de naturaleza estrictamente militar.

Artículo 214. El Tribunal de Cuentas

1. El Tribunal de Cuentas es el órgano supremo de fiscalización de la legalidad de los gastos públicos y de enjuiciamiento de las cuentas que la ley mande someterle comprendiendo, entre ellas particularmente:

a. Emitir opinión sobre la Cuenta General del Estado, incluyendo la de la Seguridad Social;

b. Dar opinión sobre las cuentas de las Regiones autónomas de Azores y Madeira;

c. Hacer efectivas las responsabilidades por infracciones financieras en los términos de la ley;

d. Ejercer las demás competencias que le fueran atribuidas por ley.

2. El mandato del presidente del Tribunal de Cuentas tiene una duración de cuatro años, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado m) del artículo 133.

3. El Tribunal de Cuentas puede funcionar descentralizadamente, con secciones regionales, en los términos de la ley.

4. En las Regiones autónomas de Azores y Madeira hay secciones del Tribunal de Cuentas con competencia plena respecto de la materia de la respectiva región en los términos de la ley.

Capítulo III. Estatuto de los jueces

Artículo 215. Magistratura de los Tribunales Judiciales

1. Los jueces de los tribunales judiciales forman un cuerpo único y se rigen por un solo estatuto.

2. La ley determina los requisitos y las reglas de selección de los jueces de los tribunales judiciales de primera instancia.

3. La selección de los jueces de los tribunales judiciales de segunda instancia se lleva a cabo con prevalencia del criterio de mérito por concurso curricular entre los jueces de primera instancia.

4. El acceso al Tribunal Supremo de Justicia se hace por concurso curricular abierto a los magistrados judiciales y del Ministerio Público y a otros juristas con méritos, en los términos que la ley determine.

Artículo 216. Garantías e incompatibilidades

1. Los jueces son inamovibles no pudiendo ser trasladados, suspendidos, jubilados o destituidos salvo en los casos previstos por la ley.

2. Los jueces no pueden ser responsabilizados por sus decisiones, salvo las excepciones que la ley especifique.

3. Los jueces en ejercicio no pueden desempeñar cualquier otra función pública o privada, salvo las funciones docentes o de investigación científica de naturaleza jurídica no remunerada, en los términos de la ley.

4. Los jueces en ejercicio no pueden ser nombrados para comisiones de servicio ajenas a la actividad de los tribunales sin autorización del consejo superior competente.

5. La ley puede establecer otras incompatibilidades con el ejercicio de la función de juez.

Artículo 217. Nombramiento, destino, traslado y promoción de los jueces

1. El nombramiento, destino, traslado y promoción de los jueces de los tribunales judiciales y el ejercicio de la acción disciplinar compete al consejo Superior de la Magistratura en los términos e la ley.

2. El nombramiento, destino, traslado y promoción de los jueces de los tribunales administrativos y fiscales, así como el ejercicio de la acción disciplinar compete al respectivo Consejo Superior, en los términos de la ley.

3. La ley define las reglas y determina la competencia para el destino, traslado y promoción así como para el ejercicio de la acción disciplinar en relación a los jueces de los restantes tribunales con salvaguarda de las garantías previstas en la Constitución.

Artículo 218. Consejo Superior de la Magistratura

1. El Consejo Superior de la Magistratura es presidido por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia y compuesto por los siguientes vocales:

a. Dos designados por el presidente de la República;

b. Siete elegidos por la Asamblea de la República;

c. Siete jueces elegidos por los jueces; de acuerdo con el principio de representación proporcional.

2. Las reglas sobre garantías de los jueces son aplicables a todos los vocales del Consejo Superior de la Magistratura.

3. La ley podrá prever que formen parte del Consejo Superior de la Magistratura funcionarios de justicia elegidos entre sus compañeros, con intervención restringida a la discusión y votación de las materias relativas a la apreciación del mérito profesional y al ejercicio de la función disciplinar sobre los funcionarios de justicia.

Capítulo IV. Ministerio Fiscal

Artículo 219. Funciones y Estatuto

1. Al Ministerio Fiscal le corresponde representar al Estado y defender los intereses que la ley establece, así como, con observancia en lo dispuesto en el apartado siguiente y en los términos de la ley, participar en la ejecución de la política criminal definida por los órganos de soberanía, ejercer la acción penal orientada al principio de legalidad, y defender la legalidad democrática.

2. El Ministerio Fiscal goza de estatuto propio y autonomía en los términos de la ley.

3. La ley establece formas especiales de asesoría junto al Ministerio Fiscal en los casos de delitos estrictamente militares.

4. Los agentes del Ministerio Fiscal son Magistrados, responsables, jerárquicamente subordinados y no pueden ser trasladados, suspendidos, destinados o cesados sino en los casos previstos en la ley.

5. El nombramiento destino, traslado y promoción de los miembros del Ministerio Fiscal y el ejercicio de la acción disciplinar compete al Fiscal General de la República.

Artículo 220. La Fiscalía General de la República

1. La Fiscalía General de la República es el órgano superior del Ministerio Fiscal con composición y competencias definidas por la ley.

2. La Fiscalía General de la República es presidida por el Fiscal General de la República y comprende el Consejo Superior del Ministerio Público, que incluye miembros elegidos por la Asamblea de la República y miembros elegidos entre sí por los Magistrados del Ministerio Fiscal.

3. El mandato del Fiscal General de la República tiene una duración de seis años, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado m) del artículo 133.

Título VI. Tribunal Constitucional

Artículo 221. Definición

El Tribunal Constitucional es el tribunal al que le compete específicamente administrar la justicia en materias de carácter jurídico-constitucional.

Artículo 222. Composición y estatuto de los jueces

1. El Tribunal Constitucional estará compuesto por trece jueces, diez nombrados por la Asamblea de la República y tres cooptados por éstos.

2. Seis de los jueces nombrados por la Asamblea de la República o por cooptación deberán ser obligatoriamente seleccionados de entre los jueces de los restantes tribunales y los demás de entre juristas.

3. El mandato de los jueces del Tribunal Constitucional tendrá una duración de nueve años y no será renovable.

4. El Presidente del Tribunal Constitucional será elegido por los respectivos jueces.

5. Los jueces del Tribunal Constitucional gozarán de las garantías de independencia, inamovilidad imparcialidad e irresponsabilidad y estarán sujetos a las incompatibilidades de los jueces de los restantes tribunales.

6. La ley establecerá las inmunidades y las demás reglas relativas al estatuto de los jueces del Tribunal Constitucional.

Artículo 223. Competencia

1. Compete al Tribunal Constitucional apreciar la inconstitucionalidad y la ilegalidad, en los términos de los artículos 277 y siguientes.

2. Compete también al Tribunal Constitucional:

a. Verificar la muerte y declarar la incapacidad física permanente del Presidente de la República, así como verificar los impedimentos temporales en el ejercicio de sus funciones;

b. Verificar la pérdida del cargo de Presidente de la República, en los casos previstos en el apartado 3 del artículo 129 y en el apartado 3 del artículo 130;

c. Juzgar en última instancia la regularidad y validez de los actos del proceso electoral, en los términos de la ley;

d. Verificar la muerte y declarar la incapacidad para desempeñar la función presidencial de cualquier candidato a Presidente de la República, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 124;

e. Verificar la legalidad de la constitución de partidos políticos y sus coaliciones, así como apreciar la legalidad de sus nombres, siglas y símbolos, y ordenar la respectiva disolución, en los términos de la Constitución y la ley;

f. La comprobación previa de la legalidad y la constitucionalidad de los referéndums nacionales, regionales y locales, incluyendo la evaluación de los requisitos relativos a sus electores.

g. Decidir, a petición de los Diputados, en los términos de la ley, los recursos relativos a la pérdida de mandato y las elecciones celebradas en la Asamblea de la República y en las Asambleas Legislativas de las Regiones autónomas;

h. Juzgar los actos de impugnación de las elecciones y decisiones de los órganos de los partidos políticos que, en los términos de la ley, sean recurribles.

3. Compete al Tribunal Constitucional ejercer las demás funciones que le sean atribuidas por la Constitución y por la ley.

Artículo 224. Organización y funcionamiento

1. La ley establecerá las normas relativas a la sede, la organización y el funcionamiento del Tribunal Constitucional.

2. La ley podrá determinar el funcionamiento del Tribunal Constitucional por secciones, excepto para el control abstracto de constitucionalidad y de legalidad.

3. La ley regulará el recurso ante el Pleno del Tribunal Constitucional de las decisiones contradictorias de las secciones en el ámbito de aplicación de la misma norma.

Título VII. Regiones autónomas

Artículo 225. Régimen político-administrativo de las Azores y de Madeira

1. El sistema político y administrativo de los archipiélagos de Azores y Madeira se basa en sus características geográficas, económicos, sociales y culturalesy las históricas aspiraciones autonomistas de las poblaciones insulares.

2. La autonomía regional tiende a la participación democrática de los ciudadanos, el desarrollo económico y social y la promoción y protección de los intereses regionales y el fortalecimiento de la unidad nacional y la solidaridad entre todos los portugueses.

3. La autonomía política y administrativa regional no afecta a la integridad de la soberanía del Estado y se ejerce en el marco de la Constitución.

Artículo 226. Estatutos y leyes electorales

1. Los proyectos de estatutos político-administrativos y las leyes que relativas a la elección de diputados a las Asambleas Legislativas de las Regiones autónomas serán preparados por éstas y presentados para su discusión y aprobación a la Asamblea de la República.

2. Si la Asamblea de la República rechazara el proyecto de enmiendas al mismo, remitirlo a la Asamblea Legislativa para su consideración y dictamen.

3. Elaborado el dictámen, la Asamblea de la República procederá al debate y la deliberación final.

4. El régimen previsto en los apartados anteriores será aplicable a los cambios de estatutos político-administrativos y de las leyes relativas la elección de diputados a las Asambleas Legislativas de las Regiones autónomas.

1. Las Regiones autónomas son personas jurídicas territoriales y tienen las siguientes atribuciones, a definir en sus respectivos estatutos:

a. Legislar a nivel regional en materias que figuran en su estatuto político y administrativo y que no estén reservadas a los órganos de soberanía;

b. Legislar en materia de reserva relativa de la Asamblea de la República, mediante la autorización de ésta, exceptuando las previstas en los incisos a) al c), la primera parte del punto d), en los incisos f) e i), en la segunda parte de la letra m) y los puntos o), p), q), s), t), v), x) y aa) del apartado 1 del artículo 165;

c. Desarrollar para el ámbito regional los principios o las bases generales de los regímenes jurídicos contenidos en la ley en la que éstos se circunscriben;

d. Reglamentar la legislación regional y las leyes emanadas de los órganos de soberanía que no reserven para éstos el respectivo poder reglamentario;

e. Ejercer la iniciativa estatutaria, así como la iniciativa legislativa en materia relativa a la elección de diputados a las respectivas Asambleas Legislativas, en los términos del artículo 226;

f. Ejercer la iniciativa legislativa, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 167, mediante presentación a la Asamblea de la República de proyectos de ley y sus modificaciones;

g. Ejercer el Poder Ejecutivo propio;

h. Administrar y disponer de su patrimonio y realizar actos y contratos en los que tenga interés;

i. Ejercer las competencias fiscales propias, en los términos de la ley, así como adaptar el sistema fiscal nacional a las circunstancias regionales, de conformidad con la ley marco de la Asamblea de la República;

j. Disponer, en los términos de los Estatutos y Ley de finanzas de las Regiones autónomas, de los ingresos tributarios recaudados o generados, así como de una participación en los ingresos tributarios del Estado, establecida de conformidad con el principio que asegure la efectiva solidaridad nacional, y de otros ingresos que les sean atribuidos y afectados a sus gastos;

l. Establecer y disolver las administraciones locales, así como modificar sus respectivas áreas, de conformidad con la ley;

m. Supervisar las actividades de las Administraciones locales;

n. Elevar poblaciones a la categoría de villas o ciudades;

o. Supervisar los servicios, institutos públicos y empresas públicas y nacionalizadas que ejerzan la realización de sus actividades exclusivamente o principalmente en la región y en otros casos en los que el interés regional lo justifique;

p. Aprobar el plan de desarrollo económico y social, el presupuesto regional y las cuentas de la región y participar en la elaboración de los planes nacionales;

q. Definir los actos ilícitos de mera ordenación social y sus respectivas sanciones, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo d) del apartado 1 del artículo 165;

r. Participar en la formulación y aplicación de políticas fiscales, monetarias, financieras y cambiarias, a fin de asegurar el control regional de los medios de pago y la financiación de las inversiones necesarias para su desarrollo económico-social;

s. Participar en la formulación de las políticas relativas a las aguas territoriales, zona económica exclusiva y fondos marinos contiguos;

t. Participar en las negociaciones de tratados y acuerdos internacionales que les afectan directamente, así como los beneficios derivados de los mismos;

u. Establecer la cooperación con otras entidades regionales extranjeras y participar en organizaciones que tengan por objetivo promover el diálogo y la cooperación inter-regional, de acuerdo con las directrices establecidas por los órganos de soberanía con competencias en materia de política exterior;

v. Pronunciarse por iniciativa propia o a petición de los órganos de soberanía, sobre cuestiones de la competencia de éstos que les conciernan, así como en materias de su interés específico, en la definición de las posiciones del Estado Portugués en el proceso de construcción europea;

x. Participar en el proceso de construcción europea, a través de su representación en las respectivas instituciones regionales y las delegaciones que participan en la toma de decisiones de la Unión Europea, cuando se trate de asuntos que les conciernan, así como la transposición de los actos jurídicos de la Unión, en los términos del artículo 112.

2. Los proyectos de ley de autorización deberán ser acompañado del anteproyecto de decreto legislativo regional a autorizar, aplicándose a las correspondientes leyes de autorización a lo dispuesto en los párrafos 2 y 3 del artículo 165.

3. Las autorizaciones previstas en el párrafo anterior caducarán al término de la legislatura, o tras la disolución, bien de la Asamblea de la República, o bien de la Asamblea Legislativa para la que se concediera.

4. Los decretos legislativos regionales previstos en los párrafos b) y c) del apartado 1 se referirá expresamente a las respectivas leyes o leyes de bases de autorización, siendo aplicable a los primeros lo dispuesto en el artículo 169, con las necesarias adaptaciones

Artículo 228. Autonomía legislativa

1. La autonomía legislativa de las Regiones autónomas se refiere a las cuestiones que figuran en su respectivo estatuto político-administrativo y que no estén reservados a los órganos de soberanía.

2. En ausencia de legislación regional propia sobre asuntos que no estén reservados a la competencia de los órganos de soberanía, se aplicarán en las Regiones autónomas las normas legales en vigor.

Artículo 229. Cooperación de los órganos de soberanía y de los órganos regionales

1. Los órganos de soberanía asegurarán, en cooperación con los órganos de gobierno propio, el desarrollo económico y social de las Regiones autónomas, con el objetivo, en particular, de la corrección de las desigualdades derivadas de la insularidad.

2. Los órganos de la soberanía oirán siempre, en las cuestiones relativas a su competencia respecto de las Regiones autónomas, a los órganos de gobierno regional.

3. Las relaciones financieras entre la República y las Regiones autónomas serán reguladas a través de la ley prevista en el punto t) del artículo 164.

4. El Gobierno de la República y los Gobiernos Regionales podrán acordar otras formas de cooperación participando, señaladamente, actos de delegación de competencias, estableciéndose en cada caso la correspondiente transferencia de recursos financieros y mecanismos de fiscalización aplicables.

Artículo 230. Representante de la República

1. Habrá para cada una de las Regiones autónomas un Representante de la República, nombrado y destituido por el Presidente, previa consulta con el Gobierno.

2. Salvo en el caso de desistimiento, el mandato del Representante de la República tendrá la misma duración del mandato del Presidente y terminará con la toma de posesión del nuevo Representante de la República.

3. En caso de vacante en el cargo, así como en sus ausencias e impedimentos, el Representante de la República será sustituido por el Presidente de la Asamblea Legislativa.

Artículo 231. Órganos de autogobierno de las Regiones autónomas

1. Serán órganos de autogobierno de cada Región Autónoma la Asamblea Legislativa y el Gobierno Regional.