Brasil 1988 (rev. 2017) Posteriormente modificado

Nosotros, representantes del pueblo brasileño, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente para instituir un Estado Democrático, destinado a asegurar el ejercicio de los derechos sociales e individuales, la libertad, la seguridad, el bienestar, el desarrollo, la igualdad y la justicia como valores supremos de una sociedad fraterna, pluralista y sin prejuicios, fundada en la armonía social y comprometida, en el odien interno e internacional, en la solución pacífica de las controversias, promulgamos bajo la protección de Dios, la siguiente Constitución:

TÍTULO I. DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

La República Federal del Brasil, formada por la unión indisoluble de los Estados y Municipios y del Distrito Federal, se constituye en Estado Democrático de Derecho y tiene como fundamentos:

I. la soberanía;

II. la ciudadanía;

III. la dignidad humana;

IV. los valores sociales del trabajo y la libre iniciativa;

V. el pluralismo político.

Párrafo único

Todo el poder emana del pueblo, quienes lo ejercen por medio de representantes elegidos o directamente, de acuerdo con esta Constitución.

Son poderes de la Unión, independientes armónicos entre sí, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Art 3

Los objetivos fundamentales de la República Federal de Brasil son:

I. construir una sociedad libre, justa y solidaria;

II. garantizar el desarrollo nacional;

III. erradicar la pobreza y la marginación, y reducir las desigualdades sociales y regionales;

IV. promover el bien de todos, sin prejuicios de origen, raza, sexo, color edad o cualesquiera otras formas de discriminación.

Art 4

La República Federativa de Brasil se rige en sus relaciones internacionales por los siguientes principios:

I. independencia nacional;

II. prevalencia de los derechos humanos;

III. autodeterminación de los pueblos;

IV. no intervención;

V. igualdad entre los Estados;

VI. defensa de la paz;

VII. solución pacífica de los conflictos;

VIII. repudio del terrorismo y del racismo;

IX. cooperación entre los pueblos para el progreso de la humanidad;

X. concesión de asilo político.

Párrafo único

La República Federativa del Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, con vistas a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones.

TÍTULO II. DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES

CAPÍTULO I. DE LOS DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

Todos son iguales ante la ley, sin ninguna distinción, garantizando a los brasileños y a los extranjeros residentes en el País la inviolabilidad de los derechos a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la seguridad y a la prioridad, en los siguientes términos:

I. los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos y deberes antes en los términos de esta Constitución;

II. nadie deberá ser obligado a hacer o dejar de hacer algo, a excepción de ser mandado por ley;

III. nadie deberá ser sometido a tortura o a trato inhumano o degradante.

IV. la manifestación de pensamiento es libre, pero la anoninimidad está prohibida;

V. el grado de contestación está garantizado en proporción a la ofensa, así como la compensación por interés pecuniario o daños morales o daños a la reputación.

VI. la libertad de conciencia y de creencia es inviolable, asegurando el libre ejercicio de creencias religiosas y garantizando, en ley, la protección de espacios religiosos y sus prácticas;

VII. la prestación de asistencia religiosa en centros civiles y militares para el confinamiento colectivo está asegurada, como provista por ley;

VIII. nadie será privado de ningún derecho por motivo de creencia religiosa o por convicción filosófica o política, a excepción de ser invocadas para ser exemptas por obligación legal impuesta a todos debido al rechazo de alguna persona a cumplir la prestación alternativa, establecida por ley;

IX. la expresión de la actividad intelectual, artística, científica y de comunicación es libre, independiente de censura o licencia;

X. la intimidad, la vida privada, el honor y la reputación son inviolables, garantizándose el derecho a la compensación por interés pecuniario o daños morales resultantes de la violación de los mismos;

XI. la casa es asilo inviolable del individuo, no pudiendo entrar nadie sin el consentimiento del morador, salvo en caso de delito flagrante o desastre, o para prestar socorro, o, durante el día, por determinación judicial;

XII. el secreto de la correspondencia, de las comunicaciones telegráficas, de la data y comunicaciones telefónicas es inviolable, a excepción, en el último caso, por orden judicial, en las situaciones y en la forma prescrita por ley para fines de investigación criminal o búsqueda de hechos em la fase de acusación criminal;

XIII. el ejercicio de cualquier trabajo, transacción o profesión es libre, cumpliendo las calificaciones profesionales que la ley establece;

XIV. el acceso a la información está garantizado para todos, protegiendo la confidencialidad de las fuentes cuando sea necesario para el ejercicio profesional;

XV. el desplazamiento en el territorio nacional el libre en tiempo de paz, pudiendo cualquier persona, como provisto por ley, entrar, permanecer o salir con todos sus bienes.

XVI. todos pueden reunirse pacíficamente, sin armas, en espacios abiertos al público, sin necesidad de autorización, siempre que no interfieran con otra reunión previamente pactada en el mismo espacio, sujeta a previo aviso a la autoridad competente;

XVII. existe total libertad de asociación para fines lícitos, pero cualquier asociación paramilitar está prohibida;

XVIII. la creación de asociaciones y, según ley, de cooperativas, no requieren autorización, quedando prohibida la interferencia estatal en su funcionamiento;

XIX. las asociaciones pueden ser impuestas a ser disolverse o ser suspendidas sus actividades sólo por decisión judicial, en la que la sentencia debe ser una decisión final e inapelable;

XX. nadie podrá ser obligado a asociarse o permanecer asociado;

XXI. cuando expresamente autorizadas, las entidades asociativas pueden representar a sus miembros, judicial o extrajudicialmente;

XXII. se garantiza el derecho a la propiedad;

XXIII. la propiedad debe cumplir con los requisitos de su función social;

XXIV. la ley establecerá procedimientos para la expropiación por necesidad o uso pública, o por interés social, mediante justa y previa indemnización en dinero en efectivo, con excepción de los casos provistos en esta Constitución;

XXV. en caso de inminente peligro público, la autoridad pertinente podrá usar la propiedad privada, asegurando al propietario indemnización posterior, si hubiese daño;

XXVI. la pequeña propiedad rural, definida por ley, siempre que sea trabajada por la familia, no será objeto de embargo por el pago de deudas derivadas de su actividad productiva, y la ley deberá proveer medios para financiar su desarrollo;

XXVII. los autores tienen los derechos exclusivo de uso, publicación o reproducción de sus propias obras, y estos derechos podrán ser transmitidos a sus herederos por un periodo determinado por ley;

XXVIII. los siguientes incisos están asegurados por ley:

a. la protección de las participaciones individuales en obras colectivas y la reproducción de voces humanas e imágenes, incluso en actividades deportivas;

b. el derecho de creadores, intérpretes y sus respectivos sindicatos y asociaciones a monitorear en el uso económico de los trabajos creados por ello, y en los que participasen;

XXIX. la ley asegurará a los creadores de inventos industriales el privilegio temporal para su uso, así como la protección a las creaciones industriales, a la propiedad de marcas, nombres de compañías y de otros signos distintivos, teniendo en cuenta el interés social y el desarrollo tecnológico y económico del País;

XXX. el derecho a la herencia está garantizado;

XXXI. la herencia de extranjeros situados en el País será regulada por la ley brasileña, en beneficio del cónyuge o de los hijos brasileños siempre que no les sea más favorable la ley personal del de cujas;

XXXII. el Estado promoverá por la defensa del consumidor, de acuerdo con la ley;

XXXIII. todos tienen derecho a recibir de órganos públicos informaciones de interés particular, o de interés colectivo o general, dicha información será facilitada en el plazo señalado en la ley, bajo pena de responsibilidad, a excepción de información cuya reserva sea esencial a la seguridad de la sociedad y del Estado;

XXXIV. todas las personas están garantizadas, sin necesidad del pago a:

a. el derecho de petición ante las autoridades públicas en defensa de derechos o contra la ilegalidad o el abuso de poder;

b. la obtención de certificaciones en oficinas gubernamentales para la defensa de derechos y el esclarecimiento de situaciones de interés personal;

XXXV. la ley no excluirá ningún perjuicio o amenaza al derecho de revisar el Poder Judicial;

XXXVI. la ley no perjudicará los derechos adquiridos, actos jurídicos perfectos ni cosa juzgada;

XXXVII. no habrá juicios ni tribunales excepcionales;

XXXVIII. la institución del jurado se reconoce junto a la organización dada por ley, asegurándose:

a. la plenitud de la defensa;

b. el secreto de las votaciones;

c. la superioridad de los veredictos;

d. la jurisdicción para juzgar de delitos determinados contra la vida;

XXXIX. no hay crímenes sin definición previa por ley, ni tampoco condenas sin imposición previa por ley;

XL. la ley penal no será retroactiva salvo para beneficiar al acusado;

XLI. la ley castigará cualquier discriminación hacia los derechos y libertades fundamentales;

XLII. la práctica del racismo es un delito no susceptible de fianza con ingún derecho escrito de limitaciones y es condenable con encarcelamiento, como provisto por ley ;

XLIII. la ley considerará delitos no susceptibles de fianza, indulto o amnistía, la práctica de la tortura, el tráfico ilícito de narcóticos y drogas similares, terrorismo y aquellos crímenes definidos como inhumanos, los que den estas ordenes, los que ejecuten estas ordenes, y aquellos que, aun siendo capaces de evitar estos crímenes, los ejecuten, son responsables por estos crímenes;

XLIV. acciones de grupos armados, civiles o militares contra el orden constitucional y el Estado Democrático no son crímenes susceptibles de fianza;

XLV. ninguna pena trascenderá de la persona condenada, pero la responsabilidad por daños y el decreto por perdida de bienes, podrá, como provisto por ley, extenderse a sucesores y ser ejecutadas contra ellos la obligación de reparar el daño hasta el límite del valor del bien transmitido;

XLVI. la ley regulará la individualización del castigo y adoptará, entre otras, las siguientes:

a. privación o restricción de libertad;

b. pérdida de bienes;

c. multa;

d. servicios sociales alternativos;

e. suspensión o privación de derechos;

XLVII. no habrá castigos:

a. de muerte, salvo en caso de guerra declarada en los términos del art. 84, XIX;

b. de carácter perpetuo;

c. de trabajo forzado;

d. de destierro;

e. que fuesen crueles;

XLVIII. la pena será cumplida en establecimientos distintos, de acuerdo con la naturaleza de la ofensa, la edad y el sexo del convicto;

XLIX. está garantizado el respeto a la integridad física y moral de los prisioneros;

L. se deben garantizarán a las prisioneras las condiciones para que puedan permanecer con sus hijos durante el período de lactancia;

LI. ningún brasileño será extraditado, salvo el brasileño naturalizado por un crimen cometido previo a la naturalización, o la prueba de involucramiento en tráfico ilícito de narcóticos y drogas similares, provisto por ley;

LII. ningún extranjero será extraditado por delitos políticos o de ideología;

LIII. ninguna persona será procesada o condenado salvo por una autoridad competente;

LIV. ninguna persona será privada de la libertad o de sus bienes sin el debido proceso legal;

LV. los litigantes, en el procedimiento judicial o administrativo, y a los acusados en general, se les garantiza un sistema adversario y una amplia defensa con las medidas y recursos inherentes a la misma.

LVI. evidencia obtenida a través de medios ilícitos es inadmisible en procedimientos;

LVII. ninguna persona será considerada culpable hasta que su sentencia penal sea final y no apelable;

LVIII. la persona identificada civilmente no será sometida a identificación criminal, salvo en los casos previstos por ley;

LIX. será considerada acción privada los crímenes de acción pública que no hayan sido realizados en el plazo provisto por ley ;

LX. la ley podrá restringir la publicidad de actos procesales sólo cuando lo exigiesen en defensa de la intimidad o del interés social;

LXI. nadie será arrestado sino en flagrante delito o por orden escrita y fundamentada de la autoridad judicial competente, a excepción de casos de ofensa militar o crimen específicamente militar, definidos por ley;

LXII. la detención de cualquier persona y el lugar donde se encuentre serán comunicados inmediatamente al juez competente y a la familia del detenido o a la persona designada por él;

LXIII. una vez bajo arresto, el detenido será informado de sus derechos, incluido el derecho de permanecer en silencio, y deberá asegurarse la asistencia de su familia y de un abogado;

LXIV. el detenido tiene derecho a la identificación de los responsables de su arresto o de su interrogatorio policial;

LXV. las autoridades judiciales deberán liberar inmediatamente a aquellas personas ilegalmente detenidas;

LXVI. ninguna persona será llevada a prisión, ni mantenido en ella, cuando la ley permitiese libertad provisional, con o sin fianza;

LXVII. no habrá prisión civil por deudas, a excepción de personas quienes voluntariamente e inexcusablemente incumplen en una obligación de alimentos y por un depósito no confiable;

LXVIII. se concederá "habeas corpus" siempre que alguien sufriera o esté amenazado de sufrir violencia o coerción en su libertad de tránsito, por ilegalidad o por abuso de poder;

LXIX. se emitirá un mandato de seguridad para proteger un derecho no protegido por "habeas corpus" o "habeas data" cuando el responsable por la ilegalidad o abuso de poder fuese una autoridad o un agente de una entidad legal en ejercicio de deberes gubernamentales;

LXX. el mandato de seguridad colectivo puede ser llevado por:

a. un partido político representado en el Congreso Nacional;

b. un sindicato, organización profesional o asociación legalmente organizada y operativa por lo menos un año, en defensa de los intereses de sus miembros o asociados;

LXXI. un requerimiento judicial será emitido cuando la ausencia de provisión regulatoria haga inviable el ejercicios de derechos y libertades constitucionales y de las prerrogativas inherentes en nacionalidad, soberanía y ciudadanía;

LXXII. se garantizará habeas data:

a. para asegurar conocimiento o información personal sobre el demandante contenida en registros o banco de datos o agencias gubernamentales o entidades de carácter público;

b. para corregir la data cuando el demandante no prefiera hacerlo por procedimientos confidenciales, judiciales o administrativos;

LXXII. cualquier ciudadano puede proponer una acción popular que pretenda anular un acto perjudicial para el patrimonio público o el de una entidad en la que el Estado participe, para la moralidad administrativa, para el medio ambiente, y para el patrimonio histórico y cultural, a excepción de que se pruebe mala fe, el demandante queda exento de costo judiciales y de la carga de pagar el costo del abogado;

LXXIV. el Estado prestará asistencia jurídica íntegra y gratuita a cualquier persona que demuestre insuficiencia de recursos;

LXXV. el Estado compensará a cualquier persona condenada por error judicial así como a quien permaneciese en prisión por un periodo mayor del fijado en sentencia;

LXXVI. los siguientes certificados quedarán libre de cargo para personas reconocidas como pobres, como provisto por ley:

a. certificado de nacimiento;

b. certificado de fallecimiento

LXXVII. los procedimientos de habeas corpus y habeas data y, como provisto por ley, los actos necesarios para el ejercicio de la ciudadanía quedan libres de cargo.

LXXVIII. todos los ciudadanos quedan garantizados que los procedimientos judiciales y administrativos concluirán en un tiempo razonable y que los medios para garantizarlo se manejarán con rapidez.

§1°. Las normas que definen derechos fundamentales y garantías se aplican inmediatamente.

§2°. Los derechos y garantías expresadas en esta Constitución no excluyen otros derivados del régimen y de los principios adoptados en ella, o de tratados internacionales en los que la República Federativa de Brasil es parte.

§3°. Tratados internacionales y convenciones de derechos humanos por ambas casas del Congreso Nacional, en dos distintas secciones de votación, por tres quintos de los votos de sus respectivos miembros, deben ser equivalentes a las Enmiendas Constitucionales

§4°. Brazil en sí mismo se somete a la jurisdicción del Tribunal Criminal Internacional a cuya creación ha sido adherido.

CAPÍTULO II. DE LOS DERECHOS SOCIALES

La educación, la salud, la nutrición, el trabajo, la vivienda, el transporte, el ocio, la seguridad, la seguridad social, la protección de la maternidad y la infancia, y la asistencia a los indigentes, son derechos sociales, como se establece en esta Constitución.

Art 7

Además de otros derechos designados para mejorar la condición social, los siguientes derechos se enfocan en los trabajadores urbanos y rurales:

I. trabajo protegido contra el despido arbitrario o sin causa, como provisto en la ley complementaria que establece indemnización compensatoria, entre otros derechos;

II. seguro de desempleo, en caso de desempleo involuntario;

III. Fondo de Garantía por tiempo de servicio;

IV. un salario mínimo nacional, fijado por ley, capaz de atender sus necesidades vitales básicas y las de su familia para vivienda, nutrición, educación, salud, descanso, vestido, higiene, transporte y seguridad social, con reajustes periódicos que preserven el poder adquisitivo, prohibiendo conexión como indicador para otro propósito;

V. salario base proporcional a la extensión y a la complejidad del trabajo;

VI. irreductibilidad de salarios o sueldos, a excepción de lo dispuesto en convenio o acuerdo colectivo;

VII. Para quienes reciban una compensación variable, la garantía de que el salario o sueldo nunca caerá a su mínimo;

VIII. el décimo tercer salario en base a la remuneración íntegra o de la pensión;

IX. remuneración mayor al trabajo nocturno que a la del diurno;

X. protección del salario, como provisto por ley, con retención intencional como crimen

XI. participación en ganancias, o resultados, independientes de remuneración, y excepcionalmente, participación en la gestión de la empresa, como provisto por ley;

XII. prestación familiar para dependientes o trabajadores con poco salario, como provisto por ley;

XIII. duración de la jornada laboral no excede las ocho horas diarias y las cuarenta y cuatro por semana, permitiendo el cobro de horas extra y la reducción de jornada, mediante convenio colectivo de trabajo;

XIV. jornada de seis horas para el trabajo realizado en turnos continuos, a excepción de negociación colectiva;

XV. descanso semanal remunerado, preferentemente en domingo;

XVI. la remuneración de horas extra en un cincuenta por ciento como mínimo en relación al pago usual;

XVII. vacaciones anuales pagadas, por lo menos con un tercio más, que el salario normal;

XVIII. licencia de embarazo, sin perjuicio de empleo o salario, por una duración de ciento veinte días;

XIX. licencia de paternidad, como provisto por ley;

XX. protección al mercado de trabajo para la mujer mediante incentivos específicos, como provistos por ley;

XXI. aviso previo de despido proporcional al tiempo de servicio, siendo como mínimo de treinta días, como provisto por ley;

XXII. reducción de riesgos inherentes al trabajo, por medio de normas de salud, higiene y seguridad;

XXIII. la remuneración adicional para actividades extrenuantes, insalubres o peligrosas, como provisto por ley;

XXIV. pensión por jubilación;

XXV. la asistencia gratuita a los hijos y personas dependientes desde el nacimiento hasta los seis años de edad en guardería y centros preescolares;

XXVI. reconocimiento de los convenios colectivos y acuerdos;

XXVII. protección por automatización, como provisto por ley;

XXVIII. seguro contra accidentes de trabajo pagado por el empleador, sin excluir su responsabilidad de indemnización si incurriese en malicia o culpa;

XXIX. se ejercerá acción legal, de la que resulten créditos de relaciones laborales con plazo de prescripción de cinco años, para los trabajadores urbanos y rurales, hasta el límite de dos años después de la finalización del contrato de trabajo:

a. derogado;

b. derogado;

XXX. prohibición de diferencias salariales, en ejercicio de funciones y criterios de admisión por motivos de sexo, edad, color o estado civil;

XXXI. la prohibición de cualquier discriminación en relación a salario y a criterios de contratación para trabajadores con discapacidades;

XXXII. prohibición de distinción entre trabajo manual, técnico e intelectual, o entre los profesionales respectivos;

XXXIII. prohibición de trabajo nocturno, peligroso o insalubre a los menores de dieciocho años y de cualquier trabajo a las menores de diesiseis, salvo en condición de aprendiz a partir de los catorce años;

XXXIV. igualdad de derechos entre trabajadores permanentes y eventuales.

Párrafo único

La categoría de trabajadores domésticos tiene asegurada los derechos establecidos en los sub-párrafos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI y XXXIII, y considerando las condiciones establecidas en la ley y observando la simplificación para el cumplimiento de las obligaciones tributarias principales y accesorias, lo establecido en los sub-párrafos I, II, III, IX, XII y XXV y XXVIII, así como su integración en el sistema de seguridad social.

Las personas son libres de formar asociaciones profesionales o sindicales, observando lo siguiente:

I. la ley podrá no exigir autorización del Estado para la fundación de una organización o sindicato, con la excepción del registro con la agencia competente, prohibiéndose al Gobierno la interferencia e intervención en la organización sindical;

II. la creación de más de una organización sindical, en cualquier nivel, representando una categoría profesional o económica, está prohibida en la misma base territorial, la cual será definida por los trabajadores o empleados interesados, la base no podrá ser menor al área de un Municipio;

III. el sindicato es responsable de defender los derechos e intereses colectivos o individuales de la categoría, incluyendo cuestiones jurídicas o administrativas;

IV. la Asamblea General fijará la contribución que, tratándose de categoría profesional, será descontada de la nomina, para el sostenimiento del sistema confederativo de la representación sindical respectiva, independientemente de la contribución provista por ley;

V. nadie estará obligado a afiliarse o a mantenerse afiliado a un sindicato;

VI. los sindicatos deben en las negociaciones colectivas de trabajo;

VII. miembros retirados tienen derecho a votar y a ser votado en las organizaciones sindicales;

VIII. un empleado que es miembro de un sindicato no podrá ser despedido desde el momento en que se registre como candidato para liderazgo o posición representativa en el sindicato, si fuere electo, aun como alternativa, no será despedido hasta un año después de la finalización de su mandato, salvo que cometiese una falta grave, provista por ley.

Párrafo único

Las disposiciones de este artículo se aplican a la organización de sindicatos rurales y de colonias de pescadores respetando las condiciones que la ley establezca.

El derecho de huelga está garantizado, correspondiendo a los trabajadores decidir sobre cuándo ejercerla y sobre los intereses a defender.

§1°. La ley definirá que servicios o actividades son esenciales y proveerá cumplir con las necesidades inaplazables de la comunidad.

§2°. Partidos o agrupaciones responsables de abusos serán sujetos a las penalidades de la ley.

Art 10

La participación de los trabajadores y empleadores está asegurada en los cuerpos colegiados de agencias gubernamentales dónde sus intereses profesionales o de seguridad social son sujeto de discusión y deliberación.

Art 11

En las empresas de más de doscientos empleados está asegurada la elección de un representante con la finalidad exclusiva de promover negociaciones directas con los empleadores.

CAPÍTULO III. DE LA NACIONALIDAD

Art 12

Las siguientes personas son brasileñas:

I. de nacimiento:

a. los nacidos en la República Federal de Brazil, aun de padres extranjeros, provisto que no estén al servicio de su país;

b. los nacidos en el extranjero de padre brasileño o madre brasileña, siempre que cualquiera de ellos esté al servicio de la República Federal de Brazil;

c. los nacidos en el extranjero de padre brasileño o madre brasileña, siempre que sean registrados en una oficina gubernamental brasileña, o vengan a residir en la República Federal de Brazil, y opten por la nacionalidad brasileña, antes de la mayoría de edad.

II. por naturalización:

a. los que, provisto por ley, adquieran la nacionalidad brasileña; para personas cuya lengua de origen y país es portugués, solo un año ininterrumpido de residencia y carácter moral son requeridos;

b. extranjeros de cualquier nacionalidad, residentes en la República Federal de Brasil por más de quince años ininterrumpidos y sin ninguna condena criminal, provisto el requerimiento de nacionalidad brasileña;

§1°. Los derechos inherentes a los brasileños serán atribuidos a los originarios de lengua portuguesa residentes permanentes en el país si se concede a los brasileños un trato recíproco, salvo en los casos previstos en esta Constitución.

§2°. La ley no podrá establecer ninguna distinción entre brasileños nacidos y naturalizados, excepto en los casos previstos en esta Constitución.

§3°. Los siguientes puestos se limitan a los brasileños nacidos en el país:

I. Presidente y Vicepresidente de la República;

II. Presidente de la Cámara de Diputados;

III. Presidente del Senado Federal;

IV. Ministro del Tribunal Supremo Federal;

V. la carrera diplomática;

VI. Oficiales de las Fuerzas Armadas.

VII. el Ministro de Defensa.

§4°. La pérdida de nacionalidad será declarada para un brasileño:

I. cuya naturalización ha sido cancelada por decisión judicial por actividad nociva al interés nacional;

II. que adquiera otra nacionalidad, excepto en los casos:

a. del reconocimiento de la nacionalidad original por ley;

b. de la imposición de naturalización de una ley extranjera a un brasileño que resida en un país extranjero como condición para permanecer en su territorio o ejercer derechos civiles.

Art 13

La lengua portuguesa es el idioma oficial de la República Federativa de Brasil.

§1°. Los símbolos de la República Federativa del Brasil son la bandera nacional, el himno, el escudo y el sello.

§2°. Los Estados, el Distrito Federal y los Condados pueden tener sus propios símbolos.

CAPÍTULO IV. DE LOS DERECHOS POLÍTICOS

Art 14

La soberanía popular será ejercida por sufragio universal y por voto directo y secreto, con valor igual para todos, y, en los términos provistos por ley mediante:

I. plebiscito;

II. referéndum;

III. iniciativa popular.

§1°. El registro electoral y el voto son:

I. obligatorios para personas mayores de dieciocho años;

II. opcionales para:

a. analfabetos;

b. mayores de setenta años;

c. mayores de dieciséis años y menores de dieciocho años.

§2°. Extranjeros no pueden registrarse para votar, tampoco reclutados durante su periodo de servicio militar obligatorio.

§3°. Las condiciones de elegibilidad, provistas por ley, son las siguientes.

I. nacionalidad Brasileña;

II. pleno ejercicio de los derechos políticos;

III. registro electoral;

IV. domicilio electoral en la circunscripción distrital;

V. afiliación a un partido político;

VI. edad mínima de:

a. treinta y cinco años para Presidente y Vicepresidente de la República y Senador;

b. treinta años para Gobernador y Vicegobernador de Estado y del Distrito Federal;

c. veintiún años para representante Federal, Estatal o de distrito, Prefecto , Vice-prefecto y juez de paz;

d. dieciocho años para concejal.

§4°. Personas que no se pueden registrar para votar y analfabetos no son elegibles.

§5°. El Presidente de la República, Gobernadores de Estado y del Distrito Federal, los Prefectos y quien los hubiera sucedido o substituido en el curso de su mandato, podrán ser elegidos por solo un término subsecuente.

§6°. Para ejercer otros cargos, el Presidente de la República, los Gobernadores de Estado y del Distrito Federal, los Prefectos deben renunciar a sus respectivas oficinas al menos seis meses antes de la elección.

§7°. Cónyuges y relativos por sangre o matrimonio hasta segundo grado o por adopción, de presidente de la república, gobernador de estado, Territorio, o del Distrito Federal, o Prefecto, o de quien los haya sustituido dentro de los seis meses anteriores a la elección, son inelegibles en el territorio jurisdiccional del titular, salvo que ya tengan un cargo y fuesen candidatos a reelección.

§8°. Un miembro de fuerzas armadas puede registrarse para ser electo ante las siguientes condiciones:

I. Si hubiese servido por menos de diez años, deberá separarse de la actividad militar.

II. Si servido por más de diez años de servicio, deberá ser descargado de deberes militares por sus superiores y, si fuese electo, deberá ser automáticamente retirado al tomar el cargo.

§9°. Una ley complementaria establecerá otros casos de inegelibilidad y los periodos en los que debe mantenerse a fin de proteger la rectitud y moralidad del ejercicio del mandato (considerando la vida pasada del candidato), y la normalidad y legitimidad de las elecciones de la influencia del poder económico o el abuso cargo, posición o trabajo en directa o indirecta administración.

§10°. Mandatos electivos podrán ser cuestionados en las cortes electorales en un plazo de quince días contados después de la certificación de la elección y evidencias de abuso de poder económico, corrupción o fraude.

§11°. La demanda cuestionando el mandato será realizada en secreto, y su planificación debe ser responsable, como provisto por ley, si la demanda fuese espuria o de mala fe.

Art 15

La privación de derechos políticos está prohibida, la pérdida o suspensión de dichos derechos sólo se producirá en casos de:

I. cancelamiento de la naturalización por juicio no apelable;

II. incapacidad civil absoluta;

III. condena criminal no apelable, mientras duren sus efectos;

IV. negación a cumplir una obligación impuesta a todos o a cumplir un servicio alternativo, de acuerdo al art. 5, VIII;

V. improbidad administrativa en los términos del art. 37, 4°.

Art 16

La ley que altere el proceso electoral sólo entrará en vigor en la fecha de su publicación y no se aplicará a elecciones que ocurran en un año desde su promulgación.

CAPÍTULO V. DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

La creación, fusión, incorporación y disolución de partidos políticos es libre, resguardando la soberanía nacional, el régimen democrático, la multiplicidad de partidos políticos y derechos humanos fundamentales y observando los siguientes preceptos:

I. el carácter nacional;

II. la prohibición de recibir asistencia financiera de entidades extranjeras o gobiernos subordinados a estos;

III. la rendición de cuentas a las cortes electorales;

IV. funcionamiento legislativo de acuerdo a ley.

§1°. Se garantiza autonomía a partidos políticos para definir sus estructura interna, organización y organización, y al adoptar el criterio para elegir su afiliación al régimen electoral, sin requerir vínculo entre candidatos en las esferas nacional, estatal, distrital o municipal. Los partidos deben establecer reglas para la disciplina y lealtad del partido.

§2°. Luego de haber adquirido capacidad legal, como provisto por ley civil, los partidos políticos deben registrar sus estatutos ante el Tribunal Superior Electoral.

§3°. Los partidos políticos tienen derecho a recursos del fondo de partidos y acceso gratuito a la radio y a la televisión, como provisto por ley.

§4°. Los partidos políticos quedan prohibidos de utilizar organizaciones paramilitares.

TÍTULO III. DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO

CAPÍTULO I. DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA

Art 18

La Organización Político-Administrativa de la República Federativa de Brasil comprende la Unión, los Estados, le Distrito Federal y los Municipio, todos autónomos, en los términos de esta Constitución.

§1°. Brasilia es la Capital Federal.

§2°. Los Territorios Federales integran la Unión, y su creación, transformación en Estado o reintegración al Estado de origen serán reguladas en ley complementaria.

§3°. Los Estados pueden integrarse entre sí, subdividirse o desmembrarse para anexionarse a otros o formar nuevos Estados o Territorios Federales, mediante la aprobación de la población directamente interesada, a través de plebiscito y del Congreso Nacional, por ley complementaria.

§4°. La creación, la integración, la fusión y el desmembramiento de los Municipios preservará la continuidad y la unidad histórico-cultural del ambiente urbano, se harán por ley estatal, cumpliendo los requisitos previstos en ley complementaria estatal, y dependerán de la consulta previa a las poblaciones directamente interesadas mediante plebiscito.

Art 19

La Unión, a los Estados, al Distrito Federal y a los Municipios quedan prohibidos de:

I. establecer religiones o iglesias, subvencionarlas, obstaculizar su funcionamiento o mantener relaciones de dependencia o alianzas con los miembros o sus representantes, con la excepción de la colaboración para el interés público, como provisto por ley;

II. rehusarse a honorar documentos públicos;

III. crear distinciones o preferencias entre brasileños.

CAPÍTULO II. DE LA UNIÓN

Art 20

Los siguientes espacios constituyen propiedad de la Unión:

I. los que actualmente le pertenecen y los que lo serán;

II. tierras desocupadas indispensables para defender las fronteras, fortificaciones y construcciones militares, comunicación federal y preservación ambiental de las rutas, como provisto por ley;

III. lagos, ríos y cualquier corrientes de agua en su terreno; aguas inter-estatales, aguas que sirven de bordes con otros países, aguas que se extiendan en o vengan de territorios extranjeros, así como las tierra fronterizas y playas del rio;

IV. islas y ríos, y en lagos en zonas de frontera con otros países, playa de océano, islas en el océano y del litoral, excluyéndoselas segundas areas que contienen el centro administrativo, con excepción de aquellas áreas afectadas por el servicio público de la unidad federal ambiental, y las áreas referidas en el artículo 26, II.

V. recursos naturales de la plataforma continental y de la zona económica exclusiva;

VI. mares territoriales;

VII. tierras de marea y aquellas añadidas por aumento;

VIII. sitios con potencial de energía hidráulica;

IX. recursos minerales, incluso aquellos en el subsuelo;

X. cuevas naturales subterráneas y sitios arqueológicos y prehistóricos;

XI. tierras tradicionalmente ocupadas por indios.

§1°. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como agencias o administración directa de la unión, están asegurado en, como provisto por ley, la participación en los resultados de la explotación de petróleo o gas natural, recursos de energía hidráulica, y otros recursos minerales en sus respectivos territorios, la plataforma continental, mar territorial o en zona económica exclusiva, o la compensación financiera por explotación.

§2°. Una franja de tierra de hasta ciento cincuenta kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras territoriales, designada como franja de frontera, es considerada fundamental para la defensa del territorio nacional y su ocupación y utilización será regulada en ley.

Art 21

la Unión tendrá el poder de:

I. mantener relaciones con los Estados extranjeros y participar en las organizaciones internacionales;

II. declara guerra y hacer paz;

III. asegurar la defensa nacional;

IV. permitir que fuerzas extranjeras transiten por el territorio nacional o que permanezcan en él temporalmente, en los casos provistos por la ley complementaria;

V. decretar estado de sitio, estado de defensa e intervención federal;

VI. autorizar y supervisar la producción y el comercio de material bélico;

VII. emitir moneda;

VIII. administrar las reservas monetarias del País y supervisar las transacciones financieras, especialmente las de crédito, cambio y capitalización, así como las de seguros y planes privados de pensión;

IX. preparar y ejecutar planes nacionales y regionales de ordenación del territorio y para desarrollo económico y social;

X. mantener el servicio postal y el correo aéreo nacional;

XI. operar ya sea directamente o mediante autorización, concesión, licencia, servicios de telecomunicación, como provisto por una ley que mantenga los servicios de la organización, creación de una agencia regulatoria y otros aspectos institucionales;

XII. operar ya sea directamente o mediante autorización, concesión o licencia:

a. servicios de emisión sonora e imágenes con sonido;

b. servicios e instalaciones de energía eléctrica y utilización hidroeléctrica de poder, en cooperación con los Estados donde se sitúen las potenciales hidroeléctricas;

c. navegación aérea, aeroespacial e infraestructura aeroportuaria;

d. servicios de transporte ferroviario y aquaviario entre los puertos brasileños y fronteras nacionales, o que traspasen los límites de un Estado o Territorio;

e. los servicios de transporte inter-estatal e internacional por carretera;

f. puertos marítimos, fluviales y lacustres;

XIII. organizar y mantener el poder judicial, el Ministerio Público del Distrito Federal y de los territorios y el Defensor Público de los territorios;

XIV. organizar y mantener la policía civil, la policía militar, y las brigadas militares de bomberos del distrito federal para la actuación de servicios públicos, por medio de sus propios fondos;

XV. organizar y mantener los servicios oficiales nacionales de estadística, geografía, geología y cartografía;

XVI. clasificar, para propósito de discreción de audiencia, entretenimiento público de programas de radio y televisión

XVII. conceder amnistías;

XVIII. planificar y promover la defensa permanente contra desastres públicos, especialmente las sequías y las inundaciones;

XIX. establecer un sistema nacional de gestión de recursos de agua y definir criterios para otorgar derechos para su uso;

XX. establecer directrices para el desarrollo urbano, incluyendo la vivienda, saneamiento básico y transportes urbanos;

XXI. establecer principios y directrices para el sistema nacional de transportes;

XXII. operar servicios de policía marítima, aérea y de frontera;

XXIII. operar servicios nucleares e instalaciones de cualquier naturaleza y ejercer el monopolios gubernamentales sobre investigación, minería, enriquecimiento, reprocesamiento, industrialización y el comercio de minerales nucleares y sus derivados, de acuerdo con los siguientes principios y condiciones;

a. toda actividad nuclear en el territorio nacional será utilizada únicamente para propósitos pacíficos y debe ser sujeta a la aprobación del Congreso Nacional;

b. la publicidad y la utilización de radioisópotos para la investigación y usos medicinales, agrícolas, industriales, están autorizadas bajo la licencia del régimen;

c. producción, publicidad y utilización de radioisopótopos con media duración menor de dos horas está autorizada bajo la licencia del régimen;

d. responsabilidad civil por daños nucleares no dependen de la existencia de culpa

XXIV. organizar, mantener y realizar inspecciones de condiciones de trabajo;

XXV. establecer las áreas y las condiciones para el ejercicio de la actividad de búsqueda de minerales preciosos en forma de asociaciones.

Art 22

La Unión tiene poder legislativo exclusivo con respecto a:

I. derecho civil, comercial, penal, procesal, electoral, agrario, marítimo, aeronáutico, espacial y de trabajo;

II. expropiación;

III. requisas civiles y militares, en caso inminente peligro y en tiempo de guerra;

IV. aguas, energía, informática, telecomunicaciones y radiodifusión;

V. servicio postal;

VI. sistema monetario y sistema de medidas, y certificaciones y garantías de metales;

VII. política de crédito, cambio, seguros y transferencia de valores;

VIII. comercio exterior e interestatal;

IX. directrices de la política nacional de transporte;

X. régimen de los puertos, navegación lacustre, fluvial, marítima, aérea y aeroespacial;

XI. tráfico y transporte;

XII. depósitos minerales, minas, recursos minerales y metalurgia;

XIII. nacionalidad, ciudadanía y naturalización;

XIV. poblaciones indígenas;

XV. emigración, inmigración, entrada, extradición y expulsión de extranjeros;

XVI. organización del sistema nacional de empleo y condiciones para la práctica profesional;

XVII. organización del Poder Judicial y del Ministerio Público del Distrito Federal y de los territorios y el Defensor Público de los territorios, así como su organización administrativa;

XVIII. sistema nacional de estadísticas, cartografía y geología;

XIX. sistemas de ahorro, así como obtener y garantizar el ahorro popular;

XX. sistemas de consorcios y loterías;

XXI. reglas generales de organización, personal, material bélico, garantías, convocatoria y movilización de la policía militar y brigadas militares de bomberos;

XXII. jurisdicción de la policía federal y de las carreteras federales y policía ferroviaria;

XXIII. seguridad social;

XXIV. directrices y bases para la educación nacional;

XXV. registros públicos;

XXVI. actividades nucleares de cualquier naturaleza;

XXVII. reglas generales para todos los tipos de subasta y contratación para la administración pública directa, autarquías y fundaciones de la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios, obedeciendo la provisión del art. 37, XXI, y para compañías públicas y compañías con capital mixto, como provisto en el art. 173, 1°, III;

XXVIII. defensa territorial, defensa aeroespacial, defensa marítima, defensa civil y movilización nacional.

XXIX. propaganda comercial;

Párrafo único

Una Ley complementaria podrá autorizar a los Estados a legislar sobre cuestiones específicas de las materias relacionadas en este artículo.

Art 23

La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, en conjunto, tienen el poder de:

I. asegurar que la Constitución, las leyes y las instituciones democráticas sean observadas y que el patrimonio público sea conservado;

II. cuidar la salud pública, asistencia pública, y la protección y garantías a las personas con discapacidades;

III. proteger los documentos, trabajos y otros bienes históricos, artísticos y de valor cultural, monumentos, paisajes naturales notables y sitios arqueológicos;

IV. prevenir la pérdida, destrucción, o cambio de las características de trabajos de arte y otros bienes de valor histórico, artístico o cultural;

V. proporcionar medios de acceso a la cultura, educación, ciencia, tecnología, investigación e innovación;

VI. proteger el medio ambiente y combatir la contaminación en cualquiera de sus formas;

VII. preservar los bosques, la fauna y la flora;

VIII. fomentar producción agropecuaria y ganadería, y organizar abastecimiento alimenticio;

IX. promover programas de construcción de viviendas y mejoría de las condiciones de vivienda y de saneamiento básico;

X. combatir las causas de pobreza y los factores de marginación, promoviendo integración social de los sectores desfavorecidos;

XI. registrar, monitorear y supervisar concesiones de derechos de investigación y explotación de los recursos hídricos y mineros en sus territorios;

XII. establecer e implementar una política de educación para la seguridad del tráfico;

Párrafo único

Una Ley complementaria fijará las normas para la cooperación entre la Unión, y los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, con vistas al equilibrio del desarrollo y del bienestar en el ámbito nacional.

La Unión, Estados y Distrito Federal deben tener el poder concurrente para legislar en:

I. impuestos, estado financiero, penitenciario, económico y urbanístico;

II. presupuesto;

II. registros comerciales;

IV. costos de servicios forenses;

V. producción y consumo;

VI. bosques, caza, pesca, fauna, conservación a la naturaleza, defensa del suelo y de los recursos naturales, protección del medio ambiente y control de contaminación;

VII. protección del patrimonio histórico, cultural, turístico y escénico;

VIII. responsabilidad por daños al medio ambiente, al consumidor, a los bienes y derechos de valor artístico, estético, histórico, turístico y escénico;

IX. educación, cultura, educación, deporte, ciencia, tecnología, investigación, desarrollo e innovación;

X. creación, operación y procedimiento de juicios de pequeñas quejas

XI. procesamiento judicial;

XII. seguridad social y protección, y defensa de la salud;

XIII. asistencia legal y asistencia pública;

XIV. protección e integración social de personas con discapacidades;

XV. protección de la infancia y la juventud;

XVI. organización, garantías, derechos y deberes de la policía civil.

§1°. En el ámbito de la legislación concurrente, la competencia de la unión se limitará a establecer normas generales.

§2°. El poder de la Unión para legislar con respecto a normas generales no precede los poderes suplementarios de los Estados.

§3°. Si no existiese ley federal con respecto a reglas generales, los Estados ejercerán poderes legislativos plenos para proveer sobre sus propias peculiaridades.

§4°. Una ley federal subsecuente en reglas generales suspende la efectividad de la ley estatal, hasta que es contraria a la ley federal.

CAPÍTULO III. DE LOS ESTADOS FEDERALES

Los Estados se organizan y se rigen por las Constituciones y leyes que que deben adoptar, observando los principios de esta Constitución.

§1°. Los poderes no prohibidos por esta Constitución están reservados a los Estados.

§2°. Le incumbe a los Estados operar, directamente, o a través de concesiones, servicios locales de tuberías de gas, como provisto por ley. Emitir una medida provisional para esta regulación está prohibida.

§3°. Los Estados podrán, mediante ley complementaria, establecer regiones metropolitanas, aglomeraciones urbanas y microregiones, constituidas por agrupaciones de municipios adyacentes, para integrar la organización, planear y operar las funciones públicas de interés común.

Art 26

La propiedad de los Estados incluye:

I. aguas superficiales o subterráneas, fluyentes emergentes y en depósitos, con excepción de los casos resultantes de trabajos bajo la Unión, como provisto por ley;

II. áreas de las islas oceánicas y costeras que están ante su dominio, excluyendo aquellas bajo dominio de la Unión, Municipios o terceros;

III. las islas fluviales y lacustres no pertenecientes a la Unión;

IV. tierras desocupadas no comprendidas entre las que le pertenecen a la Unión;

El número de representantes en la Asamblea Legislativa será el triple de la representación del Estado en la Cámara de los Diputados y, alcanzando el número de treinta y seis, será aumentado en tantos cuantos fueran los Diputados Federales por encima de doce.

§1°. El mandato de los Diputados Estatales será de cuatro años, y las reglas provistas por esta Constitución sobre sistema electoral, inviolabilidad, inmunidades, remuneración, pérdida del mandato, licencia, impedimentos e incorporación a las Fuerzas Armadas les serán aplicadas.

§2°. El subsidio a los representantes de estado será fijado por iniciativa legal en la en Asamblea Legislativa, por un máximo de setenta y cinco por ciento de lo que está establecido, en especies, por los diputados generales, observando lo que disponen los art. 150, II, 153, III y 153, 2°, I.

§3°. Las Asambleas Legislativas tienen el poder de determinar sus reglas internas, policía y servicios administrativos de su secretariado, y llenar los respectivos cargos.

§4°. La ley deberá proveer iniciativa popular en procesos legislativo estatal.

La elección del Gobernador de estado y del Vicegobernador de Estado, por término de cuatro años, deberá ser retenida el primer domingo de octubre en primera ronda, si hubiese una segunda ronda, esta será en el último domingo de octubre del año anterior al final de los mandatos de los predecesores, y deberán tomar cargo en primero de enero del año subsecuente, como se observa con las provisiones del artículo 77.

§1°. El gobernador que asuma otro cargo o posición de administración pública directa o indirecta deberá perder su cargo, a excepción de las oficinas detenidas en virtud de competencia pública de examen y observación a las provisiones del artículo 38, I, IV y V.

§2°. La compensación fija del gobernador, vicegobernador y secretarios de estado debe ser fijada por ley en iniciativa de la Asamblea Legislativa, observando lo que esta provisto por los artículos 37, XI, 39 4°, 150, II, 153, III y 153, 2°, I.

CAPÍTULO IV. DE LOS MUNICIPIOS

Los Municipios se regirán por una ley orgánica, votada en dos rondas, con un intervalo mínimo de diez días entre una y otra, y aprobada por dos tercios de los miembros de la legislación Municipal, que la promulgará, observando los principios establecidos en esta Constitución, en la Constitución de Estado y los siguientes preceptos:

I. la elección del Prefecto, del Vice-prefecto y de los concejales, para un cargo de cuatro años, mediante votación directa y simultánea realizada en todo el Estado;

II. la elección del Prefecto y del Vice-prefecto debe ser realizada el primer doming de octubre del año previo del término del mandato de sus predecesores, aplicando las provisiones del art. 77, en municipios con más de doscientos mil electores;

III. la investidura del Prefecto y Vice-prefecto del Municipio debe realizarse el primero de enero del año subsecuente a la elección;

IV. en la composición de las legislaturas municipales deben observarse los siguientes límites:

a. 9 (nueve) concejales en municipios con hasta 15,000 (quince mil) habitantes;

b. 11 (once) concejales en municipios con más de 15,000 (quince mil) habitantes y hasta 30,000 (treinta mil) habitantes;

c. 13 (trece) concejales en municipios con más de 30,000 (treinta mil) habitantes y hasta 50,000 (cincuenta mil) habitantes;

d. 15 (quince) concejales en municipios con más de 50,000 (cincuenta mil) habitantes y hasta 80,000 (ochenta mil) habitantes;

e. 17 (diecisiete) concejales, en los municipios de más de 80,000 (ochenta mil) habitantes y hasta 120,000 (ciento veinte mil habitantes);

f. 19 (diecinueve) concejales en municipios de más de 120,000 (ciento de veinte mil) habitantes y hasta 160,000 (ciento sesenta mil habitantes);

g. 21 (veintiún) consejeros en municipios de más de 160,000 (cien mil) habitantes sesenta y hasta 300,000 (trescientos mil) habitantes;

h. 23 (veintitrés) concejales en municipios de más de 300,000 (trescientos mil) habitantes y hasta 450,000 (cuatrocientos cincuenta mil habitantes);

i. 25 (veinticinco) concejales en municipios de más de 450,000 (cuatrocientos cincuenta mil) habitantes y hasta 600,000 (seiscientos mil) habitantes;

j. 27 (veintisiete) concejales en municipios de más de 600,000 (seiscientos mil) habitantes y más de 750,000 (setecientos cincuenta mil habitantes);

k. 29 (veintinueve) concejales en municipios de más de 750,000 (setecientos cincuenta mil) habitantes y hasta 900,000 (novecientos mil habitantes);

l. 31 (treinta y uno) concejales en municipios de más de 900,000 (novecientos mil) habitantes y hasta 1,050,000 (un millón cincuenta mil habitantes);

m. 33 (treinta y tres) concejales en municipios con más de 1,050,000 (un millón cincuenta mil) habitantes y un máximo de 1,200,000 (un millón doscientos mil habitantes);

n. 35 (treinta y cinco) concejales en municipios con más de 1,200,000 (un millón doscientos mil habitantes) habitantes y hasta 1,350,000 (un millón trescientos cincuenta mil) habitantes;

o. 37 (treinta y siete) concejales en los municipios de 1,350,000 (un millón trescientos cincuenta mil) habitantes y un máximo de 1,500,000 (un millón quinientos mil habitantes);

p. 39 (treinta y nueve) concejales en municipios con más de 1,500,000 (un millón de cinco mil) habitantes y un máximo de 1,800,000 (un millón ochocientos mil habitantes);

q. 41 (cuarenta y uno) Consejeros, en municipios con más de 1,800,000 (un millón de ocho cien mil) habitantes y un máximo de 2.400,000 (dos millones cuatrocientos mil habitantes);

r. 43 (cuarenta y tres) concejales en municipios de más de 2,400,000 (dos millones cuatrocientos mil) habitantes y hasta 3,000,000 (tres millones de habitantes);

s. 45 (cuarenta y cinco) concejales en municipios de más de tres millones (3,000,000) de las personas y un máximo de cuatro millones (4,000,000) personas;

t. 47 (cuarenta y siete) concejales en municipios de más de cuatro millones (4,000,000) personas y un máximo de cinco millones (5,000,000) de las personas;

u. 49 (cuarenta y nueve) concejales en municipios de más de cinco millones (5,000,000) de las personas y de hasta 6,000,000 (seis millones de habitantes);

v. 51 (cincuenta y uno) Consejeros, en municipios con más de 6,000,000 (seis millones de habitantes) y de hasta 7,000,000 (siete millones de habitantes);

w. 53 (cincuenta y tres) concejales en municipios con más de 7,000,000 (siete millones) de habitantes y hasta 8,000,000 (ocho millones de habitantes); y

x. 55 (cincuenta y cinco) concejales en municipios de más de 8,000,000 (ocho millones de habitantes).

V. la remuneración del Prefecto, del Vice-prefecto y de los secretarios municipales será determinada por ley en la iniciativa de la legislatura municipal, observada en l provision de los artículos 37, XI, 150, II, 153, III y 153, 2°, I;

VI. la remuneración de los concejales será determinada por el respectivo Consejo Municipal en término legítimo en los siguientes incisos, observando lo que es provisto por esta constitución, el criterio establecido en la ley orgánica respectiva y en los siguientes límites máximos:

a. en municipios de hasta diez mil habitantes, el máximo sueldo para el concejal deberá corresponder al veinte por ciento del sueldo de los representantes de estado;

b. en municipios de entre diez mil y uno y cincuenta mil habitantes, el máximo sueldo para el concejal debe corresponder al treinta por ciento de representantes de estado;

c. en municipios de cincuenta mil y uno hasta cien mil habitantes, el máximo sueldo para el concejal debe corresponder al cuarenta por ciento del sueldo de Representantes de Estado;

d. en municipios de cien mil y uno a trescientos mil habitantes, el máximo sueldo para el concejal debe corresponder a cincuenta por ciento del sueldo de Representantes de Estado;

e. en municipios de trescientos mil y uno a quinientos mil habitantes, el máximo sueldo para el concejal debe corresponder al sesenta y cinco por ciento del sueldo de Representantes de Estado;

f. en municipios de más de quinientos mil habitantes, el máximo sueldo para el concejal debe corresponder al setenta y cinco por ciento del sueldo de Representantes de Estado;

VII. el total de desembolso para la remuneración del concejal no debe exceder el cinco por ciento de los ingresos públicos del municipio;

VIII. inmunidad para el concejal por sus opiniones, palabras y votos en el ejercicio de su mandato dentro de los limites del municipio;

IX. prohibiciones e incompatibilidades, en cargo de concejal, similares son aplicables a las provisiones de esta Constitución por miembros del Congreso Nacional y de la respectiva Constitución de Estado por miembros de la Asamblea Legislativa;

X. juicio al Prefecto antes del Tribunal de Justicia;

XI. organización legislativa y funciones de supervisión de las leyes del municipio;

XII. cooperación de asociaciones representativas en planeamiento municipal.

XIII. iniciativa popular de cuentas de intereses específicos al municipio, ciudad o distritos a través de la manifestación de al menos cinco por ciento del electorado;

XIV. perdida del mandato del Prefecto de acuerdo al artículo 28, párrafo único.

Art 29-A

El desembolso total de la Legislatura de Municipio, incluyendo el sueldo de concejal pero excluyendo los gastos por iniciativa personal no deben exceder los siguientes porcentajes con respecto a la suma de recibos de impuestos y transferencias provistas en el 5° del artículo 153 y artículos 158 y 159, efectivamente realizadas en año fiscal previo:

I. 7% (siete por ciento) para los municipios con población de hasta 100,000 (cien mil) habitantes;

II. 6% (seis por ciento) para los municipios con una población de 100,000 (cien mil) y 300,000 (trescientos mil) habitantes;

III. 5% (cinco por ciento) para los municipios con una población de 300,001 (trescientos mil y uno) y 500,000 (quinientos mil) habitantes;

IV. 4.5% (cuatro punto cinco por ciento) para los municipios con una población de 500,001 (quinientos mil y uno) y 3,000,000 (tres millones de habitantes);

V. 4% (cuatro por ciento) para los municipios con una población de 3,000,001 (tres millones y uno) y 8,000,000 (ocho millones de habitantes);

VI. 3.5% (tres punto cinco por ciento) para los municipios con una población de más de 8,000,001 (ocho millones y uno) habitantes.

§1°. Una Legislatura de Municipio no debe gastar más de setenta por ciento de sus recibos en nóminas, incluyendo pagos a concejales.

§2°. Constituye una ofensa procesable (crimen de responsabilidad) por el Prefecto de municipio:

I. volver a pasar fondos que excedan los límites definidos en este artículo;

II. no mandar o volver a pasar fondos para el veinteavo día de cada mes; o

III. mandar menos de la proporción fija en la Ley de Presupuesto.

§3°. Constituye una ofensa procesable para el Presidente de la Legislatura del Municipio irrespetar el 1° de este artículo.

Los Municipios tienen el poder de:

I. legislar sobre asuntos de interés local;

II. suplir la legislación federal y estatal donde se aplicase;

III. instituir y recaudar impuestos en su jurisdicción, así como aplicar sus ingresos, sin perjuicio de la obligatoriedad de rendir cuentas y publicar balances dentro de los plazos fijados en la ley;

IV. crear, organizar y suprimir distritos, observar la legislación estatal;

V. organizar y prestar servicios públicos esenciales de interés local, incluyendo transporte colectivo, ya sea directamente, por concesión o permiso;

VI. mantener programas de educación preescolar y de enseñanza básica;

VII. prestar servicios de la salud a la población con cooperación técnica y financiera de la Unión y Estado;

VIII. promover, donde sea aplicable, el adecuado sistema territorial a través de planeamiento y control de uso, subdivisión y ocupación de la tierra urbana;

IX. promover la protección del patrimonio histórico- cultural local, observando la legislación federal y estatal, y supervisión.

La supervisión del Municipio será ejercida por la Legislatura Municipal, mediante control externo, y por los sistemas de control interno del Poder Ejecutivo Municipal, como provisto por ley.

§1°. El control externo de la Legislatura Municipal será ejercido con la asistencia de los Tribunales de Cuentas de los Estados o del Municipio o de los Consejos o Tribunales de Cuentas de los Municipios, donde existiesen.

§2°. Una opinión previa, emitida por la agencia competente sobre las cuentas que el Prefecto debe rendir anualmente, prevalecerá salvo una por decisión de dos tercios de los miembros de la Legislatura Municipal.

§3°. Las cuentas de los Municipios quedarán anualmente expuestas durante sesenta días a disposición de cualquier contribuyente para su evaluación, y casa contribuyente podré cuestionar su legitimidad, como provisto por ley.

§4°. La creación de Tribunales municipales de cuentas y consejos de cuentas o agencia, quedan prohibidos.

CAPÍTULO V. EL DISTRITO FEDERAL Y LOS TERRITORIOS

Sección I. El Distrito Federal

El Distrito Federal, que no será dividido en municipios, deberá ser gobernado por ley orgánica, votada en dos rondas con un intervalo mínimo de diez días, y aprobada por los dos tercios de la Cámara Legislativa, que la promulgará, observando los principios establecidos en esta Constitución.

§1°. El Distrito Federal tendrá los poderes reservados a los Estados y Municipios.

§2°. La elección del Gobernador y del Vicegobernador, observando las provisiones del art. 77, y de los Representantes del Distrito coincidirán con la de los Gobernadores y Representantes Estatales, por un cargo de igual duración.

§3°. Las provisiones del art. 27. se aplican a los Representantes de Distrito y a la Cámara Legislativa

§4°. La ley federal proveerá por el uso de la policía civil y militar y la brigada militar de bomberos del Gobierno del Distrito Federal.

Sección II. Los Territorios

La ley proveerá por la organización administrativa y judicial de los Territorios.

§1°. Los Territorios podrán ser divididos en Municipios, los que serán sujeros a las provisiones del Capítulo IV de este Título, cuando fuese aplicable.

§2°. Las cuentas del Gobierno Territorial serán presentadas al Congreso Nacional, con opinion del Tribunal de Cuentas de la Unión.

§3°. Los Territorios Federales con más de cien mil habitantes tendrán, además del Gobernador nombrado de acuerdo a esta Constitución, cortes judiciales y de apelación, miembros del Ministerio Público y defensores público federales; la ley proveerá por las elecciones a la Legislatura Territorial y su autoridad para la toma de decisión.

CAPÍTULO VI. LA INTERVENCIÓN

Art 34

La Unión no intervendrá en los Estados ni en el Distrito Federal excepto para:

I. mantener la integridad nacional;

II. repeler una invasión extranjera o de una unidad de Federación en otra;

III. poner fin a una amenaza seria al orden público;

IV. garantizar el libre funcionamiento de cualquiera de los Poderes del gobierno en las unidades de la Federación;

V. reorganizar las finanzas de la unidad de la Federación que:

a. suspendiese el pago de una deuda garantizada por los instrumentos del gobierno o seguridades por más de dos años consecutivos, excepto por razones de fuerza mayor;

b. fallo de entrega, a los Municipios, los ingresos tributarios establecidos en esta Constitución, dentro de los plazos establecidos en la ley;

VI. proveer refuerzo a la ley federal, ordenes o decisiones judiciales;

VII. asegurar el cumplimiento con los siguientes principios constitucionales:

a. forma republicana, el sistema representativo y el régimen democrático;

b. derechos individuales;

c. autonomía municipal;

d. rendición de cuentas de la administración pública, directa e indirecta;

e. aplicación del mínimo requerimiento de los procedimientos resultantes de los impuestos de estado, incluyendo aquellos en base a transferencias, por mantenimiento y desarrollo de educación y en actividades y servicios de salud pública.

Art 35

El Estado no intervendrá en sus Municipios, ni la Unión en los Municipios localizados en Territorio Federal, excepto cuando:

I. una deuda garantizada por los instrumentos o seguridades del gobierno se deje de pagar por dos años consecutivos, a excepción de deuda justificada;

II. cuentas requeridas de rendirse, que no se rindan en la manera provista por ley;

III. el requerimiento de monto mínimo de ingreso público municipal no se aplicase al mantenimiento y desarrollo de educación y actividades y servicios de salud pública;

IV. el Tribunal de Justicia concede una acción representativa para asegurar el monitoreo de los principios situados en la Constitución Estatal o para proveer por el refuerzo de una ley, orden o decisión judicial.

Art 36

La emisión de un decreto de intervención dependerá de:

I. en el caso del artículo 39, IV, de la solicitud del Poder Legislativo e del Poder Ejecutivo coaccionado o impedido, o de requerimiento del Supremo Tribunal Federal si la coacción fuese ejercida contra le Poder Judicial;

II. en el caso de desobediencia a una orden o decisión judicial, de requerimiento del Supremo Tribunal Federal, del Supremo Tribunal de Justicia o del Tribunal Superior Electoral;

III. en el caso del artículo 34, IV, por pedido obligado o impedido del Legislativo o Ejecutivo, o por una orden del Tribunal Superior Federal o el Tribunal Superior Electoral

IV. anulado.

§1°. El decreto de intervención, que especificará la amplitud, el plazo y las condiciones de ejecución y que, si aplicase, nombrará el interventor, será presentado por consideración del Congreso Nacional o de la Asamblea Legislativa del Estado, en el plazo de veinticuatro horas.

§2°. Si el Congreso Nacional o la Asamblea Legislativa no estuviese en sesión, una sesión extraordinaria será llamada en el mismo plazo de veinte y cuatro horas.

§3°. En los casos del art. 34, VI y VII, o del art. 35, IV, en consideración de dispenso por el Congreso Nacional o por la Asamblea Legislativa, el decreto se limitará a suspender la ejecución del acto impugnado, si esa medida fuese suficiente para el restablecimiento de la normalidad.

§4°. Al cesar los motivos de intervención, las autoridades removidas de sus cargos volverán a ellos, a excepción de impedimento legal.

CAPÍTULO VII. DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA

Sección I. Disposiciones Generales

Art 37

La Administración pública, directa o indirecta de cualquiera de los poderes de la Unión, Estados, Distrito Federal y de los Municipios obedecerán a los principios de legalidad, impersonalidad, moralidad, publicidad y eficiencia, así como a lo siguiente:

I. los cargos, empleos y posiciones públicas son accesibles a los brasileños que reúnen los requerimientos establecidos por ley, así como a los extranjeros, provisto por ley;

II. investidura en cargo e empleo público depende de la aprobación previa en concurso público, o exámenes y comparaciones de credenciales profesionales, de acuerdo con la naturaleza y complejidad del cargo o trabajo, como provisto por ley, a excepción de nombramiento a puesto en comisión declarado por ley para permitir libre nominación y despido;

III. el periodo de validez del concurso publico será de hasta dos años, extensible una vez por igual período;

IV. durante el plazo improrrogable previsto en el anuncio de concurso publico, los aprobados en examen de competencia pública o aquella examen o comparación de credenciales profesionales deberá ser llamadas con prioridad sobre los solicitantes aprobados últimamente para asumir un cargo o posición;

V. posiciones de confianza, ejercidas únicamente por servidores públicos ocupando una posición efectiva, y cargos de comisión, para ser cubiertos por servidores públicos en los casos, condiciones, y porcentajes mínimos provistos por ley, son previstos solo para deberes de gerencia, supervisión y evaluación.

VI. servidores públicos están garantizados al derecho de la libre asociación sindical;

VII. el derecho de huelga será ejercitado en los términos y con los límites definidos por ley específica;

VIII. la ley reservará un porcentaje de los cargos y empleos públicos para personas discapacitadas y definirá los criterios de su contratación;

IX. la ley establecerá las circunstancias para contratación de personal por un tiempo determinado para atender a necesidades temporales de interés público excepcional;

X. la remuneración de servidores públicos y su sueldo referido en el §4° del artículo 39 debe ser fijado o modificado solo por ley específica, observando la iniciativa privada en cada caso, asegurando la revisión general anual, siempre en la misma fecha y sin distinción respecto a los índices;

XI. la remuneración y sueldos de los encargados de los cargos públicos, posiciones y empleos en administración directa, autarquías y fundaciones, de los miembros de cualquier rama de la Unión, Estado, Distrito Federal y Municipios; de los encargados de una oficina electiva u otro tipo de agente político; y los beneficios, pensiones u otra forma de remuneración, recibida o no de forma acumulativa, incluyendo ventajas personales o de otra naturaleza no deben exceder el sueldo mensual en especie de los ministros del Tribunal Federal Supremo, aplicando como límite en los municipios, el sueldo del Prefecto; y en los Estados y el Distrito Federal, en los poderes del ejecutivo, el sueldo mensual del gobernador; en la rama legislativa, el sueldo de los legisladores de Estado y Distrito; y en la rama judicial, el sueldo de los magistrados del Tribunal de Justicia, limitado a noventa punto veinticinco por ciento del sueldo mensual, en especie, de los ministros del Tribunal Federal Supremo, un límite también aplicable a los miembros del Ministerio Público, Procuradores y Defensores Públicos;

XII. compensaciones por posiciones en los poderes Legislativo y Judicial no podrán ser superiores a los pagados por el Ejecutivo;

XIII. vinculación o equiparación de cualquier tipo de remuneración está prohibida para propósitos de compensación del personal de servicio público;

XIV. los incrementos pecuniarios recibidos por un empleado del gobierno no serán computados ni acumulados, a fin de garantizar aumentos subsecuentes;

XI. los salarios y ganancias de los encargados de posiciones públicas y trabajos son irreductibles, a excepción de lo provisto en los sub-párrafos XI y XIV de esta artículo y los artículos 39, §4°, 150, II, 153, III, y 153, §2°, I;

XVI. acumulación remunerada de cargos públicos está prohibida, excepto cuando hubiese compatibilidad de horarios, observados en algún caso en lo provisto en el sub-párrafo XI:

a. de dos posiciones de enseñanza;

b. de una posición de enseñanza con otra posición técnica o científica;

c. de los posiciones exclusivas o trabajos para profesionales de la salud con profesiones reguladas.

XVII. la prohibición contra la acumulación se extiende a trabajos y oficinas que incluyen autarquías, fundaciones, compañías públicas, compañías de capital mixto, sus filiales y compañías controladas, directa o indirectamente, por el gobierno;

XVIII. la administración financiera y sus inspectores tendrán, dentro de sus áreas de competencia y jurisdicción, preferencia sobre los demás sectores administrativos, como provisto por ley;

XIX. la creación de autarquías y autorización para organizar compañías públicas, compañías con capital mixto o fundaciones, solo pueden logradas por ley específica. En último caso, debe dejarse a la ley complementaria definir las areas de su actividad;

XX. en cada caso, la autorización legislativa es requerida para la organización de subsidiarios de las entidades referidas en el párrafo anterior, así como la participación de cualquiera de ellas en compañías privadas;

XXI. excepto en los casos especificados en ley, las obras públicas, trabajos, servicios, compras y ventas serán contratadas mediante proceso de licitación pública que asegure igualdad de condiciones a todos los concurrentes, con cláusulas que establezcan obligaciones de pago, mantenimiento las condiciones efectivas de la propuesta, como provisto por ley, lo cual solamente permitirá las exigencias de calificación técnica y económica indispensables esenciales para la garantía del cumplimiento de las obligaciones;

XXII. las administraciones de impuesto de la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios, actividades esenciales para el funcionamiento del Estado, ejercitado por empleados con carreras específicas, debe tener prioridad de recursos para llevar a cabo sus actividades y deben actuar de manera integrada, incluyendo lista de impuestos e información fiscal, como provisto por ley o por acuerdo.

§1°. La publicidad de los actos, programas, obras públicas, servicios y campañas de agencias gubernamentales deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, y no debe incluir nombres, símbolos o imágenes que representen promoción personal de autoridades gubernamentales o o servidores públicos.

§2°. La no observancia de lo dispuesto en los sub-párrafos II y III no deben resultar en la nulidad del acto y sanción de la autoridad responsable, como provisto por ley.

§3°. Las ley debe regular las formas de participación del usuario, directas e indirectas de administración pública, específicamente regulando:

I. quejas relacionas a la provisión de servicios públicos en general, asegurando el mantenimiento de servicios para atender a usuarios y evaluaciones periódicas, externas e internal, de la calidad de los servicios;

II. acceso a usuarios a registros administrativos e información sobre actos gubernamentales, observando las provisiones en el artículo 5, X y XXXIII;

III. regulación y representación contra el ejercicio negligente o abusivo de cargos, trabajos o posiciones en administración pública.

§4°. Los actos de deshonestidad administrativa resultarán en la suspensión de los derechos políticos, la pérdida de la función pública, la suspensión de los bienes y la devolución al tesoro público, sin prejuicio a cualquiera acción criminal aplicable.

§5°. La ley establecerá los plazos de prescripción por ofensas cometidas por cualquier agente, sea o no un servidor público, causando daño al tesoro público, sin prejuicio a las acciones respectivas de reembolso.

§6°. Entidades legales públicas y privadas prestadoras de servicios públicos responderán por los daños que sus agentes, actuando en esa capacidad, causen a terceros, asegurando el derecho subrogación de agente responsable en casos de mala conducta intencional (dolo) o culpa.

§7°. La ley debe proveer por los requerimientos y restricciones de los titulares de los cargos o trabajos en administración directa o indirecta que permita el acceso a información privilegiada

§8°. Autonomía directiva, de presupuesto y financiera de agentes y entidades de administración directa e indirecta deben amplificarse por contratos firmados entre sus administradores y el gobierno, por propósitos de metas de sueldos para agencias o gobierno, según la ley que provee por:

I. el periodo de duración de un contrato;

II. controles y criterios de evaluación de actuación, derechos, obligaciones y deberes de los directores;

III. remuneración del personal.

§9°. Las provisiones del sub-párrafo XI aplicado a compañías públicas y compañía de capital mixto y sus subsidiarios que reciben fondos de la Unión, Estados, Distrito Federal o Municipios para pagar las expensas del personal o gastos generales

§10°. Recibo simultáneo de beneficios jubilación a raíz del artículo 40 o de los artículos 42 y 142 con remuneración de una oficina pública, trabajo o posición es prohibida, excepto de posiciones acumulativas, como provisto en esta constitución, y la electiva comisión de posiciones declarada por ley para permitir designaciones y despidos libres.

§11°. Para propósitos del limite de remuneración referido al sub-párrafo XI de este artículo, la porción que tienen carácter de indemnización, como provisto por ley, no debe ser considerada.

§12°. Por propósitos de las provisiones del sub-párrafo XI de este artículo, los Estados y el Distrito Federal, como modificación a sus respectivas constituciones y ley orgánica, deben tener el poder de fija un solo límite, al interior de sus esferas, el sueldo mensual de sus magistrados y de sus respectivos tribunales de justicia, limitado a nueve punto veinticinco por ciento de el sueldo mensual de os Ministros del Tribunal Federal Supremo. Las provisiones de este párrafo no aplican al sueldo de los diputados de Estado y Distrito o concejales.

Art 38

Las siguientes provisiones se aplican a servidores públicos de la administración directa, autarquías o fundaciones, que mantienen cargos electivos:

I. cargos federales, de estado o de distrito deben tener licencia para sus oficinas, empleos o posiciones;

II. alguien en el cargo de Prefecto, tendrá licencia del cargo, empleo o posición, y optará por remuneración;

III. alguien en el cargo de Concejal, si hay compatibilidad de horarios, recibirá los beneficios de su cargo, empleo o función, sin perjuicio de la remuneración por cargo electivo, y si las horas no son compatibles, las provisiones del sub-párrafo precedente se deben aplicar;

IV. en cualquier caso en se requiera licencia debido al ejercicio de un mandato electivo, el periodo de servicio debe ser contado por propósitos legales, excepto por mérito de promoción;

V. en caso de licencia, las cantidades deben ser determinadas como si la persona hubiese tenido un servicio activo para propósitos de beneficios de seguridad social.

Sección II. Servidores públicos

Art 39

La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios organizarán un consejo para políticas para administración y remuneración de personal, compuesto por servidores públicos designados por sus determinados poderes.

§1°. Establecer estándares para salarios y otros componentes del sistema de remuneración que deben tomar en cuenta:

I. la naturaleza, el grado de responsabilidad y complejidad de los componentes del cargo de cada especialidad;

II. los requerimientos por investidura;

III. las peculiaridades del cargo

§2°. La Unión, Estados, Distrito Federal deben mantener colegios gubernamentales para formación y mejoramiento de los servidores públicos, con la participación en cursos constituye uno de los requerimientos para la promoción de cargo. Para este propósito, entrar en acuerdos o contratos sobre las entidades federales debe permitirse.

§3°. Las provisiones del artículo 7, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, y XXX deben aplicarse a los servidores públicos ocupando puestos públicos. La ley debe establecer requerimientos diferenciales para admisión cuando la naturaleza del cargo lo requiera.

§4°. Miembros de una rema del gobierno, encargados de un cargo electivo, Ministros de la Unión, y secretarías de Estado y Municipio deben ser remuneradas exclusivamente por un pago único de sueldo. Incremento en la gratificación, pago adicional, bono, recargo adicional, subsidio de representación u otro tipo de remuneración está prohibida, obligando, en cualquier caso, a las provisiones del artículo 37, X y XI.

§5°. Leyes de la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios deben establecer relación entre la remuneración más alta y más baja para servidores públicos, obligando, en cualquier caso, a las provisiones del artículo 37, XI.

§6°. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben publicar anualmente los montos de sueldos y remuneraciones para cargos públicos y trabajos.

§7°. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben regular la aplicación de fondos de presupuesto de raíz de ahorro en gasto para cada agencia, autarquía y fundación, para la aplicación en el desarrollo de programas de calidad y productividad, entrenamiento y desarrollo, modernización, fachada y racionalización de los servicios públicos, incluyendo aquellos en la forma de pagos adicionales o recargos adicionales por productividad.

§8°. La remuneración de la carrera de servidores públicos debe ser determinada de acuerdo con §4°.

Art 40

Servidores públicos que mantengan posiciones efectivas en la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios, incluyendo sus autarquías y fundaciones, están asegurados a una contribución y la unión a un régimen se seguridad social a través de contribuciones de entidades públicas respectivas, servidores públicos y pensionistas activos o inactivos, observando el criterio de preservar el equilibrio financiero y actuarial y las provisiones de este artículo.

§1°. Servidores públicos incluidos en el régimen de seguridad social referido en este artículo deben ser retirados, calculando sus beneficios empezando por los valores determinados de acuerdo con §3° y §17°:

I. por discapacidad permanente, las pensiones son proporcionales al periodo de contribución, excepto cuando se gaste de una seria, contagiosa o incurable enfermedad, como se especifica por ley;

II. obligatoriamente, una pensión proporcional al periodo de contribución, a los setenta años de edad o a los setenta y cinco años de edad, de acuerdo con la ley complementaria;

III. voluntariamente, solo si se completase un periodo de diez años de efectivo servicio público y cinco años en la posición desde donde se toma el retiro, observándose las siguientes condiciones:

a. sesenta años de edad con treinta y cinco años de contribución si fuese hombre, y cincuena y cinco años de edad con treinta años de contribución de fuese mujer;

b. sesenta y cinco años de edad si fuese hombre, y sesenta años de edad si fuese mujer, con pensiones proporcionales al tiempo de contribución

§2°. Para el tiempo están garantizados, beneficios de jubilación y pensiones que no deben exceder la remuneración del respectivo servidor público en la posición que el o ella ha ocupado en el mismo tiempo del retiro o que sirve como referencia para de concesión de una pensión.

§3°. Para el tiempo están garantizados, beneficios de jubilación deben ser calculados en la remuneración utilizada con la base para la contribución del empleado al régimen de seguro social referido en este artículo y en el artículo 201, como provisto por ley.

§4°. Adopción de requerimientos diferenciados y criterios para concesión de jubilación a aquellos incluidos en el régimen referido a este articulo está prohibido, excepto en términos definidos por leyes complementarias por funcionarios:

I. quienes tengan discapacidades;

II. quienes se comprometan en actividades de riesgo;

III. cuyas actividades sean llevadas bajo condiciones especiales perjudiciales para su salud o integridad física.

§5°. Los requerimientos de edad y periodo de contribución deben ser reducidos por cinco años, con respecto a las provisiones de §1°, III, para profesores que que su tiempo fue utilizado exclusivamente en el dictado de kindergarten, primaria y secundaria.

§6°. Excepto por jubilaciones de posiciones acumulativas, como provisto por esta Constitución, recibo de más de un beneficio de jubilación del régimen de seguridad social provisto en este artículo esta prohibido.

§7°. La ley debe proveer por concesión de beneficios de fallecimiento que deben ser iguales a:

I. si se retirase a la fecha de fallecimiento, el valor total de los beneficios del servidor público fallecido llega al máximo limite establecido para beneficios en el régimen general de seguridad social referido en el artículo 201, aumentado por setenta por ciento de la cantidad excedente de este límite; o

II. si estuviese activo en la fecha de fallecimiento, el total del valor de la remuneración del servidor público que mantenía un la posición efectiva para la fecha de su muerte, hasta el limite máximo establecido para beneficios del régimen general de seguridad social referido en el articulo 201, aumentado por setenta por ciento de la cantidad excedente de este límite.

§8°. Para preservar permanentemente su valor real, el reajuste de beneficios está asegurado, de acuerdo al criterio establecido por ley.

§9°. El periodo de contribución federal, estatal o municipal deberá contarse para propósitos de jubilación y el periodo correspondiente de servicio para propósitos de disponibilidad

§10°. La ley no debe establecer formas ficticias de conteo del periodo de contribución

§11°. El límite fijado en el artículo 37, XI, aplicado a la suma total de beneficios por actividad, incluyendo aquellos por acumulación de posiciones públicas de empleo, así como otras actividades sujetas a contribución para el régimen general de seguridad social, y al monto resultante de la suma de beneficios de inactividad a la remuneración por posición acumulativa, como provisto por esta constitución, a una posición de comisión declarada por ley para permitir la libre contratación y despido, y una posición electiva.

§12°. Además de las provisiones en este artículo, el régimen de seguridad pública para servidores públicas manteniendo una posición efectiva debe observar, cuando sea aplicable, requerimientos y criterios fijados por el régimen general de seguridad social.

§13°. El régimen general de seguridad social debe aplicarse a los servidores públicos que ocupen exclusivamente una posición en la comisión declarada por ley para permitir la libre contratación y despido, así como otras posiciones temporales o empleos.

§14°. Hasta que se instituya un régimen social suplementario para sus respectivos empleados que mantengan posiciones efectivas, la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios deben fijar el valor de los beneficios de jubilación y pensiones para ser concedidas por el régimen referido en este artículo al límite máximo establecido para los beneficiarios de régimen general de seguridad social referido en el artículo 201.

§15°. El régimen suplementario de seguridad social referido en 14° debe ser instituido por ley en la iniciativa del Ejecutivo, observando, si fuese aplicable, provisiones del artículo 202 y sus párrafos, a través de entidades cerradas de seguridad social suplementaria de naturaleza pública que debe ofrecer a los respectivos participantes solo una contribución definida en los planes de jubilación.

§16°. Solo por previa y expresa opinión pueden, las provisiones del §14° y 15° ser aplicadas a servidores públicos que han entrado al servicio público por la fecha de publicación del acto instituyendo el correspondiente régimen de seguridad social suplementario.

§17°. Todos los valores de remuneración considerados por los beneficios provistos en 3° deben ser debidamente actualizados, como provisto por ley.

§18°. Una evaluación debe ser dictaminada en beneficios de jubilación y pensiones concedidas por el régimen referido en este artículo al extento que excedan el límite máximo establecido para el régimen general de seguridad social de beneficios referido en el artículo 201, a un porcentaje igual al establecido para servidores públicos manteniendo cargos efectivos.

§19°. Los servidores públicos referidos en este articulo que han completado los requerimientos por jubilación voluntaria establecida en §1°, III, a, y quien opte permanecer activo recibirá un bono por permanecer equivalente al valor de sus contribuciones al seguro social hasta que complete los requerimientos para su jubilación obligatoria contenida en §1°, II.

§20°. Más de un régimen de seguro social para servidores públicos manteniendo posiciones efectivas está prohibido, también está prohibido tener más de una unidad manejando el respectivo régimen en cada entidad estatal, excepto por la provision del artículo 142, §3°, X.

§21°. Cuando el beneficiario tenga una enfermedad que lo incapacite, como provisto por ley, la evaluación provista en el §18° de este artículo debe ser dictaminado solo sobre aquellas porciones del beneficio de jubilación y pensión que excedan el doble del límite máximo establecido para beneficios debajo del régimen general del seguro social referidos en el artículo 201 de esta Constitución.

Art 41

Los servidores públicos nombrados a posiciones efectivas por virtud de concurso público adquieren estabilidad luego de tres años de servicio efectivo.

§1°. El servidor público estable perderá su sólo:

I. debido a una sentencia judicial que sea forme e inapelable;

II. a través de un procedimiento administrativo donde tienen asegurada defensa completa;

III. a través de un procedimiento de evaluación periódica de actuación, en forma de ley complementaria, asegurando defensa completa.

§2°. El despido de un servidor público estable debe ser invalidado por juicio, el empleado debe ser reintegrado, y cualquier ocupante subsecuente de la posición, si fuese estable, debe ser reinstalado a su posición original sin el derecho a compensación, fijado en otra posición o fijado a dejar el cargo con remuneración proporcional a su tiempo de servicio.

§3°. Si su posición fuera abolida o declarada innecesaria, el servidor público será fijado a dejar el cargo con remuneración proporcional a su tiempo de servicio, hasta que se le ubique adecuadamente en otra posición.

§4°. Como condición para adquirir estabilidad en cargo, una evaluación especial sobre su actuación es requerida por una comisión organizada para este propósito.

Sección III. Servidores militares de los Estados, Distrito Federal y de los territorios

Art 42

Miembros de la policía militar y las brigadas de bomberos, instituciones organizadas en base a jerarquía y disciplina, son servidores militares de los Estados, Distrito Federal y Territorios.

§1°. Las provisiones de los artículos 14, §8°, 40, §9° y 142, §2° y §3° aplican a los servidores militares de los Estados, Distrito Federal y Territorios, además de lo que viene determinado por ley. Depende de la ley específica de estado lidiar con los sujetos del artículo 142, 3 los Estados, Distrito Federal y Territorios sub-párrafo X, con los respectivos gobernadores otorgados al rango de oficiales.

§2°. Lo que ha sido terminado por ley específica en la respectiva entidad estatal debe aplicarse a militares jubilados de Estados, Distrito Federal y Territorios.

Sección IV. Las Regiones

Art 43

Para propósitos administrativos la Unión podrá coordinar sus acciones en un mismo complejo geo-económico y social, buscando su desarrollo y a la reducción de las desigualdades regionales.

§1°. La ley complementaria deberá proveer por:

I. las condiciones para la integración de las regiones en desarrollo;

II. la composición de los organizaciones regionales que deben encargarse, como provisto por ley, de planes regionales incluidos en los planes nacionales de desarrollo económico y social, y aprobados simultáneamente.

§2°. Los incentivos regionales deben incluir, inter alia, como provisto por ley:

I. igualdad de tarifas, costo de transporte, seguros y otros costes y precios por ítem del que es responsable el gobierno;

II. los intereses favorables para financiar actividades prioritarias;

III. exenciones, reducciones o aplazamientos temporales de tributos federales por individuos o entidades legales;

IV. prioridad en el uso económico y social de ríos, depósitos, o aguas que pueden daña a regiones con poco ingreso económico sujetas a periódicas sequías.

§3°. En las áreas referidas en el §2°, IV, la Unión debe garantizar incentivos para la recuperación de tierras áridas y cooperar con los pequeños y medianos propietarios rurales para establecer fuentes de agua y de pequeños regadíos en sus tierras.

TÍTULO IV. LA ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES

CAPÍTULO I. EL PODER LEGISLATIVO

Sección I. El Congreso Nacional

El Poder Legislativo es el Congreso Nacional, que se compone de la Cámara de Diputados y del Senado.

Cada período legislativo tendrá una duración de cuatro años.

La Cámara de los Diputados se compone de representantes del pueblo, elegidos en cada Estado, Territorio y el Distrito Federal por un sistema proporcional.

§1°. El número total de Diputados, así como la representación de cada Estado y del Distrito Federal serán establecidos por ley complementaria proporcionalmente a la población. Los ajustes necesarios deben realizarse en el año anterior a las elecciones, para que ninguna unidad de la Federación tenga menos de ocho ni más de setenta Diputados.

§2°. Cada Territorio elegirá cuatro Diputados.

El Senado Federal se compone de representantes de los Estados y del Distrito Federal, elegidos por voto mayoritario.

§1°. Cada Estado y el Distrito Federal elegirán tres Senadores un término de ocho años.

§2°. La representación de cada Estado y del Distrito Federal será renovada cada cuatro años, alternadamente reeligiendo un tercio y dos tercios.

§3°. Cada Senador será elegido junto a dos suplentes.

Salvo donde hubiese una provisión constitucional en contra, las decisiones de cada Cámara y de sus comités se adoptarán por mayoría de voto en mayoría absoluta de sus miembros presentes.

Sección II. Atribuciones del Congreso Nacional

Art 48

El Congreso Nacional tendrá el poder con la aprobación del presidente de la República, que no es requerida para sujetos especificados en los artículos 49, 51 y 52 para proveer para todos los asuntos competentes de la Unión, particularmente con respecto a:

I. sistema tributario, recaudación y distribución de rentas;

II. planes multi-anuales, directrices presupuestarias, presupuesto anual, transacciones de crédito, deuda pública y emisiones de rama legal;

III. determinación y modificación del número de tropas de las Fuerzas Armadas;

IV. planes y programas de desarrollo nacionales, regionales y sectoriales;

V. límites del territorio nacional, espacio aéreo y marítimo y bienes de la Unión;

VI. incorporación, subdivisión o desmembramiento de áreas de Territorios o Estados, luego de oídas las respectivas Asambleas Legislativas;

VII. transferencia temporal de la sede de la Unión;

VIII. garantía de amnistías;

IX. la organización administrativa, judicial, el Ministerio Público y la Oficina del Defensor Público de la Unión y de los territorios, y la organización Judicial y del Ministerio Público del Distrito Federal;

X. creación, transformación y abolición de cargos públicos, empleos y posiciones, observando lo que ha sido establecido en el artículo 84, VI, b;

XI. creación y abolición de Ministerios y agencias de administración Pública;

XII. telecomunicaciones y radiodifusión;

XIII. intereses financieros, cambio extranjero, intereses monetarios, instituciones financieras y sus operaciones;

XIV. dinero, sus límites de emisión, y la cantidad de de la deuda federal evidenciada por vínculos u otras seguridades;

XV. determinación del sueldo de los Ministros de la Corte Suprema Federal, observando lo que ha sido provisto por los artículos 39, §4°; 150, II; 153, III; y 153, §2°, I.

Art 49

El Congreso Nacional debe tener poderes exclusivos para:

I. decidir definitivamente sobre tratados internacionales, acuerdos o actos que que resulten en cargos o compromisos cargados al patrimonio nacional;

II. autorizar al Presidente de la República a declarar guerra, paz, permitir que fuerzas extranjeras transiten a través del territorio nacional o permanezcan en él temporalmente, con la excepción de los casos provistos por ley complementaria;

III. autorizar al Presidente y al Vicepresidente de la República a ausentarse del País por más de quince días;

IV. aprobar el estado de defensa y la intervención federal, autorizar el estado de sitio, o suspender cualquiera de dichas medidas;

V. suspender los actos normativos del Ejecutivo que excedan su autoridad regulatoria o los límites de la delegación legislativa;

VI. cambiar temporalmente su sede;

VII. establecer sueldo idéntico para los Diputados Federales y Senadores, observando las provisiones de los arts. 37, XI, 39, §4°, 150, II; 153, III y 153, §2° ,I;

VIII. establecer sueldo del Presidente y del Vicepresidente de la República y de los Ministros de la Unión, observado la provisión de los artículos 37, XI, 39, 4 Establecer sueldo, 150, II, 153, III, y 153, §2°, I;

IX. revisar cada cuenta anual rendida por el Presidente de la República y considerar los reportes de la ejecución de los planes de gobierno;

X. supervisar y controlar, directamente, o por cualquiera de sus Cámaras los actos del Ejecutivo, incluidos los de la administración indirecta;

XI. velar por la preservación de su autoridad legislativa frente a la atribución normativa de los otros Poderes;

XII. considerar la garantía y renovación de concesiones de emisoras de radio y televisión;

XIII. seleccionar dos tercios de los miembros del Tribunal de Cuentas de la Unión;

XIV. aprobar las iniciativas del Ejecutivo referentes a actividades nucleares;

XV. autorizar referéndums y convocar plebiscitos;

XVI. autorizar la explotación y uso de recursos de agua, la prospección y minería de riquezas minerales en en tierras indígenas;

XVII. aprobar previamente la alienación o concesión de tierras públicas con un área superior a dos mil quinientas hectáreas.

La Cámara de Diputados y el Senado Federal, o cualquier otra de sus comisiones podrán convocar a los Ministros de la Unión u otros jefes de una agencia directamente subordinada a la Presidencia de la República a testificar en persona sobre un asunto en particular. Dejar de asistir sin una justificación adecuada constituye una ofensa procesable.

§1°. Los Ministros de la Unión podrán comparecer ante el Senado Federal, la Cámara de Diputados, o ante cualquiera de sus Comisiones, por iniciativa propia y con su respectivo comité ejecutivo (Mesa), para reportar asuntos de relevancia a su Ministerio.

§2°. Los comités ejecutivos de la Cámara de Diputados y del Senado Federal podrán mandar peticiones escritas por información a los Ministros de de la Unión o cualquier personal referida en el encabezado de este artículo. Rechazo o su no contestación en el plazo de treinta días, así como la prestación de informaciones falsas, constituye una ofensa procesable.

Sección III. Cámara de Diputados

Art 51

La Cámara de los Diputados tiene poder exclusivo para:

I. autorizar por dos tercios de sus miembros, la institución de cargos legales contra el Presidente y Vicepresidente de la República y de los Ministros de la Unión;

II. proceder a la petición de cuentas del Presidente de la República, cuando no fueran presentadas al Congreso Nacional dentro de sesenta días después de la sesión legislativa;

III. elaborar su reglamento interno;

IV. proveer por su organización, operación, policía, creación, transformación o abolición de cargos empleos y posiciones de sus servicios, y por iniciación de leyes, fijando su respectiva remuneración, observando los parámetros establecidos en la ley de directrices presupuestarias;

V. elegir miembros del Consejo de la República en términos del artículo 89, VII.

Sección IV. El Senado Federal

Art 52

El Senado Federal tiene poder exclusivo para:

I. procesar y juzgar al Presidente y al Vicepresidente de la República en los delitos de responsabilidad y a los Ministros de la Unión y los comandantes de la marina, y las fuerzas armadas y aéreas por crímenes de la misma naturaleza conectados con ellos;

II. procesar y juzgar a los Ministros del Supremo Tribunal Federal, miembros del Consejo Nacional de Justicia y el consejo nacional del Ministerio Público, al Procurador General de la República y al Abogado General de la Unión;

III. aprobar previamente, por voto secreto, después de debate público, la selección de:

a. jueces, en casos establecidos en esta Constitución;

b. Ministros del Tribunal de Cuentas de la Unión nominados por el Presidente de la República;

c. Gobernadores de los Territorios

d. presidente y directores del Banco Central;

e. Procurador General de la República;

f. titulares de otros cargos determinados por ley;

IV. aprobar previamente, por voto secreto, después de debate en sesión secreta, la selección de los jefes permanentes de misión diplomática;

V. autorizar operaciones exteriores financieras de interés de la Unión, Estados, del Distrito Federal, Territorios y Municipios;

VI. establecer, como propuesto por el Presidente de la República, límites globales para el monto de deuda pública de la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios;

VII. disponer de los límites globales y condiciones para las operaciones de crédito externo e interno de la Unión, Estados, Distrito Federal y Municipios, de sus autarquías y otras entidades controladas por la Unión;

VIII. disponer sobre los límites y condiciones para la concesión de garantía de la Unión en transacciones de crédito externo e interno;

IX. establecer límites globales y condiciones para el monto de la deuda de los Estados, Distrito Federal y Municipios evidenciada por vínculos u otras seguridades;

X. suspender refuerzo, en todo o en parte, de leyes declaradas inconstitucionales por decisión final del Tribunal Federal Supremo;

XI. aprobar, por mayoría absoluta y mediante voto secreto, el despido del Procurador de la República, antes del término de su mandato;

XII. elaborar su reglamento interno;

XIII. proveer por su su organización, operación, policía, creación, transformación o abolición de cargos, empleos y posiciones de sus servicios, y por iniciativa de leyes, fijar su respectiva remuneración, observando los parámetros establecidos en la ley de directrices presupuestarias;

XIV. elegir los miembros del Concejo de la República siguiendo al art. 89, VII;

XV. evaluar periódicamente el funcionamiento de la estructura y los componentes de el Sistema Tributario Nacional y el desempeño de las administraciones tributarias de la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios.

En los casos provistos en los incisos I y II, el Presidente del Supremo Tribunal Federal, presidirá con convicción, rendida por dos tercios del voto del Senado Federal, deberá limitarse a la pérdida del cargo, con inhabilitación durante ocho años para el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de las demás sanciones judiciales aplicables.

Sección V. Diputados y Senadores

Los diputados y Senadores disfrutan inmunidad civil y criminal por cualquiera de sus opiniones, palabras y votos.

§1°. Desde la fecha de su investidura, Diputados y Senadores serán examinados por el Tribunal Federal Supremo.

§2°. Desde la fecha de su investidura, miembros del Congreso Nacional no podrán ser arrestados, excepto en delito flagrante por un crimen no bailable. En este caso, el record policial deberá ser mandado dentro de veinticuatro horas a la respectiva Cámara, la cual, por mayoría de voto de sus miembros, deberá decidir sobre su encarcelamiento.

§3°. Cuando una acusación sea recibida contra un Senador o Diputado por un crimen cometido después de su investidura, el Tribunal Federal Supremo debe notificar a su respectiva Cámara, la cual, por iniciativa de un partido políticos que la represente, y por mayoría de voto de sus miembros, podrá suspender los procedimientos en caso previo a una decisión final.

§4°. Sobre el recibo del comité ejecutivo, un pedido por suspensión debe ser actuada sobre la Cámara respectiva por un periodo no extendible de cuarenta y cinco días.

§5°. Una suspensión debe tener cobrar el periodo limitaciones de la duración de un mandato.

§6°. Diputados y Senadores no están obligados a testificar sobre información recibida o dada por el ejercicio de sus mandatos, tampoco aquellos que confíen en ellos o reciban información de ellos.

§7°. El llamado de Diputados y Senadores a deben en las Fuerzas Armadas, aun cuando ellos estén en la milicia y aun en tiempo de guerra, dependerá de la previa autorización de la respectiva Cámara.

§8°. La inmunidad de Diputados y Senadores debe mantenerse sobre estado de sitio y puede suspenderse solo por voto de dos tercios de los miembros de la respectiva Cámara, en caso de actos realizados fuera de las premisas del Congreso Nacional que son incompatibles con la implementación de dicha medida.

Los Diputados y Senadores no podrán:

I. desde la fecha de certificación de su elección:

a. firmar o mantener contactos con entidades públicas legales, autarquías, compañías del estado, compañías de capital mixto o utilidades públicas, salvo que el contrato obedeciese a cláusulas estándares;

b. aceptar o ejercer cargo, función o empleo remunerado, incluso los que sean dismisibles "ad nutum", en las entidades señaladas en el párrafo anterior;

II. desde la toma del cargo:

a. ser propietario, administrador o director de una compañía que goce de privilegio como resultado de un contrato con una entidad pública legal o que ocupe una posición en ella;

b. ocupar cargo o posición sujeta a terminación por voluntad de las entidades referidas en el inciso I, a;

c. patrocinar una causa en la que cualquiera de las entidades referidas en el inciso I, a, tenga interés;

d. ser titular de más de un cargo o mandato electivo público.

Diputados o Senadores perderán sus mandatos si:

I. violaran cualquier prohibición establecidas en el precedente artículo;

II. su conducta es declarada incompatible con la decencia parlamentaria;

III. que dejase de atender, durante cada término legislativo, un tercio de las sesiones ordinarias de la Cámara a la que pertenecen , excepto cuando tengan autorización para ausentarse o por misión;

IV. sus derechos políticos están perdidos o suspendidos;

V. cualquier decreto por las Cortes electorales, en casos provistos por esta constitución;

VI. son convictos criminalmente por juicio se convirtió en final e inapelable

§1°. Además de los canos definidos en el reglamento interno, el abuso de prerrogativas garantizadas a miembros del Congreso Nacional, o el recibo de beneficios exagerados sin incompatibles con la decencia parlamentaria.

§2°. En los casos de los incisos I, II y VI, la pérdida del mandato la decide la Cámara de Diputados o del Senado Federal por mayoría absoluta, por iniciativa del respectivo Comité Ejecutivo o partido político representado en el Congreso Nacional, asegurándose defensa completa.

§3°. En los casos provistos en los incisos III a V la pérdida del mandato será declarada por el Comité Ejecutivo de la respectivaCámara respectiva ex officio , o a instancia de cualquiera de sus miembros, y de un partido político representado en el Congreso Nacional, asegurándose defensa completa.

§4°. Los efectos de resignación por un legislador sujeto a un procedimiento que busqué o pueda resultar en la pérdida del mandato, en los términos de este artículo, será suspendido hasta la deliberación final referida en el §2° y §3°.

Art 56

Diputados o Senadores no perderán sus mandatos cuando:

I. investido en el cargo de Ministro de Estado, Gobernador de Territorio, Secretario de Estado, Secretario del Distrito Federal, o Secretario de un Territorio, Prefecto de Capital o jefe de misión diplomática temporal;

II. licencia de ausencia por la respectiva Cámara por enfermedad o para buscar, sin remuneración, asuntos privados, provisto que, en este caso, la ausencia no exceda los ciento veinte días por sesión legislativa.

§1°. El suplente será convocado en casos de vacancia, de investidura en posiciones provistas en este artículo o de licencia de ausencia que exceda los ciento veinte días.

§2°. si ocurriese una vacante y no hubiese suplente se hará elección para cubrir la vacante se se mantuviese más de quince meses antes de la finalización del mandato.

§3°. En el evento del inciso I, el Diputado o Senador podrá optar por la remuneración del mandato.

Sección VI. Sesiones

El Congreso Nacional se reunirá anualmente en la Capital Federal, del 2 de febrero al 17 de julio y desde el 1 de agosto al 22 de diciembre.

§1°. Cualquiera de las reuniones organizadas para esas fechas que caigan en sábados, domingos o días festivos, serán trasladadas para el siguiente día hábil.

§2°. La sesión legislativa no será interrumpida sin la aprobación del proyecto de ley de directrices presupuestarias.

§3°. Además de otros casos provistos en esta Constitución, la Cámara de Diputados y el Senado Federal se reunirán en sesión conjunta para:

I. inaugurar la sesión legislativa;

II. elaborar el reglamento común y regular la creación de servicios comunes a las dos Cámaras;

III. recibir el juramento del Presidente y Vicepresidente de la República;

IV. conocer el veto y deliberar sobre él;

§4°. Cada Cámara se reunirá en sesiones preparatorias, a partir del 1 de febrero, en el primer año de la legislatura, para la toma de posesión de sus miembros y la elección de su Comité Ejecutivo, por mandato de dos años, prohibiéndose la reelección del mismo cargo en la siguiente elección.

§5°. El Presidente del Senado presidirá el comité ejecutivo del Congreso Nacional, y otras posiciones deben ser sostenidas, alternadamente, por los ocupantes de cargos equivalentes en la Cámara de Diputados y en el Senado Federal.

§6°. Sesiones extraordinarias del Congreso Nacional se convocarán:

I. por el Presidente del Senado, en el caso de decreto de estado de defensa o de intervención federal, solicitando autorización para decreto de estado de sitio y para juramento y la toma de cargo del Presidente y del Vicepresidente de la República;

II. por el Presidente de la República, por los Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado Federal, o a requerimiento de la mayoría de los miembros de ambas Cámaras, en caso de urgencia o interés público relevante, en todos los casos, en este inciso con la aprobación de la mayoría absoluta de cada Casa del Congreso Nacional.

§7°. En las sesiones legislativas extraordinarias, el Congreso Nacional considerará solamente deliberará sobre asuntos para los que fue convocado, excepto en la situación del 8° de este artículo. Pago por compensación por dicha convocatoria está prohibido.

§8°. Si medidas provisionales se incluyen por fuerza mayor a la fecha de la sesión extraordinaria del Congreso Nacional, dichas medidas debe ser automáticamente incluidas en la lista de la convocatoria.

Sección VII. Comités

El Congreso Nacional y sus ambas Cámaras tendrán comités permanentes y temporales, constituidos en la forma y con el poder provistas en su respectivo reglamento o en el acto de su su creación.

§1°. En la Constitución de los comités ejecutivos y de cada comité, la representación proporcional de partidos políticos o grupos parlamentarios que participan en la respectiva Cámara está asegurada en cuanto fuese posible.

§2°. Comités, basados en asuntos de su jurisdicción, tienen el poder de:

I. en la discusión y voto de los proyectos de ley de acuerdo con el reglamento, la autoridad de todo el cuerpo es innecesaria, salvo se haga una objeción por un décimo de los miembros de la Cámara;

II. realizar audiencias públicas con entidades de la sociedad civil;

III. convocar a los Ministros de Estado Federal para prestar información sobre asuntos inherentes a sus deberes;

IV. recibir peticiones, reclamaciones, o quejas de cualquiera persona contra actos o omisiones de las autoridades o entidades públicas;

V. solicitar destitución de cualquier autoridad o ciudadano;

VI. examina programas de construcción, planes de desarrollo nacionales, regionales y sectoriales para emitir opiniones sobre ellos.

§3°. Las comités parlamentarios de investigación, que tendrán los mismos poderes de investigación de las autoridades judiciales, además de otros poderes previstos en los reglamentos de las respectivas Cámaras, serán creadas por la Cámara de los Diputados y por el Senado Federal, conjunta o separadamente, mediante requerimiento de un tercio de sus miembros, para la investigación de un cierto hecho determinado y por un periodo de tiempo. Si fuese apropiado, sus conclusiones deben ser reenviadas a Ministerio Público para determinar la responsabilidad civil o penal de los infractores.

§4°. Durante receso, el Congreso Nacional debe ser representado por un comité elegido por sus dos Cámaras en la última sesión ordinaria del término legislativo, con poderes definidas por ley y cuya composición debe reflejar la representación proporcional de los partidos políticos tanto como sea posible.

Sección VIII. El Proceso Legislativo

Sub-sección I. Disposiciones Generales

Art 59

El proceso legislativo incluye la preparación de:

I. enmiendas Constitucionales;

II. leyes complementarias;

III. leyes ordinarias;

IV. leyes delegadas;

V. medidas provisionales;

VI. decretos legislativos;

VII. resoluciones.

Párrafo único

Ley complementaria proveerá por la preparación, reducción, alteración y consolidación de leyes.

Sub-sección II. Enmiendas a la Constitución

Las enmiendas constitucionales podrán ser propuestas por:

I. al menos un tercio de los miembros de la Cámara de los Diputados o del Senado Federal;

II. el Presidente de la República;

III. más de la mitad de las Asambleas Legislativas de las unidades de la Federación, cada una manifestando su decisión por la simple mayoría relativa de sus miembros.

§1°. La Constitución no puede ser enmendada durante intervención federal, estado de defensa o estado de sitio.

§2°. La propuesta de enmienda será debatida y votada en cada Cámara del Congreso Nacional, en dos rondas, y se considerará aprobada si obtuviese tres quintos de votos de los respectivos miembros en cada ronda.

§3°. La enmienda constitucional será promulgada por los Comités Ejecutivos de la Cámara de Diputados y del Senado Federal, tomando la siguiente secuencia numérica.

§4°. No se considerará ninguna propuesta de enmienda constitucional que tenga por objeto abolir lo siguiente:

I. la forma federalista del Gobierno Nacional;

II. el sufragio directo, secreto, universal y periódico;

III. la separación de poderes;

IV. los derechos individuales y garantías.

§5°. El tema de una propuesta de enmienda Constitucional derrocada o perjudicada no puede ser objeto de otra enmienda propuesta en la misma sesión legislativa.

Sub-sección III. Las Leyes

Cualquier miembro o comité de la Cámara de Diputados o Senado Federal o Congreso Nacional, el Presidente de la República, el Tribunal Supremo Federal, los Tribunales Superiores, el Procurador General de la República y los ciudadanos tendrán el poder para iniciar leyes complementarias y ordinarias, en la forma y casos provistos en esta Constitución.

§1°. El Presidente de la República debe tener poder exclusivo para inicial las siguientes leyes:

I. que fijen o modifiquen el número de tropas en las Fuerzas Armadas;

II. leyes que lidien con:

a. la creación de cargos, funciones o empleos públicos en la administración directa y autarquías, o en el aumento de su remuneración;

b. la organización administrativa y judicial, en materia tributaria y presupuestaria, servicios públicos y el personal administrativo de los Territorios;

c. los servidores públicos de la Unión y de los Territorios, su régimen legal, la disposición de cargos, estabilidad y jubilación;

d. la organización del Ministerio Público y de la oficina de Defensa Pública de la Unión, así como sobre reglas generales para la organización del Ministerio Público y de la oficia de Defensa Pública de los Estados y del Distrito Federal, y de los Territorios;

e. la creación y abolición de Ministerios y agencias de administración pública, observando las provisiones del artículo 84, VI;

f. la milicia de las fuerzas armadas, su régimen legal, disposición de cargos, promociones, estabilidad, compensación, reforma y transferencia a reservas.

§2°. La iniciativa popular puede ser ejercida por presentación a la Cámara de Diputados de un esbozo de proyecto de ley subscrito al menos por el uno por ciento del electorado nacional, distribuido al menos en cinco Estados con no menos de tres décimas por uno por ciento de los electores de cada uno de los estados.

En los casos relevantes y urgentes, el Presidente de la República podrá adoptar medidas provisionales con fuerza de ley; dichas medidas deben ser enviadas inmediatamente al Congreso Nacional.

§1°. No podrán emitirse medidas provisionales sobre: ​​

I. con respecto a:

a. nacionalidad, ciudadanía, derechos políticos, partidos políticos y derecho electoral;

b. derecho penal, procedimiento penal y procedimiento civil;

c. organización del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como las carreras y garantías de sus miembros;

d. los planes multi-anuales, directivas presupuestarias, presupuesto y créditos adicionales y suplementarios, a excepción de lo provisto en el artículo 167, §3°;

II. que traten con detención o secuestro de propiedad, ahorros populares o cualquier otro activo financiero;

III. que estén reservadas por ley complementaria;

IV. que ya esté regulado en una ley aprobada por el Congreso Nacional que está esperando la aprobación o veto del Presidente de la República.

§2°. Una medida provisional que implique la institución de un aumento de impuestos, a excepción de lo provisto en los artículos 153, I, II, IV, V y 154, II, sólo producirá efectos en el siguiente año fiscal si se ha convertido en ley para el último día del [año fiscal] en el que se emitió.

§3°. A excepción de lo provisto en los párrafos 11° y 12°, medidas provisionales perderán su efectividad a partir del día de su emisión si no se convierten en ley en un plazo de sesenta días, extensible una vez, en los términos de §7°, por un período igual. Es responsabilidad del Congreso Nacional regular, por decreto legislativo, las relaciones jurídicas derivadas de tales medidas.

§4°. El periodo referido en el §3° comenzará a correr a partir de la publicación de la medida provisional. El inicio de este período se anuncia durante los periodos en que el Congreso Nacional está en receso.

§5°. La deliberación de cada una de las Casas del Congreso Nacional sobre el mérito de medidas provisionales dependerá de un juicio previo sobre el cumplimiento de sus requisitos constitucionales.

§6°. Si no se ha considerado en el plazo de cuarenta y cinco días, a partir de su fecha de publicación, la medida provisional entrará en régimen de urgencia. Subsecuentemente, en cada una de las Casas del Congreso Nacional, todas las demás deliberaciones legislativas de la Casa a las que se presentó deben suspenderse hasta que finalmente se someta a votación.

§7°. La efectividad de una medida provisional podrá prorrogarse una vez por sesenta días si durante el período de sesenta días contándose a partir de su publicación, si no hubiese sido sometida a votación final en las dos Casas del Congreso Nacional.

§8°. Las medidas provisionales se votarán primero en la Cámara de Diputados.

§9°. Una comisión mixta de Diputados y Senadores tendrá el deber de examinar las medidas provisionales y de emitir un dictamen sobre ellas, antes de ser consideradas, en sesiones separadas, por la totalidad de los miembros de cada Casa del Congreso Nacional.

§10°. La re-edición, en la misma sesión legislativa, de una medida provisional que ha sido rechazada o que ha perdido su eficacia por el correr del tiempo está prohibida.

§11°. Si el decreto legislativo referido en 3° no se emite dentro de los sesenta días siguientes a la denegación o pérdida de eficacia de una medida provisional, las relaciones jurídicas constituidas en ella o derivadas de actos practicados en el tiempo cuando fue efectivo deben permanecer en efecto y gobernado por estas medidas.

§12°. Si una ley para convertir o modificar el texto original de una medida provisional se aprueba, la medida provisional se mantendrá íntegramente hasta que la ley sea firmada o vetada.

Art 63

Incrementos en los gastos propuestos no serán permitidos:

I. en proyectos de leyes que son iniciativa exclusiva del Presidente de la República, a excepción de las provisiones en los artículos 166, §3° y §4°;

II. en proyectos de leyes en la organización de servicios administrativos de la Cámara de Diputados, del Senado Federal, de los Tribunales Federales y del Ministerio Público.

Art 64

Debates y votación de los proyectos de ley iniciados por el Presidente de la República, del Tribunal Federal Supremo y de los Tribunales Superiores se iniciarán en la Cámara de Diputados.

§1°. El Presidente de la República podrá solicitar con urgencia consideración para los proyectos de ley iniciados por él.

§2°. En el caso del §1°, si la Cámara de Diputados y el Senado Federal fallarán al proyecto de ley sucesivamente dentro de cuarenta y cinco días, todas las deliberaciones legislativas debe suspenderse en la respectiva Casa, con excepción de aquellas determinadas por periodo constitucional, hasta que el proyecto de ley sea finalmente votado.

§3°. Enmiendas del Senado Federal deben ser consideradas por la Cámara de Diputados dentro de un periodo de diez días, observándose, como em el resto del proyecto de ley, provisiones del párrafo anterior.

§4°. Los periodos de tiempo fijados en el §2° no deben llevarse a cabo cuando el Congreso Nacional esté en receso y no debe aplicar a esbozos de proyectos de ley o códigos.

Un proyecto de ley aprobado por una Cámara será revisado por la otra en una ronda de discusión y votación, si la Cámara revisora aprueba el proyecto de ley, debe ser enviada a emisión o promulgación, o si fuese rechazada, debe ser archivada.

Párrafo único

Si un proyecto de ley es modificado, deberá regresar a la Cámara que lo inició.

La Cámara en la cual la votación fue incluida debe enviase al Presidente de la República, quien, si lo consiente, lo aprobará.

§1°. Si el Presidente de la República considerase el proyecto en todo o en parte inconstitucional o en contra del interés público lo vetará total o parcialmente, en el plazo de quince días útiles contados desde la fecha del recibimiento y se comunicará, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, al Presidente del Senado los motivos del veto.

§2°. El veto parcial afectará solamente al texto íntegro de un artículo, párrafos, incisos o sub-partes.

§3°. Transcurrido el plazo de quince días, el silencio del Presidente opera como aprobación.

§4°. El veto deberá considerarse en sesión conjunta, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, y sólo podrá ser rechazado por mayoría absoluta de los Diputados y Senadores.

§5°. Si el veto no fuera mantenido el proyecto de ley será enviado al Presidente de la República para promulgación.

§6°. Si el plazo establecido en el §4°. Terminara sin voto, el veto será incluido en el orden del día de la sesión inmediata, suspendiéndose otra proposiciones, hasta su votación final.

§7°. Si la ley no fuese promulgada en cuarenta y ocho horas por el Presidente de la República, en los casos de los §3° y §5°, el Presidente del Senado la promulgará, y si éste no lo hiciese en igual plazo, corresponderá hacerlo al Vicepresidente del Senado.

Art 67

El objeto de un proyecto de ley rechazado solamente podrá constituir objeto de nuevo proyecto de ley en la misma sesión legislativa, mediante propuesta de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras del Congreso Nacional.

Art 68

Las leyes delegadas serán esbozadas por el Presidente de la República, quien solicitará que deberá solicitar la delegación del Congreso Nacional.

§1°. Actos de competencia exclusiva del Congreso Nacional, los de Competencia de la Cámara de los Diputados o del Senado Federal, son objeto reservado por ley complementaria, y la legislación sobre las siguientes materias no será delegada:

I. organización del Poder Judicial y del Ministerio Público, y las carreras y las privilegios de sus miembros;

II. nacionalidad, ciudadanía, derechos individuales, políticos y electorales;

III. planes multi-anuales, directrices presupuestarías y presupuestos.

§2°. La delegación al Presidente de la República será garantizada por la resolución del Congreso Nacional que especificará sus contenidos y términos de su ejercicio.

§3°. Si la resolución determinase que el proyecto de ley debe ser considerado por el Congreso Nacional, este la hará en votación única, estando prohibida cualquier enmienda.

Art 69

Las leyes complementarias serán aprobadas por mayoría absoluta.

Sección IX. Supervisión Contable, Financias y Presupuesto

Art 70

La supervisión contable, financiera, presupuestaria, operacional y patrimonial de la Unión y de las entidades de la administración directa e indirecta, con respecto a la legalidad, legitimidad, economía, aplicación de las subsidios y renuncia de ingresos, será ejercida por el Congreso Nacional mediante control externo y por el sistema de control interno de cada Poder.

Párrafo único

Las cuentas serán rendidas por cualquier individuos o entidad legal, pública o privada que utilice, recaude, guarde, gestione o administre, fondos públicos, propiedades y seguridades o aquellas por las que la Unión sea responsable, o que asuma obligaciones de naturaleza pecuniaria en nombre de la Unión.

Art 71

Control externo bajo la responsabilidad del Congreso Nacional será ejercido con la asistencia del Tribunal Contable de la Unión, el cual tendrá el poder de:

I. examinar las cuentas rendidas anualmente por el Presidente de la República, mediante previa opinión, preparada en el plazo de sesenta días desde su recibimiento ;

II. evaluar las cuentas de los administradores y demás responsables por fondos públicos, bienes y valores públicos de la administración directa e indirecta, incluidas las fundaciones y compañías organizadas y mantenidas por la Unión, así como las cuentas de aquellos que causaran pérdida, extravío u otra irregularidad de la cual resulte daño al tesoro publico;

III. examinar, para fines de registro, la legalidad de los actos de contratación de personal para cualquier posición en la administración directa e indirecta, incluidas fundaciones organizadas y mantenidas por el gobierno, excepto por nominaciones para cargo de comisión, así como de garantía de jubilaciones, y pensiones, a excepción de mejoras posteriores que no alteren las bases legales del acto de concesión;

IV. realizar, por iniciativa propia, o de la Cámara de Diputados, Senado Federal, comité técnico o comisión de investigación, inspecciones y auditorías de naturaleza contable, financiera, presupuestaria operacional y patrimonial en unidades administrativas de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y otras entidades referidas en el inciso II;

V. supervisar las cuentas nacionales de empresas supranacionales en cuyo capital participe la Unión de forma directa o indirecta, de acuerdo a los términos del tratado constitutivo;

VI. supervisar la aplicación de cualquier tipo de recursos transferidos por la Unión, mediante convenio, acuerdo, arreglo u otros instrumentos similares al Estado, Distrito o Municipios;

VII. facilitar información solicitada por el Congreso Nacional, por cualquiera de sus Cámaras o por cualquiera de las respectivos comités concernientes a supervisión contable, financiera, presupuestaria, operacional y patrimonial, y sobre los resultados de las auditorías e inspecciones realizadas;

VIII. en caso de gastos ilegales o irregularidad cuentas, las sanciones previstas por ley, donde se establece, entre otras penalidades, multas proporcionales a los daños causados al tesoro público;

IX. si ilegalidades son verificadas, se establece un periodo para que la agencia o entidad tome las medidas necesarias para el estricto cumplimiento de la ley;

X. suspender la ejecución de un acto impugnado, en caso de incumplimiento de la impugnación, comunicar dichas decisiones a la Cámara de Diputados y al Senado Federal;

XI. aconsejar al Poder adecuado de cualquier irregularidad determinada o abusos.

§1°. En caso de contratos, el acto de suspensión será adoptado directamente por el Congreso Nacional, el cual solicitará, de inmediato, al Poder Ejecutivo, tomar las medidas apropiadas.

§2°. Si el congreso Nacional o el Poder Ejecutivo, no adoptarán las medias previstas en el párrafo anterior en el plazo de noventa días, el Tribunal decidirá al respecto.

§3°. Las decisiones del Tribunal imputando deudas o multas, tendrán efecto de juicios ejecutables.

§4°. El Tribunal dirigirá al Congreso Nacional, trimestral y anualmente, reportes de sus actividades.

Art 72

Si hay signos de gastos no autorizados en forma de inversiones no programadas o subvenciones no aprobadas, el Comité Mixto permanente mencionado en el artículo 166, §1, podrá solicitar a la autoridad gubernamental responsable que proporcione las explicaciones necesarias en un plazo de cinco días.

§1°. Si las explicaciones no son provistas o son consideradas insuficientes, el comité solicitará al Tribunal pronunciamiento definitivo sobre la materia en un plazo de treinta días.

§2°. Si el Tribunal estima que el gasto es irregular y el Comité determina que puede causar daños irreparables o lesiones graves a la economía pública, el Comité propondrá al Congreso Nacional que se suspenda el gasto.

Art 73

El Tribunal de Cuentas de la Unión, integrado por nueve Ministros, situado en el Distrito Federal, su cuadro propio de personal y jurisdicción en todo el territorio brasileño y, donde fuese apropiado, debe ejercer los poderes provisto en el artículo 96.

§1°. Los Ministros del Tribunal de Cuentas de la Unión serán nominados entre brasileños que cumplan los siguientes requisitos:

I. más de treinta y cinco y menos de sesenta y cinco años de edad;

II. buen carácter moral y reputación intachable;

III. notorios conocimientos jurídicos, contables, económicos y financieros o de administración pública;

IV. más de diez años de ejercicio como funcionario o de efectiva actividad profesional que exija los conocimientos mencionados en el inciso anterior.

§2°. Los ministros del Tribunal de cuentas de la Unión será seleccionados:

I. un tercio por el Presidente de la República, con la aprobación del Senado, siendo dos de ellos elegidos alternadamente de entre auditores y miembros de Ministerio Publico asignado al tribunal de una terna sugerida por el Tribunal, según los criterios de antigüedad y mérito;

II. dos tercios por el Congreso Nacional.

§3°. Los Ministros del Tribunal de Cuentas de la Unión tendrán las mismas garantías, prerrogativas, impedimentos, salarios y privilegios que los Ministros del Tribunal Superior de Justicia. Las reglas del artículo 40 aplican a su jubilación y pensiones.

§4°. Cuando sustituya al Ministro, el auditor tendrá las mismas garantías e impedimentos del titular del cargo y cuando ejerza otros deberes judiciales, como juez del Tribunal Regional Federal.

Art 74

Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial mantendrán, de forma integrada, sistemas de control interno con la finalidad de:

I. evaluar el cumplimiento de las metas previstas en el plan multi-anual, la implementación de los programas gubernamentales y de los presupuestos de la Unión;

II. determinar la legalidad y evaluar la eficacia y eficiencia del manejo presupuestal, financiero y patrimonial por agencias y entidades de la administración federal así como de la aplicación de los recursos públicos por entidades de derecho privado;

III. ejercer en control sobre transacciones de crédito, avales y garantías, así como de los derechos y propiedades de la Unión;

IV. apoyar el control externo del ejercicio de sus misiones institucionales.

§1°. Respecto a cualquier irregularidad o ilegalidad, los responsables del control interno deben notificar al Tribunal de Cuentas de la Unión, bajo pena de responsabilidad solidaria.

§2°. Cualquier ciudadano, partido político, asociación o sindicato tiene potestad para, como provisto por ley, denunciar irregularidades o ilegalidades ante el Tribunal de Cuentas de la Unión.

Art 75

Las normas establecidas en esta sección se aplicarán donde fuese apropiado, a la organización, composición y supervisión de los Tribunales de Cuentas de los Estados, y del Distrito Federal, así como de los Tribunales y Consejos de Cuentas de los Municipios.

Párrafo único

Las Constituciones estatales proveerán por sus respectivos Tribunales de Cuentas respectivos, que estarán integrados por siete Consejeros.

CAPÍTULO II. EL PODER EJECUTIVO

Sección I. Presidente y del Vicepresidente de la República

Los poderes del Ejecutivo son ejercidos por el Presidente de la República, asistido por los Ministros de la Unión.

El Presidente y del Vicepresidente de la República serán elegidos simultáneamente el primer domingo de octubre por la primera ronda, si se tuviese que haber una segunda vuelta, esta será el último domingo de octubre del año previo a la terminación del mandato presidencial vigente.

§1°. La elección del Presidente de la República significará la elección de su Vicepresidente.

§2°. Una vez registrado en un partido político, el candidato que obtenga la mayoría de votos, sin contar los blancos o nulo, será considerado Presidente electo.

§3°. Si ningún candidato obtuviese la mayoría absoluta en primera vuelta, se hará una nueva elección dentro de los veinte días siguientes al anuncio del resultado de los dos candidatos más votados, y quién obtuviese la mayoría de los votos válidos debe considerarse electo.

§4°. Si antes de realizadas las elecciones ocurriere la muerte, desistimiento o impedimento legal de un candidato, se convocará al candidato con mayor votación entre los restantes.

§5°. En el caso de los párrafos anteriores, si mas de un candidato con el mismo número de votos permaneciese en segundo lugar, el de mayor edad calificará.

El Presidente y el Vicepresidente de la República tomarán posesión en sesión del Congreso Nacional, prestando juramento de mantener, defender y cumplir con la Constitución, observar las leyes, promover el bien general del pueblo brasileño, y sustentar la unión, la integridad y la independencia del Brasil.

Párrafo único

Si, transcurridos diez días desde la fecha fijada para la toma de cargo, el Presidente o el Vicepresidente, salvo por fuerza mayor, no hubiese asumido el cargo, será declarado vacante.

El vicepresidente reemplazará al Presidente, en caso de impedimento, y lo sucederá en el caso de vacante.

Párrafo único

El Vicepresidente de la República además de otras atribuciones que le fuesen conferidas por ley complementaria, asistirá al Presidente, siempre que fuese convocado por él para misiones especiales.

En caso de impedimento del Presidente y del Vicepresidente, o vacancia de sus respectivos cargos, el Presidente de la Cámara de Diputados, el del Senado Federal y el del Supremo Tribunal Federal serán llamados serán llamados sucesivamente para servir la Presidencia.

Si la vacancia ocurriera en los cargos del Presidente y Vicepresidente de la República, se hará una elección noventa días después de haber quedado vacante el cargo.

§1°. Si la vacancia ocurriese en los dos últimos años del período presidencial, la elección para ambos cargos será hecha por el Congreso Nacional, treinta días después de producida la última vacante, como provisto ley.

§2°. En cualquiera de estos casos, los que resulten elegidos deberán completar el período de sus predecesores.

El mandato del Presidente de la República es de cuatro años, comenzando el primero de enero del año siguiente a su elección.

Art 83

Bajo pena de pérdida del cargo, el Presidente y el Vicepresidente de la República no podrán ausentarse del país por un período superior a quince días, sin autorización del Congreso Nacional.

Sección II. Atribuciones del Presidente de la República

El Presidente de la República tiene poderes exclusivos para:

I. nombrar y despedir a los Ministros de la Unión;

II. ejercer, con la asistencia de los Ministros de Estado, la dirección superior de la administración federal;

III. iniciar legislación, en la forma y casos provistos para esta Constitución;

IV. aprobar, promulgar y ordenar la publicación de leyes, así como dictar decretos y regulaciones para su fiel ejecución;

V. vetar proyectos de ley total o parcialmente;

VI. proveer por decreto con respecto a:

a. organización y funcionamiento de la administración federal, cuando esta no implique el incremento en gasto o la creación o abolición de agencias públicas;

b. la abolición de posiciones públicas o oficinas, cuando estén desocupadas

VII. mantener relaciones con Estados extranjeros y acreditar a sus representantes diplomáticos;

VIII. concluir tratados, convenciones y actos internacionales, sujetos a aprobación del Congreso Nacional;

IX. decretar estado de defensa y estado de sitio;

X. decretar y reforzar la intervención federal;

XI. enviar mensaje gubernamental y plan de Gobierno al Congreso Nacional para la apertura de la sesión legislativa, escribiendo la situación del País y solicitando acciones que considere necesarias;

XII. conceder indultos y conmutar penas, luego de audiencia, si fuese necesario, de las agencias instituidas por ley;

XIII. ejercer el mando supremo sobre las Fuerzas Armadas, nombrar a sus comandantes navales, de la milicia y de las fuerzas aéreas, promover sus generales y nombrarlos para cargos exclusivos a ellos;

XIV. nombrar, después de la aprobación del Senado Federal, los Ministros del Supremo Tribunal Federal y de los Tribunales Superiores, los Gobernadores de Territorios, Procurador General de la República, presidente y directores del Banco Central y otros servidores públicos, cuando esté determinado por ley;

XV. nombrar, observado en las provisiones del artículo 73, los Ministros del Tribunal de Cuentas de la Unión;

XVI. nombrar jueces, en los casos provistos para esta Constitución, y el Abogado General de la Unión;

XVII. nombrar los miembros del Consejo de la República, de acuerdo a los términos del artículo 89, VII;

XVIII. convocar y presidir sobre el Consejo de la República y el Consejo de Defensa Nacional;

XIX. declarar guerra, en el caso de agresión extranjera, cuando se autorice por el Congreso Nacional o, por su ratificación se la agresión ocurriese entre reuniones legislativas y declarar mobilización total o parcial, bajo las mismas condiciones;

XX. declarar paz, si fuese autorizado por ratificación del Congreso Nacional;

XXI. conceder condecoraciones y distinciones honoríficas;

XXII. permitir, en casos provistos por ley complementaria, que fuerzas extranjeras transiten por el territorio nacional o permanezcan en él temporalmente;

XXIII. enviar al Congreso Nacional el plan multi-anual, el proyecto de directrices presupuestarias y las propuestas de presupuesto provistas en esta Constitución;

XXIV. rendir anualmente al Congreso Nacional, lo concerniente al previo año fiscal, dentro de los sesenta días de la apertura de la sesión legislativa;

XXV. completar y abolir los cargos en la Unión, de acuerdo a ley;

XXVI. dictar medidas provisionales con fuerza de ley en los términos del artículo 62;

XXVII. ejercer otros poderes provistas en esta Constitución.

Párrafo único

El Presidente de la República podrá delegar los poderes mencionados en los incisos VI, XII y XXV, primera parte, a los Ministros de la Unión, al Procurador General de la República o al Abogado General de la Unión, los cuales observarán los límites establecidos en las respectivas delegaciones.

Sección III. Responsabilidades del Presidente de la República

Actos del Presidente de la República que atenten contra la Constitución Federal son ofensas impugnadas, especialmente aquellas contra:

I. la existencia de la Unión;

II. el libre ejercicio del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de los Poderes constitucionales de las unidades de la Federación;

III. el ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales;

IV. la seguridad interna del País;

V. la probidad en la Administración;

VI. la ley presupuestaria;

VII. el cumplimiento de las leyes y de las decisiones judiciales.

Párrafo único

Estas ofensas serán definidas en ley especial, que establecerá normas de proceso y enjuiciamiento.

Si dos tercios de la Cámara de los Diputados aceptan una acusación contra el Presidente de la República, él será sometido a juicio ante el Supremo Tribunal Federal, en las infracciones penales comunes, o ante el Senado Federal en los casos de ofensas impugnadas.

§1°. El Presidente quedará suspendido en sus funciones:

I. en las infracciones penales comunes, si la acusación o queja criminal es recibida por el Supremo Tribunal Federal;

II. en ofensas impugnadas, después de procesadas por el Senado Federal.

§2°. Si, transcurrido el plazo de ciento ochenta días, no estuviese concluido el juicio, cesará la suspensión del Presidente, sin perjuicio del regular avance del procedimiento.

§3°. El Presidente de la República no estará sujeto al arresto por ofensas comunes sin previo juicios de convicción criminal.

§4°. Durante la vigencia de su mandato, el Presidente de la República no podrá ser responsabilizado por actos no relacionados al ejercicio de sus deberes.

Sección IV. De los Ministros de Estado

Los Ministros de la Unión serán escogidos entre brasileños mayores de veintiún años y en ejercicio total de sus derechos políticos.

Párrafo único

Los Ministros de la Unión, además de otros poderes establecidos en esta Constitución, tendrán el poder de:

I. orientar, coordinar y supervisar agencias y entidades de la Administración Federal en el área de su competencia y refrendar actos y decretos firmados por el Presidente de la República;

II. emitir instrucciones para el refuerzo de leyes, decretos y reglamentos;

III. presentar aun reporte anual sobre su administración como Ministro al Presidente de la República;

IV. llevar a cabo actos pertinentes a los poderes que le fueren garantizados o delegados a él por el Presidente de la República.

Art 88

La ley proveerá por la creación y abolición de Ministerios y agencias de administración pública.

Sección V. Consejo de la República y Consejo de Defensa Nacional

Sub-sección I. Consejo de la República

El Consejo de la República es el cuerpo superior de consulta del Presidente y en el cual participan:

I. el Vicepresidente de la República;

II. el Presidente de la Cámara de Diputados;

III. el Presidente del Senado Federal;

IV. la mayoría y minoría de líderes de la Cámara de Diputados;

V. la mayoría y minoría de líderes del Senado Federal;

VI. el Ministro de Justicia;

VII. seis brasileños ciudadanos de nacimiento y con más de treinta y cinco años de edad, dos nombrados por el Presidente de la República, dos elegidos por el Senado Federal y dos elegidos por la Cámara de los Diputados, todos por una mandato no renovable de un plazo de tres años.

El Consejo de la República tiene autoridad de dar su opinión sobre:

I. intervención federal, estado de defensa y estado de sitio;

II. cuestiones relevantes a la estabilidad de las instituciones democráticas.

§1°. El Presidente de la República podrá convocar a un Ministro de la Unión participar en una reunión de Consejo cuando la agenda incluya una cuestión relacionada al respectivo Ministerio.

§2°. La organización y operación del Consejo de la República deben ser reguladas por ley.

Sub-sección II. Consejo de Defensa Nacional

El Consejo de Defensa Nacional es el cuerpo de consulta del Presidente de la República en asuntos relacionados con la soberanía nacional y la defensa del Estado democrático, donde participan como miembros originales:

I. el Vicepresidente de la República;

II. el Presidente de la Cámara de Diputados;

III. el Presidente del Senado Federal;

IV. el Ministro de Justicia;

V. el Ministro del Estado de Defensa;

VI. el Ministro de Relaciones Exteriores;

VII. el Ministro de Planificación.

VIII. los comandantes de la marina, de las fuerzas armadas y aéreas

§1°. El Consejo de Defensa Nacional tiene la autoridad para:

I. opinar en la hipótesis de declaración de guerra y de celebración de la paz, en los términos de la Constitución;

II. opinar sobre el decretar un estado de defensa, el estado de sitio y la intervención federal;

III. proponer los criterios y condiciones de utilización de áreas indispensables para la seguridad del territorio nacional y opinar sobre el uso efectivo, especialmente en la franja de la frontera y en las relacionadas con la preservación y la explotación de los recursos naturales de cualquier tipo;

IV. estudiar, proponer y monitorear el desarrollo de iniciativas necesarias para garantizar la independencia nacional y la defensa del Estado democrático.

§2°. La organización y operación del Consejo de Defensa Nacional será regulado por ley.

CAPÍTULO III. DEL PODER JUDICIAL

Sección I. Disposiciones Generales

El Poder Judicial consiste en:

I. el Supremo Tribunal Federal;

I-A. el Consejo Nacional de Justicia;

II. el Tribunal Superior de Justicia;

II-A. el Tribunales Superior del Trabajo;

III. los Tribunales Regionales y Jueces Federales;

IV. los Tribunales Laborales y los Jueces Laborales

V. los Tribunales Electorales y los Jueces Electorales

VI. los Tribunales Militares y Jueces Militares;

VII. los Tribunales y Jueces de los Estados, del Distrito Federal y Territorios.

§1°. El Tribunal Supremo Federal, el Consejo Nacional de Justicia y los Tribunales Superiores se encuentran en la Capital Federal.

§2°. El Tribunal Supremo Federal y los Tribunales Superiores tienen jurisdicción sobre todo el territorio nacional.

Art 93

La ley complementaria, propuesta por el Tribunal Federal Supremo, establecerá el Estatuto de la Judicatura, observando los siguientes principios:

I. admisión en la carrera, con cargo inicial de juez sustituto, mediante concurso público y comparación de credenciales profesionales, con la participación del Colegio de Abogados de Brasil en todas las fases, requiriendo el grado de derecho básico y un mínimo de tres años de actividad legal, obedeciendo el orden de clasificación por puestos;

II. promoción de nivel a nivel, alternadamente basado en antigüedad y mérito, observando las siguientes reglas:

a. la promoción es obligatoria para un juez que haya comparecido en la lista de méritos tres veces consecutivas o cinco veces alternadas;

b. la promoción del mérito requiere dos años de servicio en el respectivo nivel, y que el juez aparezca en el quinto superior de la lista de antigüedad de dicho nivel, a menos que ninguno satisfaga dichos requisitos acepte el puesto vacante;

c. la evaluación del mérito es acorde a la performance y los criterios objetivos de productividad y eficiencia en el ejercicio de la jurisdicción y por asistencia y utilización de cursos oficiales o cursos reconocidos de mejoramiento;

d. para la determinación de la antigüedad, el Tribunal podrá rechazar al juez de más alta jerarquía sólo por un voto de dos tercios de sus miembros, de acuerdo con un procedimiento específico, asegurando una defensa plena, repitiéndose la votación hasta que se determine la selección.

e. los jueces no serán promovidos si retienen injustificadamente casos en su poder más allá del período legal, y no pueden devolver estos casos a la oficina del secretario sin una orden o decisión apropiada.

III. el acceso a los Tribunales de Apelación intermedios se basará en la antigüedad y el mérito alternativamente determinados en el último nivel o sólo en el nivel de entrada,

IV. provisiones para cursos oficiales de preparación, mejoramiento y promoción de jueces; La participación en un curso oficial o reconocido por una escuela nacional para la preparación y mejoramiento de los jueces es una etapa obligatoria en el proceso de asegurar la permanencia de vida en el cargo;

V. la remuneración fija de los Ministros de los Tribunales Superiores corresponderá al noventa y cinco por ciento de la remuneración fija mensual fijada para los Ministros del Tribunal Supremo Federal y la remuneración fija de los demás jueces será fijada por ley y escalada, Federal y estatal, de conformidad con las respectivas categorías de la estructura judicial nacional. La diferencia entre una categoría de carrera y la siguiente no podrá ser mayor del diez por ciento o menos del cinco por ciento, ni exceder del noventa y cinco por ciento de la remuneración fija mensual de los Ministros de los Tribunales Superiores, obedeciendo en todo caso a las disposiciones de los artículos 37, XI y 39, §4°;

VI. los beneficios de jubilación para los jueces y las pensiones de sus dependientes deberán observar las provisiones del artículo 40;

VII. los jueces permanentes residirán en su respectivo distrito judicial, a excepción de tener la autorización de sus tribunales;

VIII. los actos de remoción, colocación en vacaciones remuneradas y jubilación de jueces, por interés público, deberán basarse en la mayoría absoluta del respectivo tribunal o del Consejo Nacional de Justicia, asegurando una defensa plena;

VIII-A. la transferencia por solicitud o el intercambio de jueces en un distrito a cualquier nivel igual deberá cumplir con las provisions de las sub-partes a, b, c y e del inciso II, cuando sea aplicable;

IX. todas las sentencias de los órganos del Poder Judicial serán públicas, y todas las resoluciones serán sustentadas, bajo pena de nulidad; en casos en que la preservación del derecho de intimidad de los interesados ​​en secreto no perjudique el interés público en la información, la ley puede limitar la asistencia en determinadas ocasiones a las propias partes y sus abogados, o sólo a estos últimos;

X. las decisiones administrativas de los tribunales deben ser sustentadas y, en sesiones públicas, con decisiones disciplinarias adoptadas por la mayoría absoluta de sus miembros;

XI. con el fin de ejercer los poderes administrativos y jurisdiccionales delegados a la jurisdicción de la Sala Plena, un cuerpo especial, con un mínimo de once y un máximo de veinticinco miembros, podrá organizarse en tribunales con más de veinticinco jueces; la mitad de los puestos se elegirán sobre la base de la antigüedad y la otra mitad por elección del tribunal pleno.

XII. el funcionamiento de los tribunales será ininterrumpido, prohibiendo las vacaciones colectivas en los tribunales de primera instancia y los tribunales de segunda instancia; en los días en que no haya horas normales de trabajo en la corte, los jueces estarán en servicio continuo;

XIII. el número de jueces en una unidad jurisdiccional será proporcional a la demanda judicial efectiva ya la respectiva población;

XIV. la performance de actos administrativos y ministeriales sin carácter decisional se delegarán en los empleados públicos;

XV. los casos se distribuirán inmediatamente en todos los niveles de jurisdicción.

Un quinto de las plazas de los Tribunales Regionales Federales, de los Tribunales de los Estados y del Distrito Federal y Territorios estará compuesto por miembros, del Ministerio Público, con más de diez años de carrera, y por abogados de notorio saber jurídico y reputación intachable, con más de diez años de efectiva actividad profesional, nominados en una lista de seis nombres por las entidades de representación de los respectivos grupos.

Párrafo único

Recibidas las nominaciones, el tribunal reducirá la lista a una terna, enviándola al Poder ejecutivo, quien, en los veinte días siguientes, escogerá uno de los nombres listados para el cargo.

Art 95

Los jueces gozan de las siguientes garantías:

I. cargo de carácter vitalicio, que, para jueces en primera instancia será adquirido después de dos años de ejercicio, durante este periodo, la pérdida del cargo será determinada por el tribunal al que el juez estuviera vinculado y, en otros casos, de sentencia judicial inapelable;

II. la no removibilidad, salvo por motivo de interés público, en términos del artículo 93, VIII;

III. la irreductibilidad de los salarios, a excepción de lo provisto en los artículos 37, 4§; 150, II; 153, III, y 153, §2°, I.

Párrafo único

Los jueces están prohibidos de:

I. mantener, aun cuando se encuentre en licencia remunerada de la oficina, cualquier otro trabajo o posición, excepto como maestro;

II. recibir, por cualquier motivo o pretexto, los gastos judiciales o la participación en cualquier demanda;

III. participar en actividades políticas o de partidos políticos.

IV. recibir, bajo cualquier título o pretexto, asistencia o contribuciones de personas o entidades públicas o privadas, a excepción de lo provisto por ley;

V. ejercer la abogacía durante tres años en un tribunal que hayan dejado, a partir de la fecha de salida del cargo por jubilación o renuncia.

Art 96

Los siguientes tendrán poderes exclusivos para:

I. los Tribunales:

a. elegir sus cuerpos directivos y preparar sus normas internas, observando el reglamento y las garantías procesales de los partidos, regulando la jurisdicción y el funcionamiento de los respectivos cuerpos jurisdiccionales y administrativos;

b. organizar sus secretarías y servicios auxiliares y aquellos de los tribunales subordinados a ellos, teniendo cuidado de ejercer sus respectivas actividades de supervisión;

c. llenar, en la forma provista en esta Constitución, cargos para jueces de carrera dentro de sus respectivas jurisdicciones;

d. proponer la creación de nuevos tribunales de primera instancia;

e. llenar, a través de concursos públicos, o exámenes y comparaciones de credenciales profesionales, observando lo provisto en el artículo 169, párrafo único, las posiciones necesarias para la administración de justicia, con excepción de las posiciones de confianza, como definido por ley;

f. conceder licencia, vacaciones y otras ausencias a sus miembros ya jueces y empleados inmediatamente subordinados a ellos;

II. el Tribunal Federal Supremo, Tribunales Superiores y Tribunales de Justicia, a proponer a sus respectivas Legislaturas, observando las provisiones del artículo 169:

a. cambios en el número de miembros de tribunales inferiores;

b. creación y abolición de cargos y remuneración de sus servicios auxiliares y jueces subordinados a ellos, así como determinación de la remuneración fija de sus miembros y jueces, incluidos los tribunales inferiores, si existiesen;

c. creación o abolición de tribunales inferiores;

d. cambios en la organización y división judicial;

III. los Tribunales de Justicia, para juzgar a los jueces de los Estados, del Distrito Federal y de los Territorios, así como a los miembros del Ministerio Público, por delitos comunes e inculpables, con excepción de los casos dentro de la jurisdicción de los Tribunales Electorales.

Los tribunales podrán declarar inconstitucionales las leyes públicas o los actos normativos únicamente por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros o miembros de su respectivo cuerpo especial.

Art 98

La Unión creará el Distrito Federal y Territorios y los Estados [dentro de sus fronteras]:

I. los tribunales especiales, dotados de jueces profesionales o magistrados profesionales, con el poder de conciliación, de sentencia y de ejecución respecto de demandas civiles de menor complejidad y delitos menores. Los procedimientos serán orales y muy resumidos, permitiendo, en los casos provistos por ley, el arreglo y resolución de apelaciones por grupos de jueces de primera instancia;

II. los jueces de paz asalariados, constituidos por ciudadanos elegidos por votación directa, universal y secreta, por un cargo de cuatro años, con jurisdicción, de conformidad con la ley, para realizar matrimonios, verificar los procedimientos de calificación de oficio o después de la impugnación, y desempeñar funciones conciliatorias de carácter no jurisdiccional, además de otras funciones previstas por ley.

§1°. La ley federal provee la creación de tribunales especiales en el área de Justicia Federal.

§2°. Los costos y honorarios se utilizarán exclusivamente para financiar servicios bajo el cuidado de actividades específicas de la justicia.

Art 99

Se garantiza al Poder Judicial la autonomía administrativa y financiera.

§1°. Los Tribunales prepararán sus propuestas presupuestarias, dentro de los límites estipulados conjuntamente con las demás Sucursales en la Ley de Directivas Presupuestarias.

§2°. Tras la audiencia de otros tribunales interesados, la propuesta se presentará:

I. al nivel federal, por los Presidentes del Tribunal Supremo Federal y Tribunales Superiores con la aprobación de sus respectivos Tribunales;

II. al nivel de los Estados, Distrito Federal y Territorios, por los Presidentes de los Tribunales de Justicia, con la aprobación de sus respectivos Tribunales.

§3°. Si los organismos mencionados en §2° no elaboran sus propuestas presupuestarias respectivas dentro del plazo establecido en la ley de las directivas presupuestarias, a efectos de la consolidación de la propuesta presupuestaria anual, el Ejecutivo considerará los importes aprobados en la ley presupuestaria vigente ajustándolos de acuerdo con los límites estipulados en §1° de este artículo.

§4°. En caso de que las propuestas presupuestarias a que se refiere el presente artículo se presenten sin tener en cuenta los límites establecidos en §1°, el Ejecutivo efectuará los ajustes necesarios para la consolidación de la propuesta presupuestaria anual.

§5°. Durante la ejecución del presupuesto del ejercicio fiscal, no se realizarán gastos o asunción de obligaciones que excedan los límites establecidos en la ley de las directivas presupuestarias mediante la apertura de créditos suplementarios o especiales, a excepción de que esté que previamente autorizado.

Art 100

Los pagos adeudados por los Tesoros Federales, Estatales, Distritales y del Condado, en virtud de una sentencia judicial, se realizarán exclusivamente por orden cronológico de presentación de las órdenes judiciales de pago y de la cuenta de los respectivos créditos. Se prohíbe la designación de casos o personas en créditos presupuestarios y la apertura de créditos adicionales para tales fines.

§1°. Las deudas de apoyo incluyen las que se derivan de salarios, salarios, ganancias, pensiones y sus provisiones complementarias; beneficios de Seguro Social; Y la indemnización por muerte o incapacidad, basada en responsabilidad civil, en virtud de una sentencia judicial definitiva y no apelable. Estas deudas se pagarán en preferencia sobre todas las demás deudas, excepto las mencionadas en el §2° de este artículo.

§2°. Las deudas por préstamos cuyos propietarios, ya sean originarios o por herencia, tengan 60 (sesenta) años de edad, o que sufran una enfermedad grave, o personas discapacitadas, según lo definido por la ley, se pagarán con preferencia sobre todas las demás deudas a un valor equivalente a tres veces el fijado por la ley a los efectos de la disposición del §3° de este artículo. El pago de una cantidad fraccionada se permite para este fin, siendo el resto pagado en el orden cronológico de la presentación de la orden judicial de pago.

§3°. La disposición del encabezamiento de este artículo con respecto a la emisión de órdenes judiciales de pago no se aplica al pago de obligaciones definidas por ley como montos pequeños que deben ser pagados por los referidos Bonos en virtud de una sentencia final no apelable .

§4°. A los efectos de lo dispuesto en el §3°, los importes diferenciados para las entidades de derecho público podrán ser fijados por su propia legislación según diferentes capacidades económicas, con un importe mínimo igual al importe de la prestación de seguridad social más elevada del régimen general.

§5°. Los presupuestos de las entidades de derecho público deben incluir los fondos necesarios para el pago de sus deudas derivadas de las sentencias finales no apelables de conformidad con las órdenes judiciales de pago presentadas antes del 1 de julio. El pago se realizará al final del siguiente año fiscal, momento en el cual su valor será actualizado monetariamente.

§6°. Los créditos presupuestarios y los créditos abiertos se consignarán directamente en el Poder Judicial. Corresponde al Presidente del Tribunal dictar la resolución que permita la ejecución del pago integral y autorizar, a petición del acreedor, la fianza del importe necesario para satisfacer la deuda, pero únicamente en caso de incumplimiento de su derecho De precedencia o de omisión en la asignación presupuestaria de una cantidad necesaria para satisfacer su deuda.

§7°. El Presidente del Tribunal competente que, por acto u omisión, retrasa o intenta frustrar la liquidación regular de una orden judicial de pago comete un delito impugnable y también será responsable ante el Consejo Nacional de Justicia.

§8°. Queda prohibido expedir una orden judicial de pago complementaria o complementaria al importe pagado, así como fraccionar, dividir o reducir el valor de su ejecución, a efectos de inclusión como parte del total a que se refiere el §3° de este artículo proporciona.

§9°. Independientemente de la regulación, en el momento de su emisión, las órdenes judiciales de pago deberán reducirse como compensación por un monto correspondiente a deudas claras y determinadas, inscritas o no en la deuda activa y constituidas contra la El acreedor original por el Tesoro Público del deudor, incluyendo los montos a plazos vencidos, excepto aquellos cuya ejecución fue suspendida en virtud de una impugnación administrativa o judicial.

§10°. Antes de la emisión de órdenes judiciales de pago, el Tribunal solicitará a la Tesorería Pública deudora que responda dentro de los 30 (treinta) días, bajo pena de pérdida del derecho de reducción, con información sobre deudas que Condiciones establecidas en el §9° para los fines previstos en el mismo.

§11°. De acuerdo con lo establecido por la ley de la entidad federativa deudora, el acreedor podrá canjear sus créditos en órdenes judiciales de pago para adquirir bienes públicos reales de la entidad federativa respectiva.

§12°. Tras la promulgación de esta Enmienda Constitucional, la actualización de las sumas requeridas entre la expedición hasta el pago efectivo, independientemente de su naturaleza, se hará de acuerdo con el índice oficial de remuneración básica de las cuentas de ahorro. A efectos de compensación por el retraso, los intereses simples se incluirán al mismo porcentaje que los intereses de las cuentas de ahorro. Se excluirá la incidencia de los intereses compensatorios.

§13°. Sin necesidad de consentimiento del deudor, el acreedor podrá ceder a terceros, total o parcialmente, sus créditos en órdenes judiciales de pago. Las disposiciones de los §§ 2° y 3° no se aplican al representante legal.

§14°. La cesión de órdenes judiciales de pago será efectiva sólo después de la comunicación, mediante una petición protocolizada, al tribunal de origen ya la entidad deudora.

§15°. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo, una ley complementaria a esta Constitución Federal establecerá un régimen especial para el pago de créditos por órdenes judiciales de pago del Estado, Distrito Federal y del Condado, los ingresos netos corrientes y la forma y liquidación.

§16°. Con arreglo a sus criterios exclusivos y en forma de ley, el Sindicato puede asumir deudas de órdenes judiciales de pago del Estado, el Distrito Federal y el Condado, refinanciándolas directamente.

§17°. La Unión, los Estados, el Distrito Federal y los municipios deberán comparar mensualmente, sobre una base annual, los importes comprometidos de sus respectivos ingresos netos con el pago de órdenes judiciales de pago y obligaciones de poco valor.

§18°. Para efectos del § 17°, los ingresos netos corrientes significan la suma de los ingresos de impuestos, patrimonio, industria, agricultura y ganadería; De contribuciones y servicios; De corriente Transferencias y otros ingresos corrientes, incluidos los del §1 o del art. 20 de la Constitución Federal, verificado en el Período comprendido entre el segundo mes inmediatamente anterior al Mes anterior y los 11 (once) meses anteriores, excluyendo duplicados y deduciendo:

I. de la Unión, las cantidades entregadas a los Estados, del Distrito Federal, y a los Municipios por determinación constitucional;

II. de los Estados, las cantidades entregadas a los municipios por determinación constitucional;

III. de la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los municipios, la contribución de los trabajadores por el costo de su sistema de seguridad social y asistencia social y los ingresos por compensación financiera referida el artículo §9° del art. 201 de la Constitución Federal.

§19°. En caso de que el importe total de las deudas Judiciales en las órdenes de pago judiciales y las pequeñas obligaciones de valor en un período de doce meses supere el promedio del porcentaje comprometido de los ingresos netos corrientes en los inmediatos (cinco) años anteriores, la cantidad que exceda este porcentaje podrá ser financiado, exento de los límites de la deuda en los incisos VI y VII del art. 52 de la Constitución Federal y de cualquier otra limitación de la deuda prevista, con prohibición de vinculación de ingresos previstos en el inciso IV del art. 167 de la Constitución Federal, siendo Inaplicable a financiación.

§20°. En caso de que existan órdenes judiciales de pago con valores superiores al 15% (quince por ciento) de la cuantía de las ordenes judiciales de pago presentadas en los términos del artículo, el 15% (quince por ciento) del valor de estas órdenes de pago se pagarán al final del siguiente año fiscal y el resto en parcelas iguales en los cinco años fiscales posteriores, incrementados por el interés por el retraso y corrección monetaria, o a través de acuerdos directos a través de Tribunales Auxiliares para la liquidación de Órdenes Judiciales de Pago, con una reducción máxima del 40% (cuarenta por ciento) del valor del crédito actualizado, siempre y cuando no exista recurso de apelación ni defensa judicial pendiente con respecto al crédito y que los requisitos establecidos en los reglamentos emitidos por la entidad federativa sean observados.

Sección II. El Supremo Tribunal Federal

Art 101

El Tribunal Supremo Federal está integrado por once ministros, elegidos entre los ciudadanos de más de treinta y cinco años y menores de sesenta y cinco años, con notables conocimientos jurídicos y reputación sin mancha.

Los ministros del Tribunal Supremo Federal serán nombrados por el Presidente de la República, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado Federal.

El Supremo Tribunal Federal tiene la responsabilidad primordial de salvaguardar la Constitución, con el poder de:

I. tratar y decidir, como materias de jurisdicción original:

a. acciones directas de inconstitucionalidad de actos normativos federales o estatales o acciones declaratorias de constitucionalidad de leyes federales o actos normativos;

b. cargos de delitos comunes contra el Presidente de la República, el Vicepresidente, los miembros del Congreso Nacional, los propios Ministros del Tribunal y el Procurador General de la República;

c. cargos de delitos comunes e infracciones impugnables contra los Ministros de la Unión y los Comandantes de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, con excepción de lo dispuesto en el art. 52, I, los miembros de los Tribunales Superiores y el Tribunal de Cuentas de la Unión, y los jefes de las misiones diplomáticas permanentes;

d. habeas corpus cuando la parte restringida sea cualquiera de las personas a que se refieren las sub-secciones precedentes; Órdenes de seguridad y habeas data contra los actos del Presidente de la República, los Comités Ejecutivos de la Cámara de Diputados y del Senado Federal, el Tribunal de Cuentas de la Unión, el Procurador General de la República y el propio Tribunal Supremo Federal;

e. litigios entre un Estado extranjero o una organización internacional y la Unión, Estado, Distrito Federal o Territorio;

f. los casos y conflictos entre la Unión y los Estados, la Unión y el Distrito Federal, o entre sí, incluyendo sus respectivas entidades de administración indirecta;

g. solicitudes de extradición de Estados extranjeros;

h. derogado;

i. habeas corpus, cuando el sujeto obligatorio sea un Tribunal Superior o cuando la parte restrictiva o la parte restringida sea una autoridad o funcionario cuyos actos están directamente sujetos a la jurisdicción del Tribunal Supremo Federal, o en el caso de un delito sujeto a la jurisdicción original del Tribunal Supremo Federal;

j. revisiones penales y acciones rescisas de sus propias decisiones;

k. [no hay sub-sección k]

l. reclamaciones para preservar su jurisdicción y garantizar la autoridad de sus decisiones;

m. ejecutar una sentencia en los casos dentro de su jurisdicción original, pudiendo delegarse la facultad de realizar actos procesales;

n. acciones en las que todos los miembros del Poder Judicial tengan un interés directo o indirecto y aquellos en los que más de la mitad de los miembros del tribunal de origen sean inhabilitados o tengan un interés directo o indirecto;

o. conflictos de jurisdicción entre el Tribunal Superior de Justicia y otros tribunales, entre Tribunales Superiores o entre éste y cualquier otro tribunal;

p. las solicitudes de un recurso provisional en acciones directas de inconstitucionalidad;

q. los mandatos de mandamiento, al elaborar la norma reglamentaria son responsabilidad del Presidente de la República, del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados, del Senado Federal, de los Comités Ejecutivos de una de estas Cámaras Legislativas, del Tribunal de Cuentas de la Unión, De los Tribunales Superiores o del propio Tribunal Supremo Federal;

r. acciones contra el Consejo Nacional de Justicia y contra el Consejo Nacional del Ministerio Público;

II. decidir, en apelación ordinaria:

a. en caso de denegación, habeas corpus, órdenes de seguridad, habeas data y mandatos de amparo decididos originalmente por los Tribunales Superiores;

b. delitos políticos;

III. decidir sobre recurso extraordinario, casos resueltos en exclusiva o última instancia, cuando la decisión apelada:

a. sea contraria a una disposición de esta Constitución;

b. declarar inconstitucional un tratado o una ley federal;

c. defiende una ley o acto de gobierno local impugnado como violatorio de esta Constitución.

d. respalda una ley local impugnada en contra de la ley federal.

§1°. La alegación de desobediencia de un precepto fundamental derivado de esta Constitución será oída por el Tribunal Supremo Federal, según lo dispuesto por ley.

§2°. Las decisiones definitivas del Tribunal Federal Supremo sobre los méritos en acciones directas de inconstitucionalidad y en acciones declarativas de constitucionalidad tendrán efectos erga omnes y serán vinculantes con respecto al resto del Poder Judicial y la administración pública federal, estatal y del condado, tanto Directos e indirectos.

§3°. Para que el Tribunal examine la admisibilidad de un recurso extraordinario, que sólo puede ser rechazado por la manifestación de dos tercios de sus miembros, el recurrente debe demostrar las repercusiones generales de las cuestiones constitucionales discutidas en el caso, como provisto por ley.

Una acción directa de inconstitucionalidad y una acción declarativa de constitucionalidad puede ser interpuesta por:

I. el Presidente de la República;

II. el Comité Ejecutivo del Senado Federal;

III. el Comité Ejecutivo de la Cámara de Diputados;

IV. el Comité Ejecutivo de una Legislatura o la Cámara Legislativa del Distrito Federal;

V. el Gobernador de un Estado o el Distrito Federal;

VI. Procurador General de la República;

VII. el Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brasil;

VIII. un partido político representado en el Congreso Nacional;

IX. una confederación sindical o una entidad de clase nacional.

§1°. El Procurador General de la República deberá ser oído previamente en acciones directas de inconstitucionalidad y en todos los casos de competencia del Tribunal Supremo Federal.

§2°. Cuando se produzca una declaración de inconstitucionalidad por falta de medidas para hacer efectiva una norma constitucional, se notificará a la Sucursal pertinente para que adopte las medidas necesarias y, en el caso de un organismo administrativo, en un plazo de treinta días.

§3°. Cuando se considere la inconstitucionalidad de una norma legal o un acto normativo en abstracto, el Tribunal Supremo Federal convocará primero al Abogado General de la Unión para que defienda el acto o texto impugnado.

§4°. Derogado.

Art 103-A

Después de reiteradas decisiones sobre el Tribunal Supremo Federal podrá, de oficio o bajo demanda, aprobar por decisión de dos tercios de sus miembros un precedente (súmula) que, tras su publicación en la prensa oficial, tendrá efectos vinculantes sobre los demás órganos del Poder Judicial y la administración pública federal, estatal y del condado, tanto directa como indirecta. El Tribunal Supremo Federal podrá también revisar o cancelar sus precedentes en la forma establecida por la ley.

§1°. El objetivo de un precedente será la validez, interpretación y eficacia de determinadas normas sobre las que existe actualmente controversia entre órganos judiciales o entre órganos judiciales y la administración pública, causando grave inseguridad jurídica y la correspondiente multiplicación de casos sobre cuestiones idénticas.

§2°. Sin perjuicio de lo establecido por la ley, la aprobación, revisión o cancelación de un precedente puede ser exigida por personas con legitimidad para interponer una acción directa de inconstitucionalidad.

§3°. Una reclamación ante el Tribunal Supremo Federal será de un acto administrativo o decisión judicial que sea contraria al precedente aplicable o que aplique indebidamente el precedente. Al determinar que se debe otorgar una reclamación, el Tribunal Supremo Federal anulará el acto administrativo o desocupará la decisión judicial impugnada y determinará que se dará otra, con o sin aplicación del precedente, según sea el caso.

El Consejo Nacional de Justicia estará integrado por quince miembros por un mandato de dos años, con una renovación autorizada, incluyendo:

I. el Presidente del Tribunal Supremo Federal;

II. un Ministro del Tribunal Superior de Justicia, seleccionado por ese tribunal;

III. un Ministro del Tribunal Superior del Trabajo, elegido por dicho tribunal;

IV. magistrado de un Tribunal de Justicia, elegido por el Tribunal Supremo Federal;

V. juez estatal, elegido por el Tribunal Supremo Federal;

VI. juez del Tribunal Regional Federal, elegido por el Tribunal Superior de Justicia;

VII. juez federal, elegido por el Tribunal Superior de Justicia;

VIII. juez del Tribunal Regional del Trabajo, elegido por el Tribunal Superior del Trabajo;

IX. juez laboral, elegido por el Tribunal Superior del Trabajo;

X. miembro del Ministerio Público de la Unión, elegido por el Procurador General de la República;

XI. miembro del Ministerio Público estatal, elegido por el Procurador General de la República de nominaciones por el órgano competente de cada institución estatal;

XII. dos abogados, seleccionados por el Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brasil;

XIII. dos ciudadanos de notorio conocimiento jurídico y de reputación intachable, uno nombrado por la Cámara Federal de Diputados y el otro por el Senado Federal.

§1°. El Presidente del Tribunal Supremo Federal y en su ausencia o impedimento, por el Vicepresidente del Tribunal Supremo Federal, presidirá el Consejo.

§2°. Los demás miembros del Consejo serán nombrados por el Presidente de la República, previa aprobación de su elección por mayoría absoluta del Senado Federal.

§3°. Si los nombramientos previstos en este artículo no se realizan dentro del plazo legal, la elección será hecha por el Tribunal Supremo Federal.

§4°. Corresponde al Consejo controlar el funcionamiento administrativo y financiero del Poder Judicial y el desempeño de las funciones funcionales de los jueces. Además de Poderes conferidos por el Estatuto de la Judicatura, el Consejo tendrá la responsabilidad de:

I. preservar la autonomía judicial y el cumplimiento del Estatuto de la Judicatura, poder dictar actos reglamentarios, dentro del ámbito de su competencia, o recomendar medidas;

II. salvaguardar el cumplimiento del art. 37 y apreciando, de oficio o de oficio, la legalidad de actos administrativos realizados por miembros o órganos del Poder Judicial, pudiendo destituirlos o revisarlos o fijar un plazo para adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento exacto de la ley, Sin perjuicio de la competencia del Tribunal de Cuentas de la Unión;

III. recibir y conocer denuncias contra miembros o órganos del Poder Judicial, inclusive contra sus servicios auxiliares, empleados y agencias que prestan servicios notariales y de registro que actúan por delegación de poderes públicos o oficiales, sin perjuicio de la competencia disciplinaria y correccional de los tribunales. El Consejo podrá asumir jurisdicción sobre los procedimientos disciplinarios en curso y determinar la remoción, disponibilidad o retiro con compensación o beneficios proporcionales al tiempo de servicio y aplicar otras sanciones administrativas, asegurando una defensa completa;

IV. presentar al Ministerio Público, en el caso de delitos contra la administración pública o abuso de autoridad;

V. revisar, de oficio o bajo demanda, procedimientos disciplinarios de jueces y miembros de tribunales decididos hace menos de un año;

VI. elaborar cada semestre un informe estadístico sobre los casos y sentencias dictadas, por unidad de la Federación, por los distintos órganos del Poder Judicial;

VII. preparar un informe anual que proponga las medidas que considere necesarias con respecto a la situación del Poder Judicial en el País y las actividades del Consejo. Este informe debe formar parte del mensaje del Presidente del Tribunal Supremo Federal enviado al Congreso Nacional con motivo de la apertura de la sesión legislativa.

§5°. El Ministro del Tribunal Superior de Justicia ejercerá la función de Ministro Fiscalizador y quedará excluido de la distribución de los casos del Tribunal. En adición a las facultades que le confiere el Estatuto de la Judicatura, él o ella es responsable de lo siguiente:

I. recibir quejas y denuncias de cualquier persona interesada relativas a jueces y servicios judiciales;

II. ejercer funciones ejecutivas del Consejo en cuanto a inspección general y corrección;

III. requisar y designar a los jueces, delegarles poderes y requisar a los empleados de los jueces o tribunales, incluidos los de los Estados, el Distrito Federal y los Territorios.

§6°. El Procurador General de la República y el Presidente del Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brasil ejercerán su oficio en el Consejo.

§7°. La Unión, incluyendo el Distrito Federal y sus Territorios, creará centros de reclamación judicial con jurisdicción para recibir denuncias y denuncias de cualquier persona interesada contra miembros u órganos del Poder Judicial, o contra sus servicios auxiliares, dependiendo directamente del Consejo Nacional de Justicia.

Sección III. Tribunal Superior de Justicia

Art 104

El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por al menos treinta y tres Ministros.

Los Ministros del Tribunal Superior de Justicia serán nombrados por el Presidente de la República, de brasileños mayores de treinta y cinco años y menores de sesenta y cinco años de edad, con notables conocimientos legales y reputación sin mancha, previa aprobación por mayoría absoluta del Senado, con:

I. un tercio de los magistrados de los Tribunales Regionales Federales y un tercio de los magistrados de los Tribunales de Justicia, nombrados en una lista de tres nombres redactada por el propio Tribunal;

II. un tercio, a partes iguales, de los abogados y miembros de las Regiones Federal, Estatal, Federal y Territorial, Ministerios Públicos, seleccionados alternadamente, como dispuesto en el art. 94.

El Tribunal Superior de Justicia tiene el poder de:

I. escuchar y decidir como una cuestión de jurisdicción original:

A. por delitos comunes, los Gobernadores de los Estados y del Distrito Federal; de los Tribunales de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, de los Tribunales de Cuentas de los Estados y del Distrito Federal, de los Tribunales Regionales Federales, de los Tribunales Regionales Electorales y Laborales, de los Consejos o Los Tribunales de Cuentas de los Condados y los miembros del Ministerio Público de la Unión que actúan ante los tribunales;

B. las órdenes de seguridad y habeas data contra los actos de un Ministro de la Unión, de los Comandantes de la Armada, del Ejército y de la Fuerza Aérea, o del propio Tribunal;

C. habeas corpus, cuando la parte restrictiva o la parte restringida sea cualquiera de las personas mencionadas en la subparte a, o cuando la parte que lo obligue sea un tribunal sujeto a su jurisdicción, un Ministro de la Unión o un Comandante de la Armada, Ejército o Aire Fuerza, con excepción de la jurisdicción de los Tribunales Electorales;

D. conflictos jurisdiccionales entre tribunales, salvo lo dispuesto en el art. 102, I, o, así como entre un tribunal y jueces no subordinados a él, y entre jueces subordinados a diferentes tribunales;

E. revisiones penales y acciones de rescisión de sus propias decisiones;

F. pretende preservar su jurisdicción y garantizar la autoridad de sus decisiones;

G. los conflictos de autoridad entre las autoridades administrativas y judiciales de la Unión, o entre las autoridades judiciales de un Estado y las autoridades administrativas de otro Estado o del Distrito Federal, o entre éstas y las de la Unión;

H. los mandatos de requerimiento cuando la preparación de la norma reglamentaria sea responsabilidad de un organismo federal, entidad o autoridad de administración directa o indirecta, con excepción de los casos que estén bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo Federal y los órganos de Justicia Militar, Juzgados y Tribunales Federales;

I. reconocimiento (homologación) de sentencias extranjeras y concesión de solicitudes de cartas rogatorias (exequatur);

II. decidir sobre recurso ordinario:

A. las denegaciones de habeas corpus decididas en exclusiva o última instancia por los Tribunales Regionales Federales o por los Tribunales de los Estados, Distrito Federal y Territorios;

B. denegaciones de escritura de seguridad decididas originalmente por los Tribunales Regionales Federales o por Tribunales de los Estados, Distrito Federal y Territorios;

C. los casos en que las partes de un lado sean un Estado extranjero o una organización internacional y, por otro lado, un Municipio o una persona residente o domiciliado en el País;

III. decidir sobre casos de apelación especial decididos en exclusiva o en última instancia por los Tribunales Regionales Federales o por Tribunales de los Estados, Distrito Federal y Territorios, cuando se dicte la apelación:

A. sea contraria a un tratado o ley federal, o niegue su eficacia;

B. sostenga un. . . Acto de un gobierno local impugnado como contrario a la ley federal;

C. interpreta la ley federal de manera diferente de otro tribunal.

Párrafo único

Funcionará junto con el Tribunal Superior de Justicia:

I. la Escuela Nacional de Formación y Perfeccionamiento de Magistrados, encargada, entre otras funciones, de regular los cursos oficiales de admisión y promoción en la carrera;

II. el Consejo de Justicia Federal, encargado de ejercer, conforme a la ley, la supervisión administrativa y presupuestaria de la Justicia Federal en primera y segunda instancias, como órgano central del sistema, con facultades disciplinarias, cuyas decisiones tendrán efectos vinculantes.

Sección IV. Tribunales Regionales Federales y Jueces Federales

Art 106

Los siguientes son componentes de los Tribunales Federales:

I. Tribunales Regionales Federales;

II. Jueces Federales;

Los Tribunales Regionales Federales constan de al menos siete jueces, reclutados, siempre que sea posible, de sus respectivas regiones y nombrados por el Presidente de la República de brasileños mayores de treinta y menos de sesenta y cinco años de edad, con:

I. una quinta parte de abogados con más de diez años de actividad profesional y miembros del Ministerio Público Federal con más de diez años de servicio profesional;

II. el resto a través de la promoción de jueces federales con más de cinco años de servicio, alternando entre antigüedad y mérito.

§1°. Una ley regulará la remoción o transferencia de jueces de los Tribunales Regionales Federales y determinará su jurisdicción y lugar para sentarse.

§2°. Los Tribunales Regionales Federales establecerán tribunales itinerantes, los cuales tendrán audiencias y otras funciones jurisdiccionales dentro de los límites territoriales de sus respectivas jurisdicciones, utilizando instalaciones públicas y comunitarias.

§3°. Los Tribunales Regionales Federales pueden funcionar de manera descentralizada, constituyendo cámaras regionales, a fin de asegurar el pleno acceso a la justicia en todas las fases del proceso judicial.

Los Tribunales Regionales Federales tienen poder de:

I. escuchar y decidir como una cuestión de original jurisdicción:

A. por delitos comunes e inculpables, jueces federales de su jurisdicción, incluidos los de los Tribunales Militares y Laborales, así como los miembros del Ministerio Público de la Unión, con excepción de la jurisdicción de los Tribunales Electorales;

B. revisiones penales y acciones de rescisión de sus propias decisiones y de las de los jueces federales de la región;

C. los recursos de seguridad y habeas data contra un acto del propio Tribunal o un juez federal;

D. habeas corpus, cuando la autoridad restrictiva es un juez federal;

E. conflictos jurisdiccionales entre jueces federales subordinados al Tribunal;

II. determinar en apelación los casos resueltos por jueces federales y jueces estatales que ejerzan jurisdicción federal en el ámbito de su jurisdicción.

Los jueces federales tienen el poder de oír y decidir:

I. casos en que la Unión, una autarquía o una empresa pública federal tenga interés como demandantes, demandados, letrados o interventores, salvo quiebra, accidentes laborales y sujetos a los Tribunales Electorales y Laborales;

II. casos entre un Estado extranjero o una organización internacional y un Condado o persona domiciliada o residente en el Brasil;

III. casos basados ​​en un tratado o contrato de la Unión con un Estado extranjero u organización internacional;

IV. delitos políticos y delitos penales en detrimento de bienes, servicios o intereses de la Unión o de sus autarquías o empresas públicas, con exclusión de las infracciones menores y de los casos de competencia de los Tribunales Militares y Electorales;

V. delitos contemplados en tratados o convenciones internacionales, cuando su comisión haya comenzado en el país y sus resultados tengan que tener lugar o hayan tenido lugar en el extranjero o recíprocamente;

V-A. casos relacionados con los derechos humanos mencionados en el §5 o de este artículo;

VI. delitos contra la organización del trabajo y, en los casos determinados por la ley, contra el sistema financiero y el orden económico y financiero;

VII. los recursos de habeas corpus, en materia penal sujeta a su jurisdicción o cuando la restricción proceda de una autoridad cuyos actos no estén directamente sujetos a otra jurisdicción;

VIII. las órdenes de seguridad y habeas data contra un acto de una autoridad federal, salvo aquellos casos sujetos a la jurisdicción de los tribunales federales;

IX. los crímenes cometidos a bordo de buques o aeronaves, con excepción de aquellos sujetos a la jurisdicción de los Tribunales Militares;

X. delitos de entrada o estancia irregulares de extranjeros, ejecución de cartas rogatorias después del exequátur, ejecución de sentencias extranjeras de tribunales después de la homologación, casos relativos a la nacionalidad, incluidas las respectivas opciones y naturalización;

XI. controversias sobre derechos indígenas.

§1°. Los asuntos en los que la Unión sea demandante serán interpuestos en la instancia judicial en la que tenga su domicilio la otra parte.

§2°. Los casos en contra de la Unión pueden interponerse en la jurisdicción del domicilio del demandante, cuando el hecho o hecho que originó la denuncia se haya producido o en el que se encuentre la cosa que causa la denuncia o en el Distrito Federal.

§3°. Los casos en que las partes sean una institución de seguridad social y su beneficiario, pero ningún juez federal se encuentre en el distrito, serán juzgados y decididos en el foro de la corte estatal del domicilio del asegurado o del beneficiario; La ley puede permitir que otros casos sean juzgados y juzgados en tribunales estatales.

§4°. En el caso del párrafo anterior, la apelación que se adopte será siempre ante el Tribunal Regional Federal en el ámbito jurisdiccional del juez de primera instancia.

§5°. En los casos de violaciones graves de los derechos humanos, con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de derechos humanos en los que Brasil sea parte, el Procurador General de la República debe sugerir al Tribunal Superior de Justicia, en cualquier fase de investigación o procedimiento, traslado a la jurisdicción de los Tribunales Federales.

Art 110

Cada Estado, así como el Distrito Federal, constituirán una sección judicial, la cual se sentará en la Capital respectiva, con los tribunales de primera instancia establecidos por la ley.

Párrafo único

En los territorios federales, la jurisdicción y las facultades otorgadas a los jueces federales serán atribuidas a los jueces de los tribunales locales, según lo dispuesto por la ley.

Sección V. Tribunales Laborales y Jueces Laborales

El sistema del Tribunal Laboral consta de:

I. el Tribunal Superior del Trabajo;

II. Tribunales Regionales del Trabajo;

III. Jueces de Trabajo.

§1°. Derogado.

I. derogado;

II. derogado.

§2°. Derogado.

§3°. Derogado.

El Tribunal Superior del Trabajo estará integrado por veintisiete Ministros, elegidos entre brasileños de entre 35 y 65 años de edad, con notables conocimientos legales y reputación sin mancha, designados por el Presidente de la República, Previa aprobación por mayoría absoluta del Senado Federal, con:

I. una quinta parte de abogados con más de diez años de actividad profesional efectiva y miembros del Ministerio Público del Trabajo con más de diez años de servicio efectivo, observando lo dispuesto en el art. 94;

II. el resto de los jueces de carrera de los Tribunales Regionales del Trabajo, indicados por el propio Tribunal Superior.

§1°. La ley establecerá la jurisdicción del Tribunal Superior del Trabajo.

§2°. Funcionarán junto con el Tribunal Superior del Trabajo:

I. la Escuela Nacional para la Formación y Mejora de los Jueces Laborales, que, entre otras funciones, se encargará de regular los cursos oficiales de ingreso y ascenso en la carrera;

II. el Consejo Superior de Justicia Laboral, como órgano central del sistema, que se encargará de la supervisión administrativa, presupuestaria, financiera y patrimonial de la Justicia Laboral en los casos primero y segundo, según lo dispuesto por la ley. Las decisiones del Consejo tendrán efectos vinculantes.

§3°. El Tribunal Superior del Trabajo será competente para conocer y decidir, como materia de jurisdicción original, una reclamación para preservar su jurisdicción y garantizar la autoridad de sus decisiones.

Art 112

La ley creará tribunales del trabajo. En los distritos no incluidos en su jurisdicción, la ley puede conferir esta competencia a los jueces de los tribunales estatales, con una apelación ante el respectivo Tribunal Regional del Trabajo.

Art 113

La ley dispondrá la constitución, investidura, jurisdicción, garantías y condiciones de actuación de los órganos de los Tribunales del Trabajo.

El Tribunal de Trabajo tiene el poder de oír y juzgar:

I. acciones derivadas de las relaciones laborales, incluidas las entidades extranjeras de derecho público y las de la administración pública directa e indirecta de la Unión, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios;

II. acciones que impliquen el ejercicio del derecho de huelga;

III. acciones relativas a la representación sindical, entre sindicatos, entre sindicatos y trabajadores, y entre sindicatos y empleadores;

IV. órdenes de seguridad, habeas corpus y habeas data, cuando el acto impugnado involucre materias sujetas a su jurisdicción;

V. conflictos jurisdiccionales entre los órganos con jurisdicción laboral, con excepción de lo dispuesto en el art. 102, I, o;

VI. acciones de indemnización por daños morales o patrimoniales derivadas de las relaciones laborales;

VII. acciones relativas a las sanciones administrativas impuestas a los empleadores por los órganos de supervisión de las relaciones laborales;

VIII. ejecución ex oficio para las evaluaciones sociales previstas en el art. 195, I, a y II, y cualquier incremento legal derivado de las sentencias dictadas;

IX. otras controversias derivadas de las relaciones laborales, según lo dispuesto por la ley.

§1°. Si las negociaciones colectivas no tienen éxito, las partes pueden nombrar árbitros.

§2°. Si una parte rechaza la negociación colectiva o el arbitraje, las partes, de común acuerdo, pueden presentar un conflicto colectivo de trabajo colectivo. Este conflicto puede ser decidido por los Tribunales del Trabajo, respetando las disposiciones legales mínimas para la protección de la mano de obra, así como aquellas previamente acordadas.

§3°. En caso de huelga en una actividad esencial, con posibilidad de perjuicio para el interés público, el Ministerio Público del Trabajo deberá entablar un conflicto laboral colectivo, con competencia de los Juzgados del Trabajo para resolver el conflicto.

Los Tribunales Regionales del Trabajo estarán formados por un mínimo de siete magistrados contratados, cuando sea posible, de la región respectiva y nombrados por el Presidente de la República de brasileños entre treinta y sesenta y cinco años de edad, con:

I. una quinta parte de abogados con más de diez años de actividad profesional efectiva y miembros del Ministerio Público del Trabajo con más de diez años de servicio efectivo, observándose lo dispuesto en el art. 94;

II. los demás, mediante la promoción de los jueces laborales, alternativamente por antigüedad y mérito.

§1°. Los Tribunales Regionales del Trabajo instalarán un juez itinerante, celebrando audiencias y otras funciones jurisdiccionales dentro de los límites territoriales de sus respectivas jurisdicciones, utilizando instalaciones públicas y comunitarias.

§2°. Los Tribunales Regionales del Trabajo pueden funcionar de manera descentralizada, constituyendo Cámaras regionales para asegurar el pleno acceso jurisdiccional a la justicia en todas las fases del proceso.

Art 116

La jurisdicción en los Tribunales del Trabajo será ejercida por un solo juez.

Párrafo único

Derogado.

Art 117

Derogado.

Sección VI. Tribunales y Jueces Electorales

Art 118

El Sistema de Justicia Electoral consiste en:

I. el Tribunal Superior Electoral;

II. los Tribunales Electorales Regionales;

III. los Jueces Electorales;

IV. las Juntas Electorales.

El Tribunal Superior Electoral estará compuesto por al menos siete miembros, elegidos:

I. por elección, por votación secreta, con:

A. tres magistrados de entre los Ministros del Tribunal Supremo Federal;

B. dos magistrados de entre los Ministros del Tribunal Superior de Justicia;

II. por nombramiento del Presidente de la República, dos magistrados de seis abogados de notable conocimiento jurídico y de buen carácter moral, indicados por el Tribunal Supremo Federal.

Párrafo único

El Tribunal Superior Electoral elegirá a su Presidente y Vicepresidente de los Ministros del Tribunal Supremo Federal ya un Inspector General Electoral de los Ministros del Tribunal Superior de Justicia.

Habrá un Tribunal Electoral Regional en la Capital de cada Estado y Distrito Federal.

§1°. Se constituirán los Tribunales Electorales Regionales:

I. por elección, por votación secreta:

A. de dos jueces de los magistrados de los Tribunales de Justicia;

B. de dos jueces de los tribunales estatales, elegidos por el Tribunal de Justicia;

II. por un juez del Tribunal Regional Federal que se encuentre en la Capital del Estado o Distrito Federal o en su defecto por un juez federal elegido en cualquier caso por el respectivo Tribunal Regional Federal;

III. por dos jueces nombrados por el Presidente de la República de seis abogados de notorio conocimiento jurídico y de buen carácter moral, nombrados por el Tribunal de Justicia.

§2°. El Tribunal Electoral Regional elegirá a su Presidente y Vicepresidente entre los magistrados [del Tribunal de Justicia].

La organización y jurisdicción de los tribunales electorales, los jueces de los tribunales estatales y las juntas electorales estará provista por ley complementaria.

§1°. Los miembros de los tribunales, los jueces de los tribunales estatales y los miembros de las juntas electorales, en el ejercicio de sus funciones y en la medida que les sea aplicable, gozarán de garantías plenas y no serán removibles.

§2°. Salvo por una razón válida, los jueces de los tribunales electorales desempeñarán sus funciones durante al menos dos años y nunca más de dos períodos consecutivos de dos años, y sus suplentes serán elegidos al mismo tiempo y por el mismo procedimiento, en números iguales para cada categoría.

§3°. Las decisiones del Tribunal Superior Electoral no son apelables, salvo las contrarias a esta Constitución y las que niegan el habeas corpus o la escritura de seguridad.

§4°. Las decisiones de los Tribunales Electorales Regionales sólo podrán apelarse cuando:

I. contravengan una disposición expresa de esta Constitución o ley;

II. existe divergencia en la interpretación de una ley entre dos o más tribunales electorales;

III. se trate de inelegibilidad o emisión de certificados de elección en elecciones federales o estatales;

IV. anular los certificados de elección o decretar la pérdida de cargos electivos federales o estatales;

V. niegan el habeas corpus, el auto de seguridad, el habeas data o un mandato de mandato.

Sección VII. Tribunales Militares y Jueces Militares

Art 122

El Sistema de Justicia Militar consiste en:

I. el Tribunal Militar Superior;

II. los Tribunales Militares y Jueces Militares instituidos por ley.

Art 123

El Tribunal Militar Superior estará integrado por quince Ministros con mandato vitalicio, nombrados por el Presidente de la República, previa aprobación de su nombramiento por el Senado Federal, tres de los almirantes de la Armada, cuatro de los generales del Ejército, Generales de la Fuerza Aérea, todos en servicio activo y en el rango más alto de su carrera, y cinco de entre civiles.

Párrafo único

Los Ministros civiles serán elegidos por el Presidente de la República de brasileños mayores de treinta y cinco años de edad, con:

I. tres de abogados de notables conocimientos jurídicos y conducta intachable, con más de diez años de actividad profesional;

II. dos, por igual elección, de jueces militares y miembros del Ministerio Público Militar.

Art 124

El Sistema de Justicia Militar tendrá jurisdicción para juzgar y juzgar los crímenes militares definidos por la ley.

Párrafo único

La ley establecerá la organización, el funcionamiento y la jurisdicción del Sistema de Justicia Militar.

Sección VIII. Tribunales y Jueces Estatales

Art 125

Los Estados organizarán sus Sistemas de Justicia, observando los principios establecidos en esta Constitución.

§1°. La jurisdicción de los tribunales se definirá en la Constitución del Estado y el Tribunal de Justicia propondrá la ley de organización judicial.

§2°. Los Estados tienen facultad para iniciar una acción de inconstitucionalidad de leyes estatales o de condado o actos normativos contrarios a la Constitución del Estado, otorgamiento de legitimidad para actuar en una sola agencia estando prohibida.

§3°. A propuesta del Tribunal de Justicia, una ley estatal podrá crear un Sistema de Justicia Militar estatal, que consistirá en la primera instancia de los jueces de los tribunales estatales y de los Consejos de Justicia, y en la segunda instancia del propio Tribunal de Justicia, o un Tribunal de Justicia Militar en aquellos Estados en los que el número efectivo de militares es más de veinte mil miembros.

§4°. La Justicia Militar Estatal tendrá jurisdicción para acusar y juzgar a los miembros de las fuerzas armadas del Estado por crímenes militares definidos por la ley y en acciones judiciales contra actos de disciplina militar, preservando la jurisdicción del jurado cuando la víctima sea civil. Será responsabilidad del tribunal apropiado decidir sobre la pérdida de puesto, la pérdida del rango de los oficiales y la pérdida del grado de los militares.

§5°. Los jueces de los tribunales de los tribunales militares tendrán jurisdicción para acusar y juzgar por sí mismos los crímenes militares cometidos contra civiles y las acciones judiciales contra actos de disciplina militar. Es responsabilidad del Consejo de Justicia, bajo la presidencia de un juez de un tribunal estatal, acusar y juzgar otros crímenes militares.

§6°. El Tribunal de Justicia funcionará de manera descentralizada, constituyendo cámaras regionales, a fin de garantizar el pleno acceso a la justicia en todas las fases del procedimiento.

§7°. El Tribunal de Justicia instalará un juez itinerante, celebrando audiencias y demás funciones jurisdiccionales dentro de los límites territoriales de su respectiva jurisdicción, utilizando instalaciones públicas y comunitarias.

Art 126

Para resolver conflictos de tierras rurales, el Tribunal de Justicia propondrá la creación de tribunales especializados, con jurisdicción exclusiva sobre cuestiones agrarias.

Párrafo único

Siempre que sea necesario para ejercer la jurisdicción eficientemente, el juez irá personalmente al sitio de la controversia legal.

CAPÍTULO IV. POSICIONES ESENCIALES A LA JUSTICIA

Sección I. El Ministerio Público

Art 127

El Ministerio Público es una institución permanente, esencial para la función jurisdiccional del Estado, con la responsabilidad de defender el ordenamiento jurídico, el régimen democrático y los intereses sociales e individuales indispensables.

§1°. La unidad, la indivisibilidad y la independencia funcional son principios institucionales del Ministerio Público.

§2°. Se garantiza al Ministerio Público autonomía funcional y administrativa. Observando lo dispuesto en el art. 169, podrá proponer al Poder Legislativo la creación y abolición de sus cargos y servicios auxiliares; llenándolos de concursos públicos competitivos, o de tales exámenes y comparaciones de credenciales profesionales; la política de remuneración y los planes de carrera. La ley establecerá su organización y funcionamiento.

§3°. El Ministerio Público elaborará su propuesta presupuestaria dentro de los límites establecidos en la Ley de Directivas Presupuestarias.

§4°. Si el Ministerio Público no presenta su propuesta presupuestaria respectiva dentro del plazo establecido en la ley de las directivas presupuestarias, el Ejecutivo considerará, para la consolidación de la propuesta presupuestaria anual, los importes aprobados en la ley presupuestaria vigente, ajustados de conformidad con los límites establecidos en la forma de §3°.

§5°. Si la propuesta presupuestaria a que se refiere este artículo se presenta en desacuerdo con los límites establecidos en el §3°, el Ejecutivo procederá a los ajustes necesarios para consolidar la propuesta presupuestaria anual.

§6°. Durante la ejecución del presupuesto del presente año fiscal, no se realizarán gastos o asunción de obligaciones que excedan los límites establecidos en la ley de las directivas presupuestarias mediante la apertura de créditos suplementarios o especiales, a menos que se autorice previamente.

Art 128

El Ministerio Público incluye:

I. el Ministerio Público de la Unión, que consiste en:

A. el Ministerio Público Federal;

B. el Ministerio Público del Trabajo;

C. el Ministerio Público Militar;

D. el Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios;

II. los Ministerios Públicos de los Estados.

§1°. El Jefe del Ministerio Público de la Unión es el Procurador General de la República, nombrado por el Presidente de la República de miembros de carrera de más de treinta y cinco años, previa aprobación por mayoría absoluta de los miembros de la Senado Federal, por un mandato de dos años. Se puede volver a nombrar.

§2°. El Procurador General de la República podrá ser destituido por iniciativa del Presidente de la República, previa autorización de la mayoría absoluta del Senado Federal.

§3°. El Ministerio Público de los Estados, del Distrito Federal y de los Territorios formará una lista de tres nombres de los miembros de la carrera, en la forma de la respectiva ley, para la selección de sus Procuradores Generales, quienes serán nombrados por los Ejecutivo para un mandato de dos años, que permite una renovación.

§4°. Los Procuradores Generales de los Estados y del Distrito Federal y Territorios podrán ser destituidos por mayoría absoluta de la Legislatura, en los términos de una ley complementaria respectiva.

§5°. Las leyes complementarias de la Unión y de los Estados, que podrán ser propuestas por los respectivos Fiscales Generales, establecerán la organización, los poderes y los estatutos de cada Ministerio Público, observando respecto de sus miembros:

I. las siguientes garantías:

A. la tenencia después de dos años en el cargo, capaz de perder sus posiciones sólo por una sentencia judicial que se ha convertido en definitiva e inapelable;

B. la no transferibilidad, salvo por razones de interés público, por decisión del órgano colegiado competente del Ministerio Público, por mayoría absoluta de sus miembros, garantizando una defensa plena;

C. irreductibilidad de la remuneración fija, establecida en el art. 39, §4°, y salvo lo dispuesto en los arts. 37, X y XI, 150, II, 153, III, 153, §2°, 244

II. las siguientes prohibiciones:

A. recibir, en cualquier cuenta y bajo cualquier pretexto, honorarios, porcentajes o costos judiciales;

B. la práctica de la ley;

C. participar en una empresa comercial, según por ley;

D. realizar, aun cuando se encuentre en licencia, cualquier otra función pública, excepto la enseñanza;

E. participar en actividades políticas

F. recibir asistencia o contribuciones de personas físicas o entidades públicas o privadas bajo cualquier título o pretexto, salvo lo dispuesto por la ley.

§6°. El artículo 95, párrafo único, V, se aplica a los miembros del Ministerio Público.

Art 129

Las funciones institucionales del Ministerio Público son las siguientes:

I. el poder exclusivo de enjuiciamiento, según provisto por ley.

II. salvaguardar el respeto efectivo por el Gobierno y los servicios de relevancia pública a los derechos protegidos por esta Constitución, adoptando las medidas necesarias para garantizar dichos derechos;

III. instituir investigaciones civiles y acciones civiles públicas para proteger el patrimonio público y social, el medio ambiente y otros intereses difusos y colectivos;

IV. iniciar acciones directas de inconstitucionalidad o representación a los efectos de la intervención de la Unión y de los Estados, en los casos previstos en la presente Constitución;

V. defender judicialmente los derechos e intereses de las poblaciones indígenas;

VI. emitir avisos en los procedimientos administrativos bajo su jurisdicción, solicitando información y documentos para orientarlos, según lo dispuesto por la respectiva ley complementaria;

VII. ejercer el control externo sobre las actividades policiales, conforme a lo dispuesto en la ley complementaria mencionada en el artículo anterior;

VIII. solicitar investigaciones e instaurar investigaciones policiales, indicando el fundamento jurídico de sus actos procesales;

IX. desempeñar otras funciones que le sean conferidas, siempre que sean compatibles con su objeto, prohibiendo la representación judicial y el asesoramiento jurídico a entidades públicas;

§1°. La facultad del Ministerio Público de interponer las acciones civiles previstas en este artículo no impedirá la presencia de terceros en los mismos casos previstos en la presente Constitución y por la ley.

§2°. Las funciones del Ministerio Público sólo podrán ser desempeñadas por personal de carrera, que deberá residir en el distrito judicial de sus respectivas asignaciones, salvo autorización del jefe de la institución.

§3°. El ingreso en la carrera del Ministerio Público se realizará mediante concurso público y comparación de credenciales profesionales, asegurando la participación del Colegio de Abogados de Brasil en dicha competencia y requerirá un título de abogado y un mínimo de tres años de actividades legales, observando el orden de clasificación para las citas.

§4°. En su caso, las disposiciones del art. 93 se aplican al Ministerio Público.

§5°. La distribución de los casos en el Ministerio Público será inmediata.

Art 130

Las disposiciones de esta sección relativas a los derechos, prohibiciones y formas de investidura se aplican a los miembros del Ministerio Público adscritos a los Tribunales de Cuentas.

Art 130-A

El Consejo Nacional del Ministerio Público estará compuesto por catorce miembros nombrados por el Presidente de la República, previa aprobación por mayoría absoluta del Senado Federal, por un mandato de dos años, lo que permitirá un período adicional. Está compuesto por:

I. el Procurador General de la República, quien presidirá;

II. cuatro miembros del Ministerio Público de la Unión, asegurando representación a cada una de sus carreras;

III. tres miembros de los Ministerios Públicos del Estado;

IV. dos jueces, uno elegido por el Tribunal Supremo Federal y el otro por el Tribunal Superior de Justicia;

V. dos abogados designados por el Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brazil;

VI. dos ciudadanos de notable conocimiento jurídico y de reputación intachable, uno elegido por la Cámara Federal de Diputados y el otro por el Senado Federal.

§1°. Los miembros del Consejo procedentes del Ministerio Público serán nombrados por los respectivos Ministerios Públicos, como provisto por ley.

§2°. El Consejo Nacional del Ministerio Público será responsable del control del funcionamiento administrativo y financiero del Ministerio Público y del desempeño de las funciones funcionales de sus miembros. Es responsable de:

I. preservar la autonomía funcional y administrativa del Ministerio Público, poder dictar actos reglamentarios en su área de competencia, o recomendar medidas;

II. observando el art. 37 y apreciar, de oficio o de demanda, la legalidad de los actos administrativos practicados por los miembros u órganos de los Ministerios Públicos de la Unión y de los Estados. El Consejo Nacional puede desocupar o revisar estos actos, o fijará un plazo en el que se adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento preciso de la ley, sin perjuicio de la competencia de los Tribunales de Cuentas;

III. recibir y conocer las quejas de los miembros u órganos del Ministerio Público de la Unión y de los Estados, incluso en contra de sus servicios auxiliares, sin perjuicio de la competencia disciplinaria y correccional de la institución. El Consejo Nacional podrá asumir la jurisdicción sobre los procedimientos disciplinarios en curso para determinar la remoción, la licencia o la jubilación con salario o beneficios proporcionales al tiempo de servicio y aplicar otras sanciones administrativas, asegurando una defensa completa;

IV. revisar, de oficio o de oficio, procedimientos disciplinarios de miembros del Ministerio Público de la Unión o de los Estados decididos hace menos de un año;

V. preparar un informe anual que proponga las medidas que considere necesarias con respecto a la situación del Ministerio Público en el País y las actividades del Consejo que formarán parte del mensaje previsto en el art. 84, XI.

§3°. Por votación secreta, el Consejo elegirá un Supervisor Nacional entre los miembros del Ministerio Público al que pertenezca. La reelección está prohibida. Tendrá las siguientes responsabilidades, además de las facultades que le confiere la ley:

I. recibir quejas y denuncias de cualquier persona interesada respecto de los miembros del Ministerio Público y sus servicios auxiliares;

II. desempeñar funciones ejecutivas del Consejo con respecto a la supervisión general de la inspección;

III. requisar y designar a los miembros del Ministerio Público, delegándoles poderes y requisar a los empleados de los órganos del Ministerio Público.

§4°. El Presidente del Consejo Federal del Colegio de Abogados de Brazil ejercerá oficio en el Consejo.

§5°. Las leyes estatales y federales crearán centros de quejas para el Ministerio Público, competentes para conocer de quejas y denuncias de cualquier persona interesada contra miembros u órganos del Ministerio Público, incluso contra sus servicios auxiliares, presentándolos directamente al Consejo Nacional del Ministerio Público.

Sección II. Defensa Legal Pública

La Defensoría General de la Unión es la institución que, ya sea directamente o a través de un organismo subordinado, representa a la Unión, tanto judicial como extrajudicialmente. Bajo los términos de una ley complementaria que prevé su organización y funcionamiento, es responsable de las actividades de consulta legal y asesoramiento al Ejecutivo.

§1°. El jefe de la Defensoría General de la Unión es el Abogado General de la Unión, libremente nombrado por el Presidente de la República de entre los ciudadanos mayores de treinta y cinco años de edad, de notables conocimientos jurídicos y de reputación intachable.

§2°. La entrada en las fases iniciales de la carrera de la institución a que se refiere el presente artículo se efectuará mediante concursos públicos y la comparación de las credenciales profesionales.

§3°. Corresponde al Procurador General del Tesoro Nacional representar a la Unión en lo que respecta a la ejecución de los impuestos no pagados que le correspondan, como provisto por ley.

Los Procuradores de los Estados y el Distrito Federal, cargos de carrera en los que la admisión depende de concursos públicos y credenciales profesionales, con la participación del Colegio de Abogados de Brazil en todas las fases, proporcionarán representación judicial y asesoría legal a sus respectivas unidades federativas.

Párrafo único

Los procuradores a los que se hace referencia en este artículo están asegurados después de tres años de servicio efectivo, a través de la evaluación del desempeño por sus propias agencias, después de un informe corroborando de los jueces supervisores.

Sección III. La Práctica del Derecho y la Defensoría del Pueblo

Art 133

Los abogados son indispensables para la administración de la justicia y son inmunes a sus actos y manifestaciones en el ejercicio de su profesión, dentro de los límites de la ley.

Sección IV. La Oficina del Defensor Público

Art 134

La Defensoría del Pueblo es una institución esencial para la función jurisdiccional del Estado y se encargará de prestar asesoramiento jurídico a los necesitados y defenderlos a todos los niveles, tal como se establece en el art. 5, LXXIV.

§1°. Una ley complementaria organizará la Defensoría Pública de la Unión y del Distrito Federal y Territorios y establecerá las normas generales para su organización en los Estados, con puestos de carrera, llenados a nivel de entrada a través de concursos públicos y de comparación de profesionales Garantizando a sus miembros la garantía de no transferibilidad y prohibiendo la práctica de la ley fuera de sus funciones institucionales.

§2°. Se garantiza a los Defensores Públicos del Estado la autonomía funcional y administrativa y el derecho a iniciar su propia propuesta presupuestaria dentro de los límites establecidos en la ley de las directivas presupuestarias, sujeto a lo dispuesto en el art. 99, §2°

§3°. Las disposiciones del §2° se aplican a los Defensores Públicos de la Unión y del Distrito Federal.

§4°. Los principios institucionales de la Defensoría Pública son una unidad funcional, indivisible e independiente, aplicando también, cuando correspondan, las disposiciones del art. 93 y del subpárrafo II del art. 96 de esta Constitución Federal.

Art 135

Los funcionarios públicos que se integren en las carreras reguladas en las secciones II y III de este capítulo serán indemnizados en la forma del art. 39, §4°.

TÍTULO V. DEFENSA DEL ESTADO E INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS

CAPÍTULO I. ESTADO DE DEFENSA Y ESTADO DE SITIO